CESID 2002: La agenda

por GEES, 9 de junio de 2001

Con un retraso que unos consideran prudente y otros desafortunado, el Gobierno ha decidido poner al frente del CESID a un civil y relevar, así, de sus funciones al Teniente General Javier Calderón, quien ha ocupado la Secretaría del centro desde finales de mayo de 1996. El nombramiento de un civil y su elevación administrativa por encima de la actual de Director General expresa el arranque de una nueva etapa para la inteligencia española más allá de lo meramente simbólico. La ruptura con el secular monopolio militar (de Tierra) es patente, pero también que se pretende dar mayor entidad a la coordinación de los distintos organismos de información que operan al servicio del Estado.
 
Con la sustitución del actual director del Centro por un civil se abre, a su vez, de nuevo el debate acerca de la adecuación del sistema legal frente a las actuaciones de los agentes del CESID y la posibilidad de elaborar y aprobar una Ley que las regularice a la vez que las ampare. El precio de estos cinco años en los que el Gobierno ha tenido que concentrarse en eliminar de los titulares de prensa al CESID, ha sido generar una gran expectativa sobre la futura Ley de controles de los servicios de inteligencia, impidiendo una reflexión más profunda sobre los requerimientos reales que debe satisfacer el CESID en materia de información, debate, por lo demás, que ha tenido lugar con total normalidad en países de nuestro entorno donde sí se ha discutido sobre las condiciones y objetivos de la inteligencia en el nuevo entorno estratégico.
 
Someter al CESID a algún tipo de control es un sine qua non de la democracia, aunque no necesariamente una Ley sea el mejor método para ello. Es más, quedarse en los aspectos formales del control de las actividades del Centro y de sus agentes es imprescindible, pero no es suficiente para garantizar que los servicios de inteligencia produzcan el tipo y la información que la toma de decisiones institucionales exige hoy en día. Además de un servicio secreto bajo control, es necesario que éste sea eficaz. Desgraciadamente el debate sobre lo primero ha impedido un debate sobre lo segundo.
 
1.- Sobre los controles al CESID
 
El primer control al que hay que someter a todo servicio de inteligencia es el político, directamente desde el Gobierno. Durante años, el CESID se ha fijado por sí mismo sus objetivos informativos y sólo en 1998 el Gobierno fue informado por el Ministro de Defensa acerca de los mismos, sin que se aprobaran o adoptaran colegiadamente. Y aunque en años posteriores, el Gobierno pudo discutir los objetivos anuales del CESID con mayor profundidad, la realidad es que el catálogo de dichos objetivos continúa inspirado -y preparado- en lo sustancial por el propio CESID, quien los redacta inicialmente. Si el Gobierno quiere ejercer un mayor control sobre los servicios de inteligencia debe cuidar el aspecto de la definición de los objetivos anuales. A tal fin se debería dedicar un pequeño núcleo en la Presidencia de Gobierno, que integrara las necesidades informativas de todos los departamentos del Estado, las trasladara a los servicios de inteligencia y chequeara rutinariamente su cumplimiento.
 
Un segundo control de las actuaciones del CESID es el presupuestario. Sólo la utilización de los fondos reservados está sujeta a un control parlamentario por la Comisión de Secretos Oficiales, que, en teoría, chequea la legalidad del uso de los mismos con carácter semestral. Sin embargo, la propia naturaleza de dicha Comisión, formada por los portavoces de los grupos parlamentarios, sin un staff de apoyo,  vuelve este ejercicio inoperante. Al hacerse una presentación oral por parte de los Ministros que cuentan con ese tipo de fondos, la capacidad de análisis está, por lo demás, muy mermada. Una mejora de ese control parlamentario, en buena lógica, consistiría en la obligación de que el Gobierno presentase un informe por escrito, que pudiera ser debatido por los miembros de dicha Comisión.
 
Es más, para realmente ejercer un control democrático del presupuesto del CESID, éste debería poder ser estudiado y analizado en sede parlamentaria, con el detalle que se aplica a otras partidas del Estado, como Defensa, pero, eso sí, con las debidas salvaguardas de publicidad para mantener la eficacia de los mismos. En términos ideales, el Congreso debería crear una comisión permanente sobre inteligencia, capacitada para acceder a secretos de Estado y poder reunirse en sesión cerrada. Si los presupuestos son la expresión cuantificada de una política del Gobierno, los prepuestos del CESID reflejan también una línea de actuación y, como tal, no pueden quedar al margen del escrutinio parlamentario.
 
