Intervención ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para la plena profesionalización de las FFAA

Sr. Presidente, Señorías:

 

En primer lugar, me gustaría expresar a la Comisión mi agradecimiento y el del Centro Universitario al que pertenezco por su convocatoria para comparecer y colaborar, en la medida de mis posibilidades, a resolver un problema de Estado como es el de completar la profesionalización y modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Como miembro de la sociedad civil interesado en colaborar con sus representantes políticos a la gobernabilidad, desearía centrar mi contribución en dos líneas de reflexión personal sobre lo que hay que hacer, es decir, las reformas relacionadas con la profesionalización y la modernización que deberían abordars; y sobre la trascendencia de los trabajos de esta Comisión en las decisiones posteriores relacionadas con la reforma.

 

Mi  percepción procede de mi experiencia académica durante la última década en el seguimiento de las reformas militares aliadas y españolas y está marcada por una preocupación: la de evitar que se adopten medidas superficiales que cierren en falso la reforma y, a pesar del esfuerzo en curso, nos veamos obligados de nuevo en la próxima legislatura a reeditar los trabajos de esta Comisión y de nuestros planificadores militares. Las reformas tienden a desviarse de los objetivos estructurales que las motivan a los problemas coyunturales derivados de su ejecución. La racionalidad de la reforma suele agotarse en el diagnóstico, ya que en el tratamiento, y sobre todo en la ejecución, tienden a prevalecer criterios de oportunidad política y compromisos corporativos sobre los objetivos iniciales.

 

 

Desde fuera de la Comisión, y con la limitada información que ofrecen los medios de comunicación social sobre los trabajos, las comparecencias y los documentos de trabajo presentados por el Ministerio a esta Comisión, me parece que el debate puede estar centrándose en el volumen, coste y etapas de la profesionalización. Si fuera así, lamento señalar que el debate podría repetir los mismos errores metodológicos que hicieron fracasar el Plan Fuerzas Armadas 2000.

 

Toda planificación debe seguir un orden, una lógica, de definición sucesiva y coherente de intereses, objetivos, estrategias y políticas. Siguiendo esta racionalidad, el debate sobre la profesionalización y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas debería determinar primero para qué se necesitan los profesionales (FINALIDAD), luego con qué recursos se cuentan (MEDIOS) y, finalmente, cuál sería su configuración  (MODELO). Confío en que la Comisión seguirá esta secuencia y en que no habrá caido en la trampa reduccionista del proyecto ministerial, por la que acabaría prestando atención a los ASPECTOS SECUNDARIOS DE LA PROFESIONALIZACION Y MODERNIZACIÓN: número, proporción y tiempo de fuerzas, en lugar de debatir sus ELEMENTOS CENTRALES :  finalidad y misiones de aquellos, ya que son éstos y no aquellos los que condicionan el resultado final de la reforma.

           

 

La finalidad de la reforma no es la mera sustitución de unos soldados de reemplazo por otros profesionales y de unos equipos por otros más actuales, sino la de garantizar que esos medios satisfacen los intereses nacionales de seguridad. La razón última de la existencia de las Fuerzas Armadas es la necesidad de que la sociedad disponga de una capacidad militar real que atienda sus intereses de seguridad. Por eso, desde un punto de vista técnico, el mejor criterio de validación de las reformas sería el de valorar su efecto en la operatividad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la experiencia enseña que las reformas tienden a postergar ese objetivo final (¿Cuál será la capacidad militar al final del proceso?), y a preocuparse por intereses más coyunturales sobre cuánto cuesta, cuántos cargos militares garantiza o cuántos dividendos políticos, locales y sociales genera.

           

En este sentido, echo de menos en el proyecto ministerial valoraciones relacionadas con el impacto de la profesionalización sobre la operatividad que puedan servir de elementos de juicio a la Comisión, ya que difícilmente se podrán establecer prioridades y opciones sin conocer esos datos objetivos. La operatividad sería, además, un criterio técnico que respaldaría decisiones difíciles, salvo que no estén suficientemente desarrollados los sistemas de evaluación que permitan a los responsables políticos conocer objetivamente la capacidad militar de la que disponen -lo que ya sería un motivo de preocupación en sí mismo-. Por eso, sugiero a la Comisión que solicite esas valoraciones si están disponibles. 

