España-Marruecos ¿nueva crisis en el horizonte?

por Ángel Pérez, 21 de diciembre de 2005

Las relaciones entre España y Marruecos no solo no han mejorado, sino que empeoran con rapidez. Y ello por dos tipos de motivos, los meramente estructurales, es decir, la existencia de problemas que, de no abordarse, empeoran porque su naturaleza y desarrollo lógico exigen algún tipo de acción. Y los de carácter coyuntural, es decir, las dificultades incorporadas a la relación bilateral durante la presente legislatura, fruto a su vez del escaso conocimiento del régimen alauita, por un lado, y la ausencia de criterios ordenados de carácter general en la política exterior. En este último aspecto no hay más remedio que resaltar el desconocimiento sistemático y consciente que el gobierno de España muestra de los precedentes históricos, cuyas enseñanzas se desprecian; como de las líneas estratégicas tradicionales de la política exterior española, que han sido subvertidas de tal forma que tornan en piruetas imposibles las acciones del actual ejecutivo español. El respeto de las formas, o lo que es lo mismo, de los ejes europeo, americano y mediterráneo, esconde una modificación sustancial de los criterios efectivos que rigen hoy la acción exterior de España sin parangón en épocas anteriores, organizando la actividad fuera de sus fronteras de acuerdo con criterios ideológicos incompatibles con los intereses generales de la nación.
 
Ha llegado el momento, no solo de modificar los parámetros de la relación con Marruecos, proceso que comenzó en la legislatura anterior con éxito parcial y que ha sido abortado. También es hora de diseñar una política exterior que no se rija por líneas vertebrales abstractas, sino por criterios concretos en los que puedan incardinarse las tendencias, esas si generales, que la historia y la geografía imponen a España. Un ejemplo sencillo permite visualizar esta fórmula: la vocación americana de España constituye una tendencia general y natural de la acción exterior de España, pero es por sí misma irrelevante sin unos criterios de acción exterior concretos, como son la defensa de la democracia y la libertad; el fomento de la relación euroatlántica; la defensa y proyección de la cultura hispánica y el amparo específico de los intereses particulares de España, políticos, militares y económicos. Son estos últimos, y no una determinada vocación histórica, los que deben informar la política de España, considerando que las tendencias generales, América, Europa y el Mediterráneo, solo pueden marcar prioridades geográficas.
 
Marruecos
 
El último incidente con Marruecos era, como en realidad lo son todos sus precedentes, perfectamente previsible. Cuando el gobierno español decidió construir la valla que hoy separa a ambos países en Melilla, las obras fueron realizadas de tal forma que la vieja alambrada, más o menos reforzada en años anteriores, quedó en el lado marroquí de la verja actual. Dependiendo del punto geográfico del perímetro fronterizo, aquella decisión dejó fuera del control efectivo de las autoridades españolas un espacio de 9 kilómetros de longitud por entre tres y ocho de ancho, conformando una franja paralela al actual perímetro vigilado que hoy quiere utilizarse para construir un tercer cinturón de protección. El deterioro de la antigua alambrada, la acción incontrolada de las autoridades marroquíes y, finalmente, la construcción de un foso y otras infraestructuras básicas por Marruecos a raíz de los asaltos de inmigrantes han hecho, de facto, desaparecer ese espacio y algunos de los hitos que lo delimitaban. Este hecho no es en sí mismo responsabilidad del actual ejecutivo, pero sí de una política hacia Marruecos practicada antes y ahora por los diferentes gobiernos socialistas que solo tímidamente comenzó a modificar el segundo ejecutivo Aznar. La efectiva ocupación de ese terreno y el bloqueo de los trabajos en la frontera constituyen un problema de categoría notable, en todo caso no menor que el que representó en su momento la isla Perejil, y de solución compleja sino median circunstancias excepcionales, esto es, bien el uso razonable de la fuerza, o el intercambio de favores que solo puede tener como protagonista el Sahara Occidental.
 
