Financiación RTVE. ¡Con mi dinero NO!

por Ana Ortiz, 3 de junio de 2009

Si el tiempo que dedica el Gobierno de Zapatero a pensar por dónde saca el dinero al sufrido contribuyente para tratar de paliar sus propios desaguisados e incluso, alguno que otro que ya tiene solera, lo empleara para adoptar medidas que nos saquen de la crisis, a España y los españoles nos iría muchísimo mejor.
 
Por si no tenemos bastante con la subida de la luz, mediante un recibo que no se cree nadie, la supresión de la desgravación del IRPF para los “ricos” que ganan 24.000 euros brutos al año, sin olvidar las subvenciones que se facilita a los gremios amigos (cine, por ejemplo) ahora, la gran idea que ofrece Zapatero para lavarle la cara a la televisión pública es “suprimir” la publicidad, a cuenta de añadir impuestos al sector privado, impuestos que salen de nuestros bolsillos. 
 
No solo incrementa los impuestos a las televisiones privadas- muy contentas porque tendrán más parte del pastel publicitario y dan por buena la medida- sino que las operadoras de telecomunicaciones deberán destinar parte de sus ingresos a financiar el dinosaurio en el que se ha convertido RTVE, cuya deuda y asesores no para de crecer, mientras pone en marcha ERES que afectan a empleados por oposición que llevan años haciendo pasillos, al verse desplazados por los que van llegado. Sin olvidar a las productoras privadas que, poco a poco, han ido copando buena parte de la programación, como si RTVE no tuviera unos magníficos medios, y mejores profesionales en plantilla. De los mejores. Se de lo que hablo.
 
Pues sí, sufrido seguidor de los análisis GEES, sepa que cuando contrate un servicio de telefonía móvil o de ADSL, estará contribuyendo sin que le hayan preguntado, a seguir financiando una televisión pública, que hoy por hoy, en la Sociedad de la Información, no tiene ningún sentido, como hemos venido analizando a lo largo de más de un análisis.
 
Con la excusa de que se toma como ejemplo el modelo Sarkozy, seguiremos sin enfrentar el verdadero debate: el concepto de televisión pública no tiene sentido hoy por hoy, y cada vez menos, a medida que avanza el siglo del conocimiento y de la información fabricada por cualquiera que tenga acceso a Internet.
 
Es claro que la mayoría de los políticos- dentro y fuera de España- apoyan la existencia de una televisión pública que se disfraza de plural, cuando en realidad, suele servir a los intereses del partido que gobierna, aunque el grado de manipulación y descaro en algunos casos no tiene límites. No hay más que recordar que inmediatamente después de finalizar el Cara-a-Cara entre Jaime Mayor Oreja y Juan Fernando López Aguilar, se pasó el vídeo promocional del PSOE para la campaña de las Elecciones Europeas, sin tan siquiera, poner una cortinilla.
 
Solo Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, puso encima de la mesa el debate de la privatización de Telemadrid, para que sea el mercado y el interés del telespectador el que decida lo que quiere ver o no. O si tan siquiera decide tener una televisión en su casa. Quien esto escribe hace años que no ve TVE, salvo en contadísimas ocasiones. ¿Por qué tengo que pagarla cuando utilizo mi teléfono móvil o pago mi ADSL residencial? Algo así piensan los operadores y asociaciones de Internautas.
 
No, señores del Gobierno, el concepto de televisión pública se quedó atrás. Somos cada vez más los que apostamos por enfrentar la realidad. En esta oportunidad, Sarkozy no ha acertado, como tampoco lo hace el Gobierno español.
 
Sepamos, con cifras y ejemplos de otros países por qué.
 
La foto fija
 
El Consejo de Ministros aprobó a mediados de mayo de 2009 un anteproyecto de Ley, en el que se especifica que en otoño del año en curso, RTVE dejará de emitir hasta once minutos de anuncios por hora como hace hoy. Este recorte supondrá que el ente público dejará de recibir 500 millones de euros que ingresa actualmente en concepto de publicidad.
 
El sistema de financiación que se propone es estable, 1.200 millones de euros, de los que 540 procederán directamente de los Presupuestos Generales del Estado (de usted y de mí). Otro 20 por ciento, 240 millones, provendrá del impuesto que recauda el Estado de todas las compañías que utilizan el espectro radioeléctrico. El 35 por ciento restante, 420 millones, vendrá de los impuestos nuevos que tiene previsto aplicar el Gobierno de Zapatero al sector privado.
 
Concretamente, a las televisiones privadas, que deberán destinar el 3 por ciento de sus ingresos brutos de explotación a tal fin, y a las operadoras de telecomunicaciones, por considerar que tienen arte y parte en el asunto, puesto que también ofrecen servicios audiovisuales. Estas empresas correrán con el 0’9 por ciento.
 
