España y la lucha contra el terrorismo global

I.- INTRODUCCIÓN  

 

Este es un papel -una ponencia- difícil. En parte porque la respuesta española a la crisis abierta por los acontecimientos del 11 de septiembre se basa en un complejo entramado de razones, unas políticas, otras históricas, a veces psicológicas, e institucionales, de diverso peso y alcance, y que van desde la triste experiencia con ETA, a nuestras tradicionales relaciones de amistad con el mundo árabe, pasando por los compromisos con nuestros aliados. Sin tenerlas en cuenta no es posible comprender y explicar la actitud de nuestro gobierno y de nuestra sociedad.

 

Pero es un papel difícil, sobre todo, porque los autores parten de perspectivas relativamente distintas, motivadas, sin duda, por las diferentes, aunque complementarias, posiciones que desempeñan, uno en el Ministerio de defensa, otro en la Guardia Civil. De hecho, tal vez se trate de la primera vez que las ideas de uno y otro son claramente identificables.

 

Así y todo se trata de un papel de conciliación, no de alternativas ni de antagonismos inexistentes. Pero nos parecía importante subrayar cómo dos personas que venimos trabajando juntos desde mediados de los 80, sostenemos visiones sobre lo que implica el 11-S para nuestras opciones nacionales donde las sutilezas cuentan. Eso nos ha hecho ver lo complejo de generar una visión aceptable de lo que es y va a significar para nosotros el 11-S.

 

Hemos pretendido separar conceptualmente en dos grandes apartados el tratamiento del tema. El primero, desde la óptica de la seguridad internacional y el segundo desde la perspectiva de la seguridad interior, no porque creamos en esa división artificial para tratar el tema del terrorismo, sino por una cuestión instrumental y de dedicación personal. Pero este reparto de tareas sólo nos ha convencido aún más de lo falso de esa línea que separa interior de exterior.

 

En fin, que hayamos conseguido presentar un conjunto de ideas de manera articulada y comprensible ya no está en nuestra mano. Lo hemos intentado, sin duda, sólo que la otra segunda y gran lección que hemos sacado del proceso de discusión y redacción, es que es necesario seguir reflexionando.

 

II.- TERRORISMO GLOBAL Y SEGURIDAD INTERNACIONAL

 

 

Es innegable que el hecho de sufrir el azote terrorista en nuestras propias carnes, a través de los ataques de ETA, confiere una situación peculiar a nuestro país que resulta determinante para evaluar la postura y contribución española a la lucha contra el terrorismo global: A partir del 11-S, a la lucha tradicional contra ETA se viene a sumar la guerra contra el terrorismo global, creando una dinámica de creciente solapamiento, pero nunca de sustitución. De hecho, sería difícil de aceptar una victoria total sobre el terrorismo global que no se viese acompañada al mismo tiempo de sustanciales progresos en la lucha contra ETA. ¿Cómo se explicaría el ciudadano español que gracias a nuestras bases y fuerzas militares, por ejemplo, se hubiera vencido a Bin Laden pero que el Gobierno fuera impotente para acabar con ETA?

 

Es obvio que de la lucha contra el terrorismo global España se va a beneficiar en lo que hasta ahora era su lucha contra ETA, pero en un mundo de constreñimientos financieros, técnicos y humanos, conviene señalar que en el terreno de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el objetivo prioritario debe seguir siendo ETA, una amenaza real y directa, y que la guerra contra Bin Laden y su red de terroristas islámicos en nuestro suelo no debe oscurecer ese hecho.

 

Existe, por tanto, una lógica tensión entre los objetivos y prioridades nacionales y los compromisos internacionales que priman, en este momento, la guerra contra el terrorismo islámico. Aunque en teoría la lucha contra el terrorismo es una y global y, por tanto, no se deben introducir distingos entre unos terroristas y otros, siin embargo este es un planteamiento que no debería llevarse hasta sus extremos simplemente porque España sufra la violencia de ETA, pues la verdad es que España se va a beneficiar directamente de los éxitos que se obtengan contra el terrorismo global y en mayor medida que la seguridad internacional se beneficiaría de una victoria sobre ETA. De ahí la necesidad de contribuir directa y significativamente a la coalición internacional, a pesar de las limitaciones en los medios.

