Inmigración y seguridad ciudadana en España

(Comunicación presentada a la Conferencia Internacional 'La seguridad europea en el siglo XXI')

 

La inmigración representa uno de los cambios más importantes que está experimentando la sociedad española. Un país del que tradicionalmente partían emigrantes se ha convertido en los últimos años en una tierra de acogida, a la que acuden personas de muy diferentes nacionalidades atraídas por las oportunidades de empleo que les brinda una economía en expansión. España a su vez necesita de los inmigrantes para mantener su crecimiento económico, que en otro caso se vería amenazado por el desequilibrio demográfico a que han conducido largos años de caída de natalidad. La inmigración es pues un factor de progreso y los españoles son conscientes de ello. De acuerdo con una encuesta del año 2000 un 43 % de los españoles consideran que la inmigración resulta más bien positiva para los países desarrollados, frente a un 24 % que opina lo contrario (CIS 2383).

           

Esa misma encuesta ofrece un dato preocupante: el  51 % de los españoles considera que la inmigración está favoreciendo el incremento de la delincuencia en nuestro país, frente a un 35 % que no lo cree así. Otra encuesta de 1994 había dado resultados similares: el 52 % creía que la inmigración provocaba un aumento de la delincuencia, frente al 40 % que no percibía esa relación (Troyano Pérez 1998: 191-192). Es más, preguntados por los problemas que causaba la inmigración, los encuestados de 1994 citaban, casi exclusivamente y por este orden, las drogas (34 %), la delincuencia (26 %) y las peleas (24 %). 

           

No resulta pues aventurado sostener que el aspecto de la inmigración que más preocupa a los españoles es el de su incidencia en la delincuencia. La gran cuestión es la de si se trata de una falsa percepción o tiene una base real y el  propósito de este ensayo es resolverla. En concreto nos plantearemos si efectivamente se da una correlación entre inmigración y delincuencia hoy en España, si se da o se ha dado  también en otros países y qué explicaciones pueden darse de la misma.

 

La tasa de delincuencia extranjera en España.

 

Resulta obvio que a medida que aumenta el número de extranjeros residentes en nuestro país, ha de aumentar también el número de delitos cometidos por extranjeros, por el sencillo motivo de que todo grupo humano incluye cierto número de delincuentes. La pregunta verdaderamente interesante es si el porcentaje de delincuentes en la población inmigrada es mayor o menor que en la autóctona. Y para responder a esa pregunta hay que establecer primero la cifra de la población inmigrada.

 

De 1991 a 2000 el número total de residentes extranjeros ha pasado de menos de 400.000 a casi 900.000, lo que supone una tasa media anual de incremento del 10 %. Como es sabido, se ha producido también en estos años una importante entrada de inmigrantes irregulares. Su número es obviamente imposible de precisar, pero podemos tomar como cifra aproximada de los mismos las casi 245.000 peticiones de regularización que se produjeron en el año 2000, lo que nos daría un total de algo más de 1.100.000 residentes extranjeros, un  porcentaje que no alcanza el 3 % de la población total y resulta bajo en comparación con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o el Reino Unido.

           

Establecida esta cifra aproximada de residentes extranjeros, podemos ponerla  en relación con la cifra de detenciones de extranjeros por presunta infracción penal.  En la tabla 1 se presenta el total de detenciones  efectuadas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por motivos de delito, falta y reclamación judicial, lo que excluye los casos de detención por estancia legal (que no constituye una infracción penal). Aun teniendo en cuenta el margen de error debido a la carencia de datos respecto a las detenciones realizadas por las policías autónomas, la conclusión es suficientemente clara: el número de detenidos extranjeros casi se ha triplicado entre los  años 1992 y 2000, lo que implica una tasa media de incremento anual del 12 %, levemente superior a la tasa de incremento de los residentes regulares extranjeros.

 

1. Detenciones por infracciones penales.

 

Delitos, faltas y reclamaciones judiciales. CNP + GC.

 

	Españoles	Extranjeros	Total	%
1992	210.208	21.129	231.337	9,1
1993	223.363	25.811	249.174	10,3
1994	219.629	28.250	247.879	11,4
1995	215.448	29.718	245.166	12,1
1996	222.095	32.001	254.096	12,6
1997	211.208	35.991	247.199	14,5
1998	204.436	37.617	242.053	15,5
1999	205.002	41.887	246.889	16,9
2000	196.459	55.693	253.625	21,9

 

Elaboración propia. Fuente: Programa Estadístico del Ministerio del Interior.

