Europarlamentarios al Sáhara: ¿y si las cañas se tornasen en lanzas?

Una delegación del Parlamento Europeo acaba de visitar El Aiún, la capital del Sáhara Occidental, en el marco de una visita a Marruecos centrada en la situación de los derechos humanos. Los saharauis proreferéndum de autodeterminación, desesperados ante el silencio internacional sobre su drama, le han visto el lado positivo: por fin alguien saca del olvido el  conflicto que mantiene la paz alejada de su tierra desde hace 34 años^[1]. Por su parte, los europarlamentarios han vendido la misión como un acontecimiento “histórico”, la primera vez que miembros de la Eurocámara tienen la oportunidad de evaluar sobre terreno la situación de los derechos humanos hablando no sólo con los agresores, sino también con las víctimas. A pesar de tanto júbilo, cabe preguntarse si, tras las buenas intenciones, no nos encontramos ante un nuevo intento del poderoso lobby promarroquí en Bruselas por respaldar la estrategia con que el régimen marroquí lleva desde 1975 intentando legalizar la anexión de un territorio que ese año invadió después de que el Tribunal Internacional de la Haya confirmase que nunca fue suyo.

 

La visita la anunció la pasada semana en Bruselas el eurodiputado español del PP, Carlos Iturgáiz, en calidad de presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con el Magreb, poniendo mucho énfasis en que, por fin, el Gobierno marroquí había accedido a dar la autorización al viaje que la delegación de europarlamentarios llevaba solicitando desde 2005.

 

El hecho de que los eurodiputados reconozcan alto y claro que para viajar a El Aiún han tenido que someterse a la voluntad de las autoridades marroquíes indica dos cosas: en primer lugar que, como ha denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, Frank Ruddy, diplomático, experto en derecho internacional y ex número dos de la misión de paz de Naciones Unidas para el Sáhara, la ONU ha consentido hasta tal punto el ninguneo marroquí, que los cascos azules desplegados en el territorio han acabado por convertirse en una presencia ornamental a las órdenes de los ocupantes cuando, en todo caso, debería ser lo contrario; segundo y, más grave, que al pedir la autorización marroquí, los eurodiputados también acatan implícitamente la política de hechos consumados con que Marruecos ha intentado, desde los vergonzosos (para España) llamados acuerdos de Madrid, simular que manda en la colonia española con título de propiedad.

 

Con ello han contribuido a dar por hecho que lo normal es que corresponda al Gobierno de Marruecos dar el permiso para su viaje a El Aiún. Mientras el evento les ha dado pie para resaltar la posición “absolutamente constructiva” ^[2] que está tomando el régimen de Mohamed VI (esa posición constructiva y de avances con la que en Bruselas han justificado la negociación del acuerdo de estatuto avanzado con el país magrebí), hasta el momento no han rectificado las declaraciones oficiales con las que en Rabat han destacado la visita de los europarlamentarios a “las provincias del Sur”, como llaman los marroquíes al territorio del Sáhara Occidental, haciendo caso omiso de que, según la ONU, está pendiente de descolonizar. ^[3]

 

Contribuir a la ficción de que lo normal es que sea el régimen de Marruecos quien controle las fronteras del Sáhara, es acorde con el legado de los firmantes de la Declaración de Madrid, ese simulacro de acuerdo con el que el último Gobierno de Franco traicionó en 1975 al pueblo saharaui, abriendo las puertas del Sáhara a la invasión del ejército marroquí. Los responsables de la entrega del pueblo saharaui a sus enemigos pretendieron aparentar con estos mal llamados acuerdos tripartitos un traspaso de la administración a Marruecos y Mauritania que no fue dado por bueno por la ONU y que, aunque tomó nota de estos acuerdos, siguió señalando a España como potencia administradora del Sáhara. No podía ser de otro modo puesto que los mismos españoles que orquestaron la farsa, una vez que se quitaron la patata caliente de encima (la amenaza de una guerra con Marruecos para defender al pueblo saharaui como requerían sus compromisos con la carta de la ONU), ni siquiera osaron intentar legalizar los supuestos acuerdos, como requería la ley española, publicándolos en el Boletín Oficial del Estado. Hubiese sido el colmo.

 

El resultado de esta peculiar variante del higienismo político español (el lavado de manos con el pueblo saharaui) es lo que los Gobiernos de derechas e izquierdas, desde la transición, han llamado equívocamente la posición de neutralidad activa de la política exterior española en relación al conflicto. En la práctica se traduce así: hago como que soy neutral y equidistante no tomando partido por ninguna de las dos partes en conflicto pero, en realidad, Marruecos me debe el gran favor de no ejercer la responsabilidad que le corresponde a España como potencia tutelar del pueblo saharaui, defendiendo sus derechos e intereses.