 

ETA no debe impedir la guerra contra Bin Laden por la sencilla razón de que son dos niveles de una misma batalla. Para muchos países que afortunadamente no tienen a ETA ni nada similar, el terrorismo islámico del 11-S representa una amenaza directa. Y en eso España no es diferente. Con o sin ETA, Bin Laden está ahí, fuera de la botella, y mientras el mundo no se rinda a sus pies, cualquiera puede ser su objetivo. Es más, aun cuando se tenga la convicción de que hay otros países más expuestos, como puedan ser Estados Unidos o Inglaterra, las consecuencias del terror islámico son globales y trascienden con mucho la esfera de los atentados en sí para golpear de lleno en el sistema financiero y en el bienestar de todos nosotros. En esa medida todos sufrimos a Bin Laden y todos debemos combatir sus acciones y planes.

 

El terrorismo global nos sitúa en una nueva vulnerabilidad aunque no anula las amenazas tradicionales de otros grupos violentos y antisistema.

 

 

España cuenta con tres grandes ejes o anclajes en su política de seguridad y defensa. El primero es la OTAN; el segundo la relación bilateral con Washington; el tercero, la emergente dimensión de seguridad y defensa de la UE, la PESD. La respuesta político-militar al 11-S debe tener en cuenta estos cauces.

 

En realidad, debido a la debilidad institucional de la PESD y a la ausencia de medios propios para actuar, la UE ha jugado un papel disminuido en esta crisis, limitándose a ejercer una presencia diplomática de la troika en algunos de los países más directamente involucrados. Pero esta presencia activa no ha sustituido a la diplomacia norteamericana, la auténtica protagonista, cuando más la ha reforzado.

 

Así y todo, España ha impulsado una nueva dinámica en el tercer pilar, de Justicia e Interior, llamada a dar mayores y más rápidos frutos en la lucha antiterrorista en Europa, lógicamente muy interesado el Gobierno en obtener una más profunda cooperación de sus socios contra ETA. Ahora bien, una vez sentadas las bases de esta cooperación reforzada, y habida cuenta de que a España le corresponde el próximo semestre de la presidencia de la Unión, sería lógico pensar en el planteamiento de otra serie de propuestas directamente vinculadas a mejorar las capacidades de decisión y de actuación de la UE en el terreno del contraterrorismo global.

 

La respuesta dada por los europeos al 11-S ha pasado, por el momento, por la descoordinación colectiva y la primacía de las posturas nacionales. Es más, en realidad la UE ha cedido su protagonismo a las relaciones bilaterales de sus miembros con los Estados Unidos. Bien patente en el caso de Londres, pero taimen evidente en la Italia de Berlusconi y en Alemania.

 

A España le toca ahora recomponer la dinámica existente desde finales de 1998 y en la actualidad un tanto olvidada. No hay alternativa a la PESD, pero ésta debe ser reformada en profundidad para hacer frente a los retos que le han caído encima. Para empezar, la lucha contra el terrorismo global, algo que no entraba en su agenda y que ahora debe ser acomodada más allá de la retórica en términos de misiones, diseño y medios para la Fuerza de Reacción Europea (FRE) que debe construirse antes del 2003. España puede liderar la reflexión en este punto.

 

 En fin, una serie de cuestiones pendientes de resolver en la UE, como la posible elaboración de un Libro Blanco de la defensa europea, o la posible constitución de fondos especiales de la Unión para hacer frente a los pagos de los grandes sistemas de armas de la FRE, contribuyen a ese refuerzo político de la PESD por el que debe apostar decididamente España.