Los acontecimientos que rodearon la crisis de Perejil constituyeron el punto de inflexión definitivo de una política hacia Marruecos que había ido cambiando de forma progresiva. El criterio de ese cambio, más que una modificación de la percepción general de la relación bilateral, fue la defensa en cada momento de los intereses de España. Por eso se abandonó la posibilidad de alcanzar un acuerdo pesquero, se insistió en defender el criterio de la ONU sobre el Sahara y se acusó a Marruecos de no hacer todo lo posible por limitar y controlar la emigración ilegal procedente de su territorio. Este cambio sobre el terreno propicio un cambio también lento en la forma que iba adquiriendo la comprensión de las relaciones con Marruecos entre los miembros de la clase política encargados de ejecutarla o vinculados a ella. Este hecho es relevante, mucho más de lo que normalmente se afirma, porque se trató de la primera vez que esa relación era sometida íntegramente a los intereses de España. Unos intereses que no consisten de forma inmediata ni en la democratización de Marruecos, ni en su estabilidad, ni en la ausencia de tensiones entre ambos países. Los intereses de España inmediatos son la seguridad y la integridad de sus fronteras. De forma mediata, es decir, como complementos que permitan alcanzar esos dos intereses máximos, pueden contemplarse todos las demás.
 
El nuevo rumbo tomado por la política española desde la llegada al poder de Rodríguez Zapatero es precisamente el contrario, a saber, se definen como intereses inmediatos hechos, opciones o ambiciones de carácter mediato: buenas relaciones mutuas, desarrollo económico de Marruecos, acuerdo pesquero, entre otros ad infinitum. Este hecho priva de coherencia a la acción exterior del Gobierno, redistribuye la atención, el esfuerzo y el tiempo utilizado en la defensa de intereses acuciantes e impide una visión global de la política española hacia al vecino del sur. El resultado es el único posible, la vieja política de reacción puntual a los estímulos de la administración y monarquía marroquí.
 
Este problema que podemos calificar de coyuntural, generado por el actual ejecutivo español y amparado en la construcción teórica que sobre las relaciones internacionales se ha desarrollado en la izquierda española, empeora dos  hechos que lamentablemente no se ha tenido suficientemente en cuenta.
 
El primero, que determinados problemas, si no mejoran, empeoran, porque las circunstancias que alimentan su aparición no dejan de hacerlo por el simple hecho de modificar la percepción o aproximación teórica hacia ellos. Reunirse con Mohamed VI dos, seis o nueve veces no desactiva la reclamación territorial marroquí; ni la necesidad de descolonizar el Sahara, ni la inaceptable permisividad migratoria marroquí, que en el caso de Melilla, lleva años funcionando como una fórmula de presión desestabilizadora. Las circunstancias que fuerzan al régimen alauita a insistir en estas fracturas bilaterales no responden solo a una determinada percepción de la política exterior, sino a la propia naturaleza del régimen y su necesidad de supervivencia. Un régimen monárquico, dictatorial, nacionalista y expansionista, cuya legitimidad se basa desde un punto de vista histórico en la defensa de la independencia frente a la  potencia colonial preponderante, Francia; cuya legitimidad ideológica deriva de su búsqueda de espacio vital y su funcionamiento interno es casi medieval difícilmente puede cambiar las variables citadas. Simplemente no puede abandonar el Sahara, dejar de reclamar los territorios y aguas españolas o de alimentar la existencia de un enemigo exterior sobre el que dirigir culpas y responsabilidades. Solo un cambio de régimen podría conllevar semejante modificación de actitudes, un cambio de régimen que  Europa y España  no perecen desear,   alentar o contemplar siquiera. El segundo problema es conceptual. Las relaciones internacionales, en definitiva, versan sobre problemas concretos. Constituyen un sistema cruzado de relaciones e influencias que se retroalimentan y aspiran a la resolución de problemas específicos. Es cierto que una modificación del ambiente puede facilitar la resolución de un contencioso particular. Por ejemplo, el acercamiento de Turquía a la UE debiera facilitar la solución de la cuestión chipriota. Pero eso no necesariamente sucede. Y en todo caso, el problema de fondo no es la relación global y abstracta, en al caso citado entre Turquía y Europa; sino el problema específico, que, de no resolverse, vuelve a contaminar los demás aspectos de una relación diplomática. El caso de España y Marruecos responde, como si de un manual se tratara, a este fenómeno. La pretensión española de mantener buenas relaciones con Marruecos no es en si misma contraproducente, siempre que ese objetivo general y abstracto no acabe por nublar los verdaderos objetivos de la acción de España en la zona. Al final el Sahara, las ciudades autónomas, la emigración o los lindes marítimos condicionan el vínculo hispano-marroquí de forma inevitable. Por tanto en la fórmula teórica aplicada por España a esta complicada relación se le pueden achacar dos graves defectos: yerra al abordar el objetivo máximo; y fracasa al establecer los asuntos concretos a resolver. Es, por último, frustrante, pues al establecer como meta la estabilidad absoluta de la relación bilateral, genera la sensación de crisis permanente, una sensación que puede ser desesperante y mala consejera. Aceptar la inevitable imperfección de esa relación y el carácter estructural e histórico de algunos conflictos ayudaría sobremanera a soportar las tensiones con paciencia y sentido de la realidad. Incluso a imaginar que quizá no se resuelvan nunca sin que  llegue por ello a suceder nada. Estar dispuesto a convivir con problemas debiera ser una actitud diplomática normal.
 
