El progresivo deterioro de la seguridad en el Magreb y en el Sahel

por Carlos Echeverría Jesús, 27 de febrero de 2012

Más de un año después del estallido de revueltas, que se consolidaron en unos casos y en otros no, en la mayoría de los países y territorios del Magreb (Sáhara Occidental, en noviembre de 2010; Túnez, en diciembre de 2010; Argelia, en enero de 2011; y Marruecos y Libia, en febrero del mismo año), la situación en términos globales puede definirse por las muchas incógnitas que han surgido y por el incremento de la inseguridad, con mayor o menor intensidad, en todos los escenarios. Aunque Argelia y Marruecos lograron controlar en buena medida las revueltas, estas han tenido sus efectos en la dinámica política y de seguridad de ambos países, y a todo ello hemos de añadir una referencia obligada a la franja del Sahel, un territorio que ya sufría de profundas lacras antes del estallido de las revueltas en el Magreb pero en el que últimamente se agudizan los problemas, algunos de ellos ligados a aquellas destacándose en particular la que desembocó en una guerra civil en Libia.
 
Los pioneros saharauis y tunecinos
 
La creación del foco de protestas representado por el campamento saharaui de Gdeim Izik, disuelto por las fuerzas de seguridad marroquíes el 8 de noviembre de 2010, provocó fuertes disturbios en los días siguientes en la localidad de El Aaiún, creó un antes y un después en términos de convivencia entre los distintos sectores de la población del territorio del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, y tuvo como efectos algo alejados en el tiempo los violentos enfrentamientos producidos en Smara en el otoño de 2011. Si bien se han celebrado rondas negociadoras entre representantes del Frente Polisario y de Marruecos con posterioridad a la susodicha disolución del campo de protesta, las posiciones de ambas partes se mantienen firmes en sus postulados tradicionales y, por ende, las tensiones entre los distintos sectores de la población están ahora más marcadas que nunca. Siete muertos y múltiples heridos en un choque entre hinchas de dos equipos de fútbol, el “Mouloudia” de Smara, y el “Chabab Al Mohamedia” de la localidad vecina de Casablanca, producido el pasado 25 de septiembre en la segunda ciudad saharaui en un contexto claro de politización de los enfrentamientos, con banderas del Frente Polisario en el campo incluidas, es ejemplo ilustrativo del susodicho deterioro de la convivencia a raíz de las revueltas de noviembre de 2010. En la actualidad hay 79 presos políticos saharauis en las prisiones marroquíes, muchos de ellos en la prisión de Salé, localidad vecina de Rabat.
 
En Túnez las revueltas lograron hacer huir al Presidente Zine El Abidine Ben Alí (el 14 de enero de 2011) en menos de un mes desde el inicio de las mismas (el 17 de diciembre de 2010), y a partir de ese momento se puso en marcha un difícil camino para romper con el viejo régimen e instaurar uno nuevo. La legalización de los islamistas de EnNahda se produjo con rapidez, permitiendo a este movimiento que llevaba proscrito más de dos décadas en suelo tunecino – pero cuyas redes dentro y fuera del país nunca habían dejado de funcionar – actuar con libertad y capitalizar con habilidad los esfuerzos de cambio lanzados desde diciembre. Las elecciones para formar la Asamblea Constituyente que tiene ahora en sus manos el diseño político-constitucional del país se celebraron el 23 de noviembre y fueron ganadas por EnNahda. Hoy, aunque gobiernen en coalición con dos partidos más testimoniales que otra cosa (los republicanos de Moncef Marzuki y los socialdemócratas de Mustafá Ben Jaafar) los islamistas han sido eficaces en términos de transformar de partida las reglas del juego, quitando poderes a la figura presidencial (Marzuki) y reforzando y mucho la del Primer Ministro (el islamista Jebali). La presencia de elementos clave en el nuevo poder tunecino, como el Ministro de Asuntos Exteriores Rafik Ben Abdessalam que fue nada menos que el Director del Centro de Estudios de la cadena de televisión por cable “Al Jazira”, está contribuyendo a reposicionar al país en un tablero en el que los movimientos islamistas emergen por doquier y en el que la influencia de Arabia Saudí o de Qatar crece en detrimento, aunque aún no sea muy visible tal proceso, de los países occidentales tradicionales socios de Estados norteafricanos como Túnez o Egipto. La calurosa recepción que se acaba de dar en Túnez, en enero, al islamista palestino Ismail Haniyah, al frente del poder en la franja de Gaza desde el golpe de Hamas de 2007 y que realizaba una emblemática gira (Egipto, Sudán, Túnez y Turquía) que permitía vislumbrar los cambios rápidos que se están dando en la región, es más que significativa, sobre todo en un país que en la época de Ben Alí albergó el Cuartel General de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y que tradicionalmente mantuvo lazos estrechos con el sector dominante de Al Fatah dentro de la familia palestina, antes y después de Yasser Arafat, pero no con Hamas.
 
