Balance del terrorismo en España en el año 2003

 

 

1.1. Atentados  terroristas

 

ETA cometió en 2003 un total del 18 atentados, con un balance de tres víctimas mortales. Se trata de las cifras más bajas en treinta años, pues si exceptuamos el año 1999, en el que ETA mantuvo una tregua, hay que remontarse hasta 1972 para encontrar un número de muertes menor. Y en particular el retroceso de la violencia ha sido continuo desde el año 2000, en el que una ETA que había podido reorganizarse desde la tregua reanudó su lucha con nuevos bríos, cometiendo 47 atentados que causaron 23 víctimas mortales.

 

 

Las víctimas mortales fueron el sargento de la Policía Municipal de Andoaín (Guipuzcoa), Joseba Pagazaurtundua, militante del Partido Socialista y de la plataforma ciudadana ¡Basta Ya!, asesinado a tiros en febrero, y dos policías nacionales, asesinados mediante una bomba lapa en Sangüesa (Navarra), en mayo. Dos ertzainas (miembros de la policía autónoma vasca) resultaron heridos en un tiroteo en Álava en septiembre, pero los atentados más graves por el número de heridos que causaron -trece- iban dirigidos contra población civil, al tratarse de dos bombas colocadas en sendos hoteles de Alicante y Benidorm en agosto. El atentado potencialmente más grave, que afortunadamente se pudo evitar,  consistió en la colocación de una bolsa con explosivos en el tren Intercity Madrid-Irún el 23 de diciembre, que fue acompañado por la colocación de explosivos en líneas férreas de Aragón. Al margen de los citados, un elevado porcentaje de los atentados con explosivos realizados por ETA a lo largo del año tenían por objetivo intimidar a empresarios con fines de extorsión, lo que revela la preocupación de la banda por el estado de sus finanzas. 

 

No menos importante ha sido la reducción de los atentados terroristas de baja intensidad, tales como el lanzamiento de botellas incendiarias o los apedreamientos, a las que los medios de comunicación suelen aludir con la expresión vasca kale borroka (lucha callejera) y el Ministerio del Interior denomina terrorismo urbano. En el año 2003 hubo 150 ataques de este tipo, menos que en cualquier otro de los últimos años -incluido 1999, porque este tipo de terrorismo no se interrumpió durante la tregua de ETA-. Esto es muy importante, no sólo porque tales actos contribuyen a amplificar el temor causado entre la población vasca por el los atentados más graves, sino porque en ellos han realizado su iniciación a la violencia muchos de los terroristas que en los últimos años se han incorporado a los comandos de ETA. Puede decirse que la kale borroka representa la cantera de ETA y por ello la sensación de impunidad que habían llegado a tener sus protagonistas a mediados de los años noventa representaba un grave obstáculo para la lucha antiterrorista. Las innovaciones legislativas introducidas en los últimos años, como la reforma del Código penal o la ley de Responsabilidad penal de los menores, ambas de enero de 2000, pusieron fin a esa impunidad, agravando las penas por ese tipo de ataques terroristas.

 

1.2 Medidas antiterroristas.

 

 La creciente debilidad de ETA es en primer lugar  resultado de la presión judicial y policial, en España y en otros países, que en los últimos años ha conducido a la detención de un importante número de terroristas, entre ellos algunos miembros de la dirección de la banda. Frente al centenar de detenciones que se produjeron en el año 2000, cuando ETA reanudó sus atentados tras haberse reorganizado durante la tregua, ha habido 187 en el año 2003. La mayoría de las detenciones se producen en España, pero hay que destacar la importancia de la cooperación francesa en este terreno.

 

Entre las operaciones más destacadas hay que mencionar la desarticulación de sendos comandos en Navarra y en Guipúzcoa, respectivamente en julio y en diciembre; los sucesivos golpes dados al aparato de captación de nuevos militantes, a partir del mes de abril; la detención en Francia de Ainhoa García Montero, perteneciente al núcleo dirigente de la banda, en mayo; la desarticulación de la estructura financiera, logística y de falsificación de documentos que ETA tenía en México, en julio; la detención en Francia, el 4 de diciembre, de Ibón Fernández Iradi, antiguo jefe del 'aparato militar' de ETA, que un año antes había logrado huir tras una primera detención -en la que se le había incautado una documentación que resultó extraordinariamente útil para las operaciones antiterroristas realizadas en el año 2003-; y por último la detención, también en Francia, de su sucesor al frente del 'aparato militar', Gorka Palacios, el 9 de diciembre.

 

La cooperación francesa no se ha traducido sólo en las importantes detenciones realizadas en el país vecino. Hay que destacar también la importancia de las entregas temporales, un mecanismo puesto en marcha a finales del año 2001, que permiten a la justicia española interrogar a etarras detenidos en Francia, sin esperar a que cumplan allí condena. Es también importante que la justicia francesa acordara por primera vez, en junio de 2003, la extradición a España de un etarra por hechos cometidos exclusivamente en Francia, en concreto el adiestramiento de terroristas. Y debe destacarse también la ratificación por Francia de un  tratado bilateral de cooperación transfronteriza en materia policial y aduanera, que permite a las fuerzas de seguridad españolas realizar labores de patrulla y vigilancia en territorio francés.