La crisis migratoria
 
Los todavía recientes asaltos de la frontera española en Ceuta y Melilla no son producto de una contingencia novedosa. Los primeros subsaharianos empezaron a alcanzar la frontera española ya en 1993. Se trataba de personas que, en general, desconocían la propia existencia de las ciudades españolas. No procedían directamente de Marruecos, sino de Libia, utilizando un recorrido que desde entonces ha sido el más concurrido: Libia, Argelia y luego Marruecos. En estos tres países se calcula que residen, legal o ilegalmente, temporal o definitivamente en torno a dos millones de subsaharianos. La región recibe anualmente entre 70.000 y 80.000 individuos adicionales, una población emigrante que encuentra pocos obstáculos efectivos en su recorrido y que acude todavía hoy en una proporción muy elevada, en torno al 80%, a Libia, donde inician el recorrido que les llevará a Argelia y Marruecos. Un número indeterminado acaba por establecerse, al menos largos períodos de tiempo, en ciudades de uno y otro estado, fenómeno fácilmente detectable en las ciudades del sur argelino como Tamanrraset. La crisis por tanto ha tenido un período de gestación largo con estallidos episódicos que alcanzaron entre octubre y noviembre de 2005 cotas de elevada intensidad. Sin embrago a la Administración Española le sorprendió la virulencia, el momento, la actitud de Maruecos y los efectos que los sucesos tuvieron en la opinión pública española. Como de costumbre la crisis se ha cerrado en falso y Mohamed VI no ha hecho sino confirmar lo que ya era sabido: la reacción española es lenta, el impacto sobre la opinión pública en la Península es fuerte y la manipulación de los acontecimientos es posible y no conlleva riesgos exagerados. Puede que Marruecos no hubiera previsto antes de forma sistemática el uso de la presión migratoria como catalizador puntual de una crisis, pero debe asumirse que después de la experiencia esa es una posibilidad que habrá que tener en cuenta.
 
Los hechos son conocidos. Un número indeterminado, pero elevado de individuos, procedentes del África Negra, algunos después de meses acampados en las inmediaciones de las ciudades españolas; la mayoría transportados hasta la misma frontera, asaltaron de forma violenta el perímetro fronterizo de la ciudad. La tensión que suscitó la reacción de las fuerzas de seguridad, los heridos y fallecidos en los intentos de asalto y la actitud contemplativa primero y descuidada después de Marruecos generaron una crisis diplomática reforzada por la escasa seguridad que demostró en todo momento la Administración Española a la hora de gestionar los acontecimientos. De los sucesos puede deducirse lo siguiente: Marruecos es capaz de manipular por acción u omisión un flujo migratorio inagotable en contra de intereses vitales españoles; los acontecimientos en la frontera sur de España afectan  a la política nacional y tienen un fuerte factor desestabilizador; España carece de una política coherente capaz de organizar la gestión eficaz de las diversas variables en juego, entre ellas, la diplomática, la seguridad y la migratoria. Y por último, la repetición de crisis similares no solo es posible, sino probable, con un potencial de riesgo elevado habida cuenta de los difíciles momentos que se avecinan sino se produce en Marruecos un cambio suficiente de circunstancias.
 
