El pulso de la independencia

Las formaciones nacionalistas catalanas acudían el pasado 1 de diciembre a las calles de Barcelona bajo el lema “Por el derecho a decidir”. Se podían leer muchas pancartas a favor de la independencia, la manifestación explicitaba este sentimiento hostil hacia España, y al final destacaba la gran ausencia de referencias solidarias por el asesinato terrorista de la misma jornada en Capbreton.

 

Esta gran concentración del independentismo catalán era encabezada por Jordi Pujol, quien días después  presentaba el primer volumen de sus memorias en un acto público. Pujol asistía a la protesta contra la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, por el caos registrado en las infraestructuras catalanas; pero realmente el acto organizado por los sectores pro independencia era un medio para reclamar el derecho a la autodeterminación y la ruptura con España.

 

En esta proclama el ex presidente de la Generalitat  iba acompañado por su hijo Oriol Pujol, íntimo colaborador de Artur Mas, y por representantes de CIU. Esta vez la coalición de Convergencia no ha tenido problema en encabezar la protesta junto a ERC, ICV,  seis miembros del Gobierno de José Montilla y la Plataforma por el Derecho a Decidir (PDD, organización que concentra de alguna manera a distintos grupos que se erigen representantes del independentismo más radical).

 

A la cabeza de la marcha figuraban también formaciones como el Moviment de Defensa de la Terra (MDT) o la Candidatura d´Unitat Popular (CUP) -que secundaron con anterioridad la quema de fotos del Rey-, así como asociaciones como Plataforma Pro-Selecciones Deportivas Catalanas o el Círculo de Estudios Soberanistas, liderado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial Alfonso López Tena, que defiende un Estado catalán propio. Así hasta un total de 200 entidades políticas, cívicas y sociales que han movilizado a sus simpatizantes y militantes para lograr el éxito de esta convocatoria. Un dato interesante era la presencia del presidente del Barça Joan Laporta; también el mundo del deporte se ha visto contagiado de este aire de queja y protagonismo de la independencia catalana.

 

Antes de hacer una lectura reposada de las posibles consecuencias de la marcha, debemos reparar en las coherencias o incoherencias de los sectores políticos allí presentes. En el caso de Jordi Pujol de sobra es sabido que no suele participar en actos de calle; no lo hizo durante su larga etapa en la presidencia de la Generalitat -salvo ocasiones debidamente justificadas- y tampoco lo ha hecho después. Esta vez ha considerado oportuna su presencia por varios motivos. Uno de ellos, el principal, porque con su adhesión otorgaba  legitimidad a la marcha. Esta legitimidad la podemos considerar de carácter histórico, simbólico o representativo. Jordi Pujol encarna perfectamente la reivindicación política del nacionalismo catalán. Su presencia a la cabeza de la marcha se contradice con las declaraciones emitidas en la víspera en una radio catalana: “intentaré ser lo más anónimo posible”. Su asistencia precediendo una gran bandera es más mediática que lo que se deduce de esta afirmación.

En realidad Pujol se sabe “padre” del catalanismo soberanista contemporáneo, y del movimiento social que lo respalda. Su presencia fortalece así este gran acto, organizado para conseguir tales efectos. En las mismas declaraciones Pujol afirmaba que“alguien tiene que decir que Cataluña debe defender su dignidad”. Esta declaración no es  una justificación sino un mensaje político.

 

A estas alturas todavía nos queda por saber en qué consiste exactamente lo de la dignidad de Cataluña. La dignidad pertenece a las personas, y cuando la atribuimos a un pueblo hay que cuidar cuándo y en qué situación se enuncia: tales afirmaciones pueden llevar a una interpretación sentimental que a merced de las experiencias que nos da la historia  en nada es positiva. 

 

Así el nacionalismo, en el afán de dimensionar su existencia, necesita de un discurso victimista. Podría elegir otras alternativas más elevadas pero no lo hace. Decir que “Cataluña ha sido muy maltratada  últimamente”, como ha hecho Pujol es siempre más rentable. En todo caso cierto es que Cataluña  ha sufrido las nefastas consecuencias de un Gobierno incompetente, motivo sobrado para el descontento del ciudadano de a pie. Pero este malestar es comprensible y otra cosa muy distinta es hacer de ello una palanca útil de las exigencias a favor de la independencia. 