 

 

La crisis de los ejércitos nacionales en Europa tras la guerra fría obedece a que ya no son necesarios porque no existen las amenazas militares que les justificaron en el pasado, por lo que se ha hecho imprescindible revisar sus misiones a la baja para preservar la legitimación social de las estructuras de fuerzas remanentes. Sin embargo, nuestra política de defensa ha procedido a una reducción de medios sin proceder, paralelamente, a una reducción parcial o total de las misiones. Por el contrario, los documentos públicos reflejan nuevas misiones de seguridad militares: mantenimiento de la paz, interposición, intervenciones humanitarias... y no militares: narcotráfico, terrorismo, inmigración...

           

De esta forma, difícilmente podrá la Comisión valorar cuantitativamente las necesidades reales de efectivos y equipos si no se han acotado políticamente los supuestos de intervención militar. Esta contradicción refleja una falta de liderazgo político, ya que no se asume el riesgo de cancelar misiones para las que no hay recursos, y cuestiona la planificación militar, ya que debe prever todas las contingencias posibles derivadas de la proliferación de misiones. La ambigüedad permite que se asuman con cierta frivolidad compromisos políticos cuya satisfacción obliga a desatender otros compromisos previos sin que se libere expresamente a las autoridades militares de la responsabilidad de su incumplimiento. La definición pública permitiría una distribución más transparente de responsabilidades entre políticos y militares y, sobre todo, permitiría a la opinión pública conocer para qué se necesitan las Fuerzas Armadas; evitándose estados de opinión tan indeseables para la seguridad nacional como la que revela la última encuesta del CIS de marzo, donde queda claro que carecen de apoyo social muchas de las nuevas misiones de seguridad que se han asumido: defensa europea (16%), intereses económicos (27%) o preservación del orden internacional (14%). Para hacer frente a la falta de cultura de defensa que tanto denuncia la comunidad estratégica española, es necesario contar con un Libro Blanco que expliqué qué se va a hacer en defensa y para qué durante la legislatura que empieza, más que una Memoria que relacione lo que se hizo en la legislatura pasada.

           

Pero centrándonos en la reforma, la planificación militar precisa un marco político CONCRETO de actuación (benchmark en terminología OTAN) en el que se definan cuántas misiones nacionales, internacionales, humanitarias... se deben atender simultáneamente, durante cuánto tiempo; qué compromisos orgánicos internacionales son exigibles y qué riesgos no compartidos se deben asumir en interés nacional, porque si no, ¿cómo se va a poder cuantificar la estructura de fuerzas necesarias?

 

 

            Según mi opinión, la modernización no obedece tanto a la actuación sobre las variables cuantitativas (los medios materiales y humanos con los que se cuentan), sino a la actuación sobre las variables cualitativas (los modos de utilización de esos medios). Así, en mi opinión, los mayores avances en la modernización de nuestras Fuerzas Armadas no se deben tanto al moderno material del que disponen ahora sino de las innovaciones procedimentales y organizacionales que han introducido para emplearlo tras su contacto con organizaciones y procedimientos avanzados (internacionalización). No sé cuál será el criterio de la Comisión al respecto, pero me gustaría señalar que si se sigue el enfoque del estudio ministerial, que tiende a reducir la modernización a sus aspectos cuantitativos: equipos y personal, se sustraerían a la Comisión otras líneas cualitativas de modernización como las reformas organizacionales, funcionales y operacionales, es decir, la modernización en su sentido amplio. 

           

Así, por ejemplo, creo que antes de estudiar cómo habilitar personal para los hospitales militares dependientes de la Sanidad Militar, la Comisión debería valorar si no es más sencillo culminar su integración en la red general de asistencia sanitaria y ahorrarse de paso el 10% de las necesidades de personal que ahora le preocupan. Considerada en su sentido amplio, la modernización obliga a revisar la racionalidad de estructuras de fuerza, órganos y actividades adoptados en unas condiciones que ya no volverán. Es necesario efectuar economías de escala y en las circunstancias actuales de escasez hay que descartar no sólo lo prescindible sino también de parte de lo necesario. Pero, esa revisión corresponde a la Comisión, ya que la administración militar se resiste a cuestionar tareas y estructuras 'de toda la vida'.

