El G 17 lo tenemos aquí

por Joseph Stove, 21 de noviembre de 2008

El presidente de la Comunidad Autónoma Valenciana Francisco Camps ha pedido al Presidente del Gobierno que convoque la conferencia de presidentes autonómicos para poner en común medidas para hacer frente a la crisis económica. A nadie le ha extrañado tal petición.
 
Es conocido que desde que Rodríguez Zapatero llegó a la Moncloa ha demostrado una sensibilidad constitucional manifiestamente mejorable. La aprobación del Estatuto de Cataluña, la prórroga del mandato de la presidenta del Tribunal Constitucional, la inclusión en el Código Civil del matrimonio entre personas del mismo sexo, la permisividad ante la violación del precepto constitucional del el Art 139.1 de todos los españoles tienen las mismas obligaciones y derechos en todo el territorio nacional y otras interpretaciones laxas de las normas constitucionales siempre en el sentido de erosionar el poder del estado y el enfrentamiento entre españoles, así lo confirman.
 
Uno de los “saraos” que el Presidente del Gobierno puso en marcha, el que ahora reclama el señor Camps, y que cosechó un rotundo fracaso fue la conferencia de presidentes autonómicos. Es inaudito que el Presidente del Gobierno habilite foros entre autoridades del Estado al margen de la Constitución. Que tipo de acuerdos se van a alcanzar en esa conferencia, que vigencia tendrán, que derecho será el aplicable. El disparate en si raya en lo grotesco, pero lo preocupante es que demuestra una laxitud en la clase política respecto a la lealtad constitucional, que han prometido cumplir, que entra de lleno en la irresponsabilidad más absoluta.
 
La defensa de la Constitución está encomendada a todas las autoridades del Estado en su quehacer diario y esa defensa debe ejercerse tanto en la protección del espíritu constitucional como en el cumplimiento de sus preceptos. También deben de ejercerla los representantes de la soberanía nacional, lo que se comparece poco con la aprobación de leyes que groseramente vulneran el orden constitucional. Por último está el Tribunal Constitucional como instrumento específico de defensa de la Carta Magna. La acción de este tribunal tiene que ser rigurosa y prudente, pero para que sea eficaz tiene que ser también oportuna, o lo que es lo mismo, su fallo tiene que impedir que la vulneración de la Constitución no sea irreversible, al consagrar el desmán por la vía de hecho. 
 
¿Qué hay que festejar el próximo día 6 de diciembre? La respuesta es el trigésimo aniversario de la Constitución. Sólo eso. Visto desde la perspectiva que aportan estos 30 años, el resultado del desarrollo del estado basado en la Constitución de 1978 es, como mínimo inquietante: no funciona. El estado de las autonomías era una apuesta arriesgada, que dado lo novedoso de su diseño, la baja calidad técnica del texto y la debilidad los mecanismos de defensa constitucional, dejaba al azar, entiéndase la lealtad de la clase política a los principios constitucionales, la pervivencia de su fundamento: la existencia de la nación española.
 
Es difícil poner remedio a algo si no se admite que existe un problema y es necesario hacerlo. Hace tiempo que en España se encendieron todas las alarmas que indicaban que la mengua de la dimensión del estado era de tal magnitud peligraba su supervivencia. Durante estos 30 años las comunidades autónomas han ido arañando competencias del estado hasta el punto que éste no puede garantizar la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional, a la vez que se ha empobrecido. A esta situación, que sigue imparable, se ha llegado por la actuación de la clase política y por la falta de arraigo de las instituciones democráticas encargadas de defender el estado y, por ende, la Constitución.
 
Este estado de cosas no es privativo del ámbito político o administrativo, tiene consecuencias sociales. Si el poder político se traslada del estado a las comunidades, el poder político va con las competencias, se conforman unas relaciones de poder incompatibles con los valores en que se basa la Constitución de 1978. La clase política se ha ido conformando según los intereses territoriales y los ciudadanos tienen la sensación, falsa, de que sus problemas se van a resolver en Mérida, Santiago, Sevilla, Toledo, etcétera, y no en Madrid. Por otra parte, y sin ningún rubor, los dirigentes autonómicos extienden su protagonismo más allá de las fronteras nacionales, dedicándose a una seudodiplomacia pueblerina, dañando de esta manera la imagen de España en el extranjero y evidenciando el dispendio de dinero procedente de los impuestos.
 
España a los treinta años de la Constitución de 1978, es el G 17: 17 banderas, 17 himnos, 17 justicias, 17 haciendas, 17 idiomas (habrá que incluir el farfullo), 17 autonomizaciones de ríos, 17 policías autonómicas, 17 sistemas impositivos, 17 tipos de embajadas, 17 sistemas educativos, 17 fiestas nacionales, 17 selecciones deportivas, 17 héroes autonómicos, 17 protecciones civiles, 17 sanidades, 17 leyes de dependencias y un largo 17s, aunque con sólo 2 competencias en flamenco.
 
¿Se puede poner coto a esto? Lo que pasa en España no ocurre en ningún otro país de Europa. El estado de las autonomías es lo más parecido a  la extinta República Federalista Socialista y Autogestionaria de Yugoslavia, pero sin acabar y sin Tito. La Constitución de 1978 no va a entrar en los anales del derecho comparado como un modelo a seguir, pero ¿se pudo haber aplicado de otra manera? Seguro que si.
 
En el trigésimo cumpleaños de la Constitución, la clase política tiene que plantearse como reparar los desmanes, como devolver la confianza al pueblo garantizando la igualdad de todos en cualquier lugar del territorio nacional, como suprimir los mecanismos de exclusión entre españoles y las tramoyas institucionales que las sustentan, como devolver el sentido de identidad sin apelar a pluralismos. En resumen: volver a la normalidad.