La crisis que viene
 
El relativo desconocimiento que la clase política española tiene de la política interna marroquí no se corresponde con la agudeza con la que aquella es analizada en Rabat. Y ello no por dedicar más esfuerzo o recursos, sino por poseer unos objetivos estratégicos firmes que exigen ese conocimiento. A nadie se le escapa la situación de debilidad del actual gobierno de España, con frentes abiertos de trascendencia que amenazan de forma seria la estabilidad institucional del país. Se trata de un período, el que resta hasta las próximas elecciones generales, inmejorable para poner en práctica una política de presión sobre una administración distraída y un gobierno inoperante por razones técnicas, su minoría parlamentaria; e ideológicas,  un radicalismo de izquierdas que le ha enajenado apoyos exteriores y ha puesto en primera línea de influencia política el fuerte grupo de presión promarroquí existente en España. Marruecos tienen un objetivo inmediato, la anexión legal del Sahara; un objetivo mediato, la aceptación internacional del régimen monárquico dictatorial vigente; y un objetivo a largo plazo, limitar y, llegado el caso, destruir la alternativa política fundamentalista. En estas circunstancias la monarquía sustenta su legitimidad en la herencia anticolonial de Mohamed V, en la expansión territorial, constreñida hoy a la tensión con España y Argelia; y en la autoridad religiosa del monarca, que unifica de forma notable el Islam marroquí dificultando la labor de zapa de los fundamentalistas, que han encontrado en la ausencia de referentes estables de autoridad de otros países la puerta por la que ampliar su influencia política y no solo social. España juega un papel de cierta envergadura en algunas de las cuestiones citadas. Desde luego es objeto de la política de expansión territorial de Marruecos; constituye el principal soporte social del Frente Polisario; ostenta la administración legal del territorio que hoy ocupa Marruecos en el Sahara, luego su papel en la ONU no es irrelevante y ofrece la posibilidad de expiar errores internos, al chocar sus intereses constantemente con los propios del reino alauita y permitir la utilización de su nombre y política como identificación recurrente de enemistad. Mohamed VI necesita mantener esa legitimidad, y para ellos escogerá el camino más sencillo, bien la anexión definitiva del Sahara, bien la anexión de los territorios españoles en el norte de África. Sin duda el monarca prefiere la primera opción, pero se enfrenta al problema que representa el bloqueo de facto de la cuestión en Naciones Unidas que sus aliados no pueden o verdaderamente no desean romper. Aunque las declaraciones españolas sobre el Sahara han sido benévolas, hay un límite difícil de sobrepasar: el bajo margen de influencia exterior de España hoy y el apoyo indisimulado de la sociedad española hacia un Sahara independiente. El escenario de ignición de esta crisis ya es reconocible. La ocupación de territorio español en torno a Melilla y el fuerte impacto que en la opinión pública española pudiera tener ese hecho debieran permitir a Marruecos ablandar todavía más la actitud española. De no hacerlo, y es muy difícil hacerlo más, se haría estallar la tensión diplomática con todos sus efectos en un marco de debilidad política máxima de Rodríguez Zapatero. En el peor de los escenarios Mohamed VI podrá argüir que ha anexionado unos pocos metros de la ciudad autónoma española, por tanto una porción, si bien  pequeña, del territorio nacional. La tensión es previsible, aunque volverá de nuevo a encontrar desprevenido al gobierno de España, asombrado de su virulencia y de sus efectos en la política nacional. Pero su carácter previsible deriva de los parámetros que la preceden, es decir, de la existencia de un actor capaz y con voluntad suficiente de provocarla y otro incapaz o carente de voluntad para evitarla o, en su defecto, soportarla. Para no verse envuelta en situaciones semejantes solo existe una solución, ordenar la política hacía Marruecos de forma lógica, incluyendo en ella la independencia deseable y posible del Sahara y la reclamación de los espacios físicos en torno a Melilla ocupados ilegal e incorrectamente por las autoridades marroquíes.
 
Conclusión
 
La relación hispano-marroquí está condenada a empeorar en los próximos dos años por dos razones, la primera las expectativas del todo exageradas que la actitud de Rodríguez Zapatero generó en Marruecos tras su pasado triunfo electoral. La segunda por la existencia de problemas cuya naturaleza hace difícil su desaparición, es más, sobre cuya gestión es necesario desplegar una actividad constante sino se desea su empeoramiento. La debilidad del gobierno de España, política e ideológica, constituye además un acicate para la monarquía que encarna Mohamed VI, que ve en estas circunstancias una oportunidad de cumplir algunos de sus objetivos estratégicos, entre ellos alguna de sus anexiones territoriales. No solo se hace necesario un cambio definitivo en la política española dirigida a esa nación, además es imperativo encuadrarla en una política exterior que recupere los objetivos concretos y no establezca prioridades donde solo hay intereses secundarios o directrices generales. La ocupación efectiva, por último, de territorio español por Marruecos sin que hasta el momento se haya planteado contenciosos alguno por parte del Gobierno de España constituye un precedente lamentable que erosiona la credibilidad de la política española en ese país. Este es sencillamente un hecho inaceptable que debiera ser objeto de atención prioritaria. El presidente Rodríguez Zapatero tiene ante sí, en definitiva, su Perejil particular.

 
 
Ángel Pérez es Analista de Política Internacional.