El ministro del Interior puso esta semana el océano Atlántico de por medio para no tener que responder en el Congreso a las preguntas de la oposición sobre el escándalo del chivatazo a ETA. La vicepresidenta Primera tampoco estuvo dispuesta a dar la cara por el ausente. En política, como en casi todo en la vida, lo peor ante un problema es salir corriendo. Con la fuga parlamentaria protagonizada por el Gobierno, se pone en evidencia el reconocimiento de su propia responsabilidad en este caso. Es más, la sombra del Faisán perseguirá por siempre a Rubalcaba allá donde vaya.

 

La incomparecencia del ministro del Interior en este último Pleno es especialmente injustificable. Rubalcaba mintió descaradamente a la Cámara la pasada semana atribuyendo la cruz al mérito policial con distintivo rojo, al investigador del chivatazo por una operación contra el narcotráfico, que se produjo tres años después de ser condecorado. El ministro ha sido corregido públicamente por su subordinado y Rubalcaba debe una rectificación urgente al propio Congreso y al conjunto de los ciudadanos si no quiere quedar como un mentiroso para la posteridad en las actas del Parlamento.

 

La fuga del Gobierno pone en todo caso de manifiesto su firme voluntad de dar carpetazo judicial al caso y de tapar políticamente una de las mayores vergüenzas cometida en la lucha contra el terrorismo. El Gobierno ha dado orden al fiscal del caso, a través del siempre solícito abogado general del Gobierno, Conde Pumpido, de pedir el archivo de unas diligencias judiciales que se prolongan desde hace tres años con escasos resultados. Por su parte, el habitualmente locuaz ministro del Interior mantiene en este asunto un sospechoso silencio sólo roto para responder con falsedades y gesto torcido cuando desde la oposición se le obliga a ello.

 

¿Qué oculta el Gobierno con tanto celo dentro del Bar Faisán? Por el momento sabemos que está imputado en un posible delito de colaboración con banda armada nada menos que el anterior director general de la Policía y varios mandos policiales. Pero más allá de las responsabilidades penales que corresponde dirimir a los Tribunales, está la cuestión de quién dio la orden política de avisar a los terroristas de su inminente detención.

Estamos ante uno de los puntos más oscuros dentro de un proceso de negociación de Zapatero con ETA, que se caracterizó precisamente por su opacidad y su secretismo. La democracia española no merece que permanezca esa mancha de duda. Sería un error histórico tapar con un manto de impunidad una de las mayores ignominias que se han cometido desde el Estado en tres décadas de lucha contra ETA. Cuando está en juego el honor de las Fuerzas de Seguridad, la dignidad de las víctimas y la credibilidad de nuestro Estado de Derecho, no es lícito mirar para otro lado. En una sociedad democrática la verdad siempre resplandece. Los españoles deben tener la seguridad de que el PP hará todo lo que esté en su mano para llegar hasta el final de este asunto, caiga quién caiga.