Guía para la caza del Faisán

En la larga lucha contra ETA la democracia española ha ensayado todos los caminos. El Gobierno de Felipe González, vulnerando todos los principios morales, transitó el atajo de la guerra sucia contra el terrorismo debilitando la legitimidad moral del Estado para vencer al terror y fortaleciendo en última instancia a esta banda criminal. El Gobierno de Zapatero, buscando rentabilizar un final anticipado del terrorismo, se adentró en el atajo de la negociación política con los asesinos traicionando la voluntad democrática de los españoles y retrasando innecesariamente la derrota de los terroristas. Pero hubo también gobiernos que mantuvieron la firmeza democrática frente al chantaje del terror, utilizaron todo el Estado de Derecho pero sólo el Estado de Derecho para derrotar a los terroristas y situaron a las victimas del terrorismo en la vanguardia de la lucha por la libertad. La experiencia histórica nos demuestra que sólo desde los principios democráticos, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de la dignidad de las victimas es posible derrotar al terror.

 

En más de treinta años de lucha democrática contra ETA no habíamos asistido sin embargo a un chivatazo dado desde el propio Ministerio del Interior a esta banda terrorista. El caso Faisán es por ello una de las páginas más negras de la lucha contra el terrorismo. Una delación que abortó la operación más importante contra el aparato de extorsión de la banda, aquellos que se dedican mediante la amenaza y el chantaje a recaudar los fondos para que los pistoleros puedan cometer sus asesinatos. Es esencial para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho y para el honor de todos los policías que se juegan la vida diariamente luchando contra estos asesinos, especialmente por aquellos que cayeron en esa lucha, que los responsables de esta traición asuman su responsabilidad.

 

La complejidad de este caso y los denodados esfuerzos del entonces ministro del Interior y hoy además Vicepresidente Primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, por ocultar la verdad y eludir su responsabilidad política han enmarañado este caso hasta un punto en el que muchos ciudadanos pueden perderse en un mar de acusaciones cruzadas e informaciones no siempre desinteresadas. Con el fin de ofrecer en un único documento lo que hasta ahora conocemos hemos elaborado esta breve guía sobre el caso Faisán en la convicción de que la verdad es la principal cualidad de las sociedades libres. 

 

Es uno de los mayores escándalos políticos que han afectado al Ministerio del Interior en nuestra democracia. Constituye un nuevo episodio turbio de los gobiernos del PSOE, esta vez bajo la tutela de José Luis Rodríguez Zapatero, y siempre con la implicación de Alfredo Pérez Rubalcaba. En esta ocasión la policía, cumpliendo necesariamente ordenes políticas de altos mandos del Ministerio del Interior, avisó a los miembros de la organización terrorista ETA -integrantes del aparato de extorsión de la banda- de una detención inminente. La policía delató a la propia policía y boicoteó la operación policial poniéndose del lado de los terroristas.

El chivatazo a ETA se produce el 4 de mayo de 2006.

 

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comienza la negociación con ETA durante el verano de 2005, a pesar de haberlo negado siempre:

 

1.Junio de 2005. La primera cita se produce en este mes en Ginebra. Allí mantienen un encuentro Eguiguren, Presidente del PSE, y Josu Ternera, asesino de la banda terrorista.

·             El nombre de Eguiguren aparece reiteradamente en las conversaciones entre miembros del aparato de extorsión en las llamadas intervenidas por orden judicial.

·             Concretamente es Elosúa, quien cita a Eguiguren con bastante frecuencia, bajo el apodo de “Jesusito de mi vida”. Según la información arrojada por las llamadas de Elosua, Eguiguren es un personaje fundamental en la negociación con la banda terrorista ETA.

·             El fundador de ETA, Julen Madariaga, es uno de los intermediarios del proceso. Madariaga también está relacionado con la red de extorsión en la que participa Elosúa. El bar Faisán, propiedad de este último, es el punto de encuentro con los etarras y sirve a los mismos efectos también en esta ocasión.

2.24 de marzo de 2006. La banda terrorista anuncia un alto el fuego permanente. Zapatero se muestra contundente en público: romperá las negociaciones si la banda mantiene la extorsión al empresariado vasco.

3.11 de abril de 2006. Alfredo Pérez Rubalcaba se hace cargo del Ministerio del Interior. Tal y como consta en diligencias policiales, los miembros del aparato de recaudación y extorsión de ETA reciben con agrado este nombramiento: Rubalcaba es considerado un político proclive a la negociación.

