El porqué de la revisión estratégica

(Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales)

 

 

Si la Alianza Atlántica tuvo la inteligencia de adoptar un nuevo Concepto Estratégico al poco tiempo de la caída del Muro de Berlín, éste sirvió más como testimonio de la desaparición de una amenaza que como análisis de la nueva situación internacional. La necesidad de renovarlo pocos años después y los fuertes debates habidos entre los miembros de la Alianza son claro ejemplo de las dificultades para asimilar el nuevo entorno y asumir sus implicaciones.

 

Muchas son las publicaciones aparecidas los últimos años sobre este tema a cargo de analistas. A ellas hay que sumar Informes y Documentos oficiales de gran importancia, de origen norteamericano, británico y, más recientemente, belga. También hay que dejar constancia de los intentos fallidos, como el protagonizado por Holanda. En la actualidad estamos a la espera de la aparición de la revisión estratégica norteamericana, de la que el Presidente George W. Bush ha realizado un adelanto en su reciente discurso en la Academia Naval de Annapolis[1] y asistimos, por primera vez, al mismo proceso en España.

 

El Presidente Aznar aprovechó la presentación del Libro Blanco sobre la Defensa[2] para anunciar la realización de una “revisión estratégica”[3]. Aquella fue una noticia importante y sorprendente. Importante porque todo cambio en los fundamentos de las políticas de seguridad y defensa tiene indudable trascendencia, más aún cuando la Alianza Atlántica y alguno de sus países miembros han finalizado o están en curso de revisar sus estrategias. Sorprendente porque entre las competencias que nuestro marco constitucional reserva al Presidente del Gobierno no está la de reformar lo que no existe. El Gobierno puede establecer una estrategia. Es más, todo estado que se precie debe disponer de una estrategia que dé sentido al conjunto de su acción exterior, pero sin violentar el correcto uso de la lengua castellana.

 

España no tiene a fecha de hoy una estrategia. Posiblemente la última vez que la tuvo en un sentido positivo fue durante la monarquía de Carlos III. Bajo la dirección de un equipo de gran capacidad política, entre quienes destacaba el conde de Floridablanca, se diseño una política de adaptación al marco establecido por el Tratado de Utrecht. En un sentido negativo podemos reconocer a la política de “retraimiento” establecida por Antonio Cánovas el carácter de estrategia. Tras el Congreso de Viena, a la vista de las dificultades para asentar entre nosotros el sistema liberal-parlamentario y ante la escasez de recursos, se optó por evitar compromisos que pudieran arrastrar a España a participar en conflictos extraños, en especial centro-europeos. Se concentró la atención en el control del Estrecho y en el mantenimiento de las últimas colonias ultramarinas. Los sucesos de 1898 demostraron las limitaciones de aquella estrategia, al quedarse España sola frente a la emergente potencia norteamericana, lo que llevó a una aplicación más laxa de esa política durante las dos siguientes décadas[4]. El régimen de Franco, aislado internacionalmente por su vinculación con las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial, hizo gala de oportunismo y sentido táctico, pero difícilmente podemos admitir que tuviera una estrategia que fuera más allá de su mera supervivencia[5].

 

A lo largo de estos casi veinticinco años de democracia hemos ido asumiendo, directa o indirectamente, principios de orden estratégico que, aun dispersos, dan un relativo sentido a las políticas antes citadas. Cabe por tanto interpretar que el término “revisión” se aplica en esta ocasión en sentido figurado, como un intento de dar forma y cohesión a los compromisos adquiridos y, a partir de ellos, establecer por primera vez en mucho tiempo una estrategia.

