Bolivia, foco de subversión en el Cono Sur
por Pedro Fernández Barbadillo, 16 de julio de 2004
Bolivia se ha convertido en el país más inestable de Iberoamérica. Los golpes de estado se cuentan por docenas y ha perdido inmensos territorios a manos de sus vecinos. Las consecuencias del aislamiento y de la agitación son la pobreza nacional, con una renta per cápita inferior a los 900 dólares anuales. En 1985, como consecuencia de la ola democratizadora que inundaba la región debido al derrumbe de las juntas militares, se estableció un sistema parlamentario. En los años siguientes, pareció que Bolivia alcanzaba, con algún que otro susto, la paz política imprescindible para su desarrollo. Sin embargo, desde las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales, celebradas en 2002, la república ha caído en un proceso de subversión montado por la extrema izquierda que amenaza con afectar al resto de la región, en especial a Chile.
En octubre de 2003, la labor conjunta de personajes como Evo Morales y Felipe Quispe y de sus organizaciones, el partido Movimiento Al Socalismo (MAS) y el sindicato Central Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) consiguió el derrocamiento del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. La excusa fue la explotación de los inmensos yacimientos de gas natural encontrados en el subsuelo boliviano, en concreto en la región de Tarija, al sur del país, y que son los segundos más grandes de Sudamérica tras los de Venezuela. Bolivia carece de industria y tecnología para extraer el gas natural y transformarlo, así como de un puerto por el que exportarlo. Hace varios años, se aprobó una concesión a Pacific LNG, un consorcio formado por la británica BP, la hispano-argentina Repsol YPF y la estadounidense Panamerican.
El proyecto irritaba a Morales, Quispe y demás, porque suponía la introducción de la república en el mercado internacional, a la que se opone su ideología social-indigenista. La oposición echó a sus seguidores a la calle con dos banderas: el Estado iba a obtener muy poco (el 18% del precio de venta) por un recurso que pertenecía al pueblo y el gaseoducto iba a desembocar en un puerto chileno, el de Patillos, una alternativa más barata que el puerto peruano de Ilo, pero insoportable porque suponía el reconocimiento de la pérdida del litoral en la guerra del Pacífico (1879-1883). Aunque Bolivia firmó con Chile en 1904 un tratado de paz en el que se fijaban las lindes, los bolivianos ansían la antigua costa.
Después de días de tumultos y manifestaciones en que murieron alrededor de 80 personas, Sánchez de Lozada huyó. Le sustituyó su propio vicepresidente, Carlos Mesa, que tuvo que aceptar una serie de exigencias impuestas por los rebeldes. Unos pocos meses después, Bolivia se enfrenta a la segunda fase de la subversión.
Los oponentes, entre los que destaca Morales, comparten la ambición política y la ideología, mezcla de socialismo y de indigenismo; además, son aliados del teniente coronel Hugo Chávez. Éste, para ocultar su fracaso como gobernante, ha recurrido a convertirse en un guía de los pueblos latinoamericanos contra el neoimperialismo yanqui, y en semejante campaña cuenta con correligionarios bolivianos.
La revuelta
Para mantenerse en el poder, Carlos de Mesa ha cumplido las condiciones de los rebeldes, que no eran más que una capa con la que disimular sus intenciones golpistas. Por un lado, suspender el proyecto de extraer gas natural y venderlo a Estados Unidos y México a través de un gaseoducto que llegase al Pacífico por Chile. Por otro lado, convocar un referéndum sobre el destino de esta materia prima. Los elementos más radicales proponen la anulación de las concesiones a las petroleras que van a explotar los yacimientos. Igualmente, Mesa ha comenzado una ofensiva en la Organización de Estados Americanos para obtener de Chile una salida al mar. En esta campaña, Mesa cuenta el respaldo interesado de Chávez para desestabilizar el Cono Sur.