           

En los últimos años se han modernizado algunos sectores de las Fuerzas Armadas pero todavía un margen importante de actuación en algunas estructuras de los tres servicios, los cuerpos comunes, el ministerio de Defensa y sus órganos dependientes. No tiene sentido perpetuar las duplicaciones de órganos civiles y militares, o triplicaciones por los tres ejércitos. La Comisión conoce cómo las reformas de nuestros aliados tienden a racionalizar esas situaciones, pero también conoce lo difícil que resulta para la administración militar abordar estas reformas sin un mandato político enérgico al respecto. Si se ha prescindido de unidades de fuerza, ¿no se podría prescindir de alguna de las 26 músicas militares actuales? ¿No se podrían traspasar a la Guardia Civil las tareas de la Policía Militar? ¿No se podría reducir alguna -o muchas- de las 9 bases aéreas y de los 5 arsenales navales? ¿No se podrían formar los mandos de los servicios en los mismos centros?... 

           

Una acción decidida en el sentido apuntado, solucionaría, además, otro de los capítulos pendientes de la modernización: la compartimentación entre los tres servicios y entre las unidades de fuerza y las de apoyo a la fuerza. Si de verdad se cree que las operaciones armadas del futuro tienden a ser combinadas y conjuntas, no tiene sentido que quienes actúan conjuntamente en el extranjero, hagan vidas separadas en territorio español.  Sin embargo, el proyecto ministerial no alude a la incidencia de este fenómeno -o al más amplio de la multinacionalización e internacionalización de nuestras Fuerzas Armadas- en las necesidades de personal, con lo que se sustrae a la atención de la Comisión otro de los elementos esenciales del debate.

           

En función de la anterior, recomiendo a la Comisión que solicite a los órganos técnicos de apoyo los estudios relativos a la modernización o supresión de órganos cuya funcionalidad militar no sea evidente, o aquellos que justifiquen su supervivencia mediante los estudios de coste-eficacia oportunos; que se pida la congelación o supresión progresiva de todas aquellas instalaciones o actividades que no son esenciales para mantener la  operatividad de las Fuerzas Armadas; que se vinculen los sacrificios a mejoras de modernización concretas, así como al establecimiento de procedimientos de seguimiento y control que garanticen que la inversión solicitada produce las mejoras de operatividad que se alegaron al solicitar la inversión. En el mismo sentido, la Comisión debería aprovechar la ocasión para profundizar en la simplificación de escalas, cuerpos, órganos o servicios mediante su fusión o supresión.

 

 

Otros de los factores que condiciona -si no predetermina- la profesionalización y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas es la disponibilidad de recursos para la defensa. Por encima de la racionalidad estratégica del cambio, debemos cambiar urgentemente de modelo de Fuerzas Armadas porque no hay soldados ni dinero suficiente para perpetuar el modelo anterior. La Comisión conoce mejor que yo el grado y las circunstancias de la deslegitimación social del Servicio Militar que ha hecho inviable su prórroga y que el pase de página está más cerca de lo que sería deseable para garantizar una transición sin traumas. El deseo de no ser el último, la imposibilidad de reprimir la generalización de ese deseo o la rentabilidad electoral de apoyarlo pueden acelerar desordenadamente el proceso y conducirnos a un escenario de colapso en el reclutamiento. Lo mismo ocurre con el esfuerzo presupuestario. Sin apoyo social ni amenaza inmediata, con restricciones generalizadas de gasto justificadas no sólo por nuestro deseable acceso a la Unión Económica y Monetaria, sino por nuestro mantenimiento en ella, es impensable prever siquiera la congelación de los niveles actuales de gasto.

 

Esta carencia de recursos obliga -pero también facilita- la recomendación por la Comisión de medidas estructurales que no serían viables en otras circunstancias. Por eso sugiero a la Comisión que aproveche la profesionalización para racionalizar la distribución actual de los recursos humanos y materiales, prescindiendo de criterios caducos de asignación, y proponiendo reformas estructurales más allá de las reducidas opciones coyunturales que presenta el proyecto ministerial. De lo contrario nos perderemos en la subjetividad buscando cifras mágicas: 100.000 o 130.000 soldados, 1 o 2 del PIB... que correrán la misma suerte que los 9 meses de servicio del debate sobre el modelo Fuerzas Armadas 2000. Cualquier cifra que recomiende la Comisión puede derrumbarse al primer recorte presupuestario, por lo que me parece más práctico que la Comisión determine cuáles deben ser los criterios de distribución de los recursos orgánicos, humanos y materiales disponibles.

