Debate sobre la delimitación de fronteras marítimas con Marruecos

por Pleno del Senado, 19 de noviembre de 2004

MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL PLENO DEL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS CON RESPECTO A LA DELIMITACIÓN DE LAS FRONTERAS MARÍTIMAS ENTRE ESPAÑA Y MARRUECOS (662/000044).
 
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas con respecto a la delimitación de las fronteras marítimas entre España y Marruecos.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el senador Cosidó.
 
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, señor presidente.
 
Señores senadores, después del incendio, nos corresponde hablar de agua. La política exterior es algo más que irse de tapas con el Canciller Schröder por el Barrio Húmedo de León. La acción diplomática es algo más que acudir a las fiestas del pueblo del ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos. La política internacional es algo más que sacarse fotos en los jardines del Palacio de la Moncloa con el Presidente Chirac. La acción exterior de España es algo más que irse de cacería por Albacete con el padre del actual Presidente de Estados Unidos George Bush. Todo esto está muy bien y no lo criticamos. Pero hay algo que es más importante. Lo importante es saber cuáles son nuestros intereses y tener la voluntad política de defenderlos. Y nuestra actual política exterior carece de ambas cosas. Carece de una definición precisa de nuestros intereses y carece de la voluntad de defender con firmeza los mismos.
 
En el tema que nos ocupa, el interés de España pasa hoy por definir nuestras fronteras marítimas con Marruecos. Todos estaremos de acuerdo en que la defensa de la soberanía nacional es sin duda la primera y más sustancial obligación de todo Gobierno que quiera considerarse como tal. Pues bien, este Gobierno está haciendo dejación en el ejercicio de nuestra soberanía sobre el mar territorial español y quiero fundamentar esta afirmación. Como todos ustedes saben, el pasado 29 de julio el Gobierno de Marruecos concedió a un consorcio formado por dos compañías petroleras australianas y una británica los derechos de prospección de crudo en el Mediterráneo oriental. Esta concesión incluía las aguas territoriales de Melilla, Islas Chafarinas e Isla de Alborán. Que nosotros sepamos, a fecha de hoy, el contrato no ha sido rescindido por las autoridades de Marruecos y, lo que es aún más grave, esta concesión no ha sido protestada formalmente por el Gobierno de España. Esta inacción del Gobierno nos parece especialmente grave porque con su omisión está reconociendo al Reino de Marruecos unos derechos sobre nuestras aguas territoriales que pueden poner en cuestión nuestra propia soberanía sobre los territorios que otorgan esos derechos.
 
Cualquier conocedor del Derecho Internacional sabe que el consentimiento por omisión constituye un peligroso antecedente frente a cualquier futura disputa que quiera someterse al arbitraje de un Tribunal Internacional de Justicia. Pero, más allá de sus consecuencias jurídicas, esta pasividad de nuestro Gobierno nos sitúa ante una inquietante posición de debilidad política frente a futuras reivindicaciones de nuestro vecino del sur. En el mes de octubre asistimos a un nuevo incidente por cuestiones de petróleo. El buque «JW Powell», contratado por una empresa norteamericana con concesiones para explorar las aguas del Sahara Occidental, se introdujo en aguas que corresponderían a la zona económica exclusiva de Canarias para realizar estas investigaciones. Al parecer, Capitanía Marítima de Las Palmas denegó en primera instancia la entrada a puerto de este buque tras realizar estas prospecciones, aunque posteriormente fue autorizado por tiempo limitado.
 
El Ministerio de Asuntos Exteriores español tampoco solicitó, que nosotros sepamos, ningún tipo de explicación a las autoridades de Marruecos tras el incidente. Esta posición de claudicación, de no protestar para no molestar, de ceder nuestros derechos en aras de una más cordial relación contrasta enormemente con la posición de firmeza que mantuvo el Gobierno del Partido Popular ante situaciones similares. Porque en marzo del año 2000 Marruecos concedió también una licencia de reconocimiento petrolero que incluía espacios marítimos españoles como el mar territorial de Ceuta, el de la Isla de Alborán y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera.
 
El día 14 de junio de 2001 España formuló una reserva expresa de sus derechos mediante un memorando que fue entregado al embajador de Marruecos en Madrid. Esto es exactamente lo primero que tiene que hacer este Gobierno, lo que nosotros solicitamos que haga por medio de esta moción. En primer lugar, que pida formalmente explicaciones. Y si el contrato sigue vigente en los términos que he descrito, que fotocopien la reserva formulada por el Gobierno del Partido Popular en 2001 y que la presenten sobre esta nueva concesión de 2004. Porque si no hace nada, como hasta ahora, este Gobierno estará cometiendo una irresponsabilidad que va mucho más allá del petróleo que pueda o no encontrarse. En realidad estará haciendo una peligrosa dejación en la defensa de nuestra integridad territorial.
 
Ésta es, además, la posición que sin duda corresponde adoptar a España en reciprocidad a la ejercida por Marruecos. Porque cuando el Gobierno español otorgó en diciembre de 2001 una licencia de exploración petrolífera a Repsol en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos protestó emitiendo un comunicado el día 31 de enero de 2002 —sólo un mes después de aprobarse esta concesión— en el que Marruecos no sólo recordaba las protestas anteriores contra la determinación por España de la mediana para determinar la zona económica exclusiva, sino que, además, expresaba un principio, que sin duda resulta inquietante, al señalar que su plataforma continental literalmente se extiende más allá de la mediana, un criterio que rompe de forma clara con el principio de equidistancia que Marruecos había aceptado históricamente en la delimitación de sus fronteras marítimas con España. La prontitud, la firmeza, la ambición con que Marruecos responde a una concesión española que está claramente en nuestra zona económica exclusiva contrasta fuertemente con la pasividad, la debilidad y la claudicación con que el actual Gobierno español, ante concesiones otorgadas por Marruecos en nuestras propias aguas territoriales, responde.
 