 

Esta interpretación permite también dar sentido al proceso seguido. La lógica parece sugerir ir de lo general a lo particular: primero se analizarían el entorno estratégico en su conjunto, de ahí pasaríamos a tratar con más detalle el marco propio de la defensa, a partir de éste último elaboraríamos la política de defensa que, finalmente, daríamos a conocer en forma de Libro Blanco. Es, por ejemplo, el modelo seguido por el Reino Unido, que en 1998 presentó la Strategic Defence Review resultado del trabajo conjunto de los ministerios de Exteriores y Defensa. En el 2000, Defensa desarrolló y actualizó la parte que le afectaba directamente en The Future Strategic Context for Defence, y un año después presentó su Defence Policy 2001. En cada caso los argumentos partían del documento anterior, y trataban de ir profundizando en aspectos concretos[6]. Éste no ha sido el caso español, porque no estamos ante un ciclo de revisión estratégica, como los que desarrollan algunos de nuestros aliados, sino ante un proceso de normalización. Como un paso más en el objetivo de situar a España en el puesto que creemos le pertenece en el concierto de las naciones y como un instrumento necesario para afrontar problemas concretos en el ámbito de la defensa, los españoles hemos iniciado por primera vez una Revisión Estratégica de la Defensa. Con el tiempo, este documento y otros que con carácter estratégico deberán elaborar otros ministerios, o la propia Presidencia del Gobierno, pasarán a informar la definición de las políticas sectoriales y los consiguientes libros blancos.

 

La decisión gubernamental de acometer una revisión estratégica tiene su origen en un conjunto de circunstancias de muy distinto signo. En el proceso político las tensiones administrativas son importantes y, a menudo, decisivas. El origen de la propuesta de realizar una revisión estratégica de la defensa estuvo en la intención de determinados sectores del Ministerio de reforzar el papel del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Para ello se trató de trasladar la Dirección General de Política de Defensa bajo su autoridad y de encargarle tan destacado cometido. La reforma administrativa no se llevó a cabo, pero quedó la propuesta, asumida ya por el Presidente del Gobierno como máxima expresión de su necesidad. Dicha Dirección General venía considerando el proyecto como un instrumento para involucrar a las Cortes y a la sociedad en la definición de los principios rectores de la política de defensa y, más concretamente, en la relación necesaria entre nuevas misiones y política de adquisiciones.

 

Después de casi un cuarto de siglo de democracia España carece de una estrategia, aunque estén implícitos o explícitos principios estratégicos en nuestras políticas tradicionales y en compromisos adquiridos con posterioridad, recogidos en documentos de muy distinto signo, desde la Directiva de Defensa Nacional o el Libro Blanco de la Defensa 2000 hasta intervenciones de altos cargos de la Administración en diferentes foros. Entre otros podemos destacar:

 

La antigua preocupación por el control del Estrecho y por la evolución política de los países ribereños, el área de mayor vulnerabilidad para la seguridad española.

 

El compromiso con Naciones Unidas para avanzar hacia un orden internacional más justo y pacífico, fundado en el Derecho Internacional. Nuestra participación ha supuesto la presencia de militares, guardias civiles y policías nacionales en operaciones de paz en distintas partes del planeta.

 

La ya antigua, compleja y cambiante relación bilateral con Estados Unidos que implicaba la asunción de la amenaza soviética, primero, y la conveniencia de actuar conjuntamente en Próximo Oriente, Medio Oriente, Balcanes y quizás Cáucaso, después. Unas acciones que suponían la existencia de alianzas e intereses similares.

 

La idea de que la Unión Europea es la clave para la estabilidad y el progreso material en el Viejo Continente, un proceso de unificación regional y disolución del estado-nación de inciertas consecuencias.

 

El ingreso en la Alianza Atlántica nos hizo partícipes de una estrategia en evolución desde 1949, que trataría de adaptarse al nuevo entorno estratégico en sus sucesivas revisiones de 1991 y 1999.

 

La ampliación del número de países miembros, la Iniciativa de Capacidades de Defensa y la Identidad de Seguridad y Defensa Europea de la Alianza Atlántica plantean en el futuro inmediato graves consecuencias estratégicas que afectan a los principios de nuestras políticas.

 

            Los tratados de Maastricht y Amsterdan, y los acuerdos adoptados con posterioridad para el desarrollo de una Política Exterior y de Seguridad Común, hacen referencia a unos intereses exclusivos de los europeos y a la necesidad de preservarlos mediante la proyección de fuerza.

 

Un conjunto de elementos variopintos cuando no contradictorios que se ha ido incrementando como resultado de nuestro creciente papel internacional, pero que ha carecido de una visión global en la que insertarse.

