Bolivia: el Estado se apropia de lo ajeno

La decisión de Evo Morales de nacionalizar el petróleo y el gas es de enorme gravedad. La expropiación a empresas extranjeras llevará aparejada profundas consecuencias económicas y sociales para los ciudadanos bolivianos, pero también afectará a muchos ciudadanos españoles que poseen acciones de las empresas expropiadas. Finalmente, tiene una lectura evidente en el terreno de la política exterior española.

 

No puede afirmarse que la decisión nos haya pillado por sorpresa. Si de algo no se puede acusar a Morales es de haber sido ambiguo en su ideario: lo suyo es la lucha contra el capital, en particular, contra las multinacionales, el estatismo y el proteccionismo económico. Su decisión de nacionalizar los recursos naturales es cien por cien fiel a sus ideas.

 

Morales ha justificado su decisión en la “necesidad de mejorar la gestión de los recursos naturales” y en que los actuales contratos concesionales “están mal negociados y perjudican al Estado boliviano”. En primer lugar, es muy dudoso que el Estado de un país tercermundista (dicho sea sin el menor desprecio) vaya a mejorar la gestión de empresas especializadas en vanguardia tecnológica mundial. En segundo lugar, aun suponiendo que los contratos estuvieran mal negociados, el Estado no puede romperlos unilateralmente, expropiar a las empresas y apropiarse de derechos que ya no son suyos usando la fuerza y decidir por su cuenta si compensará a las empresas expropiadas o en cuánto lo hará. Esto es lo mismo que robar.

 

Si la voluntad fuera realmente reequilibrar los contratos concesionales, Morales podría haber recurrido a instrumentos alternativos a la nacionalización, como la renegociación de los contratos. Pero los ha despreciado muy conscientemente. La realidad es que no interesa renegociar. Lo que interesa es hacer exhibición de programa político revolucionario. Y si hace falta, con el ejército por delante.

 

¿Qué alternativas tienen ahora Repsol-YPF y el resto de empresas expropiadas? Básicamente, confiar en el CIADI, el organismo de arbitraje del Banco Mundial, para intentar conseguir un justiprecio expropiatorio mínimamente digno.

 

Para Bolivia, la decisión de expropiar a empresas extranjeras sin previo aviso es una catástrofe. La nacionalización ha provocado una brutal inseguridad jurídica a todo aquel potencialmente interesado en invertir su dinero en Bolivia. La voladura de cualquier atisbo de seguridad jurídica en las inversiones provocará probablemente salidas de capital de Bolivia, pero sobre todo la incapacidad de atracción de nuevos capitales. ¿Qué inversor en su sano juicio colocará su capital en Bolivia a sabiendas de que el Estado puede apropiarse de su dinero de un día para otro y sin previo aviso?

 

La cuestión es dramática porque si algo necesita Bolivia para prosperar es capital. Necesita más capital físico (en buena lógica necesariamente foráneo, que rehuirá el país), capital tecnológico (que suele venir de la mano del capital físico) y capital humano, cuya generación requiere tiempo, dinero y políticas que no parecen probables de la mano de un gobierno como el de Morales.

 

Al final, no hace falta saber mucho de economía para predecir los resultados: una economía empobrecida, perpetuación de los niveles y tasas de pobreza y, probablemente, la generación de una minoría beneficiada por el poder político, que en raras ocasiones escapa a la corrupción. En pocas palabras, quienes van a pagar el pato van a ser, como ocurre siempre en estos casos,  los más débiles. 

 

Algo ha debido hacerse mal en Latinoamérica para que una ideología derrotada, fracasada y abandonada en el resto del mundo triunfe electoralmente de nuevo, a pesar del olor a naftalina de sus señas de identidad y de los “éxitos” evidentes en prosperidad en Cuba y Corea del Norte, los bastiones del comunismo. El fracaso en Latinoamérica de las estrategias basadas en la economía de mercado, a las que sus enemigos califican como “neoliberales” (en la terminología que con tanta sorna utiliza Sala-i-Martín, las políticas de la “globalización neoliberal capitalista salvaje”), ha sido sus insuficientes frutos en la lucha contra la pobreza, que responden esencialmente a que no se ha dejado que el mercado funcione como es debido. 

 

Y a España, ¿cómo le afecta esta decisión? España como país sale perjudicada porque la seguridad de su abastecimiento energético se resiente. Económicamente, el país se ve empobrecido, porque disminuye el volumen de recursos en poder de residentes cuyo precio aumenta. En palabras más técnicas, empeora nuestra relación real de intercambio.

 

Pero los principales perjudicados son, naturalmente, los millones de españoles que poseen acciones de Repsol.

 

La reacción del gobierno español puede calificarse de patética. Tras el apoyo explícito a Morales en su campaña y su respaldo a Morales con más impuestos de los españoles en forma de cooperación, la reacción no ha podido ser más débil y vergonzosa. Parece obvio que un ataque a los intereses de millones de españoles debe tener una respuesta contundente. Entre otras cosas, el gobierno debería plantearse si debe seguir dando una importante válvula de escape a Morales con las puertas permanentemente abiertas a la inmigración boliviana. Quizás otros países amigos que hoy tienen restringida su emigración a España, como Colombia, merezcan con  más motivos la hospitalidad española.

 

Como español, sentirse chuleado por un personaje como Morales produce sentimiento de vergüenza, pero esencialmente por estar representado por el actual gobierno.