Del papeles para todos, a la caza del ilegal. ¡Cómo hemos cambiado!

por Ana Ortiz, 27 de febrero de 2009

Como decía una conocida humorista: “un suponer”. ¿Alguien se imagina a algún ministro de cualquier otro partido que no fuera el PSOE dando presuntas órdenes de detener a inmigrantes ilegales estableciendo cupos de detenidos, cupos que servirían como incentivos en la carrera profesional de los policías?
 
En esta particular política del embudo, estamos curados de espanto. El “hecho cinegético” ha saltado a las calles de las principales ciudades de España. Los inmigrantes sin papeles han pasado a ser un incordio en este Vía Crucis de la crisis económica que estamos padeciendo del primero al último... y el último, el más desgraciado. Gente que ha llegado a nuestro país atraído por los tiempos de bonanza, víctimas de un efecto llamada denunciado a lo largo y ancho del mapa europeo, esperando su turno a ser legalizado.
 
El Gobierno que preside Rodríguez Zapatero se ha retratado. Ha demostrado por enésima vez que los ciudadanos no somos más que números, posibilidades, estrategias y oportunidades en sus cábalas para llegar y mantenerse en el poder.
 
Hace cinco años no le dolieron prendas para emprender un proceso de regularización masiva, que con el tiempo, le ha costado el puesto al ministro que lo llevó a cabo. Entonces, se negó hasta la saciedad el efecto multiplicador que tendría. Se tachó de xenófobo a todo aquél que señaló lo que podría pasar. A lo largo de la legislatura se hicieron propuestas para controlar el proceso migratorio. Propuestas que fueron tachadas de fachas, xenófobas y un montón de cosas más.
 
Más adelante, cuando la realidad de los hechos se imponía, el Gobierno de Zapatero se atrevió a escuchar a los europeos, a pedirles ayuda e implicación en una política de inmigración común para todos.
 
El nuevo ministro de Trabajo e Inmigración ha tratado de matizar en algo el desaguisado anterior. España ha participado en reuniones en Europa, donde se ha establecido una directriz para el retorno, medida que también ha sido criticada hasta el infinito por toda esa progresía que pertenece al club de fans de Alicia en el País de las Maravillas, que juzga cualquier medida de orden y concierto desde el cómodo salón de su casa sin atender a realidades y consecuencias.
 
Hoy estamos pagando tamañas insensateces. Tanto los que estamos, como los que llegaron con la esperanza de conseguir entrar en la lista de los legales.
 
No conozco a nadie que le guste estar en situación irregular en ninguna parte del mundo. Los inmigrantes han llegado a España con la sana intención de trabajar y de integrarse en la sociedad española. La inmensa mayoría así lo están haciendo. Es humano también tratar de buscar una vida mejor en cualquier parte del mundo.
 
Si cuando uno tiene las maletas hechas se entera de que en un país conseguirá trabajo, sea legal o no. Si además sabe que se le darán los papeles en cuanto al gobierno de turno le convenga, ¿usted no trataría de llegar y quedarse?
 
Sabemos que en España hay más de un millón de personas en situación irregular. Es de todo punto lógico y sensato que el Gobierno tome medidas contra la inmigración ilegal. 
 
Es capital que se actúe contra los que delinquen, sean legales o no. Lo que no tiene sentido- ni es humano- es que se establezcan políticas que faciliten la entrada indiscriminada en nuestro país, que inviten a llegar a cualquier precio y luego se abra la veda para detener a inmigrantes ilegales de acuerdo a cupos, en función de intereses estadísticos del momento. El colmo de la cuestión es que los parámetros tengan que ver con la economía doméstica: si son marroquíes, mejor, que sale más barato.
 
La cuestión pinta fea y el ministro Rubalcaba se lava las manos.  Los inmigrantes son personas. La mejor manera de ayudarlos y considerarlos es aplicando política serias, que establezcan derechos y deberes asumidos públicamente por los llegan y por los gobiernos.
 
No todo vale, oiga.
 
Alguien se ha ido de la lengua
 
Durante el mes de diciembre y la primera quincena del mes de enero, la Jefatura Superior de Policía con jurisdicción en Madrid y los 15 municipios con más población (alrededor de 15 millones de habitantes) incrementaron en más de un 120 % las detenciones de inmigrantes sin papeles con respecto al mismo período del año anterior.
 
Una nota interna de la comisaría de Villa de Vallecas trasladaba las instrucciones impartidas desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, relativas la detención de un cupo semanal de inmigrantes en situación irregular.
 
