Complicidad española con la ocupación marroquí del Sáhara

por Ana Camacho, 13 de julio de 2005

¿Tiene España que “dialogar” con Marruecos para enviar una delegación oficial a España?  José Luís Rodríguez Zapatero y su ministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos no tienen dudas de que así debe ser. Por eso creen que la culpa de que los observadores no puedan acceder a la antigua provincia española no es de la prepotencia de Marruecos sino de los modos inapropiados de las delegaciones que organizan viajes solidarios con los saharauis víctimas de la represión marroquí sin practicar ese diálogo que pasa por pedirle permiso a los que, desde 1975, ocupan el Sáhara en contra de las resoluciones de la ONU. Para demostrar cómo hay que hacer las cosas para no cosechar frustraciones, Moratinos está poniendo todo su buen talante y su capacidad de diálogo en el asador de su “hermano” Mohamed VI  para que aterrice en El Aiún una delegación parlamentaria.
 
Sus esfuerzos podrían escenificar un gesto del Gobierno socialista por demostrar la mala fe de los “radicales” que le acusan de estar dándole la puntilla al pueblo saharaui, plegándose al dictado de sus aliados franceses, si no fuese porque sus comentarios siguen haciendo caso omiso de un pequeño pero no desdeñable detalle: España sigue siendo la autoridad administradora del Sáhara y no tiene por qué pedirle permiso a nadie para entrar en lo que la ONU califica como Territorio No Autónomo, es decir, pendiente de descolonización.
 
Por el contrario, si sus funcionarios y militares españoles no están en el Sáhara para defender los intereses de sus tutelados saharauis, tal como obliga la Carta de la ONU a las potencias administradoras, el Gobierno de España, debería explicar a la comunidad internacional por qué no puede atender sus deberes internacionales y garantizar el libre paso de las delegaciones y por qué  Marruecos se arroga unos derechos que no tiene legalmente y que hace valer con el feo idioma de las armas y la violencia. Eso es lo que podría haberse hecho siguiendo el ejemplo de Portugal frente a la invasión indonesia de su colonia de Timor Este. Pero, en el caso de España, desde 1975 se han derrochado ingentes energías para no dar un paso que deja en evidencia al malhechor -en este caso Marruecos- y que no consentiría seguir jugando a las ambigüedades con las que los Gobiernos españoles y la comunidad internacional han venido favoreciendo la anexión de facto, aunque no de jure, del Sáhara Occidental al reino alauita.
 
El engaño a la opinión pública española adquiere tintes alevosos cuando Moratinos, no satisfecho con el regalo que le hace a Mohamed con tanto diálogo, señala el buen camino que llevan sus gestiones para que la expedición parlamentaria visite El Aiún como una nueva prueba del buen estado del que gozan las relaciones hispano-marroquíes gracias a su pericia y sensibilidad ¿Y no será que el rey de Marruecos, tan inflexible con el paso de otros observadores, está dispuesto a dejar entrar una delegación institucional porque le resulta muy beneficioso para sus intereses? En términos legales, el que el Gobierno de la potencia administradora no advierta a la comunidad internacional de que Marruecos está impidiendo ilegalmente el libre acceso a su colonia y de por bueno que tiene derecho a ello pidiéndole permiso de entrada, equivale a legitimar esa autoridad que la dinastía marroquí intenta desesperadamente que la comunidad internacional le reconozca sin pasar por la consulta sobre la autodeterminación que el derecho internacional le reconoce al pueblo saharaui.
 
La importancia de estos detalles legales quedó patente en el extraño y misterioso vía crucis, que sufrió la querella planteada por el abogado Francisco Fernández Goberna en 1995, después de que las fuerzas ocupantes en El Aiún obligasen a un avión con 210 políticos, artistas, intelectuales y periodistas a bordo a cambiar su destino inicial a El Aiún y aterrizar en el aeropuerto de Gando, en Gran Canarias.
 
