Francia y los gitanos: la debilidad europea

por Ana Ortiz, 20 de septiembre de 2010

 

Introducción
 
Durante el mes de agosto, el presidente Sarkozy tomó la decisión de desmantelar los campamentos y barrios de chabolas gitanos que habían proliferado en el extrarradio de diversas ciudades galas y deportar a sus ocupantes. Hecho que se desencadenó a raíz de la muerte de un joven gitano por los disparos de un gendarme durante una persecución en coche, cuando el joven se negó a obedecer a la policía francesa durante un control de carretera en Saint Aignan. A consecuencia de ese incidente, se produjeron disturbios callejeros en la localidad donde ocurrieron los hechos, incluido el ataque de medio centenar de personas al cuartel de la Gendarmería. Los jóvenes protestaron por la muerte de su compañero incendiando vehículos, derribando árboles, destrozando semáforos y mobiliario urbano.
 
A partir de ahí, el mundo entero ha asistido en butaca de patio a toda la polémica que ha suscitado esta decisión. El Vaticano se ha pronunciado, y también la ONU a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que exhortó a Francia a hacer más por integrar a las familias gitanas, educar a sus hijos y proporcionarles viviendas dignas.
 
Pero la gota que ha colmado el vaso del asunto ha sido el chorro de descalificaciones de la comisaría Reading, algo que a Sarkozy le ha venido de perlas porque ha obtenido el respaldo de buena parte de sus colegas europeos-empezando por el mismo Zapatero- seguramente porque se han acordado de las barbas de su vecino y ya tienen las suyas puestas en remojo (en España viven medio millón de gitanos procedentes del Este de Europa, uno de cada diez se encuentra en situación de exclusión y se dedica a la mendicidad, según La Federación de Asociaciones de Emigrantes).
 
La cuestión es que la determinación de Sarkozy, condenada por el Parlamento Europeo el 9 de septiembre por su actitud con respecto a los gitanos (1), plantea la cuestión sobre el  lugar ocupan éstos en Europa, su integración y el papel que debe desempeñar la Unión Europea en este asunto. Es un asunto lo suficientemente importante como para que los socios europeos lo piense detenidamente. No puede seguir sin respuesta.
 
1. Las claves del debate
 
En toda esta polémica se han mezclado hechos puntuales con un problema de fondo que alguien debería sentarse a resolver.
 
Los gitanos representan la minoría europea más numerosa y pobre, y la mayor parte, un ochenta por ciento, reside en los países ex-comunistas de la Europa central y oriental. Aunque los gitanos estén en Europa desde el siglo XIV, habitualmente no son considerados europeos, ni siquiera ellos mismos se consideran como tales. El ochenta por ciento de los gitanos rumanos y búlgaros vive con menos de tres euros al día. Su esperanza de vida es entre diez y quince años menor que el resto de la población. Aunque no existen datos exactos, se estima que la población gitana asentada en Europa suma entre diez y doce millones de personas, de los que un millón de ellos vive plenamente integrado en las estructuras sociales de los países de la Unión.
 
Los gobiernos del centro y sudeste de Europa se han comprometido a combatir la pobreza, la exclusión social y la discriminación de los gitanos organizándose en un contexto regional -la Década de la Inclusión de los gitanos 2005-2015, de la que forman parte Bulgaria, Croacia, República Checa, Hungría, Macedonia, Montenegro, Rumanía, Serbia y Eslovaquia-, aunque hasta la fecha no se ha tomado ninguna iniciativa concreta.
 
Esta falta de planificación supone también, un problema económico, más allá del puramente social y cultural. Según el Banco Mundial, el coste de la falta de integración de los gitanos cuesta 5.700 millones de euros a las arcas de sus países de origen. La explicación tiene que ver con la falta de nivel cultural y educativo que adquieren los gitanos que no les permite aportar valor a la masa productiva del país.
 
Hoy, esta falta de integración ha traspasado las fronteras de estos países para convertirse en un problema europeo desde que Rumania y Bulgaria entraron a formar parte de la Unión en 2007, cuya población romaní es el diez por ciento del total de su ciudadanía.  
 