 

En cualquier caso, la OTAN tampoco ha salido bien parada de esta crisis. A pesar de haber activado por primera vez en su larga historia el artículo 5 de su Tratado fundacional, la verdad es que todo cuanto la Alianza ha hecho en las semanas posteriores a considerar el 11-S como un ataque contra todos sus miembros, ha sido bastante poco: patrullar el espacio aéreo de los EE.UU. con 5 AWACS y cubrir determinados huecos dejados por los barcos americanos en el Mediterráneo Oriental

 

Los Estados Unidos han dejado bien claro que la OTAN no era la organización mediante la cual quisieran modular su repuesta, al contrario, han optado por el control directo y nacional de sus acciones militares, limitándose a solicitar cierto apoyo logístico a algunos de sus aliados.

 

Hay que reconocer que en cierta medida ha sido así mejor, pues la Alianza no está preparada ni en medios ni en conceptos para intervenir directamente en la guerra contra el terrorismo. Así y todo, su papel de apoyo solidario, más psicológico que material, seguramente le pasará factura a la propia organización, de momento alimentando una creciente incoherencia colectiva y, al igual que sucede con la UE, primando las políticas nacionales de sus miembros.

 

Para España, la buena disposición de la OTAN ha sido, en realidad, una trampa. Lo que la Alianza solicita de España, a través de los 8 puntos acordados como materialización práctica del compromiso del art.5, disminuye y difumina la relación bilateral existente entre Madrid y Washington, al menos en lo relativo a la utilización de bases e infraestructuras, así como en los derechos de sobrevuelo del espacio aéreo nacional. Estas dos cuestiones habían venido regulándose con puntillismo a través del Convenio bilateral y por mor del trabajo del Comité Conjunto. Desde el día que se le dice sí a las peticiones de la OTAN (o mejor, a las peticiones americanas a la Alianza), la relación bilateral, privilegiada, queda subsumida en la multilateral atlántica.

 

Esta pérdida de visibilidad estratégica bilateral no se ha visto compensada, por lo demás, con una mayor presencia política entre ambos países, algo que el Presidente debiera recomponer con motivo de su inminente visita a los Estados Unidos.

 

En cualquier caso, es claro que el 11-S ha puesto de manifiesto la inadecuación de los mecanismos formales instituidos y que exige una reflexión sobre el marco más adecuado para dar una respuesta eficaz y efectiva al terrorismo global. En nuestra opinión eso pasa, sin duda, por la aceleración de la construcción europea y el reforzamiento y expansión de la PESD a fin de llegar a convertirla en una auténtica política de defensa de la UE, la única organización capaz de relacionarse en pie de igualdad con Norteamérica. Que nuestros oficiales tengan que ser destacados como enlaces en Tampa, lugar donde se encuentra CETCOM, el mando americano responsable de las operaciones en Afganistán, no deja de ser una ironía. Como también lo es que la defensa europea y de los europeos resida en el número 10 de Downing St.

 

 

Las Fuerzas Armadas españolas se han debatido entre la nada y las misiones de paz, en lo que a actuaciones exteriores se refiere. El 11-S les brinda una nueva oportunidad, si se definen correctamente los términos, para recuperar pública y mentalmente su esencia, la disposición al combate. Y esto lo pueden lograr si los ejércitos llegaran a definir su papel -y potencial contribución- en la lucha contra el terrorismo global.

 

De hecho, el gran reto que plantea el terrorismo catastrófico y de alcance global, como el del 11-S, es triple: En primer lugar, contar con una comunidad de inteligencia solvente y eficaz, capaz de conseguir y nutrir de la información necesaria para descubrir a los terroristas y permitir desbaratar sus planes antes de que se materialicen; en segundo lugar, contar con unos procedimientos y sistemas con los que gestionar una crisis de estas características, de llegar a producirse; y en tercer lugar, disponer de unas fuerzas armadas capaces de desarrollar misiones preventivas y de represalia. Es obvio que si los terroristas se encontraran en suelo patrio, la policía debería bastar para detenerles, pero si tienen su refugio y cuartel general en otro país, como ocurre con Al Qaeda y el Afganistán que les da apoyo y cobertura, sólo operaciones especiales y otras capacidades de combate serían las adecuadas para actuar.