 

 

- dotar las unidades de acuerdo con su orden de prioridad para      

            la seguridad nacional

- asignar medios a esas unidades hasta completar los niveles de

            fuerza que garanticen su operatividad, descartando               

            repartos proporcionales que la  comprometan

-prescindir de las unidades que no puedan cumplir los requisitos    

            estándar de operatividad

-establecer un sistema de generación de fuerzas que prevea la       

            movilización

 

 

-Distribuir los disponibles según los  criterios anteriores

-Elaboración de un catálogo general de    puestos de trabajo que  

            revise las  plantillas actuales

-Asegurar que los sistemas de selección y  formación funcionan     

            al máximo de sus  posibilidades

-Transvasar recursos humanos de las áreas en reconversión a        

            aquellas otras,  civiles o militares, deficitarias o de                             nueva creación

 

 

-adecuar las adquisiciones a las  prioridades descritas

-vincular las inversiones a criterios de operatividad coste-             

            beneficio de unidades

-revisar la trasparencia y funcionalidad  de las partidas de            

            gasto

-determinar el efecto de los recortes presupuestarios para        

            evaluar su efecto y  redistribuir responsabilidades

 

 

En relación con los recursos orgánicos, y una vez definidos políticamente las misiones a cubrir, se podrán determinar, primero, las unidades o módulos de fuerza necesarios: agrupaciones, escuadrones o fragatas; y luego, los niveles de cobertura que garanticen su operatividad, entre un nivel aproximado del 70%, que permite la generación de fuerzas, y el del 115% que permite mantener la unidad al completo descontando las bajas por excedencias y períodos de formación. Este procedimiento ofrece ya unas cifras objetivas que tienen sentido en sí mismas al relacionar recursos con misiones.

           

La distribución sería sucesiva y no proporcional, ya que por debajo de los niveles señalados dejan de estar operativas todas las unidades, por lo que se deben descartar criterios de proporcionalidad. La pervivencia de una unidad/módulo dependería de su misión y de su operatividad, de tal manera que al traspasar el umbral mínimo se debería suprimir. En tiempo de paz y circunstancias de escasez no se deben mantener unidades no operativas. Este criterio de racionalidad que propongo a la Comisión: mantener las unidades que se puedan dotar, ha presidido los procesos de reestructuración de nuestros aliados y las últimas reformas del Ejército de Tierra, por lo que se podría recomendar su aplicación a otros servicios como la Armada y el Aire que cuentan con fragatas o escuadrones que sólo sirven para vestir a los que parten a misiones operativas. Yo comprendo la resistencia de los mandos a recortar sus unidades, pero en condiciones de escasez le corresponde a la Comisión establecer los criterios objetivos que ayuden al ejecutivo y a la administración militar a imponer los recortes necesarios. Se debe optar entre la funcionalidad y la fachada, entre un grupo reducido de unidades operativas o un amplio muestrario de unidades de papel.

           

En relación con los recursos humanos, lo primero que se necesita son soldados que cubran los puestos de combate esenciales. Hasta ahora, la disponibilidad de mano de obra barata ha permitido la proliferación de tareas no militares cuya funcionalidad era siempre imprescindible hasta que su cancelación demostró su artificialidad. Basta mirar el número de soldados que han hecho guardia en instalaciones que ahora se vigilan por cámaras de control remoto, se cubren por personal contratado o, simplemente, no se vigilan. Gran parte de la deslegitimación social del Servicio Militar procede de los soldados de reemplazo que ocuparon su tiempo en funciones que no tenían relación con la fuerza o su apoyo directo a ella. En este sentido, hasta que no se disponga de un catálogo de puestos de trabajo no se puede garantizar que las cifras de fuerza que se solicitan, sean 100.000 o 130.000, están justificadas. ¿Se profesionalizarán más nuestras Fuerzas Armadas convocando unas 1.000 plazas de soldados profesionales para atender la cría caballar? ¿Serán más profesionales nuestras Fuerzas del Aire si se cubren unas plantillas que considera como fuerza a cualquiera que está destinado en una base aunque sean jardineros, electricistas...? Por lo tanto, sugiero a la Comisión que solicite el citado catálogo antes de concretar la cifra definitiva.