 

 

Esta falta de estrategia se viene poniendo de manifiesto desde hace décadas en el ejercicio cotidiano de la política exterior. La diplomacia española se ha caracterizado por una sistemática confusión entre medios y fines, que tiene sus orígenes más próximos en la Transición, en el esfuerzo por lograr el reconocimiento internacional negado al régimen de Franco, y otros más remotos en la sociedad española del siglo XVI. Recordemos aquellas palabras del Lazarillo describiendo al escudero castellano muerto de hambre que halló en Toledo:

 

“Y por lo que toca a su negra, que dicen, honra, tomaba una paja de las que aún asaz no había en casa, y salía a la puerta escarbando los dientes, que nada entre sí tenían...”[7]

 

Como aquel escudero, nuestra diplomacia siente que su prestigio está en los ojos ajenos y busca el reconocimiento formal de su influencia, pero no siempre su ejercicio. Pugnamos por entrar en el G-7, en el Grupo de Contacto o en el núcleo de los países que están forjando la Política Exterior y de Seguridad Común, pero cuando logramos que se nos reconozca el derecho a estar no aportamos nada o casi nada. Nos esforzamos por conseguir aquello que nos interesa, pero tenemos graves dificultades para elevarnos por encima de las pesquerías o los fondos estructurales y entrar en los grandes temas. Apenas si nos hemos pronunciado en el debate general sobre la construcción europea ¿Cuál es nuestra posición sobre la última propuesta del canciller alemán? Esta obsesión por las apariencias tan española, esta participación en la galdosiana Cofradía del Qué Dirán y la Santísima Opinión, mina la eficacia de nuestra acción exterior. El reconocimiento internacional llegará a través del ejercicio de la influencia, lo que sólo lograremos si tenemos una visión estratégica de nuestro entorno y nuestros intereses, si sabemos lo que queremos y cómo conseguirlo y si actuamos con sentido de la responsabilidad y espíritu colaborador. Lo importante no es estar en el núcleo de la PESC sino en proponer unos criterios de convergencia realistas.

 

 

Tras casi un cuarto de siglo de democracia se hace necesario recapitular y dar forma a una estrategia nacional, que actúe como uno de los pilares de esa acción exterior más cohesionada y ambiciosa que llevó a la creación del Consejo de Política Exterior. De ahí que aquella idea motivada por tensiones administrativas fuera recogida por el presidente Aznar. Si el primer paso en este proceso fue el Libro Blanco de la Defensa, es lógico que el siguiente sea una documento sobre estrategia. Por ahora resulta más urgente establecer mecanismos de evaluación periódica que tratar de conseguir resultados de alta calidad, que sólo con el tiempo lograremos.

 

Los objetivos fundamentales que se plantearon durante la Transición se fueron cumpliendo. España normalizó sus relaciones con estados u organismos internacionales. Se incorporó, si bien dificultosamente, a la Alianza Atlántica y vivió el período de conversión de las fuerzas armadas occidentales desde el escenario de la Guerra Fría a otro de inciertos riesgos y amenazas que exigían fuerzas ligeras y desplegables para actuar en misiones de paz formando parte de unidades multinacionales. Se realizaron importantes reformas para asegurar la primacía del poder civil, reducir el número de oficiales, privatizar la industria de la defensa o, más recientemente, la todavía en curso profesionalización del servicio militar. Un conjunto de medidas que forman parte de un ciclo histórico.

 

Sin embargo, las necesidades del entorno emergente son otras, que implicarán nuevas e importantes adaptaciones. No es este el lugar para presentar un documento sobre las características del nuevo entorno estratégico, pero querría comentar algunos de los elementos que más directamente van a afectar a España y ante los que deberemos tomar medidas en el corto o medio plazo.