En términos de activismo terrorista recordemos que Túnez fue escenario de uno de los atentados globales más relevantes de los años estelares de Al Qaida como ejecutor terrorista: el ataque suicida contra la sinagoga cargada de tradición de La Ghriba, en la isla de Jerba, en abril de 2002. En dicho atentado fueron asesinadas una veintena de personas, la mayoría turistas alemanes, y, aunque presentado sobre todo por el régimen como un acto aislado para poder seguir apareciendo ante el mundo como un factor de estabilidad en una región inestable, lo cierto es que suponía una nueva constatación, esta mucho más dramática, de la existencia del virus del islamismo radical en el país. Islamistas radicales tunecinos fueron los dos terroristas suicidas que asesinaron al jefe de la Alianza del Norte afgana, el comandante Ahmed Shah Massud, el 9 de septiembre de 2001 en Tayikistán; tunecino fue uno de los terroristas que se suicidaron en el piso de Leganés en marzo de 2011 cuando iban a ser detenidos por el Cuerpo Nacional de Policía en el marco de la investigación de los atentados del 11-M; y tunecinos eran la veintena larga de terroristas entrenados en Argelia e infiltrados en su país natal en diciembre de 2006 para cometer atentados contra intereses nacionales y extranjeros. Ahora, entre el 1 y el 2 de febrero de este año, y de nuevo reproduciendo un escenario parecido al de diciembre de 2006, yihadistas tunecinos han sido quienes en Bir Alí Ben Khalifa, en la región de Sfax y a 300 kilómetros de la capital, se han enfrentado con las fuerzas de seguridad. Dos muertos y un herido, doce detenidos y treinta y cuatro fusiles de asalto AK-47 ‘Kalashnikov’ y pistolas intervenidas son el resultado de esta nueva incursión terrorista en suelo tunecino, y ello aparte de la constatación de que, según el Ministro del Interior Alí Larayedh, habían sido entrenados en Argelia y en Libia.
 
La guerra civil en Libia y sus consecuencias inmediatas
 
El estallido de las revueltas el 15 de febrero de 2011 en la tradicionalmente levantisca contra el régimen de Muammar El Gadaffi ciudad de Bengasi y en su región, la victoria de los rebeldes apoyados desde el exterior en octubre, el linchamiento del propio Gadaffi en ese mes y el arranque desde ese momento de lo que se supone será el proceso de transición hacia la democracia ha llevado a un momento como es el actual en el que lo que predomina es el caos por doquier, en lo que algunos calificamos de guerra civil cerrada en falso.
 
Entre 100 y 200 milicias y falanges varias siguen moviéndose por la parte útil del país a los cuatro meses del final oficial de la guerra, algunas de ellas lideradas por antiguos cuadros del Grupo Islámico Combatiente Libio (GICL) que también alimenta hoy algunos puestos del nuevo poder: el nombre más citado es por supuesto el de Abdel Hakim Belhadj, actual jefe del Comité Militar de Trípoli y ex dirigente del GICL, pero es un ejemplo más de los muchos que podríamos aportar. Los choques entre las milicias de Misrata, ciudad mártir por haber sido asediada durante meses por las tropas gubernamentales, hecho que según sus miembros daría legitimidad a la misma para ganar peso en los círculos del poder de la nueva Libia, y de la ciudad bereber de Zintan que también se levantó contra Gadaffi son recurrentes en el oeste del país. En el este hay en principio mayor coordinación pero esta es liderada por unos islamistas omnipresentes en la Cirenaica que siguen recibiendo dinero y armas de petromonarquías del Golfo con Qatar a la cabeza. Enfrentamientos armados en Trípoli o en Beni Walid, entre diciembre y enero, han puesto de manifiesto lo volátil que es la situación, y el ataque el 21 de enero contra un edificio gubernamental en Bengasi en el que se encontraba el Presidente Mustafá Abdel Jalil, son tan sólo algunos ejemplos que ilustran la inestabilidad. Abdel Jalil había evocado incluso, el 3 de enero en Bengasi y como reacción a fuertes enfrentamientos que acababan de producirse en Trípoli y que se habían saldado con cuatro muertos, la posibilidad de que Libia volviera a sumergirse en la guerra civil
 
