Estimulo sí, pero para la iniciativa privada

por Gerardo del Caz, 13 de mayo de 2009

Planes de estimulo
 
Cuando en el futuro se analice la crisis actual y las respuestas que a ella se dieron desde los diferentes gobiernos habrá un elemento fundamental que destacará sobre el resto: los llamados planes de estímulo que todos los gobiernos insisten y presumen en aplicar.
 
Estos planes de estimulo, cuyo embrión original estaba en el original de la administración Bush -que constaba de algo menos de 20 folios-, han crecido hasta convertirse en presupuestos de mastodónticas dimensiones con los que los diferentes gobiernos intentarán reactivar la demanda pero que marcarán un largo periodo de deuda pública (ver Fig. 1).
 
 
Fig 1. Planes de estimulo sobre el PIB de cada país.
 
                Fuente: IMF, G-20
 
 
Parece una paradoja. Tras el fallido 'final de la historia', si algo parecía que había quedado claro era que las tesis keynesianas o socialistas, las que consideraban el gasto público como un motor del crecimiento, tenían numerosas limitaciones y a la larga sus consecuencias eran mucho peores. Esto en realidad no es una teoría ni un posicionamiento político opinable. El fracaso del modelo económico socialista era y es una evidencia indiscutible cuando se contrastan modelos intervencionistas con los de laissez-faire; los primeros, con el Gobierno controlando y dominando buena parte de la economía, registran más deuda pública y menor crecimiento. Los segundos, en donde el mercado asigna recursos y necesidades de forma eficiente y en donde el Estado respeta e incentiva esa institución, crean riqueza y prosperidad. Compárese como ejemplo Chile con Argentina o, más cerca, Irlanda con Portugal o la propia España con Italia en los últimos años.
 
¿Por qué pues se lanzan los políticos de todo signo, en todos los países, a apoyar estos planes de estímulo? Una respuesta es que la crisis a la que nos enfrentamos tiene unas proporciones muy grandes y sobrepasa una recesión que recurrentemente se da de forma cíclica. Este razonamiento lo suelen dar los políticos apoyados en algunos economistas que justifican un mayor gasto público como forma para que una recesión no se transforme en una depresión. Se suelen justificar con las medidas keynesianas para luchar contra la gran Depresión. Según esos modelos, un mayor gasto público puede modificar los equilibrios económicos propios de una recesión, por ejemplo que no se consuma y se ahorre ante la falta de buenas perspectivas, que no se invierta ante la falta de un panorama de consumo, o que el desempleo no se reduzca porque no existan expectativas de encontrar un trabajo.
 
Sin embargo, aunque sus proporciones puedan ser todavía más grandes, el actual momento económico tiene poco de comparable a las recesiones anteriores o a la gran depresión. Y esa diferencia se basa en dos importantes características.
 
En primer lugar, la crisis económica actual tiene un origen puramente financiero que afecto al mercado del crédito y que, de ahí, contagió al resto de la economía ante la falta de capital para invertir y a que se finalizaron las líneas de crédito a empresas y particulares.
 
La segunda cuestión que hace a esta crisis especial es la alta deuda existente tanto en el ámbito privado como en el público. Una deuda que de forma persistente se incrementó durante años amparándose en unos tipos de interés que en términos reales eran negativos y que motivaban unos niveles históricamente bajos de ahorro además de invitar al endeudamiento masivo que, por otra parte, se utilizaba tanto en consumo como en inversión.
 
Y es aquí donde aparece el primer interrogante. Si suponemos que un incremento del gasto público tendrá como objetivo reactivar el consumo, -una suposición poco realista dadas las malas expectativas y la necesidad de mayor ahorro-, lo que se pretende no es corregir el desequilibrio que originó la crisis sino incrementarlo. Desde luego que no parece coherente querer combatir la crisis promoviendo un mayor endeudamiento. Y ni que decir tiene que ese endeudamiento significará, además, una pesada losa para los esforzados contribuyentes presentes y futuros que, sin que se les haya consultado, tendrán que afrontar. Como resultado, es lógico que hogares y empresas opten por incrementar sus ahorros -haciendo inútil el estímulo- para reservarlo y poder pagar el déficit fiscal en loo impuestos venideros.