 

Las penas por delitos terroristas se han hecho más severas con la aprobación de la ley orgánica 7/2003, de 30 de junio, que tuvo el voto favorable de una amplia mayoría parlamentaria, en la que confluyeron el Partido Popular y el Partido Socialista. De acuerdo con esta ley, las penas máximas por terrorismo han aumentado de 30 a 40 años, y en los casos más graves los condenados tendrán que cumplir efectivamente esos 40 años, cuando hasta ahora sólo cumplían habitualmente 20.

 

No menos importante han sido las medidas adoptadas contra aquellos elementos del entramado de ETA que actúan al servicio de la banda terrorista en los planos político o propagandístico, sin realizar directamente atentados. En ese sentido lo más importante ha sido la sentencia del Tribunal Supremo del 17 de marzo de 2003, que disolvió la formación política Batasuna, en aplicación de la Ley de Partidos políticos aprobada el año anterior. Esto ha privado a ETA de un poderoso aparato de propaganda e intimidación, que gozaba además de subvenciones públicas. La ilegalización supuso que Batasuna no pudiera concurrir a las elecciones municipales del 25 de mayo, perdiendo en consecuencia las 49 alcaldías que regentaba en pequeñas localidades de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, en las que administraba un presupuesto de más de 190 millones de euros. Por su parte, los ministros europeos de Justicia e Interior aprobaron el 5 de junio la inclusión de Batasuna, como parte integrante de ETA, en la lista de organizaciones consideradas terroristas por la Unión Europea.

 

En el Parlamento Vasco, sin embargo, la mayoría nacionalista se ha negado a cumplir el auto del Tribunal Supremo de 18 de junio que ordenaba la disolución del grupo Socialista Aberzaleak, en el que se integran los diputados de Batasuna, dando así origen a un grave conflicto institucional. Esto ha de relacionarse con el proceso de radicalización experimentado por el nacionalismo democrático vasco que, al tiempo que condena firmemente el terrorismo de ETA, trata de promover la autodeterminación. El gobierno nacionalista de Juan José Ibarretxe presentó el 25 de octubre un proyecto de Estatuto político de la Comunidad de Euskadi que rompe unilateralmente con las disposiciones de la Constitución Española.

 

Entre las medidas judiciales contra el entorno de ETA deben mencionarse otras dos. El 20 de febrero el juez Juan del Olmo ordenó la clausura cautelar del diario Euskaldunon Egunkaria, basándose en que su dirección estaba controlada por ETA; y el 29 de abril la policía desarticuló, en una operación coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, la dirección de la asamblea Udalbitza Kursaal, creada en febrero de 2001 por representantes municipales de Batasuna, que actuaba como plataforma política de apoyo a ETA.

 

1.3. Pérdida de apoyo social.

 

Junto a la pérdida de capacidad operativa, ETA ha experimentado una importante pérdida de apoyos, tanto a nivel internacional como, lo que es más importante, en el seno de la sociedad vasca. En el plano internacional la imagen romántica de movimiento de liberación internacional que ETA tuvo en sus primeros años, en algunos sectores de opinión, ha desaparecido casi completamente. Por el contrario los esfuerzos de intelectuales españoles, como los encuadrados en la plataforma ciudadana ¡Basta ya! que lidera el filósofo Fernando Savater, están logrando que su denuncia de los crímenes de ETA tengan un creciente eco internacional. En este sentido hay que destacar el manifiesto que doce intelectuales europeos y americanos (Arrabal, Levy, Preston, Bryce Echenique, Burleigh, Flores d’Arcais, Fuentes, Gordmer, Goytisolo, Monsiváis, Vargas Llosa y Vattimo), difundieron en mayo, “en memoria de las víctimas que en el País Vasco mueren por la libertad”.

 

En cuanto a la actitud de la población vasca, la serie de encuestas del Euskobarómetro, realizadas por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, muestra que en 2003 el grado de rechazo hacia ETA llegó a un máximo histórico. En la última encuesta del año sólo el 2 % de los vascos mostraron su apoyo total a ETA, o al menos una justificación crítica de la banda, mientras que el 64 % tenían una actitud de rechazo total.  

 

En resumen, aunque no cabe excluir que ETA vuelva a causar nuevas víctimas, todos los indicadores apuntan a que en el año 2003 ha llegado a una situación de crisis sin precedentes en su historia. La última gran organización terrorista autóctona de la Unión Europea está en puertas de su definitiva derrota.