4.4 de mayo de 2006, Día del chivatazo. Esa misma mañana el dirigente del PNV Josu Jon Imaz se reúne con Zapatero en La Moncloa para ofrecerle su apoyo en las negociaciones con ETA. En el listado que la policía baraja para próximas detenciones se encuentra el dirigente del PNV, Gorka Aguirre, ya fallecido y amigo de Imaz (personaje de gran peso en el nacionalismo vasco).

·                            Entre las llamadas grabadas por la intervención del CNP también hay registros con Xabier Arzalluz.

5.22 de mayo de 2006. Rubalcaba se reúne en la Comisaría de Canillas con la cúpula del CNP y, acto seguido, da una rueda de prensa en la que manifiesta que el alto el fuego declarado por ETA es completo y real (en virtud de tres informes de verificación).

6.30 de diciembre de 2006. ETA provoca el atentado de la T4 en el que asesina a dos personas.

 

El bar, propiedad de Elosúa, estaba siendo investigado por el CNP por medio de un equipo de investigación dirigido por el entonces Inspector Jefe -y hoy Comisario- Carlos Germán. Entre las actuaciones realizadas se puede contar la intervención de teléfonos, la instalación de micrófonos en el propio vehículo de Elosúa, y la vigilancia videográfica. Estas diligencias estaban siendo seguidas por el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, del que era titular Baltasar Garzón. Pero hay que precisar que en la fecha del chivatazo Grande Marlaska era quien se encontraba al frente de dicho juzgado en sustitución de Garzón (que se encontraba en Estados Unidos).

 

 

En aquel momento era el Inspector jefe 16.586 y dirigía el equipo conjunto de investigación con la policía francesa en las investigaciones sobre la extorsión. Sorprendentemente se encarga también de la posterior investigación del chivatazo tras ser destinado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. En sus informes sitúa, entre otros, al director de la Policía y al jefe del País Vasco como responsables de la delación. El fiscal descalifica su trabajo y tanto éste como su jefe -el Comisario Cabanillas- siembran dudas sobre su investigación.

Según parece la decisión se toma el día anterior, el 3 de mayo. En la víspera del chivatazo se encienden las alarmas tanto en el Ministerio del Interior como en La Moncloa:

 

·    En el transcurso de una comida entre Gorka Aguirre y Elosúa -en la sidrería Eguiluce de Oyarzun- se habla de la entrega de dinero proveniente de la extorsión por parte de Aguirre a Elosúa y al etarra Sagarzazu.

·    La Policía escucha que ambos van a establecer una entrevista con los terroristas en el bar Faisán al día siguiente para entregarles el dinero. Es la gran oportunidad para detenerlos a todos in situ. La información pasa entonces en cadena de Carlos Germán a su Jefe, el Comisario Cabanillas, y de éste al Comisario Telesforo Rubio, quien ordena finalmente que se informe al Juez Marlaska.

 

Es la parte de la organización terrorista dedicada a obtener financiación para actos de terrorismo a través del ejercicio del chantaje y la amenaza indiscriminada. Este chantaje se dirige especialmente a empresarios con intereses en País Vasco o Navarra, u originarios de estas Comunidades. En la práctica del chantaje se exigían cantidades exactas por escrito bajo amenaza reiterada contra esos empresarios, sus empresas y sus familias.

 

El 4 de mayo es la jornada en la que se activa la Operación Urogallo bajo órdenes del Juez Marlaska con el fin de detener a toda la red de extorsión, o por lo menos a sus operadores principales. El orden de los acontecimientos es el siguiente:

 

1.      Los agentes, dirigidos por Carlos Germán, se sitúan alrededor del Bar Faisán.

2.      A las 11’08 llega Joseba Elosúa, dueño del bar. Esperan a la llegada de José Luis Cau, miembro de la banda terrorista al que esperaba Elosúa.

3.      Los agentes ven salir del bar a Elosúa, quien se dirige a llamar desde una cabina pública situada frente al bar. Eso lo interpretan como algo anormal.

4.      A continuación Elosúa monta en su coche junto a su yerno, Carmelo Luquín, y se dirige a Francia. La operación es abortada.

 

Posteriormente, siempre según la versión policial facilitada hasta el momento, la policía capta -gracias a la baliza instalada por la policía en el coche de Elosúa- la conversación que éste mantiene con su yerno mientras viajan a Francia:

 

Elosúa cuenta cómo un policía que entra en su bar saca su teléfono móvil, marca una llamada, y se la pasa al propio Elosúa. El interlocutor anónimo le dice a Elosúa que no hable por el teléfono del bar, al menos con los etarras, puesto que está intervenido. Le advierte que no desvele ningún aspecto de la conversación con el fin de no estropear el proceso puesto que “hay gente que quiere que se rompa”. Finalmente el autor del chivatazo le advierte que se vaya porque van a ser detenidos.