 

Dado que, a partir de 1996, la cifra de detenciones de ciudadanos españoles se ha reducido, el resultado ha sido un considerable incremento del porcentaje de los extranjeros respecto al total de detenidos. Si a comienzos de los noventa era extranjero uno de cada diez detenidos, en el año 2000 lo era uno de cada cinco.

 

 

      Porcentaje respecto al total. CNP + GC.

 

1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
9,1	10,3	11,4	12,1	12,6	14,5	15,5	16,9	21,9

 

Elaboración propia. Fuente: Programa Estadístico del Ministerio del Interior.

 

Centrando nuestra atención en las detenciones por delito y refiriéndonos a los tres últimos años, para los que contamos también con datos de la Policía Autónoma Vasca, podemos analizar en qué tipo de delitos tiene mayor incidencia la delincuencia extranjera. Vemos que su incidencia es importante y creciente en el conjunto de los delitos y específicamente en los delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual y de tráfico de drogas, en todos los cuales  uno de cada cinco detenidos en 2000 era extranjero. En cambio la incidencia es bastante menor en los delitos contra las personas.

 

 

      Porcentaje respecto al total. CNP+GC+PAV

 

Contra las personas	Contra el patrimonio	Contra la libertad sexual	Tráfico de drogas	Todos los delitos
15	14	13	13	15
16	15	18	18	16
13	22	22	22	22

 

Elaboración propia. Fuente: Programa Estadístico del Ministerio del Interior.

 

Dada la importancia numérica de la población marroquí residente en España, no es sorprendente que, en cifras absolutas de detenciones, los marroquíes queden a la cabeza en todos los tipos de delito, por un margen bastante elevado respecto a los ciudadanos de otras nacionalidades. Respecto al conjunto de los delitos aparecen en primer lugar los marroquíes, con un 6 % del total de detenciones, seguidos por argelinos, rumanos, colombianos, ecuatorianos y británicos.

 

Para interpretar las anteriores cifras hay que poner en relación las detenciones practicadas con los efectivos demográficos de cada uno de los grupos extranjeros y hallar las correspondientes tasas de delincuencia. Ello tropieza con la dificultad de evaluar el número de residentes irregulares. La solución que aplicaremos para cada grupo será la misma que antes hemos aplicado al conjunto de los extranjeros, es decir suponer que el número de residentes de hecho en el año 2000 era igual a la suma de los residentes regulares más aquellos que solicitaron la regularización. No es una solución exacta, porque algunos residentes irregulares pudieron no solicitarla, pero es la que mejor nos permite llegar a una estimación. Seguidamente,  a efectos de comparar la tasa así obtenida con la tasa de delincuencia de la población autóctona, creemos necesario introducir dos factores correctores:

 

·            La composición de la población inmigrante, con un marcado predominio de personas en edad activa, es por sí misma un factor que eleva su tasa de delincuencia, debido a la fuerte presencia de los grupos de edad que mayor propensión a la delincuencia muestran. Por tanto es mejor compararla con la población autóctona activa que con la población autóctona total.

 

·            Hay extranjeros que cometen delitos en España sin residir en nuestro territorio y que deben ser excluidos del cómputo si se trata de establecer la tasa de delincuencia de la población residente. De acuerdo con un estudio realizado sobre 999 expedientes de presos extranjeros en las cárceles españolas, sólo el 78 % de aquellos acerca de los que consta ese dato residían en España (García España 2001: 310). Hemos optado pues por atribuir a no residentes el 20% de los delitos cometidos por extranjeros, lo que implica reducir la tasa de los residentes en ese mismo porcentaje, es decir hallar una tasa corregida equivalente el 80 % de la tasa bruta.

 

Basándonos en tales presupuestos llegamos a los resultados expuestos en la tabla 4, de acuerdo con los cuales la tasa de delincuencia de los residentes extranjeros es de 35 por mil (35 detenciones por mil habitantes), es decir tres veces superior a la de los ciudadanos españoles. Los ciudadanos de los demás países de la Unión Europea presentan la tasa más baja, 20 por mil, mientras que para el resto del mundo se eleva al 41 por mil.