La Unión se enfrenta a un conflicto que no va a desaparecer porque el procedimiento de integración de Rumanía y Bulgaria en la UE en 2007 obvió que ambos países aportan una importante población gitana que no se han ocupado de integrar en su propia estructura social, económica, cultural y educativa. El resultado, los gitanos siguen siendo considerados ciudadanos de segunda en sus propios países, de modo que es lógico que hayan buscado una vida mejor en unos países que tampoco han pedido que hagan el esfuerzo propio de integración. No estaría de más que alguien solicitara a Rumanía y Bulgaria que asuman responsabilidades en su propia casa.
 
Cuando, ante los truenos, todo el mundo se acuerda de Santa Bárbara, desde los foros europeos se pide "plan de urgencia", empezando por Rumania, que solicita un “Plan Marshall”, a la vez que destina solo un 0’4 por ciento de los fondos para la integración de los gitanos. Rumanía y Bulgaria recibieron millones de euros del Fondo Social Europeo, dotado con doce millones, un diez por ciento del presupuesto total de la UE. Este fondo financia a quienes contribuyan a la integración de los gitanos.
 
Pero no solo estos países han recibido dinero para la integración de los gitanos: desde 2003, el conjunto de los países de la Unión han recibido 17.500 millones de euros para la protección de los gitanos. Todo apunta a que buena parte de ese dinero no ha llegado a su destino. Rumanía y Bulgaria han visto cómo se han abierto varios procesos comunitarios por el problema endémico de la corrupción.
 
De hecho, el presidente rumano, Basescu, ha pedido que los fondos europeos de integración los gestionen los propios Estados miembros en lugar de las ONG. "No necesitamos más dinero, pero sí que el que se da se invierta de forma más inteligente”.
 
2. La gota que colma el vaso
 
Con este escenario como fondo, estalla la polémica ante de la decisión de Sarkozy de expulsar a los gitanos que hayan delinquido, cuando no ha sido el único que ha procedido de esta forma. Alemania, Suecia, Dinamarca o Italia ya ha lo han hecho y nadie se ha ocupado de polemizar sobre el asunto.
 
En el caso concreto de Francia, las expulsiones no han sido forzadas, sino que se ha acogido a la ayuda de retorno voluntario, procedimiento mediante el que el gobierno francés entrega trescientos euros por adulto y cien por menor, siendo registrados en una base de datos con el fin de que no puedan recibir estas ayudas de nuevo si regresan a Francia y sean deportados de nuevo. Se trata de repatriaciones caso a caso de ciudadanos en situación irregular y por causa de orden público. Y lo hace de acuerdo a la Directiva (2004/28) sobre la circulación de personas (2).
 
Esta Directiva prevé excepciones al derecho de libre circulación de personas, como la amenaza reiterada al orden público, ser una carga desproporcionada para la Seguridad Social o no tener recursos suficientes para mantenerse en el país de acogida.
 
La Directiva dice que: "La ciudadanía de la Unión confiere a todo ciudadano de la Unión un derecho primario e individual a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros”. (…) "Los ciudadanos de la Unión deben disfrutar del derecho de residencia en el Estado miembro de acogida durante un período que no supere los tres meses sin estar supeditados a más condiciones o formalidades que la posesión de un documento de identidad o un pasaporte válido sin perjuicio de un tratamiento más favorable, reconocido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para los que buscan empleo".
Además, especifica que: "Conviene, sin embargo, evitar que los beneficiarios del derecho de residencia se conviertan en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida durante un primer período de estancia. Por ello, debe supeditarse a determinadas condiciones el derecho de residencia de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia por períodos superiores a tres meses".
 
Aún cuando pueda parece inflexible, en la realidad, en Francia, y en otros países de la UE, existe una moratoria transitoria hasta 2012, ampliable hasta 2014, por la que estos ciudadanos pueden permanecer hasta tres meses en el territorio de país, si cuentan con un contrato de trabajo o están cursando unos estudios.
 
3. Debilidad en valores
 
Es claro que en el eje de toda esta polémica está la debilidad de la Unión Europea. Este asunto es un ejemplo más de la falta de consenso, de criterio y de la crisis de valores e ideas por la que atraviesa Europa, que sigue pidiendo perdón por haber sentado las bases de la civilización occidental, fundamentada en la igualdad, la libertad y el reconocimiento de la individualidad y diversidad cultural. Bajo un malentendido multiculturalismo, Europa reniega una vez más de su derecho a exigir que todo aquél que decida libremente vivir en cualquier país europeo, debe asumir unas obligaciones si quiere disfrutar de unos derechos, con independencia de raza, color, credo o preferencias de cualquier índole.
 