2.- El fiasco de la Ley de controles
 
Una tercera forma de aumentar el control sobre las actividades del CESID estriba en la elaboración y aprobación de una Ley que regule lo que pueden y no pueden hacer los agentes de los servicios secretos, particularmente en lo relativo a la interceptación de comunicaciones de todo tipo y la penetración en domicilios y propiedades privadas.
 
Esta posible regulación legislativa cobró mayor fuerza desde el descubrimiento de las escuchas del Centro a la sede de HB en Vitoria, pero el interés del CESID por contar con una norma legal que cubra sus actuaciones es, en realidad, muy anterior.
 
Curiosamente, podría afirmarse que sobre la Ley confluyen dos visiones contrapuestas: por un lado, la de los demócratas formalistas, que preferirían encorsetar a los agentes secretos en una maraña legal (aprobaciones judiciales previas, autorizaciones puntuales, investigaciones judiciales internas, etc.) para anularlos en la práctica; por otro, los propios agentes interesados que pretenden que el Estado cree una zona de impunidad legal, de suspensión de la ley general de hecho, para protegerles en sus actuaciones más arriesgadas.
 
La verdad es que una Ley así está sujeta a todo tipo de contradicciones. Para empezar, no podría funcionar para todas aquellas actividades que tengan que ver con el seguimiento u obtención de información de sedes diplomáticas y diplomáticos extranjeros debidamente acreditados en España, sujetos como están al derecho internacional y no a la ley española. Aún peor, esta Ley sólo se aplicaría al territorio español, puesto que no podría garantizar su cobertura a todo otro dominio altamente relevante para las actuaciones de inteligencia, el extranjero, donde, curiosamente, las actividades de los miembros del CESID tienen que ser clandestinas.
 
Una Ley así, por tanto, no evitaría que el CESID continuase con sus actividades en los intersticios de la normativa nacional, ya que sus objetivos sólo pueden cumplirse debidamente moviéndose en esa zona o más allá, pero daría garantías a quienes, por ejemplo, han salido encausados por diversas escuchas ilegales, que se sentirían protegidos por este paraguas legal. Se trata de la funcionarización y burocratización extrema de los servicios de inteligencia.
 
La Ley no debe salir, sino que tiene que recuperarse un espíritu y una conciencia de que estar trabajando como agente de los servicios de inteligencia no es un trabajo más, sino que conlleva unos riesgos y servidumbres, pero también unos indudables beneficios. Así ha sido siempre y nunca han faltado personas interesadas, por múltiples razones, en ingresar en este tipo de organismos.
 
Cuando los agentes franceses que hundieron el buque de Greenpeace, Rainbow Warrior, en Nueva Zelanda, fueron detenidos, juzgados y condenados a 10 años de cárcel, nunca admitieron ser miembros del servicio exterior francés, pero el Gobierno galo hizo indirecta y directamente cuanto pudo para aliviar su condena y lograr su traslado a Francia. Era un riesgo asumido en lo personal por los agentes y en lo político por el director del servicio secreto exterior francés, entonces el Almirante Lacoste, quien se vio en la obligación de dimitir tras la salida a la luz pública de la operación.
 
La ambigüedad en el caso español, se deriva de tener un único servicio de inteligencia que engloba las tareas informativas domésticas y las exteriores. El esquema, normal en otros países, de distintos servicios especializados no ha prosperado en España y fraccionar el actual CESID en dos se considera un ejercicio costoso y que pondría en entredicho su capacidad durante un largo periodo de tiempo.
 
3.- La agenda 2002: mejorar la calidad y eficacia
 
El problema del CESID no es que esté descontrolado, sino que su trabajo está siendo desplazado a los márgenes de la toma de decisiones gubernamentales, simplemente porque no es capaz de competir con la información y análisis que los gobernantes encuentran hoy por doquier, desde Internet a los continuos encuentros internacionales.
 
El CESID ha intentado vender dos productos en estos últimos años: en primer lugar, el establecimiento de una disciplina interna que le ha llevado a reducir su presencia en la prensa; en segundo lugar, la redacción de numerosísimos, decenas de miles, de informes, que probaría el respeto que su trabajo genera entre las autoridades e instituciones públicas, a la vez que su propio esfuerzo por escudriñar lo oculto del mundo.
 