El 21 de abril, los presidentes de Bolivia y Argentina firmaron en Buenos Aires un acuerdo por el que el primer país aprobaba la exportación de gas durante seis meses a Argentina, que en estos momentos no puede atender a su demanda nacional. El movimiento social-indigenista se opuso a la venta, pues ni un centímetro cúbico de gas podía salir de Bolivia antes del referéndum que decidirá el empleo de los yacimientos. Sin embargo, Mesa impuso una cláusula que satisfizo a los golpistas: Argentina, que tiene un contrato de suministro de gas con Chile que está incumpliendo, no puede revender el gas boliviano a su vecino. El presidente chileno, el socialista Ricardo Lagos, apoyado por una opinión pública unida (otros dicen que forzado por ella), ha respondido con represalias económicas. En junio comenzó la exportación a Argentina de cuatro millones de metros cúbicos diarios y con ella llegaron unos técnicos de la Superintendencia de Hidrocarburos de Bolivia para comprobar que ni una de las moléculas de gas natural se desvía a Chile.
Pero la campaña no consiste en obtener una costa. De hecho, la Junta militar del general Augusto Pinochet quiso ceder en 1978 una pequeña franja de territorio a Bolivia, de cinco kilómetros de ancho junto a la frontera peruana, por una extensión similar en los Andes. Entonces Perú, también derrotado en la guerra del Pacífico y anterior propietario de ese suelo, vetó el trueque.
El referéndum
El domingo 18 de julio se celebrará el referéndum, para lo que se ha tenido que aprobar una ley ad hoc. La agitación y los intereses particulares de cada partido son tales que la ley reguladora se aprobó el día 6. En un decreto firmado por el presidente a mediados de mayo éste fijó la fecha de la convocatoria y las preguntas oficiales. Después, se ajustó la legislación al contenido del decreto.
Los bolivianos tendrán que pronunciarse sobre cinco preguntas, denunciadas por su complejidad: abolición de la Ley de Hidrocarburos promulgada por el Gobierno anterior; recuperación por el Estado de la propiedad de todos los hidrocarburos en la boca del pozo; refundación como empresa pública de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos; aprobación de la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico (sic); y obligación de usar los ingresos gas para industrializar el país y mejorar la sanidad y la educación, junto con la fijación de un impuesto mínimo del 50%.
Los resultados de la consulta se conocerán en agosto. Si hay dudas sobre la interpretación de las preguntas y los compromisos que a ellas obligan, los dirimirá el Congreso, donde ningún partido tiene mayoría. La concreción de las medidas, como la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, tardará varios meses, por lo que las primeras consecuencias se verán en 2005. Entre tanto, hay programadas unas elecciones municipales, una nueva ocasión para los agitadores.
En Bolivia, el voto es obligatorio, pero en el articulado aprobado por el Parlamento la participación era voluntaria. Unos días después, para aumentar la confusión, el Consejo Nacional Electoral sostuvo que la obligatoriedad también se extendía a esta consulta. Para la validez del referéndum es imprescindible, según la ley, que participe el 50% del censo.
Las encuestas dan el sí a todas las preguntas, pero el referéndum es una ocasión para que los rebeldes sacudan de nuevo el vacilante Estado boliviano. El movimiento social-indigenista, unido el año pasado para deponer a Sánchez de Lozada, se ha dividido en dos bloques: uno más ideologizado (a la izquierda) y otro más indigenista.
El primero gira en torno a Evo Morales y su MAS. Éste se ve como próximo presidente de la república y, por tanto, ha suavizado su discurso: tal vez hablé de nacionalizar [los hidrocarburos] en mi época de dirigente sindical, cuando estaba en la protesta y no en la propuesta (Página 12, 11-7-2004). Ahora reconoce que la renacionalización del gas supondría para Bolivia el pago en indemnizaciones de cientos de millones de dólares que no tiene y el desprestigio absoluto e el extranjero. El cambio le ha llevado a frenar las movilizaciones y a pedir el sí a tres de las cinco preguntas. Sin embargo, su nueva imagen no supone que prescinda de sus antiguos objetivos. En caso de llegar a la presidencia, introducirá a Bolivia en la órbita chavista y en el proyecto de éste de fundar una OPEP latinoamericana: Petroamérica.