 

 

Si hay un término que define como ningún otro el mundo de nuestros días ese es “globalización”. Por efecto de los cambios habidos en la información, en la comunicación y en los transportes el planeta se ha hecho más pequeño. El mundo empresarial ha asumido el reto y las sociedades están presentes en un amplio número de países, lo que les ha forzado a importantes cambios en su estructura interna. A mayor mercado mayores economías de escala, pero también mayores riesgos. Lo que ocurra a muchos miles de kilómetros puede afectar gravemente a nuestro tejido empresarial, más aún cuando se es, y tanto gusta repetirlo, el sexto exportador del mundo. Los intereses españoles están presentes en todo el planeta y no es posible dar la espalda a los problemas de seguridad que surjan, como quedó patente en la crisis de Timor Oriental. Tenemos que estar mentalizados y preparados para intervenir en cualquier punto del planeta.

 

 

Por nuestra situación geográfica nos encontramos más próximos, y por lo tanto nuestras responsabilidades serán mayores, a escenarios de conflicto que han originado ríos de tinta: el Magreb, la crisis de Próximo Oriente, el Golfo Pérsico, el Cáucaso y Rusia. Directamente nos afecta la estabilidad política del Magreb, condición sin la cual no habrá desarrollo económico y bienestar social. Un Magreb en crisis[8] puede suponer el estallido de conflictos militares y el incremento de la corriente migratoria. España debe colaborar activamente en el asentamiento de regímenes representativos y en el desarrollo económico y social. También debe estar preparada para las consecuencias del fracaso de esa política.

 

 

No es previsible que España vaya a hacer frente a una guerra convencional en los próximos años. Por el contrario es muy probable que participe en varias operaciones de paz, de distinto grado, formando parte de contingentes multinacionales. Debemos continuar avanzando en la adaptación de nuestras Fuerzas Armadas para estos cometidos, sin abandonar las capacidades estrictamente defensivas. Con la experiencia adquirida podemos concentrar nuestra atención en algunos puntos:

 

Las crisis regionales exigen de una diplomacia preventiva. Hasta la fecha España se ha destacado por su pasividad, tratando de evitar verse arrastrada hacia conflictos indeseados. Esta táctica se ha demostrado errónea: en la Guerra del Golfo o en los Balcanes España se vio finalmente involucrada. No se puede querer ocupar un papel destacado en la escena internacional y rehuir las responsabilidades.

 

Para dar respuesta a los nuevos problemas las Fuerzas Armadas españolas, como las restantes aliadas, deberán avanzar mucho más en el camino de la actuación conjunta -Jointness-. La rígida separación entre los tres ejércitos es historia. El camino emprendido con la creación del Ministerio de Defensa debe avanzar hacia un solo Estado Mayor. Este objetivo resulta más complicado entre nosotros debido a la excesiva carga de personal heredada del franquismo. La orgánica no responde a criterios de eficacia sino como justificación de puestos de trabajo. Es necesario, por lo tanto, afrontar nuevas reducciones de personal en el Ejército de Tierra.

 

Se deberá coordinar mejor la relación entre civiles, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y Fuerzas Armadas, tratando de definir más nítidamente los cometidos. Las operaciones de paz no son militares, aunque tienen un componente militar. Tenemos que aprender a formar y gestionar contingentes mixtos donde cada grupo haga lo que mejor sabe hacer en coordinación. Es indudable que la participación en misiones de paz ha proporcionado a nuestros oficiales del Ejército de Tierra la experiencia de trabajar sobre el terreno con otros ejércitos aliados. Sin embargo, y sin negar las ventajas que ello ha supuesto, una unidad militar en misión de paz pierde capacidad de combate por falta de entrenamiento y por centrar su actividad en acciones para las que no ha sido preparada. Un contingente militar es una unidad de combate. Para controlar una población está mucho mejor preparada la Guardia Civil o sus equivalentes de la Gendarmerie o los Caravinieri.

 

El abandono de la conscripción está provocando dificultades para encontrar soldados y marineros profesionales en los países que han dado este paso. El problema es más grave de lo que parece. En el futuro la caída demográfica hará aún más difícil atraer a jóvenes. Esta situación contrasta con el exceso de oficiales. En adelante habrá que desarrollar una política de personal más cuidadosa, que gire en torno al concepto de profesionalidad. Los sofisticados sistemas de armas y las exigencias sociales en su uso obligarán a una rigurosa selección de la oficialidad y a un tratamiento más deferente. En cuanto a los soldados habrá que competir en un mercado abierto en sueldos y en atractivo laboral. Para poder retener al profesional será necesario hacerle sentir la utilidad de su trabajo, para sí mismo y para la comunidad.