 

4. Tasa estimada  de delincuencia.

 

Por mil habitantes. Año 2000.

 

	a. Población  de hecho  estimada	b. Detenciones por delito y  reclamación judicial	c. Tasa bruta (b/a * 1000)	d. Tasa corregida (extranjeros: 80 % c)
Españoles (población activa)	16.723.000	197.034		12
Extranjeros	1.140.000	51.106	45	36
Unión Europea	306.000	7.811	26	21
Resto del mundo	834.000	43.295	52	42

 

Elaboración propia. Fuente: Programa Estadístico del Ministerio del Interior.

 

El resultado de aplicar los mismos criterios a las nacionalidades que presentan mayor número de detenciones aparece en la tabla 5. Al tratarse de cifras más pequeñas, el margen de error debido a la dificultad de estimar el número de residentes irregulares es aquí considerablemente mayor, pero a pesar de ello es difícil evitar la conclusión de que existen marcadas diferencias en la propensión a la delincuencia de los distintos grupos extranjeros presentes en España. Es por ejemplo mayor la de los argelinos que la de los marroquíes y la de los colombianos es mayor que la de los ecuatorianos. En algunos casos es posible encontrar factores explicativos de estas diferencias. La elevada cifra de los marroquíes hace difícil que pueda haber entre ellos un porcentaje importante de delincuentes profesionales, lo que en cambio puede ocurrir en grupos menos numerosos. Y en el caso de los colombianos cabe esperar una presencia anormalmente elevada de delincuentes profesionales, debido a la importancia del tráfico de cocaína entre Colombia y España. Sin embargo no cabe excluir la influencia de factores más complejos de tipo cultural, ya que en diversos países se han observado diferencias significativas en las tasas de delincuencia de grupos étnicos cuyas condiciones sociales son similares (Tonry 1997, 1-14).

 

 

Por mil habitantes. Año 2000.

 

 

Elaboración propia. Fuente: Programa Estadístico del Ministerio del Interior.

 

 

A pesar del margen de error que indudablemente tienen nuestros datos, las diferencias son tan grandes que resultaría difícil negar que efectivamente la población extranjera presenta en España una tasa de delincuencia mayor que la autóctona, muy especialmente en el caso de algunos grupos nacionales. Veamos ahora lo que ocurre  en otros países.

           

Los estudios realizados demuestran que no hay una relación constante entre inmigración y delincuencia, es decir que no se puede afirmar que las poblaciones inmigradas tengan siempre una criminalidad ni mayor, ni igual, ni menor que las autóctonas. Todo depende del lugar y del período que se considere. La comisión Wickersman, que estudió minuciosamente el tema en Estados Unidos en los años  treinta, llegó a la conclusión de que “en proporción a sus respectivos efectivos numéricos, las personas nacidas en el extranjero comenten delitos menos frecuentemente que los autóctonos”. Ese mismo resultado se obtuvo en Alemania, Bélgica y Suiza en los años sesenta;  pero los estudios más recientes realizados en Europa occidental muestran una relación inversa: en los últimos años los inmigrantes presentan una tasa de delincuencia mayor que la de los autóctonos (Barbagli 1998: 13-38).

           

Algunos ejemplos permiten comprender la gravedad del problema. En Alemania, a comienzos de los años noventa, el porcentaje de extranjeros entre los presuntos delincuentes detenidos era del 34 %, es decir cuatro veces mayor que el porcentaje de residentes  extranjeros respecto a la población total (Albrecht 1997: 55). En Bélgica el porcentaje de extranjeros en la población penitenciaria pasó del 21 % en 1980 al 37 % en 1991 (Hebberecht 1997: 158). Y en Suiza, en 1993, eran extranjeros más de la mitad de los condenados por homicidio y por violación (Killias 1997: 384). Algunos criminólogos mantienen que estas cifras responden a prácticas policiales y judiciales que discriminan a los extranjeros, pero estudios realizados en diversos países restan credibilidad a dicha tesis (Killias 2001: 153-161). Puede darse en algunos casos cierto grado de discriminación, pero no como para explicar las elevadas tasas de los extranjeros en las estadísticas criminales de tantos países. En realidad  Europa se enfrenta a un problema social grave, ya que la elevada tasa de delincuencia de las poblaciones inmigrantes responde a un fracaso de las políticas de integración. Pero no se debe atribuir en bloque el incremento de los delitos cometidos por extranjeros al fenómeno de la inmigración, ya que en parte resulta también del auge de la criminalidad transnacional. No se debe confundir al inmigrante en dificultades que cae en la delincuencia, con el criminal profesional que acude a otro país con un propósito delictivo premeditado. 