 

El Juez Marlaska se entera del chivatazo el lunes 8 de mayo a mediodía: cuando el comisario José Cabanillas - jefe de la Unidad Central de Inteligencia (UCI) y de Carlos Germán- acude a su despacho para informarle de lo ocurrido.

 

Grande Marlaska comunica en una providencia del 22 de mayo remitida a Cabanillas y a Telesforo Rubio (entonces Comisario General de Información) que...

 

·Pese a que ambos conocen la filtración “al menos desde el mediodía del viernes 5, no se comunica en ninguna forma con este titular hasta el mediodía del lunes 8 de mayo, habiendo transcurrido 72 horas”.

·Este es un hecho de enorme gravedad dado que ambos responsables policiales disponían del “teléfono profesional de este instructor y su móvil”. 

·En este mismo documento Grande-Marlaska expresa que el 8 de mayo José Cabanillas se limitó a personarse en el juzgado con “una copia de la transcripción de audio del vehículo donde se observaba la filtración, y sin ningún tipo de informe oficial en tal sentido, ni protocolo de actuación, ni diligencia a practicar”; solicita que el informe se le entregue esa misma tarde.

 

 

El informe consta de dos folios, corroborados en la reciente declaración ante el Juez Ruz. En ellos José Cabanillas reconoce que:

 

1.                      Tuvo “información parcial” sobre el chivatazo a las 12,30 horas del 5 de mayo, es decir, al día siguiente de producirse.

2.                      Hasta las 19,30 horas no dispuso de una copia de audio y una transcripción del contenido de la baliza colocada en el coche de Joseba Elosúa, dueño de El Faisán, que grabó la conversación entre éste y su yerno Carmelo Luquin. Recordemos que durante esta conversación Elosúa contaba asombrado a su yerno que una persona acababa de alertarle por teléfono de la operación policial en marcha.

3.                      El comisario justifica que no se informara al juez en ese momento porque “ninguno de los funcionarios que hablaron del tema entendió la necesidad de una actuación inmediata en ese momento y hora”.

4.                      El comisario señala también que el teléfono del magistrado le fue facilitado a las 16,30 horas del 4 de mayo “no procediendo a llamar al juez en ese momento por considerar intempestiva la hora”. José Cabanillas asegura que a esa hora sólo tenía constancia de que la operación contra la red de extorsión se había frustrado. Según su informe desconocía la filtración que no le fue comunicada hasta las 12,30 horas del día 5 (como ya se ha señalado).

 

 

José Cabanillas señala en su informe al inspector Carlos Germán -policía que dirigía la operación contra el Bar Faisán- como presunto autor del chivatazo: Cabanillas le acusa de haber desobedecido sus órdenes y no haberle informado puntualmente de lo ocurrido.

 

Al margen de la acusación, la actuación de Cabanillas deja al trasluz una evidente falta de comunicación con el juez y la ausencia de cualquier orden de investigación sobre el tema.

 

 

Marlaska se muestra desconfiado de la Comisaría General de Información y...

 

·    Nombra un equipo para investigar la filtración, precisamente bajo la dirección de Carlos Germán. Este grupo tiene la obligación de trasladarle a él todas sus pesquisas y “abstenerse de informar a sus superiores”.

·     Pide a la Guardia Civil que designe tres funcionarios de su Servicio de Información para que realicen una investigación paralela a la de la Policía. 

 

 

Telesforo Rubio remite oficio a Marlaska manifestando que...

 

·El ECI (equipo conjunto hispano francés) conocía el chivatazo desde el día 4; esa misma tarde podían y debían (Carlos Germán) haberle informado, dado que estaba reunido con él (hechos confirmados).

·Por este motivo se sorprende que precisamente nombre a Carlos Germán responsable de la investigación, y duda que éste no informara realmente a Marlaska.

·Pone en cuestión que el Juez le tuviera que remitir oficio alguno a él como Comisario General de Información, cuando el responsable en todo caso era el Jefe del Equipo Conjunto de Investigación.

 

Por razones inexplicables el caso estuvo parado en el Juzgado Central de Instrucción nº 5, ya con Garzón al frente, otra vez durante más de dos años; en este tiempo no se realizó ninguna diligencia de investigación.

 

 

·Víctor García Hidalgo. Fue director de la Policía durante el mandato de José Antonio Alonso. En septiembre de 2006 fue destituido por el titular de Interior actual, Pérez Rubalcaba. Los investigadores le sitúan como el hombre que ordenó dar el chivatazo a ETA. Había sido el responsable de seguridad del Partido Socialista en Euskadi.