 

Otro caso que llama la atención es el de Durán i Lleida; representante de lo que se conoce como nacionalismo moderado, ha compartido escenario con el nacionalismo más radical. Muy probablemente no le acaben de agradar las compañías, pero el político se debe a la militancia, y en este caso al contexto político. Debemos comprender que la presencia de miles de catalanes en la marcha es fruto de una siembra nacionalista de años, tarea asumida durante mucho tiempo por CIU. Este nacionalismo que se ha calificado como conservador ha experimentado toda una trayectoria en su base social, un recorrido que los grupos más radicales se han ocupado de favorecer y alentar. Por esta y no por otra razón es ERC quien hoy forma gobierno en la Generalitat y no CIU. Esta radicalización del catalanismo político afecta evidentemente a las posturas que adoptan sus dirigentes. Si éstos no se mueven ven reducida su base social y su bolsa de votos, cosa que por otra parte ya ha sucedido. Por eso los gestos son necesarios para mantener un respaldo en las urnas y en el partido.

 

Pero por el mismo motivo esta jornada muestra con nitidez cómo el nacionalismo en sus dos versiones (moderado o radical) es común en lo sustantivo: persigue los mismos fines, se suma a  las mismas banderas, y pasa por el aro porque pesa mucho lo que está en juego.

 

Una incoherencia voluntaria ha sido la presencia de ERC e ICV en este acto convocado contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Incoherencia por la asistencia de Carod Rovira, vicepresidente de la Generalitat, los consejeros  Puigcercós,  Huguet, Capdevila y Tresserras pese a la petición de José Montilla para que no se sumaran al acto. Esta discordancia es un nuevo episodio de ruptura de consenso en el tripartito catalán, pero una llave de negociación muy valiosa el día después de las elecciones generales.

 

Por el contrario,  es  actitud coherente si hacemos retrospectiva a los anteriores años de la legislatura y vemos cómo el catalanismo de una parte y Cataluña en su conjunto, han sido mimados desde Moncloa. El nacionalismo sabe que es ahora más que nunca cuando debe presionar y moverse en los límites para obtener mayor rentabilidad política. Y si fuera sólo política no sería tanto el esfuerzo dedicado, pero también resulta ser económica. La reivindicación de la Plataforma por el Derecho a Decidir pide explícitamente “el traspaso de la red de transportes e infraestructuras a la Generalitat”, “la publicación de las balanzas fiscales entre Cataluña y el Estado” y que la recaudación y gestión de todos los impuestos de los catalanes corran a cargo de Cataluña.

 

Reivindicación económica y política van de la mano en estos casos; reproducimos a continuación por su interés un par de declaraciones realizadas por dirigentes de la marcha:

 

'Gritaremos bien fuerte. Gritaremos bien fuerte que tenemos el derecho a decidir. Gritaremos bien fuerte que ya está bien de maltratar a Cataluña. Y gritaremos bien fuerte, porque lo hemos de recordar en primer lugar a nosotros mismos y le hemos de recordar a España, que Cataluña es una nación. [...] Mañana puede ser un gran día, se puede hacer historia. Un día para decir basta a Madrid y a la España que nos insulta y nos subestima'. (Felip Puig, Convergencia i Unió)

”Cataluña va en un vagón del siglo pasado, y así vamos. Un vagón que se llama España y que hemos de cambiar por uno nuevo, y de propiedad. El próximo sábado, por primera vez en la historia, el independentismo liderará una reivindicación social mayoritaria de la sociedad catalana”. (Pere Aragonés, ERC)

 

El problema que presentan tales reivindicaciones radica en que marcan una vía inexorable hacia una independencia cada vez mayor, y negociación tras negociación el nacionalismo soberanista se hace más alto, más fuerte y más atractivo para muchos. Y el problema no es sólo de políticos crecidos en este ego, sino de una parte de la sociedad que tras años y años de mensajes y educación a favor de la independencia acaba creyendo que ésa es la solución de todos sus males. Esto obviamente es caer en el engaño.

 

Esta nutrida manifestación no es un hecho aislado, y por ello merece la pena prestarle atención. El nacionalismo a través de actos de este tipo fortalece una masa social que únicamente se siente solidaria de su causa.

 

Una encuesta realizada por el periódico La Vanguardia el mismo día de la concentración hacía un sondeo de las motivaciones ciudadanas para asistir a la marcha. Éstos son sus resultados:

Diario La Vanguardia, 1 de Diciembre de 2007

 

 

Los resultados arrojados por la encuesta explican perfectamente la situación que se vive al respecto en este momento en Cataluña. En el caso de las personas que optan por participar la motivación es claramente la demanda de autodeterminación (según los términos sugeridos en la encuesta), y el grueso del resto de encuestados opta por la no asistencia. Cuando las fuerzas de una sociedad se repliegan tanto sobre sí mismas unos adoptan posturas extremas, y la mayoría se orienta a la indiferencia como los datos demuestran.