Las operadoras se han puesto en pie de guerra. Lo consideran casi un impuesto revolucionado cuando han sabido que la intención es si no pagan se quedarán sin licencia. Afirman que no aguantan más la presión fiscal, precisamente, en uno de los pocos sectores que no va mal dentro de la crisis, debido al incremento de utilización de servicios de telefonía móvil e Internet. Es el sector con más cargas impositivas. Las operadoras de telecomunicaciones pagan, además de los  impuestos por actividad empresarial que abonan todas las empresas, el IAE a los ayuntamientos por permitirles poner antenas de telefonía móvil. Pagan por utilizar el espectro radioeléctrico, aportan para financiar a la CMT (Comisión del Mercado de Telecomunicaciones) con quien no se llevan especialmente bien. Pagan tasas de operadores, de numeración de dominio público e  impuestos medioambientales.
 
Pero no queda aquí la cosa. El Gobierno se está planteando dos impuestos más para añadir a los mencionados y al 0’9 por ciento que se les pedirá en otoño. Abonar a los ayuntamientos el 1’5 de sus ingresos por utilizar el espectro (algo por lo que ya pagan a nivel nacional). Y otro que hará saltar de la silla al que ha llegado hasta aquí leyendo: un canon para los creadores de contenidos que irá a parar al bolsillo de la SGAE, capitaneada por Teddy Bautista.
 
Pero volviendo al desglose de ingresos de RTVE, otro capítulo de dinero que se contempla es la venta de productos y contenidos originales a otras cadenas. Esta medida sería muy positiva, siempre y cuando dichos programas se elaboren con la productora, medios técnicos y profesionales originales de RTVE. El tiempo dirá qué productoras privadas se llevan el pastel.
 
Además, usted y yo seguiremos sosteniendo por decreto el archi deficitario cine español, concretamente, el de los abajofirmantes. RTVE deberá destinar el 6 por ciento de su presupuesto anual al Sindicato de la Ceja. Es más, se ha incrementado un uno por ciento, puesto que hoy, ya se destina el 5 por ciento.
 
La guinda del pastel tiene color de Roures: RTVE solo podrá destinar el 10% de su presupuesto anual a comprar derechos del fútbol, que se consideran contenidos de gran valor. Ciertamente lo son para la inmensa mayoría de los españoles. Por eso, debería conceptuarse como un servicio público, puesto que es algo que demanda la sociedad y que ya ha pagado con impuestos. Pero no, el servicio público no va por ahí. Esto lo sabe muy bien el dueño de Mediapro, que se ha diferenciado del resto de sus competidores por acaparar los derechos del fútbol. Que se lo cuenten a los de PRISA.
 
Otros modelos europeos
 
El Gobierno español se escuda en que los socios europeos hacen cosas parecidas. En Francia, Sarkozy ha adoptado un modelo similar que ha servido de guía a Zapatero. Nicolás Sarkozy tiene otras políticas mucho mejores para imitar, sin duda.
 
Cuando se plantea que los contribuyentes corramos con los gastos de la televisión pública, se recurre a la BBC del Reino Unido. ¡Ojalá pudiéramos compararnos! Los británicos pagana ciento setenta euros por familia, pero lo hacen la mar de a gusto, puesto que saben que su televisión pública es una televisión de calidad, referente número uno en el mundo entero. Es parte de la simbología nacional, como a Reina o el cambio de guardia. Pero es que la BBC sabe hacer negocios fuera: su última adquisición fue en septiembre de 2008, cuando compró el 35% de la productora argentina GP, mediante su división BBC Wordwilde. La idea del Grupo es la de expandir su  negocio a toda América Latina y desarrollar nuevos formatos para su mercado y para el resto del mundo.
 
El grupo británico ha hecho en otros mercados operaciones similares de asociación con productoras independientes, como Temple Street Productions, en Canadá, y Freehand Productions, en Australia. Resumiendo: la BBC es una televisión de calidad que crece fuera del Reino Unido y por tanto, genera negocio.
 
En Alemania los contribuyentes abonan doscientos euros anuales por familia y tienen restringida la publicidad a un determinado número de minutos en ciertos tramos. La diferencia con RTVE es que su plantilla- en activo real- es diez veces mayor que la de RTVE. Es una televisión muy considerada a nivel nacional y regional.

Las familias italianas pagan alrededor de noventa euros por familia, tiene financiación del Estado y emite anuncios.

En Italia además de pagar unos 90 euros por familia y contar con financiación del estado, se emiten anuncios.
 