 

·Enrique Pamiés. Jefe Superior del País Vasco. Número 18.986. Los investigadores sostienen que es la persona que habla con Elosúa durante 492 segundos el 4 de mayo de 2006 y le da la información de los seguimientos; según esto sería la persona que da el chivatazo. El fiscal argumenta que esta tesis es inconsistente y que el testimonio del propio imputado es veraz. El mando dijo que estaba realizando un contacto con una fuente suya en ETA.

 

·José María Ballesteros. Inspector de Vitoria. con número 58.701. La investigación policial concluye que, siguiendo órdenes del Jefe Superior en el País Vasco, fue quien entregó su propio teléfono móvil a Elosúa en el Faisán. A través de ese móvil se dio el chivatazo. Ese día se encontraba oficialmente en comisión de servicio para realizar un curso de conducción evasiva que debía tener lugar en Santander.

 

Elosúa dijo en su declaración que el chivatazo se produjo entre las 11’20 y 11’25 horas. Entonces se procede a investigar las llamadas salientes desde los repetidores de telefonía móvil cercanos al bar, entre las 11’10 y 11’40. La llamada debía ser saliente puesto que la persona que entró en el bar fue quien llamó al interlocutor que dio el chivatazo. La llamada tenía una duración de unos cuatro minutos, según la declaración de Elosúa. Tras esa conversación el dueño del bar Faisán sale para realizar una llamada a una cabina próxima a su establecimiento. Con esta información:

 

·Se filtraron 1.932 llamadas, de las que sólo 63 eran salientes, de unos cuatro minutos o más, y entre las 11’10 y 11’40.

·Se tomó declaración uno a uno a los titulares de esos teléfonos, en busca de algún dato que los relacionara con los hechos.

·Según el equipo investigador, todos fueron negativos menos el teléfono de Ballesteros.

 

Había una llamada del móvil de Ballesteros, inspector destinado en Vitoria, de 8 minutos y 11 segundos de duración a un teléfono utilizado por Enrique Pamiés en la zona del repetidor Zaisa (repetidor que da cobertura a la zona del Bar Faisán).

 

Los miembros de la investigación rastrearon sus llamadas y según la investigación policial:

 

·Confirmaron que Ballesteros había llamado a Pamiés ese día a las 11’04. Esta llamada estaba registrada en el domicilio familiar de Elosúa, a unos 1’5 kms. de distancia del bar.

·Este dato coincidía con la declaración de Elosúa quien había dicho que, cuando salió del garaje de su casa, vio en el portal al mismo individuo que le entregó después el teléfono en su bar. La mujer de Elosúa había declarado también que, al salir de su casa, esta persona le había preguntado por el domicilio de su esposo.

·Los investigadores pensaron entonces que Ballesteros probablemente habría intentado abordar a Elosúa en su casa y al no conseguirlo tuvo que ir al bar (informando previamente a Pamiés).

·Que el individuo en cuestión no conociera a la mujer de Elosúa descartaba que se tratara de alguien cercano al seguimiento previo de la trama, dado que desconocía el entorno familiar. Este dato casa con el perfil de Ballesteros, que realmente era especialista en terrorismo islámico.

 

 

Pamiés hizo dos llamadas a Ballesteros: una a las 11’08 (de ochos segundos de duración) y otra a las 11’13 horas (de veintisiete segundos). Estas llamadas se registraron en el repetidor que cubre la zona del bar. No hubo más comunicaciones hasta la llamada clave de las 11’23 horas.

 

Hasta las diligencias solicitadas por el Juez Ruz, nuevo titular del JCI nº 5, las cintas de grabación videográfica del operativo montado aparecían con trozos en negro (que los investigadores achacaron al deterioro de la cinta, o bien a aspectos azarosos o circunstanciales).

 

Cuando la Guardia Civil revela en el informe pedido por el Juez Ruz, que esos trozos en negro se han producido voluntariamente por las personas que realizaban el operativo, Carlos Germán aporta al Juzgado los trozos de la grabación en los que se ve a Ballesteros entrar en el bar, según información publicada. El juez está intentando aclarar ahora el origen de estos cortes.

 

Después de la llamada del chivatazo, Pamiés llama dos veces al número de García Hidalgo, a las 11’34 y a las 11’42 horas (ambas llamadas de tres segundos de duración, lo que sugiere que no logró hablar con él):

 

En esa fecha y hora, García Hidalgo asistía a la toma de posesión de Mesquida como Director de la Guardia Civil. A las 11’53 Hidalgo devuelve la llamada a Pamiés, y ambos hablan durante cinco minutos, según los investigadores para dar cuenta del chivatazo ordenado por el Director General de la Policía (siguiendo órdenes superiores).