En la dirección opuesta
 
Si los planes de estimulo han demostrado que no son la solución, la pregunta que subyace es cómo dinamizar la economía sin incrementar el nivel de endeudamiento y sin ahondar en los desequilibrios existentes. Evidentemente no hay una respuesta sencilla pero lo que se necesita es que los agentes económicos puedan volver a disponer de la capacidad de invertir y de que perciban beneficios futuros en hacerlo. Es decir, se  hace necesaria una vuelta a las condiciones en las que los inversores recuperen la disposición a prestar y ello pasa por facilitar la transformación del ahorro en inversión y a la asunción del riesgo que ello conlleva. Si no hay inversión privada, no hay creación de empleo y no habrá una vuelta al ciclo virtuoso de la economía donde consumo y empleo van de la mano.

Actualmente la situación dista de ser la óptima. Y no se trata únicamente de los planes de estimulo. El ahorro, el capital disponible actual, no tiene ninguna facilidad para ser invertido. A la mayor incertidumbre debido a la crisis actual, se ha de sumar el otro gran problema que conllevan los planes de estimulo, la necesidad de que el Estado se provea de más recursos para financiarlos. En casos como el de nuestro país, la fiscalidad existente penaliza el beneficio y perjudica a los agentes, ya sean individuos o sociedades, que mejor lo hacen. Si valoramos objetivamente la situación para un potencial inversor, es más interesante disponer de su capital en bonos alemanes que invertirlo con la consiguiente y lógica incertidumbre del mercado pero con la segura actitud confiscatoria que el Estado tendrá en caso de que las cosas funcionen.

Por tanto lo ideal es justamente lo contrario, que el Estado lleve a cabo una política de austeridad y que rebaje la fiscalidad incentivando la iniciativa privada y facilitando que se asignen eficientemente los recursos financieros a iniciativas de mayor competitividad y futuro. En primer lugar se ha de incrementar la renta disponible de hogares y empresas para, después, incentivar que esos recursos puedan servir de motor económico.

A este planteamiento se suele contraponer la posición de que el Estado es el único agente capaz de movilizar ingentes recursos para invertir en obra pública que mejore las infraestructuras, por ejemplo y que cree empleo. La realidad es que no es así. Esas infraestructuras y ese gasto público, que pueden ser muy necesarios y útiles, serán en efecto el famoso multiplicador keynesiano pero siempre de una forma temporal y limitada en el conjunto de la economía pues sólo beneficiará a un número limitado de empresas y trabajadores que, por otra parte, ante un horizonte tan incierto, ahorrarán esos recursos y no dispondrán de ellos con confianza generando gasto y estimulando la demanda agregada.

Por supuesto que la fiscalidad no debe contemplarse como un cuestión exclusiva para salir de la crisis. Es evidente que el impuesto de sociedades o los impuestos al consumo tienen un efecto reductor de la capacidad de compra, un efecto inflacionista ya que las empresas transmiten esos costes a los consumidores. Se debe por tanto reflexionar si es ahora el momento de una reforma fiscal mucho más ambiciosa y que, además, debe ir acompañada de otras reformas adyacentes como una flexibilización absoluta del mercado de trabajo que elimine restricciones saláriales y temporales a la hora de negociar contratos y que estimule por tanto la contratación.

Conclusión


Cabe preguntarse qué ventajas tienen los planes de estímulo para ser preferidos por los políticos. En primer lugar justamente las ventajas corresponden a esos políticos que tendrán una mayor capacidad para disponer de más recursos de todos y que podrán gastar discrecionalmente. Si sale mal, siempre se podrá decir que el plan de estímulo no fue lo suficientemente grande y pedir al Congreso que se amplíe o renueve. Es decir, mediante este curioso mecanismo, los políticos consiguen transformar la libertad y el esfuerzo de los ciudadanos en poder e influencia para unos pocos.
 
Incrementar el déficit fiscal y mantener una política que incentiva e incurre en más deuda es un grave error. Tarde o temprano se tendrán que pagar esos excesos y lo peor es que probablemente las medidas de restricción presupuestaria deban ejecutarse, en el caso por ejemplo de España, en unas circunstancias en donde la economía sigue contrayéndose y en donde los planes de estimulo han servido para poco más que propaganda política.
 
Las reformas fiscales serán siempre preferibles a los planes al despilfarro del erario público. Los planes de estimulo no son la solución. La reducción de la presión fiscal para mejorar la renta disponible de consumidores y familias será la única vía que permita que el capital fluya de forma eficiente y que la economía pueda recuperarse.

 
Gerardo del Caz es Analista de Política Internacional, especialista en temas de seguridad y desarrollo en Asia.