¿Con qué derecho se permitían los funcionarios del rey Hassán desviar un avión cargado de civiles que se dirigía al Sáhara?  Al no tener la soberanía del territorio, planteó entonces el letrado, esa decisión presuntamente inocua de no conceder permiso alguno de aterrizaje al avión tenía como consecuencia la acción de quien, “no ostentando legitimidad jurídica alguna, hizo creer a los testigos-víctimas que la ostentaba y obligó con ello a variar el rumbo del avión de forma ilegal y delictiva” violando así “el derecho a la libertad de los pasajeros de circular dentro de las aerovías” y el derecho a la seguridad.  En resumen, tal como se habían desarrollado los hechos, los pasajeros del avión tenían motivos para acusar a las autoridades marroquíes de haber cometido un delito de piratería aérea y terrorismo, uno de esos crímenes cuya gravedad permitían a la Justicia española su persecución en el extranjero. Aunque este último detalle sólo debía subrayar la magnitud del atropello porque, como advertía el abogado, hasta que no se celebre el referéndum de autodeterminación, el Sáhara seguirá siendo para la ONU un territorio no autónomo bajo la administración española.  Por eso, señalaba el texto de la querella, había otro culpable en la escena, el Gobierno español cuyos funcionarios incurrieron en responsabilidad criminal “a través de la comisión por omisión porque, debiendo estar en el lugar de los hechos (El Aiún) no estuvieron, incumpliendo así su obligación jurídica”. 
 
La marcha de la querella se convirtió en un buen ejemplo del laberinto en que se transforma la justicia española cuando toca tratar un asunto sensible para la casa real alauita  (véase el también kafkiano caso del periodista José Luis Gutiérrez). Hubo jueces en la Audiencia Nacional que le dieron una oportunidad a las reclamaciones de los viajeros como el magistrado José Antonio Jiménez-Alfaro que, poco después de felicitar emocionado a Fernández Goberna quedó mutilado por un paquete bomba de ETA; o el juez Gómez de Liaño al que la admisión de la querella le sumó importantes tantos para convertirse en objetivo a abatir del Partido Socialista ya entonces estrechamente alineado con la parte marroquí. Otros, como el juez Luis del Olmo, no tuvieron dudas de que el camino correcto era el opuesto del juez Gómez de Liaño y dio carpetazo al asunto en 1998 alegando  “el perjuicio que entrañaría mantener abierta una causa”, dos horas después de que Fernández Goberna se quejase ante el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, por el retraso injustificado en la instrucción de la causa.
 
La acción judicial no prosperó y en los medios de comunicación un sospechoso silencio cayó sobre el caso mientras el abogado sufría amenazas, sabotajes y extrañas llamadas que le advertían de los graves perjuicios que su querella podía acarrear en el plano político al incomodar a Marruecos y poner en evidencia las carencias y debilidad de España. La razón de tanta expectación era que las reclamaciones de los clientes de Fernández Goberna, miembros de una delegación proreferéndum, en realidad eran un pretexto para declarar oficialmente nulos los Acuerdos Tripartitos.
 
La inercia que arrastra la Administración española para no contrariar al vecino es tal que hasta en los archivos del Ministerio de Exteriores y del Boletín Oficial del Estado intentaron eludir con diversos subterfugios las peticiones del abogado para que se le certificase lo que todo el mundo sabe, que los Acuerdos Tripartitos nunca fueron publicados en el BOE y, por lo tanto, nunca entraron en vigor de acuerdo con la ley española. 
 
Indignado ante la insistencia con que en las instancias judiciales se acababa señalando al Sáhara como un territorio extranjero (adelantándose así a los resultados de un referéndum que sigue sin celebrarse), el abogado decidió no sólo continuar su batalla en Estrasburgo sino plantear una nueva querella en la que exigía una rectificación en ese volumen titulado ABC de las Naciones Unidas  y editado por la ONU en que se señala claramente a España como la potencia administradora del Sáhara. Si tan equivocado estaba y, como decían los representantes de la Administración española, había cometido un error que dejaba en entredicho su credibilidad, la culpa era de ese libro que no podía seguir en circulación tal como estaba redactado sin entrar en contradicción con “los derechos a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. Pero, hasta el momento, ni siquiera el informe de Hans Corell, el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas que en enero de 2002 ratificó la condición de España como potencia administradora del Sáhara, ha logrado hacer mella en los estamentos judiciales ni en los de la clase política de izquierdas o derechas para que España vuelva a estar en regla con el derecho internacional.
 