 

Siguiendo las llamadas del día anterior, por la noche, cuando ya estaba preparado el dispositivo:

 

·    A las 21,48 horas, del día 3 de mayo de 2006, García Hidalgo habló durante once minutos con el Comisario General de Información, Telesforo Rubio.

·    Acto seguido telefoneó al jefe superior del País Vasco, con quien habló por espacio de 28 minutos.

·    Éste a su vez, comunicó con Víctor García Hidalgo en otras dos ocasiones esa misma noche, a las 22,43 y a las 23,20 horas, por espacio de 17 minutos.

·    Finalmente, a las 00,06 horas, ya del 4 de mayo, el jefe superior habló durante dos minutos con el inspector de Vitoria.

·    Previamente a todas estas comunicaciones el jefe superior había mantenido numerosos contactos con varios funcionarios de la comisaría de San Sebastián (que estaban al tanto del dispositivo policial organizado para el día siguiente) y con el jefe de la Brigada de Francia (que desarrollaba su trabajo en el país vecino y no dependía jerárquicamente de él sino de la Comisaría General de Información).

 

Lo normal es que Pamiés informara de los operativos en marcha al entonces subdirector general Operativo -y hoy director general adjunto de la Policía- Miguel Ángel Fernández-Chico.

 

Sin embargo Pamiés no habló con él la tarde-noche del día 3 ni durante todo el día 4 de mayo pese a la relevancia de la operación que se iba a llevar a cabo al día siguiente.

 

Pamiés tampoco habló con el delegado del Gobierno ni con su asesor, otras dos personas a las que igualmente informaba de manera habitual de las novedades:

 

·Las únicas comunicaciones esa noche fueron con el director general de la Policía, saltándose el conducto reglamentario establecido. Esto supone un indicio más para sustentar la hipótesis sobre la autoría del ‘chivatazo’, siempre según la información aportada al juez.

 

 

Un mes y medio después del chivatazo, el 20 de junio de 2006, se detienen a 12 personas, 5 en España y 7 en Francia, relacionadas con la red de extorsión de ETA, incluyendo al dueño del Bar Faisán, Joseba Elosua. Gorka Aguirre, dirigente del PNV, estaba en ese momento hospitalizado, motivo por el que se le toma declaración en el hospital y el Juez Grande Marlasca no decidió tomar ningún tipo de medida cautelar sobre él, falleciendo algún tiempo después. Sin embargo, el dinero que supuestamente Elosúa trasladó a Cau no apareció. Según la Fiscalía de la Audiencia Nacional tampoco se encontraron cartas de extorsión con fecha posterior a la tregua. Es evidente que el tiempo trascurrido desde el chivatazo a la detención permitió a los detenidos deshacerse de cualquier documentación o efecto que pudiera resultar comprometedores.

 

El juez Pablo Ruz reveló, en Auto de 1 de febrero de 2011, que el móvil del Secretario de Estado de Interior -Antonio Camacho- aparecía en el caso Faisán junto a otros dos números:

 

·    Camacho había recibido dos llamadas horas antes del chivatazo, motivo por el cual el juez quería conocer la real "significancia" de todas las llamadas, incluidas las diez que mantuvieron Camacho y uno de los imputados -el ex Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo- desde el 1 de mayo hasta el mes de septiembre de 2006, a través de esos números de seguridad.

·    Además resulta que uno de los tres teléfonos titularizados por la Subsecretaría del Ministerio del Interior (cuyos usuarios ha mandado identificar el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por comunicar durante los días previos y posteriores al 'chivatazo' con dos de los imputados en la causa) pertenece al secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho.

·    Para más casualidad un segundo teléfono de esos tres, en este caso un número fijo, corresponde a una centralita del Ministerio del Interior.

 

Lo curioso de las llamadas entre Antonio Camacho y García Hidalgo, es que ambos utilizaron para comunicarse - en al menos tres ocasiones- un número secreto en lugar del teléfono oficial de éste último:

 

· Se trataba de un número correspondiente a una tarjeta prepago y acabado en 190, número que fue usado por García Hidalgo mientras fue director general de la Policía.

· Este número correspondía además al número que el etarra Jon Iurrebaso había exhibido como un salvoconducto cuando fue detenido en marzo de 2007, y que se le habría entregado durante el mal llamado proceso de paz como forma de tener una conexión directa con la cúpula de Interior.

