por Ignacio Cosidó, 21 de Julio de 2010
(Publicado en el blog de Ignacio Cosidó el 20/07/2010)
El Gobierno ha decidido la excarcelación de algunos presos críticos de ETA. Para ello ha utilizado el mismo artículo del Reglamento General Penitenciario que ya usó Rubalcaba para sacar de la cárcel al hoy prófugo Iñaki de Juana Chaos durante la pasada negociación con la banda terrorista. Es un paso más en una estrategia diseñada por el ministro del Interior basada primero en el acercamiento selectivo de presos al País Vasco, luego en la concesión de determinados beneficios penitenciarios y ahora la excarcelación de algunos asesinos con cientos de años de condena.
En la lucha contra el terrorismo hay principios morales que están por encima de cualquier consideración táctica. La justicia y la defensa de la dignidad de las victimas es el primero de ellos. Las victimas del terrorismo en España han dado un ejemplo democrático como probablemente ningún otro colectivo en el mundo. Nunca tomaron la justicia por su mano, jamás clamaron venganza, a pesar de su dolor inmenso no se dejaron arrastrar por el odio. En reciprocidad, todos los españoles les debemos un elemental principio de justicia. Que los asesinos paguen en la cárcel el irreparable daño que hicieron, que cumplan el castigo impuesto por los tribunales. El arrepentimiento público y la petición de perdón de forma inequívoca a las victimas constituyen condiciones imprescindibles para otorgar cualquier tipo de beneficio penitenciario a cualquier preso, pero en ningún caso pueden ser un salvoconducto para su liberación inmediata, ni para obtener privilegios que no tiene ningún otro preso.
Estas excarcelaciones rompen además el principio básico de cumplimiento integro de las penas para los terroristas. Es un principio amparado por la doctrina jurídica y un consenso básico de la política antiterrorista. No se puede buscar por la trampilla de un reglamento el incumplimiento de una voluntad expresa del legislador apoyada firmemente por la sociedad española. Los terroristas no dejan de serlo por la mera declaración de un ministro. El final de ETA tiene que significar algo más que el fin de la violencia terrorista, tiene que implicar también la victoria de la democracia sobre el terror.
La experiencia histórica nos ha demostrado que todas las políticas de acercamiento de presos o de concesiones han fracasado. Es la firmeza de nuestra democracia y la fortaleza de nuestro Estado de Derecho las armas que se han mostrado más eficaces en la lucha contra el terrorismo. Nada ha generado más división y más desánimo entre los terroristas que la dispersión y la aplicación estricta del régimen penitenciario. Con una política de máxima firmeza penitenciaria ya se produjo una rebelión interna de cien presos de ETA en año 2003, cartas de condena del terrorismo y expulsiones de la organización.
Es difícil no contextualizar estas excarcelaciones con el proceso de diálogo impulsado por Otegui y Eguiguren para la superación del “conflicto”. Ese proceso necesitaba para sobrevivir un gesto en materia penitenciaria que permitiera darle una mínima credibilidad. Pero no es la paz propuesta por Batasuna a la que aspiramos la gran mayoría de los españoles, sino a lograr una verdadera derrota de los terroristas, una victoria que merece el sacrificio de nuestras victimas, la fortaleza de nuestra Nación y la firmeza de nuestras convicciones democráticas.
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