La beligerancia unánime que PSOE y PP mantuvieron contra una acción legal que les hubiese permitido liberarse de las ataduras del fraude heredado del último gobierno franquista al amparo de una acción civil de la que nadie les podía culpar, sólo se explica por la capacidad de Marruecos por mantener cautiva la acción exterior española a través de poderosas redes de influencia política y económica.
 
En cualquier caso, en contra de lo que creen muchos expertos, queda en evidencia que, para los sultanes de Marruecos, sigue siendo clave mantener  la ficción de los Acuerdos Tripartitos. Sus deseos han sido cuidadosamente secundados por los políticos españoles del posfranquismo, que han utilizado esa comedia para simular una pretendida neutralidad que tantos puntos en común tiene con la perversa complicidad de la ONU con los atropellos con los que Marruecos le impide organizar un referéndum de autodeterminación.
 
En realidad, la falsa neutralidad de España y de la ONU son las dos caras de una misma moneda. El truco parte de hacer como que las responsabilidades españolas en el Sáhara se acabaron en 1975 con la firma de los ilegales y nulos Acuerdos Tripartitos y, para disimular ante la opinión pública, se señala a la ONU; y las Naciones Unidas, si alguien les echa en cara su inacción y pasividad, recuerdan que no tienen la administración del Sáhara Occidental. Y es que, como solía recordar con amargura el embajador y gran experto en la materia, Jaime de Piniés, España podía haberse liberado de sus responsabilidades en el Sáhara sólo si hubiese cedido la administración a la ONU, cosa que el último gobierno franquista no quiso hacer con una alevosía y premeditación que desembocaron en la farsa de los acuerdos de Madrid.
 
El engaño adquiere credibilidad con una retórica cargada de equidistancia entre las dos partes en el conflicto, que siempre evita cuidadosamente distinguir entre agresor y agredido, entre ocupante y oprimido, entre la parte que cumple con las resoluciones de Naciones Unidas y su misión de paz y la que pisotea y arrastra por el fango el derecho internacional humillando a sus ejecutores. Si el conflicto del Sáhara no se resuelve, dicen los socialistas fieles a la escuela establecida por Felipe González, es por la falta de voluntad de saharauis y marroquíes, sin que haya diferencias entre las dos partes: el objetivo de esta marrullería no es otro que el de engañar a los españoles y la comunidad internacional, sembrando una confusión que perjudica al pueblo saharaui y anima al agresor marroquí a seguir desafiando las resoluciones de la ONU y a continuar su genocidio en el Sáhara.
 
Para que la comedia continúe es indispensable que no trascienda a la opinión pública nada de lo que ocurre en las zonas ocupadas y de ahí que el régimen de Marruecos, y por lo tanto su incondicional amigo Moratinos, hagan lo posible por disuadir, desmotivar y desacreditar la visita de delegaciones “hostiles”, como dicen en Palacio en Rabat, pues la descortesía y hostilidad con que los responsables marroquíes acogen a los visitantes españoles  pone en evidencia el feo papel que la ONU juega en el Sáhara, delata el vacío de la potencia administradora y desenmascara el auténtico rostro de esa amistad hispano-marroquí que nada tiene que ver con las relaciones entre dos pueblos sino con una estricta amistad PSOE-Palacio alauita. 
 
La intifada ha desbaratado ese teatro que los anteriores Gobiernos justificaron como un recurso inofensivo para evitar conflictos con Marruecos como el del islote Perejil. Ya no es posible seguir por el camino de las ambigüedades sin que éstas se conviertan en una partidista militancia a favor de las tesis antiONU de Marruecos. Y es que, ahora, más que nunca, el rey Mohamed necesita el apoyo de España para simular que la potencia colonizadora le cedió una administración, que legalmente nunca pudo transferirle, y hacer creer que ostenta “la legitimidad jurídica que nunca tuvo”.
 
Al rey Mohamed le viene muy bien que la potencia administradora, la que según derecho internacional se supone que más sabe del Sáhara Occidental, de este mal ejemplo ante el resto de la comunidad internacional. El colmo sería que, además de imponer sus condiciones a la expedición parlamentaria, el rey de Marruecos estuviese molesto por los esfuerzos de Moratinos por someterse a su voluntad con sello y firma. Es el digno broche de oro a una labor que, desde el mismo 14- M no se ha dado respiro para aliviar la incómoda situación que le creó al sultán la alianza entre Aznar y Bush y, sobre todo, ese eje orquestado por Madrid con Argelia, eterna rival de Marruecos y apoyo clave de los refugiados saharauis, y Mauritania, la otra salida natural de la diáspora saharaui. Un eje que, por primera vez, sintonizaba las prioridades políticas con los auténticos intereses y aliados naturales de España en la zona pero que cometía el intolerable pecado de perjudicar las ambiciones de liderazgo franco-marroquíes en el Magreb.
 
