Honduras: la aceleración tumbó a Zelaya

por Eduardo Mackenzie, 4 de julio de 2009

a comunidad internacional sabe ahora de lo que es capaz el presidente Hugo Chávez. Lo ocurrido en Honduras mostró que el jefe del movimiento bolivariano es competente al momento de imaginar e impulsar nuevas formas para apoderarse del poder en un país centroamericano, y para confundir, de paso, a todo el mundo, al Departamento de Estado, a la diplomacia latinoamericana y hasta a la Unión Europea, tras los hechos consumados, favorables o no a él.

En la aventura fallida de Manuel Zelaya intervinieron aspectos inéditos y particulares que deben ser analizados pues constituyen algo así como una táctica renovada, más audaz y arriesgada, del chavismo para la toma del poder.

Lo que caracteriza el episodio Zelaya es su carácter furtivo, apresurado y brutal. Si a Hugo Chávez le tomó años y meses el proyectar a uno de sus hombres al poder en Bolivia,  Ecuador y Nicaragua, en Honduras le tomó apenas unos meses y días.

Chávez no tuvo que rebuscar y aupar un caudillo populista de segunda, como en los casos de Morales, Correa y Ortega, sino que tuvo la perspicacia de descubrir cómo él podía alcanzar el poder en Honduras a través de un ricachón de derecha, instalado ya en el gobierno, y dispuesto a venderse a cambio de unos suministros de petróleo. Heredero de un gran terrateniente, Manuel Zelaya no tenía nada de extremista. Al elegirlo en 2005 el pueblo hondureño creyó elevar al poder a un miembro del partido Liberal y a nadie distinto.

 

 

La jugada fue muy audaz.  El crimen fue casi perfecto. En la conversión milagrosa de Zelaya al chavismo jugó un misterioso viaje a La Habana y unos pactos con la venezolana Petrocaribe. Los viejos y conocidos artificios del “bolivarismo” para el asalto al poder -elección de un presidente bajo una careta moderada no comunista, control férreo del poder legislativo, instalación de una asamblea constituyente, reforma drástica de la Constitución, desarticulación de las fuerzas militares y de policía, plenos poderes al ejecutivo, reformas antiliberales y liberticidas, represión y atomización de la sociedad civil, hostigamiento y cierre de los medios de información opositores, no fueron seguidos tal cual en este episodio revolucionario, aunque algunos si estaban inscritos en el plan  que debía seguir el ex presidente Zelaya.

El había comenzado a dar zarpazos en ese sentido desde 2008, pero de pronto intervino, en abril de 2009  ---aún no se sabe por qué---  el elemento de la aceleración del proceso, que lo condujo a la violación descarada de sentencias judiciales, de la ley y de la Constitución. Ello desembocó en su destitución y expulsión  del país.

Los hondureños estuvieron muy cerca de que les arrebataran el país de la noche a la mañana. Pero reaccionaron a tiempo. El Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría general, el consejo electoral, las fuerzas militares, los empresarios, la Iglesia y las mayorías ciudadanas, cumplieron su papel en defensa de la Constitución.

Sin embargo, su acción pacífica no fue entendida desde la primera hora. Tras la caída de Zelaya, Hugo Chávez reaccionó con prontitud y lanzó la teoría de que allí había habido un “golpe de Estado troglodita” y que Zelaya debía ser reinstalado en cuestión de horas. Fidel Castro agregó que lo acontecido en Honduras tenía “un carácter netamente fascista”. Y todo el mundo los siguió. El presidente Obama fue uno de los primeros enredados. El segundo fue José Miguel Insulza, el problemático secretario general de la OEA. La confusión cundió por todas partes. La UE condenó el “golpe de Estado” y habló de una “violación inaceptable del orden constitucional”, sin comprender que quien había violado ese orden constitucional era el mismo presidente.

De ese fenómeno de confusión es responsable, en parte, la dirigencia hondureña quien no  supo explicar al mundo, al menos desde comienzos de 2009, lo que Zelaya y Chávez estaban haciendo.

El más culpable de ese desconcierto es José Miguel Insulza. Una vez más, el secretario general de la OEA faltó a sus obligaciones. Por eso debería ser destituido. Bajo el hechizo de Chávez, el socialista chileno dejó que la crisis madurada y estallara para tratar de encausarla a su antojo. El debió haber alertado sobre lo que estaba ocurriendo en Honduras desde que Zelaya comenzó a pasar por encima de todo el mundo, de las instituciones y de las leyes para perpetuarse en el poder. Pero no lo hizo. Tampoco lo hizo la prensa libre del continente, la cual se dejó adormilar. Tampoco lo hicieron los diplomáticos latinoamericanos en Tegucigalpa. La falta de vigilancia de ellos llama la atención, sobre todo la de quienes representan gobiernos que no bailan al ritmo de Hugo Chávez.

La excepción a la regla fueron quizás algunos emisarios europeos. Ellos rechazaron a tiempo y con argumentos la propuesta absurda de Moratinos, el canciller español, de retirar a todos los embajadores de Honduras. Sólo dos capitales siguieron al gobierno de Zapatero en eso: Madrid y París. Ello se entiende. Zapatero es un viejo amigo de Chávez y Francia tiene un gobierno de derechas pero unas relaciones exteriores de tipo socialista. En cambio, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Italia acogieron la tesis increíble del “golpe de Estado troglodita”.

