Hacia un nuevo modelo de participación ciudadana. Libertad para la elección de lengua

por María Ángeles Muñoz, 31 de octubre de 2008

La situación política nacional se puede definir en este momento como una coyuntura compleja. Esta complejidad viene dada por distintos motivos. En primer lugar la crisis económica internacional ha desembarcado en nuestro país con más fuerza que en otros debido al específico sistema de crecimiento sobre el que nos manteníamos y en torno al cual se generaba riqueza y empleo. De forma simultánea a la crisis y su impacto tanto en la bolsa como en las previsiones de crecimiento y de creación de empleo -que ya es destrucción- el Gobierno se ha venido amparando en presunciones poco fundadas: la fortaleza de nuestra economía frente a las debilidades europeas, el modelo español que difiere del americano, la errada estimación del Fondo Monetario Internacional que “suele equivocarse” respecto al caso español...Todas estas excusas de mal pagador no han servido para impedir que los ecos de una nueva situación estructural convulsa emerjan de manera sistemática y hayan obligado al Gobierno a imitar a sus colegas con la toma de medidas de choque de última hora.
 
Pero este problema que es principal -y que actúa en este momento como factor aglutinante de otros derivados de nuestro particular modelo- se solapa con otras circunstancias políticas no menos preocupantes y urgentes. Aquí deberíamos citar dos cuestiones básicas que nos afectan a todos y cuya resolución definirá nuestro modelo de Estado en las próximas décadas: una es la relativa a las tensiones generadas sobre el modelo de financiación territorial del Estado, que oscilan entre las incesantes demandas autonómicas y el papel de equilibrio y redistribución que debe asumir el Estado. Este asunto se mantiene hoy sobre la mesa y su vista se aplaza sin fecha fija porque nos encontramos para algunos en un punto de no retroceso pero a su vez es difícil avanzar mucho más en la misma vía sin afectar negativamente a la cohesión y equidad que deben imperar en la distribución de poder.
 
Otro asunto del que nos ocupamos ahora con mayor detenimiento es el continuo avance de los llamados planes de normalización lingüística, que se van definiendo paulatinamente a través de la legislación autonómica y que socavan el principio de libertad de nuestro ordenamiento jurídico y el ejercicio de este derecho básico por parte de cualquier español. La inoperancia de los poderes públicos ante esta falta reiterada y el consentimiento político del ejecutivo con esta práctica (extendida en las Comunidades Autónomas con lengua propia en coexistencia con el castellano) ha derivado en el desamparo absoluto de aquellos que desean la libertad de elección de lengua. Este derecho no es residual, afecta a la elección de la educación de los hijos, al medio de comunicación cotidiana en el entorno laboral, a las condiciones exigidas para acceder a una plaza de funcionario de la administración autonómica, etc.
 
Recientemente estas y otras cuestiones relacionadas salían a la calle en Galicia bajo un signo de reivindicación, con motivo de la manifestación convocada por la libertad y contra la imposición lingüística. Comienza a ser frecuente el recurso a este tipo de protesta ciudadana que nace de manera natural y que se organiza con medios básicos, debido sobre todo a las carencias de nuestro país en lo que a cultura política y participación se refiere. Cierto es que en los últimos años, sobre todo en los correspondientes a la primera y segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, esta insuficiencia en nuestro sistema democrático se está solventando por la inercia de los acontecimientos y las resistencias activas que nacen en el seno de la sociedad en torno a unos u otros temas según la sensibilidad del ciudadano. La protesta y la pancarta han dejado de ser el alegato y medio de las organizaciones sindicales para ser tomadas por la propia ciudadanía como tal. Ésta es cada vez más organizada a través de pequeñas asociaciones y plataformas que dibujan un mapa hasta ahora desconocido de resistencia y demanda social en respuesta de iniciativas del gobierno nacional o de determinadas medidas de los gobiernos autonómicos.
 
En este sentido el sano juicio, el interés personal y el deseo de supervivencia a través de elementos que se consideran propios a la par que son comunes han motivado con suficiencia la creación de movimientos de respuesta social, esta vez en el ámbito de la lengua. En este terreno es cuanto menos sorprendente el recorrido acelerado que se ha producido en promoción de las llamadas lenguas autonómicas y de carácter local en detrimento de la lengua común castellana. Esta proyección interesada a instancias de partidos y organizaciones de carácter nacionalista ha terminado siendo asumida por la legislación autonómica y consentida por las formaciones políticas nacionales con presencia en comunidades con partidos nacionalistas en el poder. El consentimiento tácito de esta nueva realidad por los principales partidos en función de acuerdos de gobierno en la autonomía o el contagio de los elementos básicos de la cultura nacionalista ha provocado un vacío real en la tutela de los derechos fundamentales que ampara la Constitución. Entramos de esta forma en una nueva etapa marcada por la manifestación en la calle, las demandas en los tribunales y la emergencia de organizaciones cuyas denuncias generan noticia y abren espacio propio en la opinión pública.
 