 

La primera de las llamadas la hizo García Hidalgo al número de Camacho el 8 de septiembre de 2006, día en que había sido destituido como director general de la Policía: sólo cuatro días después de que se entregase a Garzón el informe policial que le implicaba en el chivatazo a ETA.

 

La siguiente llamada la volvió a hacer García Hidalgo a Antonio Camacho casi una semana después, el 14 de septiembre. Esta recibió una respuesta unas horas después cuando el propio Camacho se comunicó con su subordinado a través de este número secreto. Pues bien:

 

· García Hidalgo en su declaración ante Garzón, dice no recordar nada.

· También dice que informaba de todas las operaciones antiterroristas a su inmediato superior, el secretario de Estado de Seguridad, y que suponía que éste lo hacía a su vez con el ministro del Interior.

 

De este modo vemos cómo la investigación ha puesto de manifiesto que después de cesado García Hidalgo, éste y Pamiés crearon una red mediante teléfonos secretos (entre ellos el número que se facilitó a la banda terrorista ETA durante la negociación y que tenía Lurrebaso).

 

El actual Juez del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, dictó un auto el 24 de enero de 2011 después de que Garzón tuviera el asunto aparcado cerca de tres años:

 

· Este auto del juez Ruz reactiva la investigación del caso después que el Fiscal pidiera su archivo y sobreseimiento.

· El Auto entiende que indiciariamente los hechos objeto de las presentes actuaciones, revisten los caracteres de...

1.            un presunto delito de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público, previsto y penado en el artículo 417 del Código Penal, sancionado con pena máxima de hasta tres años de prisión.

2.            un presunto delito de colaboración con banda armada, organización o grupo terrorista previsto y penado en el artículo 576 del Código Penal, castigado con pena de cinco a diez años de prisión.

 

·En este momento el Juez ha rechazado citar a declarar a Camacho, por entender que su testimonio no es determinante.

·La Guardia Civil ha determinado que los espacios en negro de los vídeos del día del chivatazo, fueron provocados o alterados voluntariamente.

·Carlos Germán ha aportado la grabación videográfica en la que aparece

·Ballesteros entrando en el bar.

·Cabanillas ha declarado contra la versión de Germán, lo que ha sido parcialmente corroborado por la declaración de Telesforo Rubio, aunque realmente dijo no recordar casi nada al respecto. Cabanillas incluso dice que Germán le pidió que ordenara borrar la grabación de audio del coche de Elosúa, en la que se pone de manifiesto el chivatazo. A este respecto han declarado altos cargos de la Guardia Civil de entonces, de forma secreta, tales como el propio Mesquida.

·Pamiés, por su parte, ha declinado identificar al confidente que constituye su coartada. También ha pedido que Carlos Germán deje de llevar la investigación que hace el Juzgado sobre el chivatazo, puesto que es un implicado.

·Por su parte el Juez Ruz...

1.                      Ha pedido la ampliación de los informes referidos al tráfico de llamadas, sobre las grabaciones videográficas, y sobre la situación del operativo. También ha solicitado croquis y planos.

2.                      Ha citado a declarar a funcionarios policiales, en concreto al Inspector Jefe de la Sección Operativa de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián; y en relación con el anterior testimonio y otros recabados en la causa, a la Jefa de la Sección de Análisis de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián.

 

·Víctor García Hidalgo (55 años) Fue cesado como Director General de la Policía el 8 de septiembre de 2006, cinco meses después de la llegada de Alfredo Pérez Rubalcaba al Ministerio del Interior. Su cese puede estar relacionado con el caso Faisán, pero el Gobierno nunca lo ha reconocido. El 17 de octubre de 2009 es nombrado Secretario de Organización del Partido Socialista de Euskadi en Álava. El 9 de marzo es designado además consejero general de la Asamblea de Caja Vital, pero ante el escándalo originado, dimite de ese puesto trece días más tarde, según su versión para “para "serenar el clima tras los últimos acontecimientos judiciales y dimisiones".

 

·Carlos Germán Hernández. (56 años) es Comisario desde diciembre de 2010 con puesto actual en la Comisaría Local de Chirivella (Valencia).

Tomó posesión en Enero de este año en el puesto, pero su principal cometido sigue siendo el caso “Faisán”.

Tiene tres medallas rojas, la última concedida en octubre de 2008, con motivo de la resolución del asunto de la desaparición de la droga en la Comisaría de Sevilla, un caso no exento de polémica. Las dos cruces rojas anteriores, las obtuvo siendo analista de la Comisaría General de Información.