 

En las últimas semanas diversas autoridades del Ministerio de Defensa se han hecho eco de la idea de que las FAS deben incorporar la lucha contra el terrorismo entre sus misiones esenciales, lo que, siendo lógico, ha causado una fuerte y agria polémica política, particularmente por parte de quien interpreta las acciones contraterroristas en clave de ETA y el País Vasco.

 

Es verdad que el pasado de nuestro país y la orientación durante décadas de unos ejércitos, especialmente el Ejército de Tierra, volcado hacia el interior y con unas doctrinas y orgánica encaminada al control del espacio físico de nuestro suelo, puede llevar a confusión cuando se habla de FAS y contraterrorismo. Pero eso no debe llevarnos a abandonar este terreno, al contrario, exigirá una mayor definición del mismo.

 

Las fuerzas armadas tienen la obligación desde el 11 de septiembre de ser -y parecer- útiles en la defensa nacional estrictu senso. Pero eso no debe interpretarse como un vuelco al interior del país y en una mentalidad de guarnición y ocupación del espacio físico. Las amenazas del Siglo XXI no son las de la mitad del Siglo XX, ni mucho menos. Es verdad que el Ejército del Aire tendrá la responsabilidad, como hoy la tiene, de velar por la seguridad del espacio aéreo nacional y que la Armada puede contribuir a la seguridad costera o el Ejército de Tierra para sellar una frontera, si es necesario. Pero de lo que se habla, en realidad, es de la necesidad, por ejemplo, de contar con defensas antimisiles balísticos y un sistema antiaéreo eficaz para interceptar misiles de crucero, dos de los sistemas de armas de los que se espera una mayor proliferación en nuestro entorno en los próximos 15 años.

 

Igualmente, las FAS deben avanzar en los elementos de autoprotección necesarios para poder desplegarse y operar en un teatro donde el riesgo NBQ sea alto. Pero no sólo. En lo referente a la amenaza nuclear, química y bacteriológica, las fuerzas armadas deben garantizarse que podrán seguir operando y funcionando a pesar de haber recibido un ataque con esas armas. Es más, los ejércitos deberán disponer de las unidades especializadas en descontaminación y tratamiento médico para poder asistir a una población o lugar afectado por un ataque NBQ.

 

Aunque de lo que de verdad se trata es de tener la capacidad de enviar pequeñas unidades a gran distancia y poder sostenerlas durante el tiempo que exija la misión. Algo que dicho así suena fácil, pero que en la práctica no lo es. Hay que contar con los elementos de poyo y autoprotección, de evacuación, escalones médicos y logísticos, mando y control, sistemas de inteligencia y un sin fin de cuestiones que están detrás de cada movimiento pero que lo hacen ejecutarse con precisión y eficacia.

 

Si las FAS no logran ser capaces de operar junto a los americanos, como han hecho los británicos en Afganistán, porque no lleguen a una visión conjunta de su papel en la lucha contra el terrorismo o porque no logren convencer a los líderes políticos de su utilidad en este campo, estarán cometiendo un error estratégico que sólo favorecerá a los servicios de inteligencia -los grandes beneficiarios del 11-S- y a los cuerpos de seguridad del estado -los que quisieran ser los grandes beneficiarios del 11-S-.

 

El dato recogido por el CIS del apoyo mayoritario de la sociedad española a una intervención armada contra Bin Laden es, por fuerza, un buen indicador de las expectativas y de la apertura de límites sobre lo que las FAS pueden y deben hacer a partir de ahora.

 

 

Desde la perspectiva de la seguridad nacional - y de la política antiterrorista tradicional- la mejor contribución que España puede realizar en la lucha contra el terrorismo global es acabar con ETA. Esta afirmación no significa que nuestro país no deba comprometerse a fondo y dedicar mayores esfuerzos a la lucha contra otras manifestaciones de terrorismo que como el de carácter islamista suponen una grave amenaza compartida con nuestro aliados, pero sin duda ETA sigue constituyendo la principal prioridad en nuestra lucha contra el terrorismo.