           

Sobre los incentivos que se barajan: sueldo y carrera profesional, se deben evitar expectativas falsas que no se pueden garantizar, que generan frustración y resentimiento a corto plazo y que comprometen presupuestos futuros. En su lugar, se debe arbitrar una combinación de medidas que difícilmente se encuentran disponibles en las edades de alistamiento:             un salario en efectivo: inmediato, seguro, algo superior al del mercado y con una indemnización a la resolución del contrato, unas prestaciones en especie: alimentación, vestuario, alojamiento, formación, sanidad, seguridad social, desempleo, y oportunidades especiales de promoción: promoción interna, ventajas para el acceso a la función pública, a la formación profesional y educativa.

           

Los incentivos señalados superan la media del mercado y aunque la oferta de un empleo fijo de por vida redondearía la oferta, yo no la recomendaría -o mejor no la garantizaría- porque no creo que se pueda garantizar una carrera a los soldados profesionales del futuro cuando ya no se puede garantizar ni a los mandos profesionales actuales y porque soy partidario del enfoque anglosajón de potenciar la interacción contractual entre los ciudadanos y sus Fuerzas Armadas sin más ataduras que los compromisos firmados. Por eso, no comparto la idea de que se deba ofrecer una carrera para evitar la “mercenarización“ de las Fuerzas Armadas, ya que me parece poco ético poner bajo sospecha a quienes acuden atraídos por expectativas de promoción social y personal concretas y materiales. La sociedad es como es y la oferta pública de empleo no debe discriminar, sino seleccionar, a los ciudadanos que concurren a ella. La reciente encuesta del CIS parece avalar estas tesis, ya que entre el 20% de jóvenes que podría ser profesional, la mayoría considera que el incentivo más importante es el 'sueldo digno y seguro desde el principio'.

 

En todo caso, el sistema de reclutamiento no debería preocuparse sólo del número de candidatos, sino de aprovechar al máximo su limitada capacidad de asimilación, evitando que se sigan cubriendo menos plazas de las convocadas. Tampoco debería duplicar los cargos de la tropa hasta (seis en lugar de los tres actuales). La iniciativa ministerial perjudica la operatividad porque los ascensos obligan a cambiar de destino, salvo que los puestos se puedan cubrir con varios cargos y se les ofrezcan a todos posibilidades de formación en función de su capacidad y no de su cargo. Así, por ejemplo, si un buen soldado desea acceder a la Escala Básica, deberá abandonar un puesto que le satisface y para el que está preparado si no tiene expectativas de ascenso a cabo, mientras que si no tiene interés en la promoción interna deberá dejar el puesto al ascender.

           

En el capítulo de personal quedan dos sectores: los mandos profesionales y el personal civil. Sobre el primero, la disminución de unidades de fuerza o de apoyo no significa que se deba prescindir del excedente de mandos, sino que se deben transvasar y reconvertir a nuevas áreas de actividad como las unidades y organizaciones multinacionales, las nuevas áreas de seguridad no militar, funciones docentes y administrativas, la duplicación o rotación de cargos. Respecto al personal civil, unos 43.000, no se dice nada en el informe ministerial, aunque el paso de un modelo de defensa institucional a uno operacional les afecta profundamente. En principio, su situación individual depende de los distintos regímenes laborales, pero éstos no deberían dejarles al margen de las reformas porque éstas son de interés general, so pena de incurrir en agravios comparativos con los funcionarios militares. Finalmente, no comparto la pervivencia de la figura del voluntariado porque complica la planificación militar y no se pretende abolir el derecho y el deber individual a la defensa nacional, sino suspender su ejercicio hasta que se necesite.

 

 

             Respecto a los recursos materiales, debo señalar que la aplicación del concepto restringido de la modernización: reducir para modernizar, se ha pervertido porque los gobiernos no han destinado las partidas ahorradas a las inversiones prometidas; lo que ha generado una resistencia a aceptar nuevos sacrificios. Las leyes de dotaciones se han incumplido sistemáticamente, por lo que no confío en su utilidad salvo que obliguen, cada vez que se produzca un recorte, a determinar qué misión o programa se sacrifica para redistribuir la responsabilidad de su efecto entre las autoridades políticas y militares.