4. Pautas
 
Una de las claves de lo que ocurre está en el proceso de cambio ocurrido en los países comunistas hasta convertirse en jóvenes democracias. La obligatoriedad que existía bajo estos regímenes dictatoriales de trabajar y escolarizar a los niños, ha dejado paso a una democracia que ha malinterpretado libertad con relajación de obligaciones tan esenciales como las citadas. Así, bajo este clima de “tierra de nadie conceptual”, han reaparecido los rasgos típicos de la cultura gitana: nomadismo y tribalidad, pilares sobre los que construyen su modus vivendi bajo un caparazón que les aporta seguridad, pero que les impide su integración social.
 
Podría decirse que los gitanos están, por lo general, fuera de la estructura social, y por ende, de la cultural y la económica, tanto en sus países de origen, donde se han creado dos sociedades paralelas, como en los países de llegada, donde se han trasladado buscando una vida mejor, pero llevando consigo costumbres ancestrales que no tienen cabida en la cultura occidental, como son el nomadismo y el modus de vida tribal antes mencionado.
 
El camino por recorrer pasa por una política común de todos los países de la Unión Europea en materia de integración, basada en la integración educativa, que contemple el aprendizaje del idioma, los valores democráticos, la igualdad entre hombres y mujeres, a asunción de deberes a la vez que el disfrute de derechos sin ningún tipo de cortapisas o miramientos. Integración en la diversidad cultural, no en el multiculturalismo que cataloga a los ciudadanos en colectivos, en vez de cómo individuos, para tratarlos como menores de edad a los que hay que compadecer. Integración que incluya todos aquellos rasgos de la cultura gitana que contribuyan al engrandecimiento de la civilización occidental, que a pesar de sus defectos- que los tiene y significativos- hasta ahora se ha demostrado como la menos malas de cuantas conocemos.
 
La Unión Europea se ha limitado a dictar una serie de normas basadas en la protección de las minorías y sus derechos, sin darse cuenta que los gitanos son una minoría muy importante y que, basar la política comunitaria de su integración en este tipo de conceptos, no solo no les ayuda, sino que los condena a que el resto de ciudadanos europeos los contemple con condescendencia y superioridad, en vez de tenderles una mano para su integración desde la igualdad, en derechos y en deberes.
 
Para que pueda ser una política común, ésta debe desarrollarse desde los gobiernos de los estados miembros y no dejarla en manos de ONG que desarrollan su trabajo de acuerdo a su particular criterio y que generalmente, desarrollan proyectos que no van más allá de la pura información y que solo sirven de excusa para dar trabajo a los propios integrantes de las ONGs. Generalizar no es bueno, pero a la luz de los hechos, es claro que el trabajo de las estas organizaciones no ha dado ningún fruto positivo en este campo.
 
Otro de los pilares sobre los que debería basarse una adecuada política de integración, pasa por su integración en el circuito económico. Esta integración solo podrá producirse si se ha superado con éxito la integración educativa. La integración de los gitanos no va a ser idealista, será educativa y económica. La prueba está en los artistas, plenamente integrados en toda la estructura ciudadana.
 
Mientras Europa no tome cartas sobre el asunto y se tome la integración en serio, con políticas serias, únicas e iguales para todos los miembros de la Unión y siendo muy vigilantes con los fondos, su origen, manejo, sin complejos el problema seguirá creciendo.
 
Hoy ha sido Sarkozy, mañana puede ser cualquiera.

 

 
Ana Ortiz es Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, Universidad Complutense de Madrid. Master en Radiodifusión por RNE y períto grafólogo por la Facultad de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora política, experta en relaciones institucionales para Iberoamérica, en protocolo empresarial y liderazgo. Asesora en campañas electorales sobre comunicación en Internet y redes sociales. En el Grupo, es Analista en Inmigración y Seguridad interior y Analista de Medios de Comunicación. Ha participado en debates y entrevistas en Libertad Digital TV, Telemadrid, Radio Intereconomía, Intereconomía TV, Veo7 y Periodista Digital en temas y cuestiones de inmigración, y de política en general.
 
 
Notas
(1) Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2010, sobre la situación de la población gitana y sobre la libre circulación en la Unión Europea
(2) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:ES:PDF