 

Los atentados perpetrados contra Estados Unidos han puesto de manifiesto la globalidad de la amenaza terrorista. Tras esa fecha ya no es adecuado realizar distinciones entre diferentes movimientos terroristas cuyos fines son siempre los mismos, atacar nuestras sociedades, destruir nuestra democracia y acabar con nuestros valores; y cuyos medios son también idénticos, el terror, la muerte y la destrucción.

 

ETA debe estar considerada por tanto como parte importante de este terrorismo global que hoy emerge como la principal amenaza que deben combatir nuestras sociedades democráticas. En esta gran batalla, ETA debe ser sin duda nuestra prioridad porque constituye nuestra amenaza más directa y que mayor daño ha causado a nuestra sociedad y a nuestra convivencia.

 

Esta lucha contra ETA se verá sin duda favorecida por la mayor conciencia de la opinión pública internacional y por el mayor compromiso de los estados para erradicar cualquier forma de terrorismo. Como efecto inmediato, los atentados en Estados Unidos han acelerado la adopción de la denominada Eurorden de detención y entrega, por la adopción de una definición común de terrorismo y por la elaboración de una lista que permita adoptar medidas efectivas para prevenir la financiación de estos grupos por parte de la Unión Europea.

 

Por otro lado, la nueva situación refuerza aún más la posición de colaboración plena en la lucha contra ETA que viene manteniendo Francia en los últimos años. Estados Unidos, por su parte, está ahora en mejor disposición de compartir con España la inteligencia obtenida por sus medios técnicos e incluso transferir algunas tecnologías sensibles.

 

Todos estos factores positivos nos exigen redoblar esfuerzos en materia de lucha contra ETA, para aprovechar al máximo esta nueva coyuntura internacional favorable. En este sentido, el plan de potenciación de las unidades antiterroristas camina a buen ritmo. Sin embargo, sería necesario considerar dos factores esenciales. En primer lugar, la definición de una estrategia clara y a largo plazo de lucha contra ETA. Esta estrategia debe primar el largo plazo sobre los resultados a corto, y debe anteponer las posibles operaciones contra la cúpula frente a las detenciones de elementos menos relevantes. En segundo término, hay que coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad españolas en Francia y definir mejor la colaboración entre las fuerzas francesas y las españolas. Una actuación autónoma de la policía gala en este terreno puede dar al traste con operaciones importantes y, por desgracia, ya hay alguna experiencia al respecto.

 

En la medida en que seamos capaces de ir neutralizando y reduciendo la amenaza que ETA representa hoy para nuestra seguridad, será posible ir transfiriendo recursos humanos y técnicos para incrementar nuestra capacidad de información sobre otros movimientos terroristas que como el islamista representan a su vez una clara amenaza para el conjunto de los países democráticos. Es más, aunque por el momento no resulte sensato traspasar recursos de la lucha contra ETA a la lucha contra el terrorismo internacional, sí sería necesario ir incrementando las capacidades de nuestros servicios en la captación y el análisis de estos movimientos, y en especial, del terrorismo islamista.

 

España, como un país firmemente integrado en la Unión Europea y en la Alianza Atlántica, comparte con el resto de sus socios y aliados la gravedad de esta amenaza. En nuestro país, como en la práctica totalidad de la Unión Europea, se han detectado redes vinculadas a movimientos terroristas, especialmente argelinos, que utilizan nuestros países como bases logísticas para la obtención de armas, financiación, documentos falsos, captación de voluntarios y como refugio para terroristas. Atentados como los realizados por el GIA argelino en Francia en 1995 demuestran claramente la peligrosidad de estas redes que parecen además estar reorientándose hacia objetivos antioccidentales más globales frente a los objetivos políticos más locales que habían caracterizado su actuación en la década anterior.