 

 

En los estudios internacionales sobre el tema se ha recurrido a diversas teorías criminológicas para tratar de explicar las diferentes tasas de delincuencia que presentan ciertas poblaciones inmigrantes y ciertas minorías étnicas (Barbagli 1998: 127-141, García España 2001: 87-123). Una de ellas, la teoría del conflicto de culturas, es útil solamente para explicar algunas formas de delincuencia de estos grupos minoritarios, pero las que mayor interés presentan son dos teorías que resultan igualmente útiles para explicar la delincuencia del conjunto de la población: la teoría de la privación relativa y la teoría del control social.

           

La teoría del conflicto de culturas fue inicialmente formulada por el sociólogo norteamericano Thorsten Sellin en los años treinta. Según ella pueden producirse conflictos cuando entran en contacto poblaciones cuyas respectivas culturas tienen un sistema distinto de valores y normas -por ejemplo cuando llegan a un país inmigrantes con valores culturales propios- de manera que algo que es aceptable en una es considerado delito en otra. Un ejemplo claro es el de la mutilación genital femenina, que algunas culturas africanas consideran como un requisito del pudor, mientras que en Europa se  castiga como delito. Y quizá la elevada tasa de hurto que manifiestan los inmigrantes rumanos de etnia romaní pueda entenderse en función de su particular sistema de valores, que no condena la apropiación de bienes pertenecientes a personas ajenas a su etnia.  Sin embargo el valor explicativo de esta teoría es limitado porque, exceptuando caso puntuales como los citados, existe un amplio consenso entre las más diversas culturas acerca de las normas básicas de conducta. El homicidio, el robo y la violación son considerados delitos en todos los países del mundo.

           

Más relevante resulta la teoría de la privación relativa, cuya primera formulación se debe a uno de los pioneros de la criminología, el belga Adolphe Quételet. De acuerdo con esta teoría, una persona puede verse empujada a la delincuencia por la frustración que le genera el contraste entre sus condiciones de vida y sus aspiraciones. La tasa de delincuencia no respondería pues directamente a la privación objetiva, es decir a la pobreza en si misma, sino que es necesario tener también en cuenta el factor subjetivo de las aspiraciones del individuo. Es fácil entender que el inmigrante, que se ha decidido a dar el gran paso de abandonar su país de origen en espera de incorporarse a una sociedad que supone mucho más rica y que de hecho puede constatar que lo es, sufra una frustración al advertir que su nivel de vida queda muy por debajo del habitual en el país donde se ha instalado. Y esta teoría ayuda también a comprender el hecho, frecuentemente constatado, de que los inmigrantes de segunda generación, es decir los hijos de padres inmigrantes, presenten una tasa de delincuencia más alta que los de primera generación. En efecto, estos últimos tienen presentes las condiciones de su país de origen y por tanto pueden sentir que han prosperado, aunque se encuentren en una situación desfavorecida respecto a los autóctonos del país de acogida. Para sus hijos, en cambio, las condiciones del país de origen ya no son relevantes. Ellos aspiran a más y por tanto, a igualdad de condiciones objetivas, están más expuestos a la frustración.

           

Por último, es importante la teoría del control social, cuya versión más conocida es la que formuló el  norteamericano Triver Hirschi en 1969. De acuerdo con esta teoría una persona está tanto menos expuesta a caer en la delincuencia cuanto más integrada se halla en su entorno, a través de un conjunto de valores compartidos que se transmiten en el seno de la familia, la escuela, el barrio y todo el tejido asociativo que en su conjunto conforma una comunidad. En la medida en que los inmigrantes se hallan menos identificados con los valores del país de acogida, esta teoría explica que sus tasas de delincuencia tiendan a ser en general más elevadas, pero también ayuda a entender las diferentes tasas que se dan entre diferentes grupos de inmigrantes. A este respecto lo que importa es la solidez de los vínculos sociales dentro de las propias comunidades de inmigrantes. Aquellos en que los lazos familiares sean más sólidos, por ejemplo, presentarán tasas de delincuencia menores, de donde se deduce la importancia de fomentar la reagrupación familiar.