'Extranjeros: en base a la población de cada distrito, hay que hacer un número de detenidos. Villa Vallecas, objetivo = 35. Si no los hay, se va a buscarlos fuera del distrito. Hay que ser selectivos a la hora de pedir CIE (Plaza en el Centro de Extranjero). Marruecos, prioritario. Bolivia no se expulsan en la actualidad. Capacidad de vuelo limitadas'. Así se despacha la nota. Lo de dar preferencia a los marroquíes para su ingreso en los CIE  es porque es más barato repatriarlos, dado que se trasladan por carretera hasta el sur.
 
Ante la disposición prioritaria de detener a inmigrantes marroquíes por razones de facilidad en la repatriación, el embajador marroquí en España, Omar Azziman pidió explicaciones al director general de Política Exterior para el Mediterráneo, Fidel Sendagorta. Parece ser que el vecino del sur no está conforme con el asunto.
 
Según lo que se ha denunciado desde las diferentes comisarías, el cupo de detenciones varia según la zona de Madrid, de acuerdo a los inmigrantes que residen en cada lugar. Por ejemplo, en el distrito Moncloa - Aravaca se espera conseguir una media de 50 arrestos al mes.  En Usera - Villaverde, el objetivo es de 120.

La reacción de organizaciones de diferente índole no se ha hecho esperar.  ONG de derechos humanos - Movimiento contra la intolerancia, CEAR, SOS Racismo y Amnistía Internacional- ya han solicitado a la fiscalía que se investigue los cupos de detenciones en Madrid y acusan al Ministerio del Interior por la utilización de criterios raciales para la identificación de extranjeros.
 
La cuestión ha hecho que salte la alarma en otras comunidades, como Cataluña, que es una de las que más población inmigrante tiene, junto con Madrid. La Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña (Fedelatina) ha hecho una solicitud pública a la Policía Nacional, para que aclare cuáles son las líneas de actuación previstas en Cataluña sobre las cuotas de detenciones de inmigrantes indocumentados. El presidente de Fedelatina, Javier Bonomi, afirma que se han puesto alerta. A Bonomi le preocupa la posibilidad de que en Cataluña los cuerpos de seguridad sigan el mismo protocolo de actuación.
 
Este cúmulo de circunstancias demuestra que  la política de inmigración del Gobierno presidido por Zapatero cambia según conviene, sin mirar el interés de los ciudadanos.
 
Cuantitativos o cualitativos
 
Ante este escándalo, la capacidad de reinventarse que tiene el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba es digna de mención. Del domingo 15 de febrero, al martes 17, el discurso fue cambiando ante la atónita opinión pública.
 
El domingo, 15 de febrero, la cuestión saltaba a los medios de comunicación.  Una nota oficial indicaba que a cada distrito se le marcan unos objetivos mensuales, incluida la Extranjería.
 
Lunes, 16 de febrero (mañana): el ministro del Interior habla de “objetivos cuantitativos frente a la delincuencia, pero dentro de la legalidad”.
 
Lunes, 16 de febrero (tarde): desde la Dirección General de la Policía se dice que “El ministro da marcha atrás y ordena el cese de los cupos de detención ilegal”.
 
Martes, 17 de febrero: el ministro Rubalcaba dice que “No existe ninguna instrucción para establecer un cupo de inmigrantes ilegales que detener”.
 
Parece que e las sucesivas modificaciones de su discurso se debían a que los objetivos cuantitativos que se fijan para luchar contra la delincuencia hay que explicarlos bien y no parezca que se debe a aspectos cualitativos (¿¿¿???).
 
Presiones estadísticas
 
Algo no cuadra. Si el porcentaje de detenciones ha superando con creces las del año 2007, y además se niega que haya cupos, ¿a qué obedece todo esto? Según los sindicatos policiales, la cuestión tiene que ver con el interés por maquillar las cifras de delincuencia.
 
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Manuel Sánchez Fornet, asegura que el resultado de repatriados ronda el uno por ciento de los detenidos por estancia irregular y, para eso, los agentes que patrullan las calles 'pierden miles de horas en realizar los trámites burocráticos'. 'Hay que revisar la política de seguridad ciudadana que se basa en una justificación estadística',
 
Para la Confederación Española de Policía (CEP), las instrucciones impartidas desde Interior suponen 'una asfixiante presión estadística' para las plantillas de Policía, que terminan atendiendo al cumplimiento de esos objetivos en lugar de mejorar 'cualitativamente' la seguridad ciudadana.
 