 Moratinos ha hecho lo posible por devolverle al rey Mohamed la tradicional ventaja que, a golpe de omisión, España le ha venido dando en el conflicto saharaui y ha promocionado con mimo la inexistente faceta amable del sultán. Su labor de propaganda proMohamed ha sido impecable pero la intifada saharaui y esos inoportunos viajeros solidarios han malogrado los resultados y deteriorado su ya desgastada imagen.
 
 Ya no hay forma de ocultar a los españoles la auténtica naturaleza feudal y tiránica del régimen que impera en la otra orilla del Estrecho. La cruda realidad muestra que,  mientras la política marroquí siga estando imbuida de un maligno nacionalismo imperialista, la única posibilidad de no tener problemas con Marruecos es realizando una política de apaciguamiento que no interfiera mínimamente con los proyectos de Mohamed VI para ampliar su espacio vital a costa de cualquiera de sus vecinos, incluida España. La historia ya ha enseñado que el apaciguamiento en las relaciones internacionales sólo es pan para hoy y hambre para mañana,  una insana concesión  al chantaje sobre la que no puede crecer nada duradero y que sólo puede justificarse en aquellos casos en los que los Gobiernos tienen que ganar tiempo. Pero ese, evidentemente, no es el propósito de Moratinos que siempre ha creído de corazón lo que le contaban en París, que la casa real alauita puede ser un socio fiable para España si se la sabe tratar con cariño y que el esfuerzo vale la pena porque, de todo el Magreb, su régimen es el único ejemplo de estabilidad y apertura democrática que progresa. 
 
Sin embargo, el rey Mohamed está atrapado por la línea marcada por su  padre Hassán II de mantener el Sáhara ocupado cerrado a cal y canto para impedir el tránsito de observadores, periodistas y hasta viajeros que amenacen con recoger testimonios que no concuerdan con su versión idílica de los hechos: el asunto del Sáhara es un conflicto artificial instigado por la pérfida Argelia y el Sáhara es una provincia del sur marroquí habitada por una población encantada de que no le hayan dejado expresar su voluntad en un referéndum de la ONU porque, desde que fue invadida por las tropas marroquíes, goza de una libertad, prosperidad y desarrollo económico que han convertido el territorio en un paraíso terrenal.  Además, los gobernantes marroquíes no van a consentir precisamente a los ciudadanos de la potencia administradora esa libertad de movimientos que no le han permitido a los cascos azules de la MINURSO: si para su estrategia de hechos consumados resulta vital que la ONU se someta a sus exigencias, con más motivos tienen que dejar claro al mundo que ellos y no los españoles son los que mandan en el Sáhara.
 
A Moratinos, tan sensible con la intifada de los palestinos, lo único que se le ocurre para contrarrestar la vergüenza desatada por esas imágenes televisivas de la policía marroquí aporreando, abofeteando y moliendo a patadas a jóvenes (sin excluir a las mujeres) a plena luz del día (qué no harán en la oscuridad de los calabozos), es explicarles que lo que ven sus ojos no es para tanto.
 
Lo ideal para la política proalauita de Moratinos sería que los saharauis hiciesen caso de las recomendaciones que su segundo, Bernardino León, les ha trasladado en su nuevo viaje a los campamentos de refugiados en Argelia, pidiendo calma a los líderes del Polisario en pro de “soluciones constructivas” que no sean pasto de los telediarios. Esta vez, no parece que nadie esté dispuesto a hacerle el favor. Los saharauis lo conocen demasiado bien como para que, cuando Moratinos anuncia a bombo y platillo que va a tomar cartas en el conflicto para resolverlo de una vez,  se disparen sus alertas rojas. Su consuelo es que, hasta ellos, que el ministro siempre infravaloró como unos parias desarrapados, se han dado cuenta de que nadie en el mundo le tiene ya en consideración. Ni siquiera en París.