Todo el equipo que ha realizado la investigación del caso Faisán ha sido condecorado con cruces rojas.

 

· Telesforo Rubio Muñoz. (55 años), es Comisario Principal desde mayo de 2009. Está destinado en la Embajada de Moscú en Rusia, desde julio de 2008: concretamente desde el 7 de julio de 2008, momento en que se resolvió la convocatoria por la que es nombrado.

Anteriormente, desde que salió a finales de 2006 de la Comisaría General de Información, fue Subdirector del Gabinete.

 

· José Cabanillas Sánchez. (61 años), Comisario del CNP desde el 16 de diciembre de 2005. Es el Jefe del Centro de Estudios de la Policía concretamente desde el 22 de diciembre de 2006, momento en el que se resuelve la convocatoria para la provisión por libre designación de diversos puestos de trabajo en el área de gestión para funcionarios de la Escala Superior. En el momento del chivatazo era el Jefe de la Unidad Central de Información y, en consecuencia, jefe inmediato de Carlos Germán.

 

· Enrique Pamiés Medina. (50 años), Comisario desde el 26 de abril de 2004. En 2005 es nombrado Jefe Superior de Policía del País Vasco, con menos de un año de antigüedad de Comisario. A petición suya el imputado Víctor García Hidalgo -y entonces director general de la Policía- traslada la Jefatura de Bilbao a Vitoria.

Lleva en el País Vasco desde que ingresó en la Policía, es decir más de 25 años, y ha sido un policía clave en la lucha contra ETA: ha participado directa y activamente en la desarticulación de numerosos taldes y comandos operativos de ETA.

 

· José María Ballesteros Pastor. (52 años) es Inspector de Policía desde el 30 de marzo de 2004, es decir, unos días antes del Chivatazo.

En ese momento, era Inspector en Vitoria y en la actualidad está de Jefe de Grupo Operativo de Información en la Comisaría Provincial de San Sebastián. El año pasado se presentó para Inspector Jefe, pero no aprobó.

 

Una vez que la operación de detención del aparato de extorsión de ETA fue abortada por el chivatazo en el bar Faisán, las autoridades francesas decidieron no efectuar tampoco las detenciones en suelo francés ese 4 de mayo de 2006 (a pesar de los requerimientos del Jefe español del Equipo Conjunto).

 

El 17 de febrero de 2010 el juez Baltasar Garzón, a instancias de la Asociación Dignidad y Justicia personada en la causa y obligado por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, solicitó a la juez antiterrorista Laurence Le Vert -mediante una comisión rogatoria- información sobre la razón por la que no se realizó la operación policial en suelo francés y sobre las llamadas realizadas por Joseba Elosua y José Antonio Cau Aldanur”. Su sustituto Pablo Ruz reiteró esa petición en julio y octubre. Finalmente, el 20 de diciembre llegaron a la Audiencia Nacional 645 folios con la información requerida. Nueve de ellos son declarados secretos por el juez.

 

Según la información facilitada, las razones esgrimidas por las autoridades francesas para no realizar las detenciones son que:

 

· Hasta el 3 de mayo la Policía española no le remitió un informe de síntesis de los cuatro años de investigaciones de los que la parte francesa no había tenido conocimiento.

·  Esta documentación no pudo ser traducida hasta el 23 de mayo.

·  Hasta el 19 de junio Francia no recibió el último de los siete anexos de varios centenares de páginas referidos a conversaciones y seguimientos.”

 

La juez afirma también que mientras el comandante en funciones de la Policía Judicial de Burdeos “recibe llamadas de Carlos Germán ordenando detenerlos (…) él dice que debía recibir instrucciones de sus superiores franceses y sigue sin recibir instrucciones cuando a las 15:15 horas Elosúa, su yerno y José Antonio Cau abandonan el bar.”

 

La parte secreta que aún no se ha desvelado podría tener que ver con las actas intervenidas al jefe político de ETA, Francisco López, alias “Thierry”, sobre la negociación con el Gobierno cuando fue detenido en Burdeos. Se apunta a que el chivatazo fue esgrimido por Gómez Benítez, representante del Gobierno de Zapatero, como prueba de buena voluntad.

Lo ha hecho y de forma flagrante en al menos tres ocasiones:

 

1.                      El 14 de octubre de 2009, durante el Pleno del Congreso. En dicho Pleno el Ministro justifica la concesión de una condecoración pensionada al investigador del Faisán afirmando: “No me importa nada explicarle en este caso concreto que a este policía y a su equipo se les ha condecorado porque resolvieron un tema complicadísimo, que es el robo de cocaína en una comisaría de Sevilla. Esa operación que ha acabado exitosa poniendo a disposición de la justicia a quien lo hizo la ha llevado a cabo este equipo de investigación. Esa es la razón de la condecoración”. En realidad, A Carlos Germán se le impuso la medalla el 28 de septiembre de 2006.  Y la operación de Sevilla es de Mayo de 2008.