 

Las políticas de adquisiciones deberán tener en cuenta las necesidades propias de este tipo de operaciones, donde la movilidad y la facilidad de transporte son fundamentales. Nuestros escasos presupuestos se empeñan en pocos pero caros programas industriales, que a menudo pierden sentido en el camino, como sería el caso del carro Leopard (219 unidades) o del Pizarro (366 vehículos portapersonal y 97 vehículos de puesto de mando), ambos sobre cadenas.

 

El fin de la amenaza nuclear soviética y la capacidad de los medios de comunicación para hacer vivir al ciudadano europeo el drama de guerras o genocidios ha provocado uno de los fenómenos más llamativos de nuestra época: la “guerra virtual”[9]. La decisión de intervenir en un conflicto y la forma de conducir las operaciones queda determinada por los vaivenes de una opinión pública que no actúa desde el análisis de los intereses del estado sino desde el rechazo al sufrimiento que le llega a través de su aparato de televisión. La exigencia de intervención, intensa pero no constante, va acompañada por el rechazo a provocar bajas en la población civil y entre sus propios soldados. Es una guerra limpia, de gravísimas consecuencias para la conducción de las operaciones. La simpatía hacia el contingente enviado se puede transformar con facilidad en rechazo. Ahora más que nunca es necesario profundizar en lo que hasta la fecha se ha venido definiendo como “cultura de defensa”, una exigencia en la boca de todos los ministros de defensa, un terreno en el que apenas se ha avanzado.

 

Por último los españoles tenemos pendiente la reforma de los servicios de inteligencia. Una necesidad sentida desde hace años por problemas de diversa índole. Desde el punto de vista de la defensa el principal problema al que nos enfrentamos es el de la eficacia. Estamos lejos de tener la inteligencia que necesitamos y el riesgo de que la reforma en curso no avance en este terreno es grande.

 

 

El nuevo entorno nos lleva a una cierta confusión entre los ámbitos característicos de las seguridades interior y exterior. El mundo Clausewitziano, capaz de distinguir la acción diplomática de la militar, queda atrás. En el futuro las Fuerzas Armadas deberán colaborar más y mejor con civiles y cuerpos y fuerzas de seguridad en un variado número de casos.

 

Uno de ellos será el control y la protección frente a las armas de destrucción masiva. Nuestra participación en operaciones de paz o conflictos bélicos semejantes a la Guerra del Golfo nos convertirán en objetivo de estados o grupos terroristas que traten de compensar su inferioridad militar mediante el uso de estrategias “asimétricas”, que busquen minar la fuerza aliada actuando directamente sobre la población. En el futuro cabe suponer la extensión del uso de estas armas, lo que implicará un gran reto para el conjunto de la Administración.

 

Reto semejante es el que plantea el campo de batalla digital. España tiene que estar preparada para actuar sobre otro estado u organización utilizando en beneficio propio o destruyendo sus sistemas informáticos. Al mismo tiempo, debe saber defenderse de un ataque de un estado o grupo que busque la desorganización de los servicios públicos o la paralización de la vida económica. Pero tampoco la ciberguerra parece un espacio exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el CESID y otros órganos del estado deben y pueden aportar mucho en este terreno. Más adelante habrá que avanzar en el marco de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea en un órgano capaz de coordinar los distintos servicios nacionales.