 

Loa atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre, junto a las evidencias de la presencia de estas redes en Europa y en España deben hacernos reflexionar sobre la necesidad de, manteniendo nuestra prioridad en la lucha contra ETA, reforzar la atención y la acción de nuestros servicios de información hacia estas nuevas multinacionales islamistas del terror.

 

 

La inteligencia es el instrumento más adecuado y más eficaz en la lucha contra el terrorismo. Una buena prueba de ello es que una de las conclusiones más importantes anunciadas por el Presidente del Gobierno tras los atentados del 11 de septiembre fue su decisión de acelerar la proyectada reforma de nuestro servicio de inteligencia.

 

Esta reforma, que se concreta en la creación por Ley del nuevo Centro Nacional de Inteligencia, tiene como uno de sus objetivos fundamentales incrementar la eficacia de nuestro sistema de inteligencia frente a las nuevas amenazas, y en especial contra el terrorismo internacional o global.

 

Sin entrar en un análisis detallado de las novedades que contempla la nueva regulación del Centro Nacional de Inteligencia, que nos apartaría del objeto de este papel, el nuevo Centro tiene, en su regulación normativa, algunas ventajas sobre el modelo anterior que deben facilitarle superar los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema de inteligencia tras el 11 de septiembre. En primer lugar, el propio hecho de su regulación por Ley le otorga una mayor estabilidad orgánica, una mayor seguridad jurídica y una mayor preeminencia política frente al anterior CESID.

 

Pero el nuevo sistema de inteligencia presenta dos ventajas que resultan aún más relevantes que el mero rango de la norma. En primer lugar, asegura una mejor dirección y también un mayor control sobre los objetivos y las actividades del Centro. El hecho de que el Director del Centro haya pasado a ser un Secretario de Estado, es decir un cargo de responsabilidad y confianza política que forma parte del Gobierno, no sólo revaloriza el peso de la función de inteligencia, sino que marca una voluntad de mayor control político del Centro. Por otro lado, la obligación de aprobar una Directiva anual de Inteligencia por parte del Consejo de Ministros significa establecer un mecanismo que permitirá al Gobierno señalar con mayor precisión los objetivos y las prioridades que debe asumir el CNI.

 

La segunda gran aportación que contiene la reforma es la creación de una verdadera comunidad de inteligencia, al menos en su nivel político. Así, la futura puesta en marcha de la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, presidida por el Vicepresidente Primero del Gobierno y de la que formará parte los Ministros de Asuntos Exteriores, Defensa e Interior, junto al Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado Director del Centro nacional de Inteligencia, supone la creación por primera vez en nuestro país de un foro de coordinación de los distintos servicios de información que existen.

 

La creación de esta Comunidad de Inteligencia cobra especial relevancia en un momento, tras los atentados del 11 de septiembre, en el que más que carencias en las capacidades de los servicios de inteligencia occidentales, lo que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de mejorar la coordinación y la colaboración de los diferentes servicios, primero dentro de cada uno de los estados y luego en las relaciones con otros servicios aliados.

 

Sin embargo, la mera reforma normativa no garantiza por si sola, aunque puede contribuir de forma importante, la mejora de la eficacia de nuestro servicio de inteligencia, cuestión que debe resultar prioritaria para el Gobierno en su lucha contra el terrorismo global.

 

Así, resulta evidente que la dimensión y peligrosidad de la amenaza que se ha materializado el 11 de septiembre obliga a una potenciación de los medios humanos y técnicos de nuestros servicios de inteligencia. En particular, la lucha contra este tipo de redes terroristas globales ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer la inteligencia humana como medio más eficaz para la obtención de información relevante.

 

Por otro lado, es necesario establecer prioridades más claras en la utilización de los recursos de inteligencia. En este sentido, el Norte de África debe ser sin duda la primera prioridad para nuestro servicio de inteligencia, con Iberoamérica en segundo lugar, Oriente Medio en tercer lugar y Europa del Este, África Subsahariana y Asia como objetivos más secundarios.