2.                      El 25 de febrero de 2010, tras la siguiente pregunta realizada en el Pleno: “¿Garantiza usted en esta Cámara, señor ministro, que el vídeo remitido en relación con este caso no tiene ningún tipo de manipulación?” El Ministro del Interior responde: “Por tanto, a la pregunta que usted me hacía al principio, ahora le respondo: Sí; taxativamente, sí. La cinta es correcta.” Sin embargo, un reciente informe de la Guardia Civil ha puesto en evidencia que hubo cortes.

3.                      Por último, a la pregunta escrita sobre si el entonces secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y él mismo habían sido informados el día 3 de la operación que se iba a desarrollar al día siguiente y de quiénes iban a ser detenidos, Rubalcaba contestó "no", mientras que el Fiscal sostiene que Camacho tuvo que ser informado "necesariamente".

 

El ministro tiene además dos comparecencias pendientes sobre este asunto en la Comisión de Interior del Congreso, una primera registra el 6 de octubre de 2009 “para que explique si va a adoptar alguna medida para recabar nuevas pruebas de cara a la identificación del autor del ”chivatazo” de 2006 a la red de extorsión de ETA, ante la solicitud por parte de la Fiscalía de sobreseimiento provisional del caso por falta de autor conocido” y una segunda, de carácter urgente, registrada el 28 de diciembre de 2009 para que explique el grado de vinculación del Gobierno con el denominado caso Faisán. Año y medio después, Rubalcaba no ha comparecido para informar a la Comisión sobre este asunto. La mentira y la ocultación han sido desde el primer momento su estrategia de defensa en este caso.

Las conclusiones que se derivan de todos los hechos descritos son evidentes:

 

· El chivatazo a ETA ha existido, no es invención de nadie.

· El caso Faisán es el mayor escándalo, después del GAL, en treinta años de lucha democrática contra el terrorismo.

· Se trata de un chivatazo político. Resulta imposible que funcionarios policiales realizaran una delación a ETA sino es por una orden política.

· La naturaleza política del caso la evidencia que uno de los imputados fuera Director General de la Policía, nombrado por el Gobierno de Zapatero, y una vez destituido, nombrado Secretario de Organización del PSE en Álava.

· El chivatazo tiene lugar en el contexto de una negociación política que el Gobierno de Zapatero mantuvo con la banda terrorista en la legislatura anterior.

· La conexión entre el chivatazo y la negociación con ETA es evidente políticamente y podría ser ratificada en sede judicial por los papeles remitidos por Francia.

· El principal responsable político del caso, por acción u omisión, es Alfredo Pérez Rubalcaba, quién era ministro del Interior en el momento en que se produjo el escándalo.

·  El hoy Vicepresidente Primero del Gobierno ha hecho además cuanto ha estado en su mano por tapar este caso, incluyendo la mentira reiterada al Parlamento. Su responsabilidad política es por ello aún mayor.

· El tráfico de llamadas y la utilización de identidades ocultas en sus comunicaciones hace pensar fundadamente que el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, tiene una conexión directa con el caso. En estos momentos su comparecencia ante la Audiencia Nacional está pendiente de un recurso a la Sala de lo Penal. El Secretario de Estado tiene pendiente además una comparecencia en el Congreso para aclarar su participación en el caso desde el 25 de enero de 2010.

 

Exigir las responsabilidades penales de este caso, que en la imputación de colaboración con banda armada pueden suponer hasta diez años de cárcel, corresponde a los jueces. Es fundamental para la credibilidad de nuestro Estado de Derecho que unos hechos de esta gravedad y naturaleza no queden impunes.

 

Las responsabilidades políticas deben dirimirse sin embargo en el Parlamento y, en última instancia, en las urnas. Y la responsabilidad política principal del caso Faisán corresponde a Alfredo Pérez Rubalcaba por dos motivos: porque era el ministro del Interior en el momento en el que se produjo el chivatazo y por ocultar con posterioridad por todos los medios la verdad. Rubalcaba ha respondido con el silencio y el insulto cada vez que ha sido interpelado por este asunto en el Congreso de los Diputados. Y lo que es aún más grave, ha mentido al menos en tres ocasiones de forma constatada en sede parlamentaria.