Durante décadas, la comunidad internacional ha basculado sobre el principio de la inviolabilidad de las fronteras. No era una cuestión gratuita, sino el deseo de no volver a caer en los horrores de haber querido jugar con ellas al antojo de las pasiones nacionalistas. El dictamen de la Corte Internacional de Justicia dice que, teniendo en cuenta el contexto y la situación, las instituciones interinas de Kosovo no violaron el derecho internacional con su declaración unilateral de independencia de febrero de 2008. Por mucho razonamiento jurídico con que se quiera disfrazar, no deja de ser un auténtico disparate político.

 

Yo estaba en el Ministerio de Defensa cuando aquella guerra y doy fe de que nadie en la OTAN se movilizó por aquel entonces en aras de un Kosovo independiente. Si se llegó a bombardear a los serbios fue para detener su supuesta limpieza étnica sobre la minoría albano-kosovar.

 

La Corte se justifica en las condiciones «sui generis» y «específicas» del caso kosovar, en un intento de zanjar probables utilizaciones de otras fuerzas independentistas como un ejemplo a seguir. Pero eso son tan buenas como irrisorias intenciones. Está claro que los nacionalismos de todo tipo explotarán el caso de Kosovo en su favor, de Osetia del Sur a Cataluña, pasando por Palestina. Y es que cuando uno rompe una regla, acaba con el principio de la coherencia y legitima la pregunta de por qué unos sí y otros no.

 

Lo que los jueces deberían tener claro es que la independencia de Kosovo no es un asunto legal, sino político y estratégico. Aplicar fríamente su interpretación de la ley, sin tenerlo en cuenta, es la mejor receta para el desastre. La comunidad internacional no reconoció en su día a Kosovo y no debería hacerlo porque ellos lo dicten ahora.

 

Dando pábulo a la fragmentación sólo se alimenta el desgobierno y el caos.