Inmigración: una propuesta liberal

por Jaime García Legaz, 23 de octubre de 2006

(Publicado en La Razón, 23 de octubre de 2006)
 
 
La inmigración ilegal a gran escala que tiene lugar en España exige la puesta en marcha de una política de inmigración racional, fruto de la adecuada comprensión de la naturaleza del fenómeno migratorio.
 
La inmigración a España es un fenómeno que responde esencialmente a factores económicos. La absorción acelerada de desempleo, el dinamismo del mercado de trabajo y el crecimiento elevado y sostenido del PIB real per cápita que han tenido lugar en España desde 1996 han convertido a nuestro país en un foco natural de atracción de inmigrantes. Las abismales diferencias de renta per cápita entre nuestro país y los países africanos, latinomericanos y del Este de Europa son estructurales, por lo que mientras la economía española siga generando empleo neto la presión migratoria continuará siendo intensa.
 
Para hacer frente a esta realidad se propone un modelo de corte liberal con dos objetivos esenciales. El primero es permitir que los empresarios españoles puedan contratar legalmente a los trabajadores de una forma ágil y poco costosa, evitando así tener que recurrir a la contratación ilegal. Para ello se propone liberalizar la actividad de intermediación laboral internacional. El segundo es facilitar la integración de los inmigrantes mediante su empleabilidad a largo plazo. Para ello se propone establecer requisitos objetivos de cualificación mínima que los inmigrantes a contratar necesariamente deberán reunir.
 
El punto de partida pasa por reconocer que el modelo actual de “contingentes” constituye un estrepitoso fracaso. Cuando un empresario necesita hoy contratar un trabajador de un determinado perfil laboral y la oferta de empleo nacional no satisface su demanda, de tal forma que deba recurrir a oferta de mano de obra extranjera, el sistema legal no da una respuesta mínimamente aceptable. El sistema de “contingentes”, como todos los sistemas de planificación pública de corte soviético, es ineficaz e ineficiente, además de lento. El mercado de trabajo necesita una intermediación laboral ágil, eficaz y eficiente, y eso sólo lo garantiza el propio mercado. Pero la ley no permite actualmente la intermediación laboral mediante agentes especializados en la contratación y formación de la mano de obra en el país de origen para prestar servicios laborales en el país receptor. Es imprescindible una reforma legal que autorice a los intermediarios laborales privados a ejercer su actividad internacionalmente. Los servicios de intermediación no serán nunca prestados con eficacia y eficiencia por entes públicos presos de la burocracia y de la ausencia de incentivos, y financiados además con impuestos. El mercado tiene la capacidad de aportar una solución eficiente y de forma gratuita para el contribuyente.
 
Para tranquilizar a los que aducen riesgos de inseguridad jurídica o de explotación de los inmigrantes, se podría comenzar por ampliar en la ley el objeto social de las ETT, que son instituciones sin ánimo de lucro tuteladas por el Estado y por los propios sindicatos, y autorizarlas a extender su labor de intermediación laboral a la contratación y formación de inmigrantes en el país de origen. La reforma legal podría incorporar en todo caso mecanismos de garantía preventiva del fraude en la contratación, por ejemplo, en forma de avales. La reforma legal debería establecer asimismo la expedición automática del visado por el consulado a los inmigrantes con contrato formalizado por una ETT.
 
Para garantizar la empleabilidad a largo plazo del trabajador inmigrante y su integración es fundamental establecer criterios mínimos de cualificación profesional. Un inmigrante con cierta cualificación puede estar inicialmente subempleado, pero su riesgo de desempleo en el futuro es reducido y siempre tendrá abierta la posibilidad de prosperar. Un inmigrante sin ninguna cualificación no solamente tiene poco futuro en una economía avanzada como la española, sino que aunque hoy pueda encontrar un trabajo de poca cualificación en el coyunturalmente boyante sector de la construcción o en una de las actividades agrarias subvencionadas por la PAC, tiene todas las papeletas para permanecer desempleado durante largos periodos de tiempo en el futuro.
 
La Agencia Nacional de Contratación acertadamente propuesta por el Partido Popular podría encargarse de tutelar el sistema, detectar sus ineficiencias y fijar los requisitos mínimos para la contratación con criterios de racionalidad.
 
La reforma debe ir acompañada en todo caso de una reflexión profunda encaminada a reformar el Estado del bienestar y evitar que su exceso de generosidad acabe generando un elevado número de inmigrantes inactivos o desempleados dependientes de las transferencias públicas, monetarias o en especie, como ocurre en Francia, Bélgica y algún otro país europeo. Pero ese debate escapa a la pretensión de este artículo.