El principio de no reelección se desmorona en Iberoamérica

“La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos”, Simón Bolívar

 

“La triste realidad es que para los gobernantes, la Constitución es papel higiénico”, obispo Juan Abelardo Mata

 

Una de las escasas aportaciones de Iberoamérica al constitucionalismo ha sido el principio de no reelección que afecta no sólo a los presidentes, sino en muchas ocasiones a los legisladores, los gobernadores provinciales y los alcaldes. Después de la inestabilidad de las primeras décadas de la independencia, en que se produjeron atroces guerras civiles, desde México a Argentina, varios de estos países alcanzaron la tranquilidad política mediante presidentes vitalicios. El más conocido es el mexicano Porfirio Díaz, que gobernó de manera ininterrumpida entre 1884 y 1911 (en la década de los 70 del siglo XIX lo había hecho por casi cuatro años) mediante el fraude, y cuyo régimen causó el nacimiento de un partido anti-reelección. Paradójicamente, Díaz se había sublevado en 1876 contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada por su proyecto de ser reelecto, y ondeó como proyecto el Plan de Tuxtepec, que incluía como “norma suprema” de la república la no reelección del presidente y de los gobernadores. Otros ejemplos de monarcas republicanos son el general Juan Vicente Gómez, que gobernó Venezuela entre 1908 y 1935 (aunque durante unos años cedía la jefatura del Estado a un títere), el general Alfredo Stroessner, presidente de Paraguay entre 1954 y 1989, y el comandante Fidel Castro, dictador de Cuba entre 1960 y 2008, que se hacían elegir en elecciones amañadas o designar por parlamentos corruptos.

 

La Constitución mexicana de 1917 introdujo el principio de no reelección del presidente. A partir de entonces, otras repúblicas hispanoamericanas copiaron el límite de una elección o bien permitían una reelección no inmediata. Después de la caída en los años 80 de las juntas militares que gobernaron gran parte de Centroamérica y de Sudamérica, las nuevas democracias aprobaron constituciones que contenían límites temporales a los presidentes. Sólo quedaron al margen las dictaduras citadas de Stroessner y Castro, así como la semidemocracia de la República Dominicana, en la que reinaba el civil Joaquín Balaguer (presidente en diversos períodos: 1961-1962, 1966-1978 y 1986-1996). Sin embargo, a mediados de los 90 empezaron los proyectos para derogar la prohibición de la reelección por parte de presidentes en ejercicio que querían aprovechar la bonanza económica para ganar un nuevo mandato. Así lo hicieron Carlos Saúl Ménem en Argentina, Alberto Fujimori en Perú y Fernando Enrique Cardoso en Brasil. Fujimori, que intentó un tercer mandato sucesivo en 2000, fue derrocado por un movimiento popular y por la presión internacional. Desde entonces, más presidentes han introducido en sus constituciones la reelección, reducida a dos mandatos, o ilimitada: Hugo Chávez en Venezuela, Álvaro Uribe en Colombia, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador…

Los últimos en intentarlo han sido Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega, en Nicaragua. En este movimiento sólo ha habido dos retrocesos: el presidente paraguayo Fernando Lugo ha tenido que negar varias veces que busque la reelección y en la República Dominica la reforma de la Constitución en tramitación prohíbe la reelección consecutiva.

 

 

Daniel Ortega ha conseguido que los magistrados sandinistas del Tribunal Supremo deroguen el artículo de la Constitución nicaragüense (el 147) que limitaba la posibilidad de reelección (no podía ser consecutiva y quien hubiese desempeñado dos mandatos quedaba excluido). Inmediatamente, han surgido protestas en Nicaragua, desde la Iglesia católica a la oposición. Cuando Zelaya trató de proseguir con sus planes para celebrar una consulta prohibida por el Parlamento y el Poder Judicial hondureños y éstos ordenaron al Ejército que lo capturase y expulsase del país, la comunidad internacional se mostró escandalizada; unos, como los gobernantes de Venezuela y sus satélites, porque perdían un aliado; otros, como los dirigentes izquierdistas de Estados Unidos y España, porque la visión de unos militares deteniendo a un civil les recordó a Pinochet, el monstruo de sus pesadillas.

 

Las reelecciones planteadas y conseguidas por los miembros del ALBA (Alianza Bolivariana de las Américas) son una estrategia para asentarse en el poder. Una vez que han accedido a éste por la incompetencia de los partidos tradicionales, una crisis económica y unas promesas populistas, violan las constituciones respectivas mediante referendos, asambleas constituyentes o sentencias, para suprimir las trabas a la reelección y obtener ésta con todas las fuerzas del Estado, del petróleo, de los subsidios y hasta de milicias armadas a su servicio. A la oposición se la priva de medios de comunicación, se la expulsa de las calles y, si hace falta, se la diezma.

 

El mayor ejemplo de cinismo lo ha dado Hugo Chávez. En 1998 fue elegido presidente; en 1999 juró como tal para cinco años sin posibilidad de reelección hasta transcurridos dos mandatos (10 años) y convocó una asamblea constituyente; en 2000 se aprobó una nueva Constitución que le permitía gobernar hasta 2006 y presentarse sólo a un nuevo mandato más de otros seis años; en 2006 fue reelegido; en 2007 se celebró un referéndum para cambiar la Constitución y autorizar la reelección ilimitada que perdió el chavismo; en 2008 se activó una segunda vía para eliminar el tope de los dos mandatos; en febrero de 2009 se repitió el referéndum que esta vez ganó Chávez y el Parlamento venezolano aprobó las enmiendas sobre la reelección ilimitada.