A estas alturas es difícil diagnosticar cómo será la evolución de este problema y qué soluciones son viables dado el estricto carácter político del problema; lo más interesante de todo es que precisamente la imposición lingüística se ha topado con el elemento democrático, con la base que sostiene el sistema que no es otra que el derecho mismo, con la aparición de una minoría que se manifiesta en defensa de lo común. Esta nueva realidad a algunos les resulta incómoda porque implica abordar el tema teniendo en cuenta a nuevos actores que tienen voz y un peso hasta ahora marginal y relativo -pero no se sabe más adelante- y porque presenta sus trabas y dificultades en el camino de la normalización total lingüística.
 
La nueva vía en defensa de la libertad es un movimiento que crece de manera paulatina y que va asumiendo espacio y adquiriendo visibilidad en aquellos escenarios del territorio español en los que sufre de atropello o intimidación. En esta línea Cataluña ya había protagonizado manifestación en defensa de un bilingüismo real meses atrás. Ahora le ha tocado turno a Galicia, aprovechando la oportunidad del momento preelectoral por la cercanía de los comicios autonómicos previstos para 2009.
 
El principal motivo de protesta era esta vez, como en los otros casos conocidos, el proyecto aplicado de imposición progresiva del gallego por parte de la Xunta de Galicia. Los responsables de la Mesa por la Libertad Lingüística trasladaban su preocupación por la trayectoria que Galicia ha seguido en pos de los pasos dados por Cataluña y País Vasco en esta área. Aprovechando la ocasión otras asociaciones sensibles como la Sociedad Cultural Círculo Balear, la Plataforma por la Libertad de Elección Lingüística del País Vasco, el Foro Ermua, Aragón Liberal, además de otras agrupaciones catalanas, valencianas y gallegas, se sumaban a la iniciativa de la asociación gallega de modo presencial o nominativo. Esta experiencia de unidad bajo el mismo lema es un indicador fiable de la red que ha surgido en los últimos meses en las comunidades autónomas bilingües.
 
En esta misma línea las discrepancias con los planes de “normalización” se han materializado en oposición cívica en Galicia a raíz de la implantación en el pasado curso por parte del Gobierno regional de un decreto educativo que desarrolla una ley de 1983 y que impone un mínimo de un 50% de horas lectivas en gallego. En algunos centros, según las denuncias de colectivos como Galicia bilingüe, eso ha supuesto la erradicación del castellano hasta en un 80% de las clases.
 
Esta situación derivada de un nítido proyecto político de imposición lingüística y cultural ha cristalizado en lo que estas plataformas cívicas califican de “linguolatría”: “la instauración e impulso sin complejos de un nuevo estado de culto por parte de los representantes regionales”. Así identifican esta imposición a través del nuevo decreto como una “catequesis forzosa de la totalidad de la población infantil”. Ésta constituye en resumen la principal denuncia, pero a la vez estas plataformas exponen que se ha degradado la libertad cultural -de la que la lengua es instrumento fundamental- para una parte de la población; además consideran que se ha adulterado la enseñanza, sustituyendo el esfuerzo dirigido a la formación integral por aquél que se orienta a la formación de “buenos gallegos” según el canon del esencialismo lingüístico, identitario y excluyente; explican que se ha pasado a una politización de la lengua generan el rechazo reflejo a toda imposición y la división social derivada del reparto de privilegios  a partidarios y acoso y exclusión a no partidarios; además todo ello ha afectado a la unidad del mercado laboral cayendo en la pérdida de oportunidades para aquellos que no responden a las condiciones exigidas, situando en la lengua el coto de acceso. Esto ya es una realidad en la función pública.
 
 Esto ha llegado a ser así debido al silencio que durante más de dos décadas ha imperado en aquellas comunidades con particularismo, en las que los planes nacionalistas se implantaban a merced de una supuesta sintonía y respuesta a la propia sociedad. Bajo este argumento diversos grupos y lobbies impulsaban políticas pseudonacionalistas en nombre de una sociedad civil que hoy se rebela contra ellos. Todo este entramado ha funcionado perfectamente hasta ahora a través de la fusión y practica total colaboración entre determinados sectores del poder político y las asociaciones y grupos creados en torno al mismo. Dichos grupos han estado encargados de desarrollar la parte social de demanda para desarrollar posteriormente la legislación oportuna en el plano de la política autonómica. Un ejemplo de este nivel de colaboración según las asociaciones denunciantes ha sido el trabajo de la Mesa por la Normalización Lingüística, que se presentaba como organismo oficial en comercios  o industrias a los que amenazaba con expedientar en caso  de no responder al plan. Este tipo de actuaciones bien nos recuerda la práctica abusiva de la Generalitat de Cataluña en relación a las sanciones a comercios que no rotulan en catalán.
 
