ETA en cifras

por Luis de la Corte Ibáñez, 18 de abril de 2011

 

(Publicado en El Imparcial, 17 de abril de 2011)
 
2.516 atentados (hasta el año 2008), 9.700 y pico actos de terrorismo callejero, 92 secuestrados; unas 37.600 víctimas directas, al menos 857 personas asesinadas y otras 4.800 heridas; 115 millones de euros extraídos mediante amenaza y extorsión, aproximadamente 125.000 personas que han abandonado el País Vasco para zafarse de esas amenazas y de una atmósfera social y política opresiva para cualquiera que no comulgue con las tesis nacionalistas; 6.530 millones de euros de daños materiales causados por actos violentos, cerca de 24 millones de euros recibidos por intermediarios políticos (Batasuna) de las administraciones públicas españolas, en gran parte destinados a sufragar el terror, y unos 570 millones de euros gastados por el Estado en concepto de indemnización y ayuda a las víctimas de aquel terror. Nadie podrá decir que esta retahíla de cifras no es significativa. Son números que cantan, que dan alaridos más bien, pues reflejan una realidad tan terrible como objetiva y dolorosa. Es el terrorismo (en este caso el terrorismo de ETA) puesto en números crudos.
 
Aunque su contenido no se reduce a un mero recuento de cifras, los datos antes expuestos y otros más se pueden encontrar en ETA S.A., uno de los mejores estudios publicados hasta la fecha sobre la organización terrorista. De su autor, Mikel Buesa, se pueden dar muchas señas, la mayoría conocidas por un amplio público. Y juntas dibujan un perfil poco corriente: hermano del diputado socialista del parlamento vasco Fernando Buesa, a quien ETA asesinara en febrero de 2000 y catedrático universitario de economía, el profesor Mikel Buesa ha venido realizando en los últimos años una encomiable labor orientada a la deslegitimación de la banda terrorista, y esto en dos frentes: el frente de la movilización cívica (ejerciendo como presidente del Foro Ermua en su etapa más activa y eficaz) y el frente intelectual y académico, mediante el desarrollo de una continuada actividad investigadora en torno al terrorismo, reflejada en la creación de una Cátedra de Economía del Terrorismo de la Universidad Complutense de Madrid y en diversos trabajos científicos y de divulgación, precisamente sintetizados en este último libro.
 
El terrorismo requiere, ante todo, voluntad de atemorizar y matar. Con matices añadidos, en eso consiste esencialmente: los terroristas matan y usan la violencia en todas aquellas formas que provoquen un temor más extenso e intenso. Por ello rehúyen el combate abierto con fuerzas policiales o militares, vulneran todas las restricciones morales y legales que constriñen los usos de la violencia y eligen como víctimas principales a personas indefensas y ciudadanos corrientes, con quienes buscan la sorpresa y la publicidad. Todo esto es sabido y ha sido estudiado con minuciosidad extrema. Pero aquello en lo que no se repara tan fácilmente es en el volumen de costes que el terrorismo tiene tanto para sus practicantes como, sobre todo y en muy superior magnitud, para sus víctimas y el conjunto de las sociedades que han de coexistir con aquellos. De esto es de lo que trata ETA S.A., fundamentalmente: por un lado, de la inversión económica que ETA ha venido haciendo durante sus cuatro décadas de existencia para mantenerse activa, así como de las estructuras, estrategias y prácticas desarrolladas a lo largo de ese tiempo para cubrir esa inversión; de otro, sobre los costes que la violencia etarra ha generado a los españoles, sus instituciones y, en particular, a la propia sociedad vasca: aparte de los costes en daños a personas y objetos, costes económicos, pero también políticos e incluso morales.
 
La tesis principal que Buesa propone y argumenta con abundante respaldo empírico es elegantemente enunciada en sus primeras páginas, y nos dice cómo el terrorismo conlleva una forma singular de financiación que se basa en lo que el propio Buesa define como una “economía depredadora de guerra”. Al contrario que la economía típica de la guerra moderna, que comprende la movilización de la sociedad a fin de crear los bienes y servicios requeridos por la actividad bélica, el sostenimiento de la violencia terrorista no se apoya en la producción de nuevos recursos sino en la depredación de los ya preexistentes, cuya propiedad corresponde de hecho a la sociedad a la que los propios terroristas amenazan. De ahí que exista una relación directa entre la financiación del terrorismo y los costes derivados de su existencia y de los esfuerzos aplicados a combatirlo. Buesa repasa exhaustivamente toda la variedad de esos perjuicios económicos y demuestra, como nadie había hecho antes, hasta qué punto el fenómeno ETA ha frenado el desarrollo económico del País Vasco, además de amargar la vida a sus habitantes.
 
Pero el análisis no queda ahí sino que se amplia, por ejemplo, con muy precisas consideraciones sobre el debilitamiento del Estado producido por la actividad de ETA, en toda Euskadi y especialmente en aquellos municipios donde su extensión política ha logrado representación institucional, con lo que ello implica en términos de restricción de libertades y derechos ciudadanos y de refuerzo a la propia acción terrorista y su ideario. El libro examina también la dramática realidad de las víctimas producidas por ETA (sin duda el mayor coste de su actividad), recurriendo oportunamente al concepto de macrovíctimas, acuñado por el criminólogo vasco Antonio Beristain, a fin de sumar a los afectados directos de los atentados el amplísimo número de personas que integran sus redes familiares y sociales. Para concluir, se aborda un tema de máxima actualidad sobre el que, por cierto, se ha reflexionado escasamente en nuestro país (ni tampoco en ningún otro): nos referimos a lo que, a veces, viene a definirse como “políticas del perdón” que tanto gustan recomendar los profesionales de la mediación y resolución de conflictos internacionales. Mikel Buesa advierte que, pese a la buena prensa de la que han gozado esas políticas (a las que sería más exacto llamar “políticas de la impunidad”), no debe olvidarse que su aplicación a la gestión de amenazas terroristas tiene bastante poco que ver con un perdón real, que en puridad solo puede ser concedido por las víctimas (sin estar obligadas a ello), y que rara vez vienen precedidas por el arrepentimiento público y sincero de los terroristas.
 
Lo dicho, una lectura obligada.