            Por otra parte, tan importante como la inversión en equipos, es la inversión en mantenimiento y sostenimiento. El incremento de los inventarios no mejora la operatividad si se consigue -como reconocen nuestras autoridades militares- a costa de reducir las horas de instrucción, las tareas de mantenimiento o los niveles de reserva. Estas carencias quedan de manifiesto cuando se participa en operaciones militares o en ejercicios de evaluación internacionales, donde no pueden ir unidades orgánicas completas, sino fracciones de las mismas que, además, han tenido que recopilar el material necesario extrayéndolo de otras unidades o de reservas de guerra. La racionalización logística obliga a prescindir de material que no puede mantenerse en funcionamiento, por lo que antes de asumir compromisos de gasto, se deberá estimar no sólo el coste de los equipos principales, sino el de los gastos asociados para prever su impacto y tratar de reducir las colas logísticas actuales.

            Dada la desorientación social sobre los gastos militares, sería conveniente una mayor discriminación conceptual del criterio de material, ya que la mayoría de los gastos incluidos no corresponden al material sino a funcionamiento, infraestructura, instrucción y adiestramiento que revierten a la sociedad  Igualmente, y aprovechando la reestructuración orgánica y funcional señaladas, se deberían traspasar a los departamentos de  Industria, Sanidad, Asuntos Sociales o Agricultura, entre otros, los gastos que no tienen finalidad operativa.     

            Sobre el coste de la reforma, no comparto las previsiones ministeriales. Dado que los costes de personal pasarían de los 492.000 millones actuales a 584.000 o 632.000 con unos niveles de personal profesional de 100.000 o 130.000, respectivamente, la aplicación de una ratio 'técnica' como la del 40/60 obligarían a unos niveles de gasto de 876.000 o 947.000 millones respectivamente. Este criterio tendría cierta racionalidad si no fuera porque al aumentar los gastos de personal disminuimos las necesidades de material, y aunque la disminución no implica una reducción similar de gastos de material (incluso puede aumentar transitoriamente las inversiones en infraestructuras y funcionamiento), en ningún caso parece que multiplique el gasto en la proporción citada, salvo que se quiera inflar el coste del cambio de modelo o no se esté dispuesto a acometer las medidas de acompañamiento que he sugerido a la Comisión. Esta percepción se incrementa por la falta de estudios sobre el coste de la no profesionalización (inoperatividad, duplicaciones de gasto, deslegitimación social, incumplimiento de compromisos internacionales, pérdida de prestigio y peso político...) ni sus economías externas (ahorro familiar, disminución el paro, subcontratación a empresas públicas y civiles...).             Finalmente, la modernización obliga a un cambio de mentalidad para introducir en los procesos militares de decisión criterios de racionalidad económica. De la misma forma que, al parecer, ya se puede cuantificar el coste de unidades y equipos, se deberían valorar, por ejemplo, el coste soldado-hora para evitar su infrautilización.

 

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En función de lo expuesto, considero que es posible acometer la profesionalización y la modernización de nuestras Fuerzas Armadas con unos costes y plazos asumibles. Sin embargo, todo depende de la Comisión. Cualquier decisión de reforma implica sacrificios que no pueden exigirse a un sólo ejecutivo, partido, mando militar, autoridad regional, local o sindical. Aunque todos ellos, y el conjunto de la sociedad, desean reducir el esfuerzo militar, ninguno querrá que afecte a su ámbito de responsabilidad. Hace falta que alguien asuma la responsabilidad y el coste de las reformas, porque si no nunca se llevarán a cabo, y me parece que ese alguien es la Comisión. Eso explicaría la expectación con la que se aguardan los resultados de la Comisión y la paralización de toda decisión hasta que la Comisión emita sus recomendaciones. Por eso, animo a la Comisión a patrocinar una reforma ambiciosa que incluya, entre otros, los criterios que he propuesto. De esta forma, fijando muy alto el nivel de los objetivos, los inevitables compromisos posteriores no comprometerán el éxito de la reforma. La Comisión cuenta con la legitimidad política necesaria, con el respaldo social necesario y con el suficiente conocimiento técnico del problema para alcanzar un consenso de Estado para diseñar, orientar y vigilar las reformas, pero la responsabilidad es sólo suya. Cualquiera que sea su decisión contará con la colaboración de todos, pero si no es esta Comisión, ¿quien podrá imponer los cambios estructurales necesarios para garantizar el éxito de la reforma? Y si no se hace en las circunstancias excepcionales actuales, ¿cuándo se podrán completar por fin la profesionalización y la modernización?