Comprando y vendiendo humo

por Gerardo del Caz, 2 de diciembre de 2009

 

El pasado 9 de noviembre tuvo lugar en Sopot, Polonia, la cumbre hispano-polaca y José Luis Rodríguez Zapatero optó por su particular forma de entender la diplomacia que para él  consiste, casi siempre, en sacrificar los intereses nacionales y buscar una palmadita en la espalda del interlocutor. Esta vez el precio lo justificó de sobra. España adquirió 25 millones de Euros en derechos de emisión de CO2 al país con más consumo de carbón de toda la Unión Europea y uno de los que menos esfuerzos ha realizado para diversificar sus fuentes energéticas (un 90% de su energía se produce aún hoy a partir del carbón).
 
La compra se justifica con los compromisos del protocolo de Kioto que fijaba unos objetivos de emisiones por países con respecto a los niveles de 1990, siendo España uno de los países más alejados de su cumplimiento por el simple hecho de que fue uno de los que más creció en términos económicos y poblacionales desde entonces. Es por esta diferencia que España ha de compensar su exceso de emisiones mediante la adquisición de los llamados "derechos de emisión". Y así lo está haciendo. Se han comprado derechos a Hungría, República Checa, Polonia y en breve se concluirán los acuerdos con Ucrania.
 
Hay numerosas paradojas con respecto a esta compra. En primer lugar cabría preguntarse si es apropiado que nuestro país, en una situación económica crítica, consagre unos considerables recursos económicos a adquirir esos derechos de emisión. Emisiones que, por otra parte, se van a realizar de todos modos y que van a contaminar se pague o no se pague a Polonia, a Ucrania, o al próximo país a quien Zapatero tenga a bien agradar.
 
El disparate no acaba aquí. España otorga millones de euros a Polonia con el objeto de fomentar las energías renovables en ese país cuando en España se está subvencionando el propio carbón nacional. El carbón más caro de extraer y más contaminante y por el que se distribuyen generosas subvenciones a empresas eléctricas y sindicatos mineros. ¿No se podrían emplear esos millones de euros en invertir en tecnología limpia en España?
 
Y hablemos de Kioto y de sus consecuencias. Para empezar, hay que abordar el gigantesco déficit de legitimidad que tiene un acuerdo en el que las razones son discutibles -la acción humana como motor del cambio climático- y en el que las medidas son, en cualquier caso, insuficientes -al quedarse fuera tanto China como EEUU que son los mayores emisores de CO2-, pero en todo caso, hay que analizar el sinsentido de que España acabará pagando derechos de emisión por emitir mucho menos CO2 per capita que países como Alemania, Francia, Gran Bretaña o Italia.
 
Es preciso recordar que los mecanismos de compensación es una de las partes más cuestionables del protocolo de Kioto y que fue aprobada únicamente para que Rusia se incorporara al acuerdo. Los mayores beneficiados son precisamente los países ex-comunistas que tras el derrumbe de sus economías vieron muchísimas de sus ineficientes, improductivas y contaminantes fábricas cerrarse para siempre. Son los derechos de esas emisiones el objeto de comercio y la razón por la que países como España acabará sufragando la reconversión de la industria de Europa del Este. Por supuesto ello no redunda en una mejora del medio ambiente pues las fábricas cerraron por la falta de mercados y por su ineficiencia.
 
Cabría preguntarse también qué hace el Gobierno con esos derechos de emisión de CO2. El Gobierno de España asigna anualmente unos cupos de emisiones a determinadas industrias y sectores. Según esas cuotas el exceso de emisiones que se haya producido por ejemplo en una central eléctrica de carbón que ha funcionado más horas de las previstas, se ha de compensar pagando aquello que se ha emitido en exceso. Ahora bien, si los costes se repercuten a la empresa, hay dos posibilidades. La primera es que la empresa se encuentre en un mercado regulado como el eléctrico, con lo que dicho exceso de costes repercutirá en el llamado déficit tarifario y que acabaremos pagando todos tarde o temprano. La segunda es que la empresa tenga que competir libremente y, por tanto, ese exceso de costes significará una reducción de su competitividad y la consiguiente pérdida de empleos.
 
Es decir, precisamente cuando muchas de las industrias españolas se están deslocalizando e invirtiendo en los países del este y justo cuando el desempleo alcanza niveles sin parangón, España compra derechos de emisión que perjudican a s ciudadanos y a su propia industria.
 
Lo incomprensible es ver como el Ministerio de Medio Ambiente se congratula de ser el "líder mundial" en compras de derechos de emisión con cerca de 600 millones de euros hasta ahora y con varios cientos por comprar aún -el ministerio ni siquiera hace estimaciones oficiales-.  Las cifras pueden ser peligrosas. España emitió en 2007 un 50% más de toneladas de CO2 que en 1990 cuando el reparto de las emisiones de Kioto sólo le permite hasta un exceso del 15%. El Ejecutivo de Zapatero mantiene que las emisiones entre 2008 y 2012 bajarán hasta superar en 37 puntos el nivel de 1990. Esto implicaría que hay que rebajar en un 25% las emisiones en sólo cinco años aunque el merito no sería sólo del Gobierno sino de una crisis económica que destruye actividad económica viéndose reducido el consumo energético. Es por este motivo que España se dispone a comprar más derechos por el exceso de emisiones en la vivienda y el transporte dando por hecho que  la industria tendrá que adquirir por su parte si supera lo asignado. 
 
En definitiva, se estima que las empresas españolas tendrán que adquirir derechos para más de 150 millones de toneladas de CO2. Casi tanto como el Gobierno. Será una nueva y onerosa carga para una economía que ya adolece de una terrible falta de competitividad.
 
Desde luego que es muy objetable el proceso de asignación de las emisiones pero el problema no es que Kioto sea una pantomima internacional en el que sólo creen los países como forma de marketing político o como excusa para vender reformas. Lo sorprendente es que tengamos un Gobierno que en lugar de dedicarse a resolver los problemas de la economía española, esté dispuesto a aumentar la carga de las empresas a cambio de una etiqueta verde al precio que sea. Incluso si ha de comprar humo.
 
 
Gerardo del Caz es Analista de Política Internacional, especialista en temas de seguridad y desarrollo en Asia.