De aquí a junio, cuando está previsto celebrar elecciones que permitan poner al país en marcha en términos de legitimidad, el gran desafío será reforzar la seguridad y ya están intentado los Ministerios de Defensa y de Interior, en manos de milicias de Misrata y de Zintan, absorber a por lo menos 25.000 milicianos cada uno, algo particularmente difícil. Al predominio de algunas ciudades se añade el de algunas tribus frente a otras (a título de ejemplo, los Megarfa y los Gadaffa son marginados ahora), pues sabido es que Gadaffi fue capaz de controlar las derivas tribales con una combinación de represión y de concesiones y que su desaparición, unida al efecto dramático de la guerra civil, ha liberado fuerzas que hasta ahora estaban contenidas. Las represalias perduran, contra los negros extranjeros que aún no han vuelto a sus países por considerarles mercenarios gadafistas, contra los negros libios de la vaciada ciudad de Tauerga porque desde ella se lanzaban misiles ‘Grad’ contra Misrata, o contra los habitantes de Sirte o de Beni Walid por haber sido los últimos bastiones del régimen depuesto.
 
La cuestión de la falta de control sobre el armamento libio sigue siendo central, autoridades magrebíes por el oeste e incluso israelíes por el este han certificado en los últimos meses que las amenazas que han debido y deben de afrontar se han incrementado exponencialmente ante la dispersión de armas y el descontrol en general propiciado por el conflicto libio. En noviembre Mokhtar Belmokhtar, jefe de una de las ‘katibas’ más activas de Al Qaida en las Tierras del Magreb Islámico (AQMI), presumía de haber reforzado sus arsenales con sistemas de armas procedentes de Libia. Preocupan particularmente los misiles tierra-aire tipo SAM cuyos ‘stocks’ en Libia alcanzaban según algunas fuentes las 20.000 unidades. Tratándose en su casi totalidad de diversas generaciones del modelo ruso ‘Strela’ es comprensible que la Federación Rusa haya propiciado la aprobación de la Resolución 2017 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada en octubre, en la que se citan dichos sistemas de armas y la necesidad de intervenirlos dada su enorme peligrosidad. Estos pueden derribar aeronaves y las versiones más modernas pueden incluso burlar muchas de las contramedidas de que hoy disponen los aviones militares y también algunos civiles. A la Resolución 2017 le seguía en diciembre la 2022, que define el papel de la Misión de Apoyo de la ONU en Libia (UNSMIL).
 
Argelia y Marruecos, a salvo pero con sombras
 
2011 comenzó con revueltas en algunas localidades argelinas, que se producían en paralelo al avance rápido de las que en Túnez iban a obligar al Presidente Ben Alí a huir del país. Las protestas estallaron en Argelia por un motivo muy concreto, la subida de los precios de algunos productos básicos, y aunque algunos quisieron ver de inmediato un “efecto dominó”, lo cierto es que dichas revueltas argelinas se difuminaron pronto. Las causas de ello son muchas, y destacaremos a continuación las que pueden parecernos más visibles: la oposición argelina estaba y sigue estando muy dividida; el régimen corrigió de inmediato la subida de precios, devolviéndolos a su situación anterior y haciendo concesiones a sectores importantes, en particular al de los abundantes funcionarios; el uso de las fuerzas de seguridad se hizo necesario en algunos escenarios, pero sin obligar la situación a utilizar una especial dureza; y algunos añaden a todo ello que el país está galvanizado por las dos décadas de violencia terrorista islamista que obligó al Estado y a la sociedad a combatirla.
 