La postura del gobierno de Colombia fue disparatada: el 1 de julio, indicó que había llamado a consultas a su embajadora en Honduras (quien estaba en Bogotá), lo que equivale a una suspensión de las relaciones diplomáticas entre los dos países. El corto y duro comunicado de ese día dice que el llamado a consultas obedece al reconocimiento de Colombia a 'José Manuel Zelaya Rosales como Presidente constitucional de la República de Honduras'. Consecuente, Bogotá exigió 'la restauración inmediata, segura e incondicional del Presidente Zelaya a sus funciones constitucionales'.   

Ante las vociferaciones de Hugo Chávez y el temor de quedar aislado, el presidente Álvaro Uribe  se dejó empujar, por una vez, hacia el campo conceptual de Caracas. No obstante, Uribe tuvo al comienzo de la crisis una posición diferente al invocar el principio de la no intervención. ?ste, dijo desde Washington el 30 de junio, “tiene que ser de todas las horas, frente a todos los casos. No puede ser sesgado. No puede ser: ‘en este caso no intervención, en este caso sí intervención’”. Álvaro Uribe habló igualmente del “respeto a los principios de la libre determinación democrática de cada pueblo”.

El espectro de la injerencia de Caracas en los sucesos de Tegucigalpa (Chávez había ya amenazado con usar la fuerza contra el presidente interino Roberto Micheletti) asomaba en las frases del presidente colombiano. “Cuando se viola el principio de la no intervención, se crean enormes dificultades políticas en el país intervenido. Y esas dificultades políticas en el país objeto de la intervención, se convierten en fuente que les crean dificultades a las instituciones democráticas', subrayó Uribe. Empero, al día siguiente, en Bogotá se impuso otra línea y el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo, quien eclipsó la voz de una Cancillería colombiana muda durante esos días, justificó ese viraje lamentable. Ramírez teorizó incluso sobre la necesidad de una “cortina diplomática” (el retiro de los embajadores) que hiciera ver “que no se toleran golpes de Estado en América Latina'. ¿Por qué ese cambio? Bogotá dejó de lado, en todo caso, el hecho de que en coyunturas similares la diplomacia norteamericana y europea había sido prudente.

El ejemplo español es claro. Un empresario ibérico Rafael Enríquez, recordó: 'Felipe González no retiró al embajador español cuando el presidente Alberto Fujimori dio el autogolpe de 1992. Zapatero no llamó a consultas al embajador Alsina, ni formuló la menor crítica cuando Lucio Gutiérrez fue derrocado en Ecuador por un golpe militar. Aznar tampoco retiró al embajador en Quito cuando Jamil Mahuad fue sacado de palacio a golpe de fusil y derrocado en el año 2000'.

Washington tampoco retiró su embajador en Perú tras el autogolpe de Fujimori en 1992. Francia evitó las medidas extremas ante ciertos golpes de Estado. Luego del putsch militar en Argelia, que impidió en enero de 1992 la llegada del extremismo islamista por la vía electoral, el presidente François Mitterrand se abstuvo de retirar el embajador en Argel. Y sólo declaró que  ese golpe era “un acto por lo menos anormal”.

¿Por que Colombia y la OEA se dejaron llevar a tesis inadmisibles ante la caída de Zelaya? Porque el aparato “bolivariano” es más hábil de lo que se cree y tiene entradas claves en partidos y  gobiernos, incluso en aquellos del arco democrático.

En embrollo diplomático en Honduras está intacto. ¿Que harán las capitales europeas y Barack Obama si los hondureños no ceden ante las presiones injustas? ¿Las medidas de represalia económica contra Honduras continuarán? Ello sería inadmisible. ¿Cómo venir atrás? ¿Anticipar las elecciones previstas para noviembre de 2009? Estas fueron anunciadas por Roberto Micheletti desde su nombramiento como presidente provisional.  

El campo democrático está del lado de quienes se oponen a Manuel Zelaya. La perspectiva autoritaria está del lado de los pretendidos defensores de la dudosa “legalidad”: los jefes de la Alianza Bolivariana para las Américas (Alba). Cada día que pasa, la opinión mundial sabe más acerca de eso y, sobre todo, acerca del por que de la destitución de Zelaya, de las actividades subversivas en Honduras y de los tráficos en que, según la Associated Press,  está involucrado el jefe de Estado depuesto.

Los partidarios de éste han iniciado una fase de disturbios callejeros en Tegucigalpa. Muchos temen una escalada más violenta. Vendrán sin duda atentados muy serios. Es la metodología de los extremistas que buscan un cambio revolucionario de régimen. El presidente Chávez ha perdido probablemente una batalla importante en Centroamérica. Sin embargo, no ha agotado sus cartas. La comunidad internacional debe superar el angelismo, ser más vigilante y reactiva y ayudar al pueblo hondureño a preservar sus libertades. Todavía hay tiempo.