La moción que hoy presentamos tiene, por tanto, como objetivo exigir al Gobierno que tome la iniciativa, que defienda los intereses de España y que defina y ejerza de forma efectiva la soberanía en aquellas aguas que legítimamente son españolas para evitar en el futuro incidentes como el de las concesiones petrolíferas en Melilla, las prospecciones en aguas canarias o acontecimientos aún más graves como el de Perejil. A nuestro entender, la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos es un interés que debe ser común para ambos países, porque una definición precisa de nuestros espacios marítimos, que nos permita evitar en el futuro un conflicto por esta cuestión, nos va a permitir desarrollar una relación y una colaboración más estrecha con nuestro vecino.
 
Existen tres razones fundamentales que exigen esta definición. En primer lugar, evitar los conflictos pesqueros que se producen de manera constante por la indefinición de las aguas territoriales entre uno y otro país. En segundo término, poner freno a la cadencia de protestas formales de uno y otro país cada vez que se concede una autorización para prospecciones petroleras. Y, por último, pero quizá más importante, para evitar, como ya he dicho, que en el futuro pueda repetirse un incidente como el de Perejil. No es éste el momento ni el lugar para entrar en cuestiones técnicas sobre la delimitación de nuestros espacios marítimos, pero sí querría aprovechar para fijar cuatro criterios básicos que resultan irrenunciables desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular.
 
En primer lugar, España no puede renunciar nunca al mar territorial que, según el Derecho Internacional, corresponde a los territorios de la isla de Perejil, Ceuta, Peñón de Vélez de la Gomera, Isla de Alborán, Islas de Alhucemas, Melilla e Islas Chafarinas.
 
En segundo término, nuestra opción es la negociación franca y constructiva con Marruecos para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes en la delimitación de nuestras nueve fronteras marítimas. Pero España tampoco debe renunciar, por principio, al arbitrio de un Tribunal Internacional de Justicia, en el caso de que sea imposible alcanzar el acuerdo.
 
En tercer lugar, es esencial recordar que Marruecos no ejerce soberanía sobre las aguas que corresponden al Sahara Occidental. Esto implica, y quiero ser extremadamente claro en este punto, que la negociación en el Atlántico de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental debe realizarse, exclusivamente, al norte del paralelo 27º 40’; es decir, a partir de la línea fronteriza entre Marruecos y el Sahara Occidental, porque sólo así estaremos salvaguardando los legítimos derechos del pueblo saharaui. Aunque cabe preguntarse cómo un Gobierno que no es capaz de defender nuestros propios espacios de soberanía puede defender los derechos legítimos de ningún pueblo.
 
Por último, la delimitación de la zona económica exclusiva frente a las islas Canarias debe establecerse con el principio de equidistancia como base de la negociación. Acceder a las pretensiones de Marruecos de extender su plataforma continental hasta las mismas costas del archipiélago canario sería privar a los ciudadanos de Canarias y al conjunto de los españoles de unos recursos que, legítimamente, les pertenecen. Quiero resaltar que este criterio de establecer la delimitación en la mediana entre las aguas territoriales no sólo tiene unas sólidas bases jurídicas en el Derecho Internacional, sino que está, además, amparado por la sentencia del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 2002, sobre la investigación de hidrocarburos frente a las costas de Fuerteventura y Lanzarote.
Entendemos que estos cuatro principios deben permitir alcanzar un acuerdo que conduzca a la superación definitiva de esta cuestión; una cuestión que ha sido una de las principales fuentes de conflicto entre los dos países en los últimos años y que, en nuestra opinión, puede ser solventada en este momento. Siempre habrá algún malpensado —y no creo que en esta Cámara— que interprete esta iniciativa como un intento de entorpecer las relaciones hispano-marroquíes.
 
Nada más falso. Por el contrario, creemos que el momento político que atraviesan las relaciones bilaterales entre España y Marruecos constituye una oportunidad para resolver una cuestión sobre la que ya el Gobierno del Partido Popular dio pasos importantes al constituir un grupo de trabajo específico para la delimitación de los espacios marítimos entre los dos países en el Atlántico. Por otro lado, los criterios que hemos enunciado, plenamente compatibles con el Derecho Internacional, pueden dar solución a un problema que, siendo complejo, no es sin duda irresoluble. Reitero además nuestro convencimiento de que nada contribuiría más al futuro de unas relaciones pacíficas y positivas con Marruecos que hallar solución definitiva a estas constantes disputas en nuestras aguas territoriales. Y termino mi intervención reafirmando la enorme importancia que el Grupo Parlamentario Popular otorga a nuestras relaciones con Marruecos. Nos alegramos profundamente del buen momento que según nuestro Gobierno atraviesa esta relación, pero consideramos que la salud de esa relación se mide por la capacidad de ambos Gobiernos para afrontar y resolver los problemas y no por el número de fotos o abrazos que acumulen.
 
Sepan, por tanto, que para defender la soberanía, la integridad y los intereses de España el Gobierno va a contar siempre con el máximo apoyo y lealtad del Grupo Parlamentario Popular. Ésa y ninguna otra es la intención de esta moción.
 
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
 
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