El modelo de Estados Unidos
 
Su referente es la cadena pública PBS, que recibe financiación del Estado, aunque no mucha. Según informes de la CPB (corporación de la radiodifusión pública) encargada, entre otras cosas, de repartir la financiación entre las estaciones públicas, la aportación del gobierno federal, como de los estados, es algo menor del 50% del total de la financiación. El resto se obtiene con suscripciones, donaciones, patrocinios y subastas que realizan las emisoras locales de televisión, que son precisamente, la clave del modelo americano de televisión.
 
Estas televisiones locales suelen estar  afiliadas a las grandes corporaciones comerciales, o bien, forman parte de las mismas.  En España, el modelo más parecido fue el de Localia, aunque vistos los resultados, tuvo poco éxito. Otro modelo que siguen las TV locales es el de asociarse a la red pública, como la PBS, que cuenta con una red de 350 emisoras. También hay televisiones independientes.
 
En definitiva, lo que hace la PBS, como servicio de radiodifusión público, es distribuir contenidos a estas emisoras locales y dotarlas de una imagen unificada. También produce programas que exporta, como Barrio Sésamo, programa que fue muy popular en España durante muchos años.
 
La PBS se encarga también de canalizar contenidos de producción extranjera, como los que emite la BBC. Aunque obtiene algo de financiación estatal, es independiente del estado, aunque su línea ideológica es más afín a los demócratas. Basta con saber que Obama tiene intención de incrementar la subvención.
 
Aquí Estados Unidos funciona como todos los demás: los políticos siguen viendo un filón en los recursos audiovisuales públicos para canalizar sus mensajes.
 
¿Qué podemos hacer?
 
Como mal menor,  exigir que RTVE no siga en permanente crecimiento en contratación de productoras ajenas y recursos humanos cuando tiene los suyos propios y le sobran.
 
Proponemos que se haga una legislación que contemple este particular. Una ley que ponga blanco sobre negro, recursos económicos y humanos.
 
En paralelo, revisar las condiciones que permite que en RTVE haya 300 profesionales sindicales liberados. No se puede demorar más este asunto. Representación sindical sí, pero no en las condiciones abusivas actuales, que abocan a las empresas públicas a ser rehenes de aquellos que solo defienden sus intereses, esto es, no hacer nada productivo, ni nada que tenga que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores.
 
Revisar las condiciones de contratación de ejecutivos. En los 2 últimos años, el número de ejecutivos contratados de fuera de RTVE para la dirección y subdirecciones ha crecido un 68%. Desde que Luis Fernández preside el Ente, se ha pasado de 26 contratados ajenos a 81.
 
Otra medida que podría ponerse encima de la mesa es la adjudicación de financiación de acuerdo a la audiencia recibida: favorecer así, los programas más vistos en detrimento de los que no lo son. Ello ayudaría a depurar la televisión de acuerdo al gusto del público, a la vez que se implantaría un sistema de incentivos financieros a los programas y profesionales. Ni qué decir tiene que la industria del cine se debería regir por este método: más financiación e incentivos a aquellas películas españolas que más se vean.
 
El sistema de donaciones de Estados Unidos sería muy deseable, pero ya sabemos que en España es impensable, al igual que ocurre con la financiación de los partidos políticos y sindicatos. Nos queda mucha cultura democrática que  aprender.
 
Un camino intermedio sería ofrecer una parte de la programación privada cuyo acceso se haría a través de la compra de un bono anual, al modo de las tarjetas pre- pago telefónicas. Esta medida también serviría para ver qué programas se ven realmente y cuáles no. Lejos de tomarse como un impuesto revolucionario a otros sectores, se daría la posibilidad de elegir al telespectador.
 
Pero, sin duda, la gran apuesta y la mejor solución es entender de una vez por todas que el modelo de televisión pública está obsoleto como tal, que los ciudadanos tenemos el suficiente criterio como para elegir lo que queremos ver. Esa es la verdadera cuestión. Lo demás, son parches. Y más, ante el inminente apagón analógico… pero ese es asunto de otro análisis.

 

 
Ana Ortiz es Licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo, Universidad Complutense de Madrid. Master en Radiodifusión por RNE y perito grafólogo por la Facultad de Medicina Legal de la Universidad Complutense de Madrid. Asesora política, experta en relaciones institucionales para Iberoamérica, en protocolo empresarial y liderazgo. Asesora en campañas electorales sobre comunicación en Internet y redes sociales. En el Grupo, es Analista en Inmigración y Seguridad interior y Analista de Medios de Comunicación. Ha participado en debates y entrevistas en Libertad Digital TV, Telemadrid y Radio Intereconomía en temas y cuestiones de inmigración.