Colombia: ¿quién le teme al Procurador Ordóñez?

por Eduardo Mackenzie, 8 de noviembre de 2010

 

En lugar de abrir una investigación contra Alejandro Ordóñez Maldonado, Procurador General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia debería abrir, cuanto antes, una investigación penal contra la ex senadora Piedad Córdoba.
 
En escueta nota, El Espectador, reveló la siguiente enormidad este 29 de octubre: “Tan sólo un día después de conocerse que en segunda instancia [Piedad Córdoba] fue inhabilitada por 18 años para ejercer cargos públicos […] el presidente (e) de ese Tribunal, Jaime Arrubla Paucar, confirmó la indagación que se encuentra en etapa preliminar por extralimitación de funciones [contra el Procurador General].”
 
Antes de terminar la investigación, Arrubla Paucar pretende que el Procurador General se “extralimitó en sus funciones”. ¡Qué extraña manera de impartir justicia: anunciar el veredicto antes de examinar los hechos!
 
Súbitamente, el presidente de la CSJ, con ese acto teatral, hace de la ex senadora una inocente y del Procurador un culpable. En lugar de obrar contra el crimen, Jaime Arrubla Paucar se lanza contra un magistrado que lucha contra el crimen. Si, contra el crimen, pues el expediente de Piedad Córdoba, sobre el cual descansa la medida de inhabilitación, y de confirmación de ésta, establece con claridad que ella se involucró en graves crímenes. ¿O cómo pueden calificarse los consejos que ella dio para que las Farc le sacaran el más alto provecho al horrible crimen del secuestro?
 
Ella gestionó operaciones de “liberación” de rehenes, y de mantenimiento en cautividad de éstos, para una banda que es capaz, por razones ideológicas, de secuestrar civiles y militares y mantenerlos en la selva durante doce o más años.
 
Quién puede olvidar su exhortación a las Farc: “Hay que soltar algo pero no a Ingrid [Betancourt]”. Quien puede olvidar que en 1998, tras un encuentro con “Tirofijo” y el “Mono Jojoy” en el Caguán, en la época de los falsos diálogos de paz, Piedad Córdoba llegó a Bogotá advirtiendo que  si no había intercambio humanitario “iríamos entonces hacia una guerra definitiva” (Voz, 14-27 de octubre de 1998).
 
¿No es un crimen y una “falta gravísima”, como escribe el Procurador General, “haber colaborado y promovido” a las Farc, la principal organización terrorista del Hemisferio, “entre el 16 de agosto y el 21 de noviembre de 2007, así como en fechas anteriores y posteriores en los años 2007, 2008 y 2010”?
 
¿Es acaso un pecadillo excusable, “haber realizado, presuntamente, actos tendientes al fraccionamiento de la unidad nacional, evidenciado en el desconocimiento de la legitimidad de algunas instituciones y de los procesos democráticos, la apología a las Farc, y sus reiteradas invitaciones a la subversión y a la rebeldía“?
 
No, no lo son. Su continuada ayuda a las Farc constituye un delito que duró años. Durante su agitada vida política, Piedad Córdoba apeló a todo tipo de maniobras  para tratar de aislar y debilitar el gobierno que buscaba por todos los medios liberar a los secuestrados sin ceder ante el terrorismo. Ella actuó como si supiera que tenía patente de corso, pues un poderoso grupo la respaldaba. Eso explica la durabilidad de su lamentable acción. Por fortuna, el Procurador General rompió la coraza de la impunidad. La CSJ debe entrar ahora a estudiar  ese mismo asunto desde el ángulo penal.
 
En las acusaciones del Procurador hay materia suficiente para que se abra un juicio por violación del artículo del código penal que habla del delito de menoscabo de la integridad nacional. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué intimida, por el contrario, a un alto funcionario probo e independiente que osó, por fin, retirarle su insultado estatus de senadora?
 
En el gesto de Jaime Arrubla hay como un mensaje: todo aquel que intente frenar la actividad de Piedad Córdoba será objeto de represalias judiciales. Es un mensaje terrible que produce escalofríos pues lleva implícito el anuncio del fin del Estado de derecho en Colombia.
 
El ataque contra el Procurador Ordóñez hace parte de un conjunto más amplio en el que el inocente es transformado en culpable. Obdulio Gaviria y Francisco Santos son llevados a juicio por haber denunciado a unos sindicalistas que asistieron a una reunión en el extranjero dirigida por las Farc. Esos “sindicalistas” son mostrados como víctimas y sus críticos como culpables.  El Coronel Plazas Vega, para hablar del caso más atroz, es condenado, sin prueba alguna, a 30 años de cárcel por haber vencido a los terroristas que asaltaron y masacraron a los magistrados y a los empleados del Palacio de Justicia. Son sólo tres ejemplos de lo que está pasando.
 
El fallo del Procurador General demuestra que la ex directora del Partido Liberal cruzó la frontera que podía haber entre una pretendida identidad meramente “intelectual” y la realización de actos delictivos a favor de las Farc. Esa sanción fue la primera pero no será la última. Por eso el pánico se apodera de un cierto microcosmos extremista, y de Caracas, y fuerzas obscuras se empeñan en borrar la inhabilitación y mostrar al Procurador Ordóñez como el hombre que debe ser derribado. ¿El país, la opinión pública, el Estado, permitirán que eso ocurra?
 
 
Eduardo Mackenzie. Periodista, última obra publicada: Les FARC où l’échec d’un communisme de combat. Colombie 1925-2005