El segundo sector ha mantenido su discurso habitual y ha decidido practicar contra el referéndum el mismo terrorismo que contra el anterior presidente. La Central Obrera Boliviana (COB), liderada por Jaime Solares, los campesinos aymaras del Altiplano, agrupados en la CSUTCB, a las órdenes de Quispe, y varias juntas vecinales de El Alto (junto a La Paz y centro de numerosas protestas) han llamado a boicotear la consulta, incluso con la quema de las urnas. En el Altiplano la posibilidad de que se produzcan disturbios es alta y el Gobierno ha enviado allí a varios cientos de policías y militares. Solares, como secretario ejecutivo de la COB, ha anunciado la expulsión de Morales del sindicato, porque le consideran vendido al Gobierno y defensor de un referéndum neoliberal. Todos estos grupos exigen la renacionalización de los hidrocarburos. En el fondo quieren la imposición de una supuesta edad de oro indígena, un comunismo primitivo, la expulsión de los blancos y un fuero propio.
En Tarija, donde se encuentran los yacimientos de gas natural, la preocupación es otra. Los habitantes quieren que la venta y la construcción del gaseoducto se realice cuanto antes, aunque se exporte por Chile. Un hartazgo similar se da en Santa Cruz, la capital económica de la república y zona petrolífera.
Los conflictos que desgarran a Bolivia son hasta ahora de carácter social, político y racial; sólo falta que aparezca después del referéndum la escisión regional. Los únicos ganadores en esta situación convulsa serían los partidarios de destruir la sociedad liberal o blanca.
El nuevo eje en Sudamérica
Todo lo descrito arriba son fases de un plan más amplio, que consiste en eliminar de Sudamérica a los gobernantes no alineados con el nuevo eje Chávez-Castro-Kirchner, Uno de los escogidos como blanco es el colombiano Álvaro Uribe, en cuyo descrédito participan prominentes personalidades del movimiento antiglobalización como José Saramago. En otros casos, el objetivo no es el derrocamiento de un presidente, sino la anulación de un país completo, como Chile. Morales lo explicó en una entrevista al diario de izquierdas argentino Página 12 (18-1-2004): Estados Unidos quiere convertir a Chile en el Israel de Latinoamérica, lo que se traduce en un brazo militar y económico opuesto a los pueblos latinoamericanos.
Para la clase dirigente e intelectual ascendente en la región, Chile es un pésimo ejemplo que se debe eliminar. Un Chile próspero (el FMI calcula un crecimiento del 4,6% del PIB para este ejercicio y del 5,5% para 2005) y vinculado a Estados Unidos, donde la pobreza, junto con la demagogia, disminuyen gracias a la aplicación de políticas liberales, no tiene lugar en la nueva Sudamérica.
Las consecuencias para Bolivia de esta subversión están siendo inmensas. No se limitan al desprestigio del país entre los inversores internacionales; sino que además afectan a las relaciones internacionales. Como ha escrito recientemente el periodista Andrés Oppenheimer, existe el riesgo creado por los Estados débiles, que son aquéllos que no cumplen sus tareas elementales como proteger a sus nacionales de amenazas internas o externas, y suministrar servicios básicos. Haití, Afganistán y Somalia son tres de ellos, y en esta lista también se incluye a Bolivia. Diversos grupos (narcotraficantes, señores de la guerra, caciques, indigenistas...) coinciden en despedazar el Estado para quedarse con los trozos. Las consecuencias son estremecedoras: refugio para mafias internacionales, huida de la población, crisis económica, etcétera. Mientras tanto, el nuevo Gobierno mantendría privilegios internacionales.
España debe contemplar este proceso con mucha atención, pues lo que ocurra en Bolivia tendrá repercusiones en sus vecinos. Los sectores más demagógicos de Iberoamérica pueden optar por la expropiación o confiscación de los servicios privatizados en los últimos años, comprados en los últimos años por empresas españolas. Además, si la vida se hace imposible en esas repúblicas, España será, junto con Estados Unidos, el destino de miles de esos emigrantes. Así ocurrió en Argentina con el corralito: en cuestión de meses decenas de miles de argentinos se trasladaron al otro lado del Atlántico. Aunque cueste, España y Occidente deben tratar de aportar a estos pueblos no ayudas al desarrollo, sino sensatez: los argumentos precisos para que los bolivianos comprendan que deben explotar sus recursos naturales y los medios para que los ingresos se usen para desarrollar sus sociedades.