 

Los sucesivos gobiernos españoles han colaborado activamente con la monarquía alauita para que la comunidad internacional olvidase quién es la auténtica potencia administradora del Sáhara (España) con el fin de evitar tener que reconocer ante la ONU, como hizo Portugal con Timor Este tras la invasión indonesia, que si no podía ejercer sus responsabilidades de potencia colonizadora era por la situación de guerra creada por la invasión marroquí.

 

Cabe imaginarse cuál sería la reacción marroquí: invasión de pateras de las islas Canarias y el sur de España; hostigamiento diplomático y militar con Ceuta, Melilla y, quizás, Canarias; no cooperación en temas de seguridad (incluida la amenaza islamista).

Por mucho menos, al entonces presidente Aznar, que simplemente se limitó a actuar como le corresponde en el escenario internacional al jefe de Gobierno de cualquier madre patria, el asunto le costó el disgusto de la amenaza bélica en el islote de Perejil.

 

A pesar del empeño de los gobiernos españoles porque se acabase dando por bueno que la administración del Sáhara corresponde a Marruecos, (única vía para evitarse quebraderos de cabeza que la Conferencia de Múnich demostró no pueden resolver el pacifismo y las políticas de apaciguamiento), hay un factor que se les sigue resistiendo: la legalidad internacional que, en 2002, volvió a confirmar el Asesor Jurídico de la ONU, Hans Corell al señalar en su declaración sobre la inviolabilidad de los recursos naturales del Sáhara Occidental que Marruecos es potencia ocupante del Sáhara pero no la administradora.

 

Sin embargo, si la ONU sigue reconociendo que el Sáhara  forma parte de la lista de Territorios No Autónomos (pendientes de descolonizar) tendrá que haber una potencia administradora puesto que el Gobierno de España no transfirió la administración del Sáhara a la ONU, como se había de hecho planteado, con una iniciativa (el plan Waldheim) que hubiese sido la única vía posible para librarse legalmente del fardo incómodo de sus responsabilidades con los saharauis. Tenían un precedente que, por cierto, los marroquíes indicaban como el modelo a seguir, el de Holanda con su colonia del Irian Occidental, en la isla de Nueva Guinea situada al norte de Australia. Quizás, estuviésemos a tiempo de hacerlo (cederle formalmente a la ONU la administración al Sáhara) pero, ponerle el cascabel al gato ahora, vendría a constituir un reconocimiento de que todos los Gobiernos (empezando por el de Zapatero), que han defendido que España ya no tiene responsabilidades con el Sáhara, han mentido descaradamente a los españoles y a la comunidad internacional. Además, vista la actuación de la ONU en el Sáhara, una iniciativa en esa dirección ya no contaría con el efecto sorpresa y la ingenuidad con que la opinión pública hubiese acogido en 1975 ese gesto como el triunfo del derecho a la autodeterminación: el Sáhara a estas alturas se ha convertido en una interesante muestra del arte de la marrullería del que ni siquiera Naciones Unidas se libra y que tiene uno de sus más desgraciados ejemplos precisamente en el caso del Irian Occidental que acabó siendo anexionado a Indonesia con un simulacro de ejercicio de autodeterminación.

 

Volviendo al Sáhara, si Marruecos no es la potencia administradora y la ONU tampoco, ¿quién ejerce esta responsabilidad de acuerdo a derecho? La respuesta es tan obvia como evidente es el interés que tanto la diplomacia de Zapatero como la francesa han demostrado, tras el 11-M, en favorecer la estrategia anexionista marroquí. Con este esfuerzo conjunto Sarkozy se cobra ese 'te daré lo que me pidas' de Zapatero a cambio de una silla (o un taburete) con el que poder posar en el escenario internacional sin  más resultados que las fotos de consumo estrictamente español. El resultado para Francia es la firma en Bruselas de acuerdos de pesca y la aprobación de un estatuto avanzado para Marruecos que no se toman el trabajo de distinguir entre territorio marroquí y saharaui como en cambio hicieron los responsables económicos de la vituperada administración Bush al excluir explícitamente al Sáhara Occidental de su Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Marruecos.  ^[4]

 

La Eurocámara no es una ONG cualquiera de la misma forma que el Parlamento español, donde casualmente también se está promoviendo una visita al Sáhara con apoyo del PSOE, tampoco lo es: los diputados son representantes de la soberanía española y no vale eso de decir que viajarían a El Aiún en misión no política (como sugirieron algunos para intentar evitar las repercusiones jurídicas y políticas), como si esa representatividad pudiese tomarse unas vacaciones.