 

 

La Alianza Atlántica está inmersa en la Iniciativa de Capacidades de Defensa, dirigida a ordenar la adaptación de las fuerzas armadas a las nuevas tecnologías y a asegurar la capacidad de actuación conjunta, en peligro por el creciente desnivel tecnológico entre Estados Unidos y los restantes socios. La Guerra de Kosovo puso de manifiesto la dificultad para intervenir conjuntamente, la denominada “interoperabilidad”, ante las innovaciones incorporadas por Estados Unidos a su armamento. La decisión del gobierno norteamericano de avanzar en esta dirección[10] agravará el problema. Para los europeos esta política choca con serios obstáculos. La Iniciativa exige un considerable aumento del gasto en defensa, lo que resulta incompatible con el objetivo de control del gasto público requerido para la contención de la inflación y la estabilidad del euro. Pero, además, la ciudadanía no percibe amenazas que exijan ese sacrificio fiscal. En esta actitud hay que valorar distintos elementos. Por una parte, los europeos tenemos un concepto de seguridad menos riguroso que los norteamericanos, asumiendo riesgos como hechos consustanciales a la vida en sociedad. Por otro lado, aún siendo nuestros intereses globales, no hay en nuestro ánimo intención de ejercer ningún tipo de liderazgo mundial. Ambos elementos dificultan el desarrollo de la Iniciativa y serán causa de futuras tensiones transatlánticas ante las que tendremos que tomar posición.

 

La Defensa Antimisiles promovida por el presidente George W. Bush supone un agravamiento del gap trasatlántico. A las dificultades de la interoperabilidad se suma la aparición de un escudo que protege a uno de los aliados, en un entorno superador del Tratado ABM. La apertura a nuevos socios, por lo menos en escenarios tácticos, implica nuevos retos. ¿Aportaremos algo los europeos o nos limitaremos a agradecer el gesto americano? Una vez más nuestra percepción de la realidad se ha visto superada por los acontecimientos. Sin amenaza soviética y con medios técnicos para desarrollar el escudo, Estados Unidos no siente ninguna necesidad de mantener un mecanismo de disuasión como el Tratado ABM. De nuevo nos enfrentamos a una carrera tecnológica que implica gastos y cambios en la conducción de la guerra. Será difícil rechazar la colaboración, pero de nuevo habrá que recurrir a un organismo multinacional para poder hacer frente a los requerimientos y sacar algún beneficio industrial.

 

 

El efecto de la evolución científica sobre las Fuerzas Armadas va mucho más allá del campo digital o la Defensa Antimisiles. La denominada Revolución de los Asuntos Militares supone la introducción de tecnologías y sistemas de armas que modificarán sensiblemente la conducción de la guerra. No podemos detenernos en este punto, sólo quisiera mencionar algunos de sus aspectos más importantes:

 

·          Información: mediante satélites se podrá conocer en todo momento la situación del enemigo, superándose la clásica “niebla de la guerra”.

·          Digitalización de las unidades. Tanto las unidades de infantería como las acorazadas estarán integradas en un sistema informático que permitirá al comandante de la unidad un control total del campo de batalla, de su enemigo y de sus hombres y unidades.

·          Letalidad. Desarrollo de la tecnología de misiles que permitirá atacar al objetivo desde larga distancia, sin exponer vidas propias y con garantías de acertar al objetivo.

·          Robotización. Desaparición de muchos de los puestos de piloto, al desarrollarse los aviones robotizados.

·          Profunda transformación de las armadas. Desaparición de los grandes portaviones.

·          Mayor profesionalización y mejor preparación de los oficiales, suboficiales y soldados.

 

Quisiera subrayar la necesidad de asumir el hecho revolucionario, con lo que implica de cambio de armamento y doctrinas operativas. Debemos estudiar en qué medida podemos adaptar nuestras Fuerzas Armadas a este conjunto de retos tecnológicos y reconsiderar nuestra política de adquisiciones.

 

 

Otro de los efectos del acelerado cambio tecnológico en el que nos hallamos es la emergencia del espacio como campo de batalla. Los satélites tendrán un creciente papel en el uso de la fuerza, convirtiéndose en objetivos fundamentales. Si la Revolución de los Asuntos Militares proporciona visión al comandante, con el riesgo de desbordar su capacidad de análisis por la ingente cantidad de datos proporcionados, será prioridad del enemigo cegarlo. Si las sociedades dependerán cada vez más de los satélites para el desarrollo de sus actividades, será objetivo de una potencia enemiga o de un grupo terrorista inutilizarlos, como chantaje o como medio de desorganizar la retaguardia. En el futuro un mayor número de armas serán establecidas permanentemente en el espacio. Para un país como España este escenario desborda nuestras capacidades, por lo que tendremos que afrontarlo desde una perspectiva multinacional.