 

En un escenario distinto el mismo sábado 1 de diciembre se convocaba otra manifestación, esta vez en Bilbao. Era una respuesta a la decisión de la Audiencia Nacional de detener a 46 de los 52 procesados en el macrosumario 18/98 contra el entorno de ETA, concretamente contra Ekin, el entramado social, económico y político de la banda terrorista. Esta decisión se adoptaba ante la «inminencia» de la sentencia. El tribunal decidió dictar estas órdenes de detención antes de dar a conocer esta sentencia, ante el «elevado riesgo de fuga» de los condenados. A la mayoría de ellos se les condenará por delitos de integración en organización terrorista o colaboración en banda armada, aunque también se les acusa de delitos contra la Seguridad Social, contra la Hacienda Pública, de contabilidad y falsedad documental.

 

Bajo el lema “Por los derechos de Euskal Herria. Condiciones democráticas para todas las opciones políticas”, las organizaciones que apoyan el entramado de ETA reunían el domingo 2 de diciembre a miles de personas para pedir la puesta en libertad de los detenidos en el marco del sumario 18/98. Esta marcha congregó a los rostros más conocidos de los grupos que apoyan las tesis de la banda, como Pernando Barrena y Jone Girizelaia, procedentes de la ilegalizada Batasuna, además de Nekane Eruzkin, del PCTV; también asistieron representantes de ANV o del sindicato LAB.

 

En la marcha que comenzaba minutos después de las doce del mediodía en la Plaza Aita Donostia de la capital vizcaína -y que recorrió las principales calles de Bilbao- se oían gritos como 'Independentzia', 'Justiziarik gabe ez dako pakerik (sin justicia no hay paz)' o 'Borroka da bide bakarra (“la lucha es el único camino”). La manfiestación concluía junto al Ayuntamiento bilbaíno con un acto en el que Iñigo Elkoro y Joxe Ramón Aranburu recordaban a las personas encausadas en el sumario 18/98 y lanzaban su crítica a un PSOE que según ellos está 'llenando la cartilla' de detenciones “en busca del cheque para un nuevo mandato'.

 

El proceso es un acto de justicia. Los delitos por los que los cuarenta y siete imputados han sido encarcelados se relacionan con pertenencia a banda armada. Identificar los objetivos de una organización terrorista con los de todo un pueblo es una creencia que totaliza y asfixia a esa misma sociedad. Por esa razón argumentan que el proceso supone “un juicio contra toda Euskal Herria”. Erróneamente creen que la aplicación de la justicia es un acto de persecución política; el proceso ha generado sencilla y llanamente una sentencia más para poner coto a la actividad terrorista, o lo que es lo mismo, evitar más atentados.

 

Al final de la marcha representantes de Askatasuna concluían con el anuncio de que “nadie iba a parar los pies a este pueblo, con tremendas ansias de libertad”. Precisamente de libertad es de lo que carece la tierra del País Vasco. Presumir que una supuesta independencia política, perseguida por todos los medios -incluyendo el asesinato a bocajarro- es lo que da la libertad, es presumir mal. El mismo día que esta marcha discurría por las calles de Bilbao, dos familias se entregaban al dolor por sus hijos muertos tiroteados en Francia. La dignidad y la libertad reivindicadas son hojarasca que se lleva el viento ante la crueldad del último atentado de ETA. Quizá sepan o ignoren que pedir una libertad que es negada para los demás constituye  una paradoja. Y por otra parte, ¿qué tipo de libertad?. La de un autogobierno que pasaría por encima de otros miles ciudadanos no nacionalistas, no abertzales...

 

Los ideales o hacen más humano al hombre, o son sólo ideología que lo pervierte. Beber del independentismo y acudir a una marcha política sin manifestar la más mínima compasión por un atentado -cometido sólo horas antes- dice mucho: los miles de ciudadanos vascos y españoles que allí se congregaron han perdido parte de su humanidad en ese camino de lucha.

 

Estos hechos son sólo un síntoma añadido a un diagnóstico social en la ciudadanía vasca, que consagra la existencia casi irreversible de una fractura social. Lo que aquí constatamos es que el proyecto político de “hacer Euskal Herria” a cualquier precio, ha generado una profunda división social. Esta división se ha perpetuado como una herida abierta en el seno de la sociedad vasca. De un lado están los que quieren hacer nación y dotarla de atributos políticos suficientes para alcanzar la plena soberanía, y de otro los que hallan serias dificultades para seguir siendo vascos y españoles. Entre una postura y otra dista un abismo casi insalvable, porque hay vidas de por medio, hay sentencias de muerte. Cuando la premisa básica es “estás conmigo o contra mí”, es muy difícil asumir una convivencia normal, una cotidianidad. Y aunque no todos los que se llaman nacionalistas aprueben el asesinato, el tiro en la nuca, cuando éste sucede miran hacia otro lado. El nacionalismo en el País Vasco consiente la violencia: es una mezcla de doctrina sabiniana con objetivos a largo plazo que sea como fuere deben alcanzarse. En este camino sobran muchos, y estos muchos apenas tienen presencia social. La libertad que se pedía en esta marcha es la que se impone merced a un silencio colectivo paralelo. Esto no es libertad.

