El sistema creado por Jomeini afronta nuevos desafíos

Hable con cualquier 'especialista en Irán' acerca de la oposición al presidente del régimen y es probable que escuche que es marginal, que existe sobretodo en el exilio y que comprende segmentos de las clases medias, especialmente estudiantes, en Teherán principalmente.

 

La conclusión, por tanto, es que el sistema encabezado hoy por el Presidente Mahmoud Ahmadinejad está firmemente establecido sin un desafío creíble que se avecine en el horizonte.

 

Sin embargo, esa imagen, bastante exacta durante gran parte de las dos últimas décadas, podría estar a punto de cambiar al afrontar nuevos desafíos el sistema creado por el difunto ayatolá Jomeini.

 

Estos desafíos nuevos proceden de diversas fuentes.

 

La primera, y probablemente la más importante, es la clase urbana trabajadora que acaba de empezar a poner a prueba su fuerza política. La semana pasada mostraba su fuerza con la mayor manifestación del 1 de Mayo nunca vista en Oriente Medio.

 

Gritando eslóganes anti-régimen y pidiendo específicamente la dimisión del nuevo Ministro de Trabajo Alí Jahromi, decenas de miles de manifestantes tuvieron cuidado en concentrarse en exigencias relacionadas con el trabajo. Pero, hablando con periodistas, reporteros extranjeros en especial, los participantes no hicieron un secreto del hecho de que estaban descontentos con el sistema jomeinista en bloque.

 

En un momento dado, Alí Rabi'ee, un consejero de trabajo del ex Presidente Mohammed Jatami, se dirigió a una multitud de trabajadores en términos políticos inconfundibles. Acusó a la nueva administración del Presidente Mahmoud Ahmadinejad de intentar destruir el movimiento de los trabajadores en Irán.

 

Lo que fue destacable del desfile del 1 de Mayo de este año fue que incluyó delegaciones de trabajadores de todas las treinta provincias de Irán.

 

Esta fue también la primera vez que no estuvo presente ninguno de los ministros del gabinete o de los miembros de la Asamblea Consultiva Islámica. Las sillas reservadas para ellos permanecieron vacías y fueron destrozadas eventualmente por grupos de manifestantes furiosos.

 

Las autoridades estaban aparentemente lo bastante enfurecidas como para arrestar a los líderes de cinco [movimientos de] trabajadores poco después del desfile, entre ellos Ibrahim Madadi, vicepresidente del Sindicato de Empleados del Transporte.

 

A pesar del hecho de que los sindicatos independientes son ilegales en la República islámica, las organizaciones de trabajo informales han florecido en muchas industrias y llevado a docenas a acciones de huelga, afectando a muchas vertientes de la vida cotidiana a lo largo del último año o así. Las más dramáticas huelgas de lejos en los últimos meses han tenido que ver principalmente con los profesores escolares y conductores de autobús y camioneros en Teherán.

 

Los agravios de los trabajadores se pueden resumir en tres exigencias.

 

La primera es el levantamiento del embargo sobre los sindicatos y el reconocimiento del derecho de los trabajadores a llevar a cabo acciones industriales. Bajo un protocolo firmado entre la Organización Internacional de Trabajo (ILO) y la República islámica durante la presidencia de Jatami, se suponía que esto iba a ocurrir en el 2004, pero no sucedió.

 

La segunda exigencia es la enmienda del Código de Trabajo, implementado bajo los mulás, con el fin de restaurar las cláusulas pro trabajador contenidas en la legislatura pre revolución. El presente Código de Trabajo permite que los patronos contraten y despidan a los trabajadores virtualmente según les apetece. Más del 85% de todos los empleados urbanos son contratados mediante contratos temporales, a menudo de menos de 40 días. Muchos patronos piden al futuro empleado que firme una carta de dimisión sin fechar antes de ocupar el trabajo.

 

Estas prácticas, limitadas inicialmente al sector privado, se han extendido en los últimos años también al sector público. Como resultado, se estima que 12 millones de trabajadores de una mano de obra de alrededor de 25 millones carecen virtualmente de protección social alguna, seguridad social, o plan de pensiones.

 

Los patronos, incluyendo los del masivo sector público, saben que un paro extendido, estimado oficialmente alrededor del 10,6%, significa que siempre pueden tener acceso a una fuente abundante de mano de obra vulnerable y barata. Esto se debe especialmente a que la tasa de paro de los trabajadores de edades entre los quince y los veinticinco años se estima en más del 40%.

 

La tercera exigencia hecha por los trabajadores iraníes es el desarrollo de un mecanismo de consulta y negociación entre los trabajadores, la industria y el gobierno.

 

'Ninguna sociedad puede progresar sin diálogo', afirma Hassán Dehqan, un líder sindical. 'No podemos permitir que autoridades y patronos decidan nuestros destino sin ni siquiera consultarnos'.

 

Aparte de estos tres 'imperativos', los trabajadores también quieren que se libere a aquellos de sus colegas enviados a prisión y que se readmita a los despedidos fulminantemente por tomar parte en acciones industriales. Nadie sabe cuántos empleados se encuentran encarcelados. Pero diversas fuentes describen la cifra en 'muchos cientos'. La cifra de trabajadores despedidos fulminantemente como forma de castigo se dice que alcanza los miles.

 

Los trabajadores también exigen que el gobierno intervenga para garantizar que se les paga a tiempo. Según Massoud Cheraghi, empleado de una papelera, a algunos empleados no se les ha pagado en veintiséis meses.

 

¿Puede suponer el creciente movimiento del trabajador una amenaza política para Ahmadinejad?

 

Algunos observadores creen que podría ser. Al contrario de los estudiantes, cuyas huelgas anti régimen carecen de impacto sobre la economía, el trabajador, si se organiza, podría hacer tambalear enormes porciones de la economía con acciones industriales bien encaminadas.

 

Con el fin de prepararse para tal eventualidad, Ahmadinejad ha desarrollado una política de palo y zanahoria.

 

La parte de la zanahoria consiste en un plan bajo el cual más de 5 millones de trabajadores recibirán acciones de centenares de empresas propiedad del estado. Llamado 'Igualdad de Justicia', se supone que las acciones producen unos ingresos extra para los trabajadores. El problema, sin embargo, es que la mayor parte de las compañías aludidas o están en la práctica bancarrota u operan con pérdidas.

 

La parte del palo del plan de Ahmadinejad consiste en un ejército privado fiable de antidisturbios reclutados y entrenados para tratar con empleados que se manifiestan.

 

El Ministro de Trabajo Jahromi, sin embargo, cree que el único sector de la economía que importa realmente es la industria petrolera. Su teoría es que mientras el petróleo continúe fluyendo, la República Islámica tendrá suficiente dinero para importar lo que sea necesario y para mantener movilizado su núcleo de apoyo mediante generosos subsidios y entregas de efectivo.

 

Este es el motivo por el que Jahromi ha trazado un plan para incrementar el número de empleados del petróleo hasta los miles, a reclutarse de entre 'aquellos comprometidos con nuestra revolución'. La idea es que, a lo largo del tiempo, la mayor parte de los empleados del petróleo será gente con vínculos especiales con el régimen.

 

Los críticos del plan, incluyendo a Rabi'ee, afirman que es la receta para fomentar la tensión perpetua entre trabajadores y antidisturbios disfrazados de empleados.

 

'Nuestros empleados tienen problemas reales', dice. 'La respuesta es solucionar sus problemas, no crear problemas nuevos generando centenares de campos de batalla donde algunos iraníes lucharán contra otros iraníes'.