           

Un corolario muy importante de esta teoría, que resulta directamente contradictorio con las implicaciones de la teoría del conflicto cultural, es que el apego a los valores de la cultura de origen constituye un factor de protección frente al riesgo de caer en la delincuencia. Lo cual resulta especialmente esclarecedor en el caso de los inmigrantes de segunda generación, que al hallarse inmersos en un proceso acelerado de aculturación, por el que van perdiendo los valores de sus padres y de su cultura de origen sin llegar a integrarse plenamente en la cultura del país de acogida, tienen un elevado riesgo de carecer de esos vínculos de control social que sirven de freno a la delincuencia.

 

 

La relación entre inmigración y delincuencia en España y en la Unión Europea  no es un mito. Es cierto que las tasas de detención, son más altas en la población extranjera que en la autóctona,  particularmente en el caso de los extranjeros que no son ciudadanos de la Unión Europea, y lo mismo podría decirse de las tasas de encarcelamiento. Las diferencias son demasiado grandes para que puedan explicarse por una presunta discriminación, voluntaria o no, por parte de jueces y policías. Pero tampoco puede achacarse a una presunta propensión innata al delito por parte de los extranjeros, como podría postular alguna teoría racista hoy desacreditada. Por el contrario las teorías que mejor parecen explicar este fenómeno, las de la privación relativa y el control social, se emplean también habitualmente para explicar la tendencia a la delincuencia en el seno de la población autóctona.

           

Sería muy deseable que se abordaran estudios empíricos que permitieran comprobar la validez de esas teorías en el caso concreto de nuestros inmigrantes. Pero la falta de pruebas empíricas contrastadas no excluye que podamos llegar a una conclusión, la de que la elevada tasa de delincuencia de los inmigrantes representa la manifestación de un grave problema social. España, como el conjunto de la Unión Europea, necesita inmigrantes, pero no está consiguiendo integrarlos adecuadamente. No estamos ante una cuestión puramente de justicia e interior, sino ante un desafío humano mucho más amplio: el de la integración. Y para afrontarlo hay un consejo del novelista libanés y francés Amin Maalouf que no debemos olvidar: “cuanto más perciba un inmigrado que se respeta su cultura de origen, más se abrirá a la cultura del país de acogida”. Consejo que complementa con otro, dirigido a los inmigrantes: “cuanto más os impregnéis de la cultura del país de acogida, tanto más podréis impregnarlo de la vuestra” (Maalouf 1999: 55).

           

El respeto a las culturas de origen debe tener sin embargo un límite: el que marcan los derechos humanos, que constituyen el principio más elevado de nuestro ordenamiento político y jurídico. No hay tradición cultural que pueda invocarse para violaciones de los derechos humanos como la mutilación genital o el matrimonio no consentido.

 

 

ALBRECHT, H.J. (1997): “Ethnic minorities, crime and criminal justice in Germany”, en Tonry, ed.: Ethnicity, crime and inmigration.

 

BARBAGLI, Marzio (1998): Inmigrazione e criminalitá in Italia, Bolonia, Il Mulino. 179 págs.

 

GARCÍA ESPAÑA, Elisa (2001): Inmigración y delincuencia en España: análisis criminológico.  Valencia, Tirant lo blanch. 569 págs.

 

HEBBERECHT, Patrick (1997): “Minorities, crime and criminal justice in Belgium”, en Marshall, ed. : Minorities, migrants and crime

 

KILLIAS,  Martin (1997): “Inmigrants, crime and criminal justice in Switzerland”, en Tonry, ed.: Ethnicity, crime and inmigration.

 

KILLIAS, Martin (2001): Précis de criminologie, 2ª ed., Berna, Staempfli. 563 págs.

 

MARSHALL, Ineke H., ed. (1997): Minorities, migrants and crime: diversity and similarity across Europe and the United States. Thousand Oaks, Cal. 245 págs.

 

MAALOUF, Amin (1999): Identidades asesinas. Madrid, Alianza Editorial. 198 págs.

 

TONRY, M., ed. (1997): Ethnicity, crime and inmigration: comparative and cross-national perspectives, Chicago, University Press. 551 págs.

 

TROYANO PÉREZ, J.F. (1998): Los otros emigrantes: alteridad e inmigración. Universidad de Málaga. 238 págs.