Por otro lado, la Unión Federal de Policía (UFP), acusa al jefe superior de Policía de tener 'una obsesión con los inmigrantes'. 'Los policías están hasta las narices y de los nervios'. Aseguran que estas actuaciones tienen un carácter casi racista y preguntarse cuántos delitos han bajado en las estadísticas de la Comunidad de Madrid a costa de detener inmigrantes en situación irregular.
 
Más datos: hay un documento escrito por funcionarios de la Comisaría del Distrito de Ciudad Lineal (Madrid), en la Brigada Provincial de Extranjería, que avala esta teoría. El documento dice literalmente:
 
“Que se están cometiendo irregularidades en las detenciones de ciudadanos extranjeros.
 
Que a todos se les sigue el procedimiento preferente y se les pide expulsión, cuando a la mayoría se les debería seguir en el procedimiento ordinario, que se les pediría multa y no conlleva detención.
 
Que porque a todos se les pide procedimiento preferente, cuando deberían ser los mínimos y seguir el ordinario. Esta es la explicación que pide el Gabinete Jurídico de la Brigada, que lo que está pasando en Ciudad Lineal no está pasando en ninguna comisaría de Madrid. Que no se ha tramitado ni uno solo por el procedimiento ordinario, estos no cuentan como palote y entonces no valen.
 
Que los responsables serán los compañeros en todo caso, que son los números que figuran como instructor y secretario. Que no hay responsables en este grupo, el único es un oficial, cuando está.
 
Que siempre se traen a los extranjeros ya como detenidos- la inmensa mayoría los “k” de noche- y siguen este procedimiento, cuando se les tendría que traer y decirles que se les va a proponer para multa y dejarlos ir. Todo esto se hace para que figure de palote. Él se cubrirá las espaldas diciendo que los compañeros lo pueden tramitar como quieran.
 
Sigue diciendo el Gabinete Jurídico que es una barbaridad que no se haya hecho ningún procedimiento ordinario en Ciudad (Lineal)”.
En definitiva, en este farragoso documento se denuncian dos hechos preocupantes: uno, que se están llevando a cabo detenciones a extranjeros con la finalidad de que figuren en una lista a efectos de objetivos cumplidos (los palotes a los que se alude). Parece ser que son los objetivos que denuncian los sindicatos.
 
Dos, que estas detenciones no se están llevando a cabo por el procedimiento ordinario que establece la Ley de Extranjería, esto es, que se les multe, pero que no se les detenga por el hecho de ser extranjeros ilegales.
 
Al margen de que esta Ley precise una buena reforma, puesto que no es de recibo que la falta de papeles sea penado con una simple multa, hoy, la Ley dice que “la mera estancia ilegal en territorio nacional no es motivo de expulsión”.
 
Así están las cosas.
 
El cazador, cazado
 
Que el Gobierno está cada vez más nervioso es público y notorio. Que no sabe como atajar la multitud de problemas que tiene que resolver es un secreto a voces.
 
Con relación al complicado tema de la inmigración, el Gobierno de Zapatero ha demostrado de nuevo que gobierna a golpe de titular, de fotografía. Una improvisación permanente que acabamos pagando los ciudadanos.
 
Los desmanes de la legislatura pasada están pasando factura.  Aquél fatídico “papeles para todos” anunciado a bombo y platillo por el entonces ministro del ramo, Jesús Caldera, ha ido derivando en consecuencias cada vez más nefastas, que hemos ido enumerando en estas líneas a lo largo de los años.
 
Hoy, la crisis económica no entiende de fotografías más o menos oportunas. Todos aquellos que buscaron en España oportunidades y que llegaron de cualquier manera, jugándose la vida en muchos casos, han visto cómo sus sueños se han hecho añicos a causa de la irresponsabilidad de los que gobiernan sin amplitud de miras.
 
El resultado: “sobran”. Ahora sobran. Y hay que quitarlos de la circulación como sea, de la manera que sea, con incentivos para el retorno, con cupos de detenciones. Todo parece valer con tal de quitarse la incómoda mirada de pregunta de los que confiaron en tener unas garantías de supervivencia en condiciones de legalidad que hoy se ven truncadas.
 
¿No era más fácil tratar de prevenir el problema de la ilegalidad antes?

 
 
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Medios de Comunicación.