 

 

En el umbral del siglo XXI la Unión Europea es la única alternativa que tenemos los estados del Viejo Continente para dar respuesta al conjunto de retos que hemos venido mencionando. Una a una las naciones carecen de los medios económicos y de la voluntad política para afrontarlos. Es más, resulta inconcebible pensar que un estado europeo actúe unilateralmente ante un riesgo o amenaza a la seguridad común. Para los europeos el ejercicio de la fuerza es desde hace décadas un acto colectivo, dejando a un lado esporádicas actuaciones neocoloniales.

 

Ante el cambio estratégico producido por la desaparición de la Unión Soviética Europa reaccionó aprobando los tratados de Maastricht y Ámsterdam, que dieron paso a la formación del segundo pilar de la Unión. Ahora disponemos del marco para comenzar a configurar una Europa de la Defensa.

 

En estos momentos la Unión trata de poner en pié una Fuerza de Despliegue Rápido, como primer paso en el camino hacia una defensa europea, consustancial al proceso de unificación continental. Sin embargo, su realización plantea graves problemas. Genera indudables redundancias con la Alianza Atlántica, lo que implica un derroche de recursos escasos, mina la cohesión del compromiso trasatlántico y además carece del liderazgo de una superpotencia, que tan determinante ha sido en la historia de la Alianza Atlántica. Aún así experiencias como la balcánica han mostrado hasta qué punto Europa necesita de una Fuerza propia, que pueda ser utilizada en aquellas ocasiones en que Estados Unidos no considere oportuna su intervención.

 

La Unión ha comenzado a estudiar la convergencia entre políticas y capacidades nacionales, necesaria para dar cohesión, en el medio o largo plazo, a una defensa europea. Para lograrlo será necesaria una aproximación en los gastos de defensa por habitante.

 

La política de adquisiciones de los estados europeos deberá concentrarse en un número menor y más homogéneo de armas, para lograr mejores precios y un mantenimiento más eficaz. Estos sistemas de armas deberán responder a una planificación combinada, evitando redundancias, y dirigida hacia la formación de grandes unidades europeas. Como en el caso de la moneda, el precio a pagar para lograr dar respuesta a los retos de seguridad inmediatos es la soberanía nacional.

 

La Unión permite hacer frente a retos económicos y tecnológicos que exceden la capacidad de los estados. Cabe adquirir conjuntamente medios de transporte para enviar contingentes a largas distancias y aprovisionarlos; satélites de información; o aviones tipo awacs para poder disponer de una inteligencia militar. Problemas todos ellos que se han planteado recientemente, a propósito de la creación de la Fuerza de Despliegue Rápido. Pero, sobre todo, hará posible que los estados miembros puedan afrontar algunos aspectos de la Revolución de los Asuntos Militares.

 

Si las Comunidades Europeas dieron al Viejo Continente la posibilidad de transformar un conjunto de países inmersos en la postguerra mundial en una potencia económica, la Unión Europea será el medio para dotarnos de una defensa creíble. Sólo las dificultades han hecho posible el grado de unidad alcanzado y hoy Europa se encuentra hoy ante un serio problema de defensa, que aumentará con el paso del tiempo. El riesgo de quedar definitivamente descolgada de los Estados Unidos y de fracasar en la convergencia europea, con sólo un número muy reducido de países con capacidades superiores, es muy alto.

 

Todo ello pone en evidencia que el modelo seguido hasta la fecha en la organización de nuestra política de defensa -orgánica, doctrina, adquisiciones- requiere de una urgente revisión desde una perspectiva estratégica, que pueda informar y dotar de coherencia a la política de las próximas décadas, en las que no habrá más dinero pero sí mayor necesidad de disponer de sistemas de armas mucho más sofisticados y de un personal más reducido pero altamente preparado. La revisión estratégica propuesta es, por lo tanto, una prueba del grado de madurez del estado español, pero también una necesidad sentida en las altas instancias del gobierno para afrontar la reforma de nuestras políticas de seguridad y defensa desde unos fundamentos estratégicos sólidos.

---