 

El establecimiento de prioridades de inteligencia es una cuestión, por otro lado, muy vinculada, a una mayor integración de los servicios de inteligencia europeos. EN la medida en que el intercambio de infamación se haga más fluido y sistemático, sería posible una mayor especialización por países en determinadas áreas geográficas. No obstante, ese es un horizonte que queda lejano.

 

Pero aún más importante es que la coordinación prevista en la regulación del nuevo Centro Nacional de Inteligencia se haga verdaderamente efectiva. Así, es evidente que la actividad del nuevo Centro debe volcarse más hacia el exterior que en el interior, con excepción de la función de contrainteligencia, dado que en nuestro territorio ya operan los servicios de información de Policía Nacional y Guardia Civil con un potencial mucho mayor que el que puede dedicar el CNI. Lo esencial, a estos efectos, es como establecer mecanismos de coordinación e intercambio de información verdaderamente eficaces para que la comunidad de inteligencia en su conjunto pueda dar respuesta satisfactoria a la convergencia de riesgos interiores y exteriores que se está produciendo.

 

 

Como hemos reiterado, los ataques del 11 de septiembre han situado al terrorismo como la principal amenaza de las sociedades democráticas. Sin embargo, la principal vulnerabilidad que se ha puesto de manifiesto en los atentados contra Washington y Nueva York no reside tanto en nuestros sistemas de defensa como en nuestros sistemas de seguridad interior. Por esta razón, consideramos que una segunda consecuencia de los atentados del 11 de septiembre es la necesidad de potenciar las fuerzas de seguridad en general y la Guardia Civil en particular, dado que consideramos a esta última como el instrumento que mejor puede neutralizar en nuestro país este nuevo tipo de amenaza terrorista global.

 

La cuestión no es, como a veces se plantea, una transferencia de recursos del ámbito de la defensa, donde ya son muy escasos, a la esfera de la seguridad interior. Por el contrario, España no sólo deberá mantener su actual esfuerzo en modernizar sus Fuerzas Armadas, sino que deberá incrementarlo si es que realmente quiere lograr una relevancia estratégica más acorde a la dimensión política, económica y cultural que nuestro país tiene tanto en el marco de la Unión Europea como en el mundial. Pero simultáneamente a este aumento de nuestras capacidades militares, es preciso una potenciación de las fuerzas de seguridad para poder hacer frente no sólo al terrorismo, sino a fenómenos como la inmigración clandestina o el crimen organizado, que combinados todos ellos y en su conjunto suponen hoy la más grave amenaza real a nuestra seguridad presente y futura.

 

En relación con el terrorismo islamista, es preciso reforzar las capacidades de inteligencia de nuestras Fuerzas de Seguridad. A modo de ejemplo, en la Guardia Civil trabajan en este tema una unidad de análisis y una unidad operativa. En operaciones concretas esta unidad podría recibir la ayuda del Grupo de Apoyo, aunque este Grupo está volcado normalmente en operaciones anti-ETA. Es muy difícil, mientras la prioridad siga siendo ETA, requilibrar esfuerzos y medios dentro de nuestro Servicio de Información, pero como ya hemos señalado, en la medida en que lo permitan las nuevas incorporaciones de efectivos y la amenaza de ETA tendiera a seguir reduciéndose, debería elevarse la entidad orgánica y potenciarse los recursos humanos de las unidades específicamente dedicada a luchar contra el terrorismo islamista tanto en la guardia Civil como en el CNP.

 

Por su parte, Unidades como el Grupo de Acción Rural (GAR), con casi 600 efectivos, la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil (UEI) o el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional, unidades todas ellas altamente especializadas y con una amplia experiencia en operaciones antiterroristas, podrían ser ofrecidas como posible contribución española a la actual coalición internacional. El GAR, que ya fue desplegados en las primeras fases de la operación terrestre en Kosovo, tiene gran capacidad para ser proyectado sobre cualquier escenario de conflicto y ejecutar operaciones tanto preventivas como de ataque a bases terroristas. Por su parte, la UEI y los GEO pueden ejecutar acciones selectivas de alto riesgo con gran precisión. La disponibilidad de estas unidades está limitada sin embargo por la prioridad que sigue manteniendo la lucha contra ETA.