 

El interés por verificar la situación de los derechos humanos le da una aceptable y piadosa cobertura a la que, los eurodiputados y diputados españoles desprevenidos y confundidos por el silencio y la tergiversación activa promarroquí, difícilmente pueden resistirse. Sin embargo, hay interesantes precedentes de por qué los marroquíes, que tanto tienden a dificultar  la labor de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, han en cambio facilitado la visita a El Aiún de diplomáticos y miembros de Gobiernos extranjeros.  Por ejemplo, lo primero que hizo el rey Hassán II, padre y antecesor de Mohamed VI,  cuando en noviembre de 1975 lanzó la invasión del Sáhara desafiando la legalidad internacional, fue invitar a las Embajadas extranjeras en Rabat a que enviasen representantes para ser testigos de cómo la mal llamada Marcha Verde, esa supuesta manifestación pacífica popular que se lanzó desde Marruecos para recuperar el Sáhara,  culminaba su objetivo cruzando la frontera del Sáhara español. ¿Y qué hicieron los diplomáticos occidentales?

 

Tomemos como ejemplo la diplomacia británica que, por sus intereses coloniales y por la tradicional conexión entre la cuestión del Sáhara y la de Gibraltar, siempre  siguió con suma atención los pasos españoles en este territorio: desde Londres se dieron claras instrucciones a sus diplomáticos en Rabat de que, aunque se desplazasen hacia el sur del país para observar los preparativos de la marcha, nunca, bajo ninguna circunstancia, cruzasen los límites internacionales entre Marruecos y el Sáhara español. Las recomendaciones, como demuestran los archivos, eran inequívocas a pesar de que en ese momento Inglaterra tenía sumo interés en no indignar al rey Hassán II porque, como consecuencia del cierre de la verja de Gibraltar por parte española, la mano de obra marroquí, los suministros marroquíes, y la plataforma alternativa que ofrecía desde sus aeropuertos Hassán II, eran vitales para el mantenimiento de su colonia en el Peñón. De hecho, las mismas instrucciones que insistían en poner todo tipo de excusa a Hassán II para no secundar su invitación, estaban acompañadas de otras tantas recomendaciones para que sus diplomáticos moviesen los hilos con el resto de las representaciones diplomáticas para promover un no colectivo, especialmente europeo, tras el que escudarse y aparentar que se veían obligados a adherirse a una negativa que no era suya sino de sus aliados.

 

Con el interés que tenían los ingleses en quedar bien con los marroquíes ¿qué les hubiese costado un gesto que hoy se hace aparecer sin importancia? En primer lugar, que tampoco querían quedar mal con España donde Franco había apoyado la autodeterminación del Sáhara y que, gracias a esa capacidad de resistencia ante la enfermedad que estaba apagando su vida, (una resistencia que sólo ha logrado igualar su colega, compatriota y amigo Fidel Castro), no permitía culminar la maniobra a los que ya estaban preparando el viraje que finalmente se concretó en los acuerdos de Madrid. En segundo lugar, porque los británicos, siempre fueron muy escrupulosos a la hora de evitar maniobras políticas que pudiesen convertirse en precedentes jurídicos contrarios a la doctrina de la autodeterminación que ha sido la espina dorsal de su política descolonizadora tanto en Belice, como en Gibraltar o las Malvinas.

 

La prioridad británica en relación al Sáhara era no hacer nada que, por ejemplo, el Gobierno de Guatemala, pudiese esgrimir ante la comunidad internacional como un vergonzoso doble rasero, frente al derecho de autodeterminación que Londres estaba defendiendo para la descolonización de Belice que los guatemaltecos reclamaban como parte integrante de su territorio, ni, por supuesto, dar un mal paso que los españoles pudiesen aprovechar en su en su contencioso con  Gibraltar. Hasta tal punto era importante para la diplomacia británica no debilitar ni los principios doctrinales que sostenían su política, ni la coherencia de su acción diplomática a la hora de defenderlos, que los responsables de su política exterior dieron una prioridad a la preservación de su 'consistencia diplomática' en relación al derecho internacional y el principio de la autodeterminación del pueblo saharaui, por encima de posibles problemas en Gibraltar derivados de una eventual represalia marroquí. ¿Será que el derecho internacional ha cambiado tanto desde 1975?