Aunque a partir del 12 de febrero diversos sectores opositores pretendieron arrancar un proceso permanente de protestas que pudiera llevar a lo que acababa de ocurrir en Túnez, o a lo que desde el 25 de enero estaba produciéndose en el no tan lejano Egipto, lo cierto es que el esfuerzo no cuajó. No obstante, pasados varios meses y a la luz de lo que iba ocurriendo en otras latitudes del mundo árabe, el régimen decidió hacer algunas concesiones de cara a asegurarse de que la chispa necesaria para la ignición de procesos de revueltas no pudiera prender en suelo argelino. Unas elecciones generales en principio previstas para 2013 han sido adelantadas al 10 de mayo de 2012, se han acometido reformas de diverso tipo – entre ellas el levantamiento de un estado de emergencia vigente desde 1992 -, y se está produciendo un reposicionamiento de algunos actores del mapa político, particularmente de los islamistas del Movimiento Social por la Paz (MSP) que dirige Buguerra Soltani, sucesor del jeque Mahfud Nahnah. Este último es el punto crucial al que queríamos llegar, y aunque lo hemos tratado de forma monográfica en otro análisis reciente, constituye uno de los efectos más visibles de las tendencias que pretendemos desentrañar en clave regional. Si el MSP abandonaba en diciembre el Gobierno de coalición que ha compartido, durante años y sin fisuras apreciables, con el Frente de Liberación Nacional (FLN) y con la Agrupación Nacional Democrática (RND, en sus siglas en francés) es para marchar en solitario alejándose de estos partidos “laicos” y tratar de ocupar un lugar central que permita repetir en Argelia las inercias que hasta ahora se vienen dando en los demás países norteafricanos. Aunque diversas fuentes pronostican una victoria del FLN le seguiría de cerca previsiblemente el MSP, poniéndose en cualquier caso los islamistas en una posición de privilegio que les permitiría incrementar su influencia en la política.
 
En el vecino Marruecos los inicios de revueltas se sitúan en otra fecha concreta, el 20 de febrero de 2011, día en que contagiados/inspirados en buena medida por lo ya ocurrido en Túnez o en Egipto, y por estallidos producidos en Argelia, en Yemen o en Libia, entre otros escenarios árabes, diversos actores de la oposición mostraban su deseo de iniciar un proceso de reivindicaciones que permitiera arrancar al poder concesiones varias. Estas vinieron anunciadas en el discurso televisado de Mohamed VI de 9 de marzo, que llevó a la elaboración por una Comisión de una nueva Constitución aprobada el referéndum el 1 de julio y, consecuencia inmediata de las modificaciones introducidas por esta, a la celebración de elecciones generales el 25 de noviembre que dieron la victoria a los islamistas del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD). De los 30 Ministerios del nuevo Ejecutivo surgido de esas elecciones, 13 están en manos de islamistas del PJD, y entre ellos algunos tan importantes como Justicia, como veremos a continuación, o incluso Asuntos Exteriores.
 
La victoria islamista en Marruecos y la presencia central del PJD como partido más votado en el nuevo Gobierno, con el Primer Ministro Abdelillah Benkirán a la cabeza, forma parte de esa corriente de predominio islamista que parece asentarse por doquier como efecto inmediato de las revueltas, y este es el aspecto central que deseamos destacar dentro del proceso global tratado en lo que al caso concreto de Marruecos respecta. Aunque el país no está libre del todo de la amenaza terrorista, y ahí están el atentado producido en el “Café Argana”, en Marrakech, que provocó 16 muertos (14 de ellos turistas extranjeros, la mayoría franceses) el 28 de abril pasado, o los graves disturbios provocados por parte de los 300 presos yihadistas encerrados en la prisión de Salé el 16 de mayo, para atestiguarlo, lo cierto es que a diferencia de Argelia sus islamistas – y en particular los más radicalizados – juegan con la ventaja de que, como colectivo, no son percibidos como una banda de terroristas, realidad esta que sí afectaba al Frente Islámico de Salvación (FIS) en Argelia a principios de la década de los noventa.
 