 

Los sucesos del 11 de septiembre exigen a su vez un replanteamiento del número de efectivos necesarios para garantizar nuestra seguridad interior. La Guardia Civil tiene en marcha un plan de recursos humanos con el objetivo de dedicar al final de la presente Legislatura 8.000 nuevos efectivos a la seguridad ciudadana. Para ello se ha incrementado la oferta de empleo público anual para llegar en el 2004 a completar su Catalogo de Puestos de Trabajo, que acumula en la actualidad un déficit de más de tres mil efectivos. Este déficit aumenta en el CNP a más de cinco mil efectivos.

 

Por otro lado, se va a racionalizar la utilización de estos recursos humanos escasos para transferir efectivos de tareas burocráticas y logísticas a servicios operativos. Sin embargo, una parte sustancial de este plan de racionalización de recursos humanos se basaba, al menos en el caso de la Guardia Civil, en reducir los puestos de seguridad estática mediante un empleo más intenso de equipos técnicos y el auxilio de seguridad privada. Esta política tiene que ser ahora revisada a la luz de la nueva dimensión que ha cobrado la amenaza terrorista y que exigirá un mayor esfuerzo en la seguridad de aquellas infraestructuras (aeropuertos, centrales nucleares, centros estratégicos) que resultan vitales para nuestra seguridad. La conclusión de todo ello es que ante la nueva situación la Guardia Civil debería incrementar su catalogo de puestos de trabajo desde los 73.000 efectivos actuales hasta los 80.000, si se quiere realmente que pueda atender estas nuevas demandas de seguridad sin deteriorar a su vez la seguridad ciudadana en su demarcación. Por su parte, el Cuerpo nacional de Policía debería lograr antes del 2004 completar su actual Catalogo de Puesto de Trabajo.

 

Por último, los atentados del 11 de septiembre hacen imprescindible reforzar la seguridad de nuestros aeropuertos. En este sentido, sería aconsejable reforzar la sección de seguridad aeroportuaria, actualmente integrada en el Servicio de Costas y Fronteras de la recién creada Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil. La importancia que ha cobrado todo lo relacionado con la seguridad en el transporte aéreo y las competencias que la Guardia Civil tiene en esta delicada cuestión aconsejarían además otorgar un mayor protagonismo a este Cuerpo en la seguridad de los aeropuertos

 

 

El 11 de septiembre pone fin a una etapa, la de los 90, caracterizada por la ausencia de amenazas sobre nuestro suelo y las intervenciones en apoyo amplio a la paz, selectivas y voluntarias. El panorama que ahora vislumbramos es profundamente distinto y lo primero que nos exige es un cambio mental para interpretarlo y poder reaccionar con tino.

 

El Ministerio de Defensa había comenzado esta pasada primavera un proceso de revisión estratégica de la defensa con la idea de definir las misiones y los medios de las FAS españolas del 2015. Es indudable que es este el mejor marco para introducir cualquier cambio de perspectiva e impacto causado por los atentados del 11-S y la guerra contra el terrorismo global.

 

En cierta medida se está produciendo una reflexión similar o muy parecida en todos los países de nuestro entorno y también en la Alianza y en la UE. El único problema de fondo para que la actual Revisión Estratégica de la Defensa saque partido de este fermento de nuevo pensamiento es su estricta adhesión a una concepción tradicionalista y caduca que separa radicalmente la seguridad interior de la seguridad internacional.

 

Revisar la defensa no sólo es deseable sino necesario, en términos de misiones, equipamiento y orientación estratégica. Pero para poder dar una respuesta integrada, global y coherente a los restos post 11-S, se requiere una visión, unas medidas y, finalmente, unas normas que integren inteligencia, Fuerzas de Seguridad del Estado, FAS y organizaciones multilaterales.