 

La estrategia de enviar una visita al El Aiún de la Eurocámara recuerda la maniobra con la que los ingleses, durante la crisis hispano-marroquí de 1975, hicieron que sus diplomáticos aparentasen permanecer en la retaguardia y seguir las iniciativas de terceros mientras, por ejemplo, animaban a los países africanos bajo su influencia a defender en primera línea las resoluciones que apuntalaban el derecho a la autodeterminación saharaui. Sólo que en 2009, España y Francia, la gran valedora del expansionismo marroquí en el Sáhara, son las que mueven los hilos y en sentido contrario, hacia el desgaste de la doctrina de la autodeterminación.

 

En el caso de la visita de la Eurocámara, el Gobierno de Zapatero tendrá la coartada de que no iba a oponerse a una iniciativa fruto del consenso europeo. Luego, cuando en el Congreso de los Diputados, como está previsto, se vuelva a discutir sobre la visita que desde la anterior legislatura se viene intentando organizar también al Sáhara, sus señorías tendrán más difícil oponerse a una iniciativa que ya ha recibido las bendiciones nada más y nada menos que del Parlamento Europeo. Algunos, incluso, se dejarán confundir hasta el punto de defender que los españoles, por su especial responsabilidad histórica con el Sáhara, debían de haberse anticipado a Bruselas. Ante la sensibilidad de la opinión pública con la defensa de los derechos humanos, se eclipsará el hecho de que una visita del Parlamento español al Sáhara tiene repercusiones jurídicas y políticas mucho más graves que la del Parlamento Europeo que, al fin y al cabo, no tiene la misma personalidad jurídica que un estado soberano que, precisamente, sigue siendo la Potencia Administradora de iure del territorio.

 

Su vulnerabilidad ante los argumentos del lobby promarroquí es comprensible pues el PSOE cuenta ahora con la complicidad del PP de Rajoy que ha vuelto a la política promarroquí defendida tradicionalmente por Manuel Fraga Iribarne, dando la espalda al cambio de rumbo impuesto a las relaciones de España con el Magreb en el segundo mandato de Aznar. A cambio de una alianza estratégica con el PSOE para erradicar de una vez los restos del aznarismo, (en la que va incluida esa falsa polémica entre blandos y duros del PP aireada por los medios afines a la izquierda), el portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, Gustavo de Arístegui, ha vuelto a defender esas tesis que, de corazón, siempre fueron las suyas: que lo mejor para el pueblo saharaui es aceptar la autonomía que le ofrece Marruecos.

 

Quizás, desconfiar de las visitas parlamentarias a El Aiún forme parte del maximalismo y el irrealismo, como dicen los promarroquíes, propio de los que, sin estar a favor de la independencia (eso sólo lo puede decidir el pueblo saharaui), no están en su bando. Pero ojo, los que defienden esas visitas a El Aiún se cuidan mucho de no promover viajes institucionales para tomarle el pulso a la situación de los saharauis que viven en los llamados territorios liberados, la estrecha franja del Sáhara español que quedó bajo control del Polisario. Como mucho, se alientan visitas a los campos de refugiados saharauis en Tinduf, en territorio argelino pero nunca, por ejemplo, a Tifariti, capital de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) proclamada por el POLISARIO en 1976 que se encuentra al otro lado de la frontera argelina, dentro de los límites internacionales del Sáhara Occidental.

 

Ni a España, ni a ninguna otra potencia occidental se le ha ocurrido reconocer a la RASD a pesar de que sí lo han hecho decenas de países de Iberoamérica, África y, en especial, la Organización para la Unidad Africana (OUA) con una decisión que sigue manteniendo su sucesora la Unión Africana que hace dos años, durante los festejos del aniversario de la RASD, mandó a un representante a Tifariti cuya intervención pública hizo montar en cólera al Gobierno marroquí y amenazar con una acción militar para 'recuperar' esta localidad.

 

Como dato curioso sobre esa sorprendente dualidad que no da importancia a ciertos detalles cuando se trata del Sáhara ocupado por Marruecos pero está muy alerta cuando se trata de las pretensiones de reconocimiento de la RASD: el Ministerio de Exteriores bajo las directrices de Moratinos tiene terminantemente prohibido desplazarse a Tifariti a nadie que pueda ser señalado como un enviado del Gobierno español. Ni siquiera a los encargados de la ayuda humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo dependiente del Ministerio de Exteriores (¿será porque es una agencia gubernamental?) Bajo ningún concepto, está prohibido, aunque a los saharauis los barra un tsunami.