Los más posibilistas siguen viendo que en nuestro vecino del sur el papel del Rey sigue siendo central y que ello impedirá posibles derivas de los islamistas en el caso en el que estos pudieran albergar planes hasta ahora no hechos públicos en términos de creciente dominio del poder. En realidad hay ya algunos indicadores de que su ideología, omnicomprensiva como es y enormemente ambiciosa por creer sus seguidores que está imbuida de sacralidad, trata de imponerse y de que, como han venido haciendo los islamistas allá donde se les dejan resquicios para que actúen, aprovechan las oportunidades para imponer objetivos que no son necesariamente constructivos. El ejemplo probablemente más ilustrativo de tal tendencia es la labor desarrollada por el islamista Ministro de Justicia y Libertades, Mustafá Ramid, uno de los cuadros considerados tradicionalmente como más radicales del PJD que se hacía sorpresivamente con cartera ministerial tan relevante y que, fiel a su ideario y a su activa labor de los últimos lustros, persigue con ahínco su campaña de liberación de presos islamistas encarcelados en el marco de la persecución por el Estado de la radicalización y de los terroristas tras los ataques suicidas de 16 de mayo de 2003 en Casablanca y otros, realizados o frustrados, posteriores. Si ya sabemos, y lo hemos denunciado, que en fechas concretas del año el Rey concede medidas de gracia y que estas se habían extendido peligrosamente a reos islamistas en los últimos años, ahora la presencia de Ramid no hace sino sistematizar el esfuerzo que puede acabar convirtiéndose en algo parecido a la aplicación generosísima por el Estado argelino de la Carta para la Reconciliación Nacional de 2005: en Argelia fueron liberados en poco tiempo más de 2.500 presos islamistas y ahora en Marruecos Ramid y el PJD desean vaciar las cárceles de la mayoría del millar de reos islamistas que según aquellos estarían encerrados injustamente. Por de pronto predicadores radicales como Mohamed Fizzazi o terroristas condenados como los de la célebre ‘Célula Belliraj’ ya habían sido liberados por gracia real en abril de 2011, pero ahora el Ministro Ramid pretende acelerar el proceso en un esfuerzo en el que, por de pronto, ha logrado ya la libertad para predicadores radicales que se hicieron famosos a principios de la década pasado como Omar Haduchi o Hassan Kettani. Recordemos que dos días entes del atentado contra el “Café Argana” AQMI había exigido en un vídeo a las autoridades marroquíes que siguieran liberando presos siguiendo la línea de las excarcelaciones de abril; AQMI rechazó la autoría de este atentado pero se felicitó por él y animó a sus seguidores a seguir el ejemplo de dicha acción que permitió matar a tantos infieles.
 
El Sahel como epicentro del agravamiento de la situación
 
Que la franja del Sahel es un erial en términos de seguridad es algo harto sabido, y a ello le venimos dedicando análisis en los últimos años, alguno de ellos muy reciente. Zona de tráficos ilícitos y de unas condiciones medioambientales negativas la situación se agravó en ella cuando se transformó en una de las áreas de redespliegue de Al Qaida en la primera mitad de la década pasada. Este último estatuto lo adquiría de la mano de la expansión del terrorismo argelino del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) a esas latitudes, siendo ya entonces el GSPC uno de los grupos terroristas más próximos a la organización de Osama Bin Laden pues, de hecho, había nacido impulsada por este en el año 1998.
 
AQMI trata de mantener un listón muy ambicioso que se fijó en términos de activismo cuando sucedió como marca a la del GSPC a principios de 2007, y aunque ello es difícil pues 2007 y 2008 fueron años especialmente cargados de atentados de calidad, persevera en el empeño y podemos decir que en 2011, año de revueltas entre sus vecinos, la red transnacional que sigue siendo en buena medida de impronta argelina, ha procurado actuar dentro y fuera del país que la vio nacer.
 
En septiembre de 2010 Argelia propició la creación del Mando Militar de Coordinación que reúne a los Jefes de Estado Mayor o a sus representantes de las Fuerzas Armadas de Argelia, Malí, Mauritania y Níger, órgano que está especialmente ocupado en hacer frente a AQMI – 2012 ha comenzado con trece rehenes extranjeros en sus manos, cuatro de ellos franceses capturados en el lejano mes de septiembre de 2010 en Níger y por los que exige 90 millones de euros, la salida de las tropas francesas de Afganistán y la liberación de varios presos – pero que a partir del estallido de las revueltas en Túnez, Egipto y Libia está también dedicado a prevenir los efectos perniciosos de ese nuevo escenario en su área de competencia. La combinación de secuestros, atentados, emboscadas, aprovechamiento de las redes de tráficos ilícitos (particularmente de drogas) y establecimiento de vínculos con determinados grupos de entre los Tuareg, además de su proyección hacia el sur dinamizando terrorismos también yihadistas como el de Boko Haram en Nigeria, constituye el abanico de actividades de AQMI, y las revueltas árabes, lejos de eclipsarle, han contribuido a agudizar los problemas y a extender la inestabilidad, el entorno ideal para la actuación de dicho grupo.