 

Por las buenas o por las malas. A la primera o a la segunda. Todo vale con tal de que el caudillo mantenga su trono. Chávez ya se ve como presidente hasta 2019 o incluso más allá.

 

Morales y Correa han seguido sus pasos: convocatoria de asamblea constituyente, nueva constitución, referéndum y reelección ilimitada. Zelaya lo intentó y fracasó, salvo que la estupidez y la cobardía de la comunidad internacional le hagan ganar la batalla. Ortega ha sido más cauto y su suerte depende de la reacción de los nicaragüenses.

 

 

Entre estos adictos al socialismo del siglo XXI hay una excepción: Álvaro Uribe. La Constitución colombiana de 1991 otorgaba a los presidentes un único mandato de cuatro años; antes se permitía siempre que mediase un mandato. La medida, impulsada por el liberal César Gaviria, pretendía poner un obstáculo a la corrupción política y obligar a los partidos a renovarse, para evitar que los cárteles de la droga comprasen a un presidente.

En 2002 ganó las elecciones presidenciales Álvaro Uribe, un antiguo miembro del Partido Liberal que se presentó al margen de éste y del Partido Conservador, al frente de una nueva formación: el Partido Social de la Unidad Nacional. Antes de que acabase su primer mandato, el Parlamento colombiano aprobó una reforma para autorizar un segundo período consecutivo. En 2006 Uribe venció en las elecciones presidenciales en la primera vuelta y con más votos que cuatro años antes. Es el presidente colombiano que ha tenido más respaldo popular.

 

En estos ocho años, Uribe ha conseguido debilitar a las narcoguerrillas de las FARC, reducir la delincuencia común, aumentar el desarrollo del país y reforzar la alianza con Estados Unidos. Su popularidad es tal que en 2009 se él y su partido han dado los pasos para reformar de nuevo la Constitución y suprimir la limitación de los dos mandatos.

 

Pese a las promesas de Uribe de que no se presentaría para un tercer mandato, en primavera su partido comenzó la tramitación de la reforma constitucional en el Congreso. En septiembre, los uribistas obtuvieron en la cámara un voto más de los necesarios para aprobar el proyecto, que debe someterse a referéndum, y remitirlo a la Corte Constitucional. Ésta todavía está deliberando sobre él. La última prueba que deberá superar la reforma es un referéndum nacional que se celebrará en 2010. Y Uribe todavía no ha dicho si recurrirá a una segunda reelección, aunque si no es así, ¿para qué se ha iniciado este proceso?

 

La popularidad de Uribe es altísima para un gobernante que lleva casi siete años en el poder. Más del 60% de los colombianos desean que siga de presidente, ¿pero es conveniente?

 

 

Muchos políticos de ejecutoria excelente que se empeñaron en mantenerse ad eternum acabaron expulsados de la política de manera humillante: Margaret Thatcher, depuesta por su partido después de ganar un tercer mandato, y Helmut Kohl, que después de conseguir la reunificación de Alemania y de gobernar durante 16 años (más que Konrad Adenauer), fue derrotado por un desconocido Gerhard Schröder que le echaba en cara su reinado. En España tenemos el ejemplo de Manuel Fraga, que se niega a jubilarse. En 2005, pese a tener 83 años de edad y haber vencido en cuatro elecciones por mayoría absoluta en el Parlamento regional gallego, se negó a retirarse y se presentó para un quinto mandato; perdió por un puñado de votos y desde entonces, deambula incómodo para todos por el Senado, las reuniones de la dirección de su partido y las tertulias.

 

Ideas viejas, rutina, ganas de cambio, hartazgo… son factores que pesan al final de los períodos largos de gobierno. En las sociedades de la imagen y del instante, la permanencia se asocia a la inmovilidad. Cuando Ronald Reagan concluyó su segundo mandato en 1988 era el presidente más querido de Estados Unidos. Si su Constitución le hubiese permitido presentarse a un tercer mandato y lo hubiese hecho, es seguro que lo habría obtenido, ¿pero a qué se habría tenido que enfrentar? A la guerra contra Irak para liberar Kuwait y a una durísima crisis económica. Su sucesor, George Bush, ha sido de los poquísimos presidentes que no ganó un segundo mandato.

 

Otro motivo, aparte de la vanidad, que podemos buscar para explicar la conducta de Uribe es el deseo de asegurarse inmunidad judicial. La izquierda que controla los tribunales de su país, así como los jueces de Ecuador y Venezuela, y quizás hasta de España, pueden pedir su procesamiento por supuestos crímenes. En Colombia están encausados numerosos parlamentarios por supuestos delitos de connivencia con narcotraficantes y en Ecuador se quiere procesar al ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y al ex comandante en jefe del Ejército, general Mario Montoya. Uribe ha firmado un convenio militar con Estados Unidos que autoriza a militares y civiles de este país a trasladarse a varias bases de las Fuerzas Armadas colombianas, lo que ha sido calificado de “traición” por Chávez y sus lacayos, entre los que cabe incluir las FARC. Un Uribe sin protección legal y policial podría ser un objetivo para asesinar o sentar en un banquillo.

 

Sean las que sean las razones de Uribe, en su partido y su Gobierno debe de haber gente capaz de proseguir su tarea. Y si no la hay, todo proyecto personalista se hunde, tarde o temprano, con quien lo creó.

 

Aunque no tengo nada de aprecio por la figura de Simón Bolívar, cito unas acertadas palabras suyas sobre los gobernantes que se eternizan en el poder, pronunciadas en el Congreso de Angostura (1819): “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuentemente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía”. ¡Pobre Bolívar, que reconoció al final de su vida que había arado en el mar! ¡Ni quienes se proclaman sus sucesores le hacen caso!