El actual gobierno ha sumido a parte de la opinión pública en un dilema que no parece estar en condiciones de resolver.

 

Casi todo el espectro ideológico de comentaristas políticos, desde la izquierda democrática de Tenenbaum hasta la derecha liberal de Botana, pasando por el ubicuo Majul, se hace la misma pregunta, sin poder responderla: ¿cómo es posible que este gobierno, que tiene un discurso y unos modos tan marcadamente progresistas, tolere o promueva unos niveles de corrupción comparables -si no mayores- a otras épocas que se caracterizaron precisamente por su venalidad?

Muchos progresistas de buena fe se escandalizan ante esta relación, que juzgan insoportablemente promiscua.

Pareciera que progresismo y corrupción poseyeran una relación contraria o antitética. Se puede ser corrupto o progresista, pero nunca las dos cosas. El progresismo se asocia directamente con las posiciones de izquierda: el alto idealismo y la voluntad de transformación que profesan hacen de éstos una misma cosa.

En esta línea de identificación, el inefable Giovanni Sartori afirma que “la izquierda es el lado ético de la política”. La derecha, en consecuencia, vendría a ser su costado inmoral o corrupto.

Podría escribirse una larga tesis sobre este asunto (quizá ya esté escrita). En cualquier caso, es claro de dónde viene este aparente prestigio de la izquierda o progresismo. Lo explicó Raymond Aron, con claridad y precisión insuperables, en “El opio de los intelectuales”, un controvertido libro publicado en 1955:

“Los hombres de izquierda cometen el error de reclamar, a través de ciertos mecanismos, un prestigio que no pertenece sino a las ideas: propiedad colectiva o método de pleno empleo deben ser juzgados en razón de su eficacia, no en razón de la inspiración moral de sus partidarios. Ellos cometen el error de imaginar una continuidad ficticia, como si el partido del cambio tuviera siempre razón contra los conservadores: el patrimonio se tiene por asegurado y basta preocuparse sólo por nuevas conquistas”.

El prestigio del que presume la izquierda pertenece a las ideas, no a sus obras. Deberíamos preguntarnos qué sucede cuando esas elevadas y generosas ideas (y quienes las sostienen y promueven) descienden al barro y el polvo de la realidad.

Cuando las ideas se conciben no como perfeccionamiento lento, trabajoso y progresivo de la realidad, sino como negación de la misma, como su abolición o contradicción (planteamiento propio de la izquierda en general y de su variante revolucionaria en particular), se produce un curioso fenómeno de degradación moral.

El contacto directo con la realidad -siempre sucia, impura, pobre y revuelta, que sólo merece la aniquilación- supone la superación del freno inhibitorio principal del hombre de izquierda.

Después de mancharse los dedos con esa sustancia pegajosa y moribunda, tanto da, el mal está hecho: frecuentemente termina metiendo manos, brazos o zambulléndose de cabeza en la misma.

Si a ese fenómeno se lo apoya y enmascara con el argumento del empleo de medios proporcionados a los supremos objetivos propuestos, la justificación es perfecta. “Si estamos haciendo la revolución no podemos fijarnos en detalles o escrúpulos morales”.
 
Éste es el argumento con el cual los sectores progresistas explican las continuidades inalteradas (y en cuanto que inalteradas, siempre crecientes) de las prácticas corruptas en el país. Es también el punto de ruptura entre los que asumen efectivamente el poder y los puristas, que empiezan a acusar a los primeros de traicionar los ideales de la revolución.

¿Qué panorama, en términos de prácticas de transparencia y honestidad en el manejo de la cosa pública, nos ofrece la izquierda democrática en el poder?

¿Qué decir de la tangentopoli italiana, que estalló en tiempos del socialista Bettino Craxi, los escándalos que terminaron con el largo gobierno del socialista Felipe González y que amenazan al de su compañero de partido José Luis Rodríguez Zapatero, los expedientes nunca resueltos de la primera presidencia de Alan García en Perú, la corrupción estructural del PRI en México, el “imperio basura” del socialista François Mitterrand?

Se podría responder que ésa es la izquierda que cedió al sistema.

Entonces ¿será que los viejos y extintos regímenes comunistas pudieron resistir la tentación?

No parece ser el caso de la URSS, al que Patrick Menney denominó como kleptocracia. Un sistema de corrupción y venalidad estructurado a lo largo de toda la sociedad soviética, desde la más alta jerarquía del Partido y el Gobierno hasta los sectores marginales, y que servía como estrategia de compensación y equilibrio de las limitaciones y defectos del régimen.

¿Y las dictaduras depredadoras de Ceausescu y Kim Jong Il? ¿A cuántos regímenes del nacionalismo revolucionario del Tercer Mundo podríamos mostrar como ejemplos de transparencia y buenas prácticas políticas y administrativas?

No es en absoluto casual que algunas de las sospechas mejor fundadas de corrupción que afectan actualmente al gobierno argentino estén asociadas a un país sudamericano cuyo régimen se define como socialista, revolucionario y de izquierda.

La superioridad moral de la izquierda (y del progresismo) es más una impostura que una realidad. La transparencia y la integridad en las prácticas políticas o administrativas tienen poco que ver con el espectro ideológico, y dependen en mayor medida de las diversas culturas políticas de cada país.

Es más difícil encontrar casos de corrupción en Costa Rica, Noruega, Japón, Australia, Canadá o Estonia que en los países en los que la distinción entre izquierda y derecha es el discriminador político principal, sea cual sea el color del gobierno.

Corruptio optimi pessima, dice el adagio latino: la corrupción de los mejores es la peor de todas. ¿Qué queda entonces para aquellos que, independientemente de sus obras, presumen ser los mejores? Asunto bien complicado, cuando todo contacto con la realidad supone un comercio ilícito.