Ni uno ni otro son del todo verdad. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que el Gobierno necesita cada vez más de un servicio de inteligencia que responda a sus necesidades, en términos de los objetivos informativos a cubrir y de la calidad de su trabajo. Se sabe, por ejemplo, que de los más de veinte mil informes realizados en el año 2000, según el propio CESID, sólo cuatro mil son originales, el resto hace referencia a las copias enviadas.
 
También se sabe, tal y como ha recogido la prensa, que el CESID fue incapaz de, en su campo de mayor especialización y orgullo, el terrorismo etarra, avisar de la tregua de ETA y de su final, por el que nunca apostó, sino todo lo contrario. El actual Ministro de Defensa acaba de reconocer en una entrevista a El País, por seguir con otro ejemplo,  que el CESID le sirvió para “contrastar” la información que los ingleses daban sobre el submarino Tireless en lo que parece un  claro eufemismo  del retraso de conocimiento sobre el problema y las posibilidades acerca de la avería de dicho submarino por la inteligencia española.
 
Es normal, en cualquier caso, que un centro que quiere abarcar todo en todo momento produzca cosas de muy distinto valor. De ahí que uno de los esfuerzos básicos del nuevo director sea abandonar la lucha por seguir ocupando un papel central en todo y concentrar los recursos de la inteligencia en aquellas áreas y actividades que les son específicas y que ningún otro organismo se ocupa eficazmente de ellas. No tiene ningún sentido que el CESID gaste dinero en redactar largos y genéricos informes sobre  las defensas antimisiles de los Estados Unidos, o en traducir informes oficiales americanos que se compran por menos de 10 dólares en Washington, informes que pueden muy bien ser realizados por otras instancias españolas, públicas o privadas. Lograr saber encontrar el nivel de valor añadido es aún una tarea pendiente por parte del servicio secreto español.
 
Una de las posibles medidas para mejorar esta falta de sintonía entre necesidades y producción de información, además de la necesaria especialización y externalización de servicios, debe venir por el establecimiento de una relación más estrecha entre productores y consumidores de información e inteligencia. En estos momentos el CESID es un organismo autónomo y distante, al que nadie en la administración, salvo autorización expresa del Ministro de Defensa o el Presidente del Gobierno, puede hacer llegar una petición expresa y concreta de información. En un universo tan cambiante, esta distancia sólo puede mermar el papel de la inteligencia que, para ser relevante, debe conocer de manera inmediata y permanente las necesidades de sus clientes.
 
4.- Coordinación versus revolución cultural
 
Se suele decir que instituyendo un sistema de coordinación entre los distintos servicios de información, la productividad y calidad de sus trabajos quedará mejor garantizada. Es posible, pero no es suficiente. No se trata de un problema de coordinación orgánica, se trata de un asunto de cambio de mentalidad. Los retos de información e inteligencia de hoy y, sobre todo, del mañana, poco tienen que ver con el perfil del militar que hasta ahora ha nutrido al CESID. Y por mucho que sus responsables hablen de la progresiva civilización del Centro, no sólo es que los civiles ocupen posiciones subalternas, sino que provienen, con un altísimo grado de endogamia, de la gran familia militar y de la Guardia Civil.
 
Lo que el servicio de inteligencia necesita en el Siglo XXI es un nuevo perfil de agente de campo y de analistas con conocimientos de campos muy específicos, particularmente en el terreno de las nuevas tecnologías y los riesgos emergentes.
 
De ahí que sea tan importante marcar los objetivos informativos anualmente y controlar que el presupuesto se emplea correctamente y no para otros fines, secundarios o no.
 
En suma, si el CESID aspira a retomar el lugar que le corresponde como instrumento imprescindible de la toma de decisiones gubernamental, debe recuperar la confianza y el prestigio perdidos entre los líderes políticos de nuestro país y para ello es necesario que sus productos sean buenos, que sirvan en tiempo y forma a la toma de decisiones. Para lograrlo no es necesaria una nueva Ley que regule sus actividades, sino una mejora de la eficacia y calidad de sus servicios. Y para ello, parece claro que el nuevo director tiene que dedicar un notable esfuerzo en cambiar los procedimientos instituidos y la cultura de trabajo del CESID.