Como era de esperar este tipo de denuncias y movilización social en defensa de la libertad debían tener una respuesta política. Y así ha sido: si la manifestación citada tenía lugar el domingo 19 de octubre con una participación de en torno a unas cuatro mil personas, los medios gallegos apenas se hacían eco del acto y el miércoles posterior 22 de octubre  el Parlamento de Galicia aprobaba  una iniciativa en la que instaba a la Xunta 'a continuar impulsando la plena normalización del gallego en todos los ámbitos, en cumplimiento de la Ley de Normalización Lingüística y del Plan General de Normalización da Lengua Gallega'. Esta iniciativa salía adelante con los votos a favor del Partido Socialista de Galicia y el Bloque Nacionalista Gallego y el rechazo del Partido Popular. La iniciativa, promovida por el BNG y transaccionada con una enmienda del PSdeG, provocaba un tenso debate en la Cámara, tras el cual los diputados populares votaban en contra porque no habían sido 'llamados a negociar', según explicación de Alberto Núñez Feijoo en rueda de prensa.
 
Este paso reciente viene a confirmar nos demuestra que el nacionalismo se ve amenazado ante la respuesta incipiente de la sociedad civil. Este nuevo panorama plantea un doble desafío: por una parte de la sociedad hacia el poder político que actúa al margen del derecho, y por otra del poder político a la sociedad demostrando el peso de su fuerza a través de la regulación normativa. Este pulso no es equilibrado dado el distinto nivel de fuerzas que se enfrentan, pero sí muy significativo en función de la proximidad de los comicios gallegos y de la presión para la modificación del discurso de los grandes partidos presenten en el parlamento gallego. En el caso del Partido Socialista la estrategia conocida es la colaboración con las siglas nacionalistas, y el impulso de los planes de normalización lingüística tal y como se reconoció en el último Congreso del Partido este pasado verano. La proximidad con el radicalismo nacionalista ha propiciado un superávit electoral en las últimas generales de 2008 que sirve de modelo para las próximas convocatorias autonómicas en Galicia y País Vasco. Por su parte el Partido Popular se ve forzado a explicitar su postura, debido a que un silencio en esta materia es interpretado como una cohabitación con el nacionalismo, sin llegar a representar realmente el carácter nacional de sus siglas y la defensa de una cultura común por encima de las particularidades.
 
Esta precisión que hoy se hace tan necesaria encontraba su respuesta durante la jornada organizada por la Fundación Denaes el 25 de octubre en Madrid. En ella el portavoz adjunto del Grupo Popular Alfonso Alonso hacía acto de presencia mientras que la silla destinada al representante del PSOE quedaba vacía. Lo interesante de dicha jornada es que conseguía aglutinar una hasta ahora dispersa respuesta ciudadana en contra de la marginación del castellano en las distintas autonomías. En esta jornada se concentraban representantes de la propia Fundación Denaes, del partido de Ciudadanos, de UpyD, de la entidad Convivencia Cívica Catalana, de la Mesa por la Libertad Lingüística de Galicia y de la Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco.
 
Éste ha sido el último acto de una cronología reciente de convocatorias a favor del castellano y de la libertad de lengua que se han de tener en cuenta:
·                    El 20 septiembre se manifestaban en Vitoria centenares de padres contra la supresión de la enseñanza en español en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca (en consecuencia PNV ha aparcado de momento el plan en vistas a las próximas autonómicas).
 
·                    El 28 de septiembre se manifestaban en Barcelona miles de ciudadanos rompiendo la barrera del silencia ante el nacional-lingüísmo.
 
·                    El 19 de octubre se sucedía la manifestación gallega.
 
Estos hechos nos conducen inevitablemente a una reflexión fundamental: los poderes públicos no pueden hacer caso omiso a esta respuesta social, que en caso de no ser atendida siempre puede adoptar la vía judicial debido a que las denuncias afectan a derechos fundamentales como son la libertad de educación para los hijos, la igualdad en el trato y no discriminación en función de factores socio-culturales, etc. Esta “escucha activa política” es sólo cuestión de tiempo porque toda labor de presión surte sus efectos políticos.
 
Además la reacción del Gobierno autonómico depende también de la influencia de este nuevo movimiento, su impacto en el discurso electoral de las distintas fuerzas (el discurso refleja la entrada o no del tema en la agenda política) y las alianzas de gobierno que se puedan prefijar antes de las elecciones en caso de no haber mayoría.
 
La importancia de las repercusiones de la actuación de estas nuevas plataformas cívicas es mayor si consideramos que es un movimiento de base civil que aborda el abuso político del poder en función de la ideología. Nuestra sistema político -que aún es joven- se enfrenta ahora a una seria necesidad de corrección que la propia ciudadanía reivindica: la legitimidad de las leyes no viene dada sólo por el procedimiento y el sistema de aprobación, sino por su sujeción a las normas básicas del ordenamiento jurídico; en la cuestión que hoy abordamos esto queda sometido a la duda.

 
 
Mª Ángeles Muñoz (Madrid, 1978) es politóloga por la UCM especializada en Análisis Político y Relaciones Internacionales, con doctorado en Procesos Políticos en la UE y países de la Antigua Unión Soviética (UNED). Ha sido profesora de Sociología en Valencia, donde también ha coordinado formación en Dirección y Comunicación para profesionales a través de la Universidad Politécnica (UPV). Actualmente participa en foros de estudio europeo y realiza análisis político y electoral en diferentes medios.