 

El nacionalismo en el País Vasco dada su obstinada determinación sigue generando víctimas a día de hoy ya sean víctimas mortales, morales o sociales. Apoyar públicamente a los que hacen apología del terrorismo, es consentirla o compartirla. Y en este punto no hay margen de acuerdo,  porque según esta lógica la amenaza de unos pocos legitimada a pie de calle recae sobre otros muchos que se guardan en casa.

 

Las imágenes de esta manifestación nos enseñan que en este momento la sociedad vasca está fracturada. Hay una mayoría no nacionalista, pero la voz que más suena es la que grita independencia. De qué manera se puedan reconciliar ambas realidades es una incógnita; que es una necesidad, es evidente. Una comunidad, una población no puede verse sometida durante décadas a una división tan estéril y dañina sin acabar por degradarse y dejar de ser eso, una comunidad.

 

El proceso de erosión en la sociedad vasca, y también en la catalana ha sido un gota a gota cuyos frutos se han dejado ver por las calles de las ciudades de Bilbao y Barcelona. La configuración de una conciencia social a través de la educación como instrumento ha derivado en una extensa reeducación nacionalista: con una visión diferente de la historia, una autoafirmación a partir de la lengua, una visión de confrontación entre España y las naciones en despertar político, un punto y aparte entre lo que “vosotros sois y nosotros somos”.

 

Estas enormes distancias, que algunos se empeñan en ahondar y remarcar, acaban generando una insatisfacción social que sólo precisa de un elemento vehicular para hacerse notoria y explícita. La fractura social derivada de las tesis de la independencia no es una posibilidad constante, es una realidad latente. Los mundos opuestos de la unidad o el divorcio nacional marcan en muchos lugares a las asociaciones, a los pueblos, a las calles y ciudades, a las personas. Y lo que no es normal, valorarse en función de la diferencia, acaba por ser habitual.

 

En el transcurso de nuestra democracia hemos contado con la presencia de partidos nacionalistas. La tendencia centrífuga que éstos han propiciado en el sistema político español -a cambio del préstamo de apoyos a los partidos en el  gobierno-, ha incorporado al día a día del debate político las demandas del nacionalismo. Esto ha conducido a los distintos ejecutivos a hacer prácticas de equilibrio institucional para compensar los vaivenes políticos propios de este ejercicio de presión.

 

Pero durante esta legislatura el nacionalismo, que se ha manifestado históricamente soberanista, ha experimentado una metamorfosis o cambio interno digno de estudio. Los sectores más radicales han intensificado su acción social y política y han atraído hacia sí a los partidos conocidos como moderados. Todo ello ha confluido en una unificación de las demandas, una reorientación de las propuestas, una radicalización de la iniciativa gubernamental, tanto en el ámbito autonómico como en el nacional. Los grupos de ideología más dogmática han absorbido y neutralizado el discurso moderado o convergente. El ejemplo más claro es la dimisión de Imaz y el relevo de Irkullu en el PNV o las proclamas de Artur Mas por encima de las posturas de Duran i Lleida. Todo ello se ha logrado a favor de un único objetivo que se ha manifestado en la calle, el de la independencia.

 

A este respecto quizá algo tengan que ver la revisión del modelo de Estado (de la que el presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hacía gala no hace mucho tiempo), o la intencionalidad de emprender una segunda transición hacia un sistema confederal. Este modelo, que propone un tipo de estado inestable generalmente como paso intermedio de la unión a la desunión o viceversa, ha representado históricamente para el nacionalismo un escenario deseable. En él todas las relaciones de un ciudadano con la administración se canalizan desde la administración autonómica. Este modelo permite una mayor independencia económica y abre la vía a la separación política.

 

Si además tenemos en cuenta la primacía absoluta del diálogo con ETA en los tres primeros años  del Gobierno -sin establecer unas mínimas cláusulas de garantía-, los cortejos nacionalistas del Partido Socialista del País Vasco o los del Partido Socialista de Cataluña, acabamos por componer un mapa más que favorable a la nueva configuración de los límites de la unidad política y territorial del Estado. El factor oportunidad es lo que ha leído el independentismo en los labios del Gobierno, y esto es algo que no va a dejar pasar.