El Ministerio etarra de Asuntos Exteriores

por Pedro Fernández Barbadillo, 13 de octubre de 2010

Cuando en agosto y septiembre de 1994 se produjeron graves disturbios en Montevideo causados por la extrema izquierda dirigida por ex terroristas montoneros para impedir la extradición a España de tres etarras, se publicó que numerosos periodistas uruguayos acudieron a la  embajada española para pedir información (datos, fotos…) sobre ETA, y los diplomáticos españoles les contestaban que no tenían ningún material disponible. Es uno de los ejemplos que demuestran que el Ministerio de Asuntos Exteriores etarra ha funcionado mucho mejor que el del Reino de España, al menos hasta los años de Gobierno de José María Aznar.
 
Desde su aparición, ETA casi siempre ha ido por delante del Estado español en lo referido a operatividad, propaganda y relaciones internacionales. Mientras los Gobiernos de la Transición aprobaban amnistías a terroristas y esperaban que, merced al Estatuto de autonomía vasco, ETA perdiese la justificación para asesinar, los etarras se entrenaban en Argelia, Líbano y Yemen del Sur, a la vez que levantaban negocios en Francia. Paradójicamente, ETA ha contado con una gran logística gracias a la obra de conquista y colonización efectuada por su odiada España en América. Por medio de las casas vascas, copadas por los nacionalistas después de la guerra, los partidos democristianos, sobre todo en Venezuela y en Chile, y los regímenes masónicos (el PRI de México) y socialistas (castrismo, sandinismo y chavismo), los nacionalistas vascos, tanto los burgueses del PNV como los revolucionarios de ETA, han constituido una tupida red de financiación, apoyo y propaganda para el separatismo bizkaitarra de la que ahora se benefician los etarras.
 
Desde finales de los años 60, ETA ha dedicado gran parte de sus esfuerzos a la diplomacia, como ha expuesto Florencio Domínguez en varios libros. Al principio, para obtener armas y adiestramiento de países socialistas o bien hostiles a España. Más tarde para encontrar refugio para sus miembros, así como fondos. Y por último para conseguir aliados que fuercen al Gobierno español a una “solución dialogada y pacífica del conflicto”. Las relaciones con diversos grupos terroristas, como las FARC colombianas, el Frente Sandinista nicaragüense, el IRA irlandés, el Frente Farabundo Martí salvadoreño, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria chileno y tantos otros, han sido tempranas y constantes.
 
En 1987, el MLNV constituyó, con disfraz de ONG, Askapena, una “organización internacionalista vasca” y uno de cuyos fines consiste en “impulsar, ayudar y dinamizar la solidaridad hacia la lucha de liberación de Euskal Herria en otros pueblos del mundo”. Desde la desarticulación policial y judicial de Xaki, calificada en una sentencia como “el aparato de relaciones internacionales de la organización terrorista”, ETA elevó a Askapena a la categoría de su nuevo Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, como se denomina ahora el que tiene el Reino de España. Desde 1989, Askapena envía por el mundo a militantes encuadrados en brigadas solidarias. Docenas de ellos, pasaron por Nicaragua, y este año los brigadistas han sido casi cien, que han viajado a Escocia, Palestina, Bolivia, Venezuela, Argentina y Uruguay, según ha publicado el diario Gara. Los costes los suelen pagar los países de destino o bien los ayuntamientos controlados por los batasunos con cargo a ayudas al desarrollo y becas. Una vez en su lugar de destino, los brigadistas establecen contactos con grupos afines, difunden la ideología abertzale y crean vínculos y una red. Sus corresponsales en esos países montan protestas cuando se producen extradiciones de etarras o detenciones sonadas, aparte de anular constantemente los discursos españoles sobre el terrorismo.
 
Uno de los detenidos por la Policía española a finales de septiembre por pertenencia al entramado internacional de ETA es el suizo Walter Wendolin, de 53 años. Éste se instaló en Nicaragua en los años 80 para colaborar con la dictadura sandinista y allí entró en contacto con miembros de ETA y con los brigadistas internacionalistas enviados desde Vascongadas y Navarra. Por eso, cuando los sandinistas perdieron el poder en 1990, Wendolin cruzó el Atlántico y comenzó a trabajar para Askapena. Aparte de sus viajes a Venezuela, la prensa argentina ha revelado que Wendolin fue huésped de Hebé de Bonafini, admiradora de todos los terroristas de izquierdas, e impartió clases (¿?) en la universidad popular Madres de la Plaza de Mayo, a la que los Kirchner han concedido validez académica.
 
 ¿Cuáles son las obras del Ministerio de Exteriores etarra? El periodista José Luis Barbería constataba un hecho: “en sus informes periódicos sobre la vulneración de los derechos humanos, el anterior relator especial de la ONU Theo van Boven acostumbraba a dedicar a la situación española entre 185 y 225 párrafos (entre el 10% y el 11% de la totalidad de sus textos definitivos), frente a 42 con Rusia, 4 con Francia y 3 con Marruecos. Si estos espacios guardaran correspondencia con la vulneración de los derechos humanos, resultaría que España es el país que más maltrata a los detenidos”. Y atribuía semejante desequilibrio a la labor de las ONG vinculadas a ETA.        
 
La salida del PNV del Gobierno vasco ha supuesto que el nacionalismo haya perdido fuerza en la acción exterior, sobre todo en el campo más respetable, pero los socialistas han mantenido un proyecto del anterior Gobierno, apoyado en el Parlamento autónomo por los proetarras y Aralar: la fundación de una Agencia Vasca de Cooperación Internacional. El departamento montado por los socialistas manejará este año  51 millones de euros y un personal de 17 personas contratadas. ¿Se vigilará que ni un céntimo de los impuestos de los vascos vaya a parar a las ONG de la izquierda abertzale?
 
Ante las nuevas revelaciones sobre la presencia etarra en Sudamérica cabe preguntarse si los diplomáticos de ETA trabajan mejor que los diplomáticos, y los gobernantes, españoles. Sorprende, por ejemplo, que siendo España vendedora de armamento a Venezuela, no pueda persuadir al Gobierno de Caracas para que extradite a etarras y limite la actividad de éstos. Si Madrid dispone de estas bazas para negociar, ¿por qué no lo hace?