 

 

España ha sido, desde mediados de los años noventa, una base de operaciones del terrorismo yihadista y, sobre todo desde septiembre de 2001, han sido desarticuladas en nuestro territorio varias células vinculadas a los grupos islamistas argelinos y a la propia Al Qaeda. La célula más importante, desarticulada en noviembre de 2001, era la dirigida por Imad Eddin Barakat Yarkas, alias Abu Dahdah, cuyos componentes han sido procesados por el juez Baltasar Garzón por su pertenencia a Al Qaeda. El 17 de septiembre de 2003 Garzón procesó a 35 personas, incluidos el propio Bin Laden y el periodista de Al Yazira Taysir Alony, en un auto en el que imputa a varios miembros de la célula española de Al Qaeda, entre ellos Abu Dahdah y el empresario Ghasoub Al Abrash, de complicidad en los atentados del 11-S  en Estados Unidos.

 

A pesar de ello, no se consideraba entonces probable que se pudieran producir en España atentados terroristas como los que tendrían lugar el 11 de marzo de 2004.

 

2.1. Detenciones de presuntos yihadistas.

 

En enero de 2003, como resultado de la denominada Operación Lago, fueron detenidos en Cataluña 16 presuntos miembros del Grupo Salafista de Predicación y Combate argelino. La operación se realizó a instancias de un juez francés, por la supuesta relación de los detenidos con un comando desarticulado en Francia en diciembre de 2002, que al parecer preparaba un atentado contra la embajada rusa. Se les incautó un importante material electrónico y de comunicaciones, así como unas sustancias sospechosas, que sin embargo no se pudo demostrar que estuvieran destinadas a la elaboración de  productos tóxicos con fines terroristas. Francia tampoco pidió su extradición y el juez Ruiz Polanco archivó el caso, que ha sido reabierto posteriormente por el juez Garzón. Posiblemente estemos ante un ejemplo de una falta de adecuada cooperación judicial entre los países concernidos, en este caso España, Francia y Argelia, que se ha traducido en la puesta en libertad de unos sospechosos que pudieran resultar finalmente implicados en preparativos de atentados.

 

El otro gran caso ha sido la detención, en marzo, de un español y un paquistaní presuntamente implicados en las redes de financiación de Al Qaeda. El juez Ismael Moreno ha imputado al empresario valenciano Enrique Cerdá su participación en  movimientos de fondos con fines terroristas, incluida la financiación de un atentado suicida contra una sinagoga de la isla de Yerba (Túnez), en el que perecieron 16 personas, en su mayoría turistas alemanes, en abril de 2002.

 

2.2. Los atentados de Casablanca y la conexión marroquí.

 

Los responsables de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid fueron en su mayoría marroquíes y la comunidad marroquí es el núcleo de población musulmana más numeroso en España. Lo sucedido demuestra que el control que se tenía de la infiltración yihadista en sectores minoritarios de esa comunidad era insuficiente. Hubo sin embargo varios servicios que llamaron la atención sobre las implicaciones que para España tenían los atentados de Casablanca del 16 de mayo de 2003, que revelaron la importancia que había tomado la amenaza yihadista en Marruecos. Uno de los objetivos de aquellos atentados fue el restaurante de la Casa de España y entre las cuarenta víctimas mortales que se produjeron hubo cuatro españoles. La interpretación de este hecho resultaba debatible, pero parece que quienes advirtieron de que aquellos atentados tenían en parte un carácter antiespañol estaban en lo cierto. 

 

A raíz de lo ocurrido las autoridades marroquíes lanzaron una gran redada contra el entorno del terrorismo yihadista en su país, que se suele englobar bajo la designación genérica de Salafiya Jihadiya, y en particular solicitaron a España la detención de 16 sospechosos residentes en nuestro territorio. Ello reforzó los indicios de que el terrorismo marroquí tenía conexiones en España, lo mismo que en Francia. Las investigaciones actualmente en curso llevarán quizá a establecer si hubo contactos entre los responsables de los atentados de Casablanca y Madrid.

 

 

El balance de la lucha antiterrorista en España durante el año 2003 resulta muy positivo en un aspecto, el relativo a ETA, y muy insuficiente en otro, el relativo a las células yihadistas. El declive de ETA representa una prueba de que es posible derrotar a una organización terrorista arraigada con los instrumentos del Estado de Derecho, si se da al tema la prioridad debida, si hay un acuerdo entre las principales fuerzas políticas que impida a los terroristas aprovecharse de las diferencias entre los partidos democráticos, y si se produce la necesaria cooperación internacional. La amenaza que representaba el terrorismo yihadista no fue en cambio valorada en sus justos términos, motivo por el que no se le dio la prioridad debida, y la cooperación internacional, que en este caso es a la vez más importante y más difícil (aunque sólo sea por el número de países implicados), no ha alcanzado el grado de eficacia que se ha logrado entre España y Francia contra ETA.

 

El reto que se le plantea a España es el de, sin bajar la guardia frente a la amenaza de ETA, cuya derrota política y debilidad operativa no excluyen la posibilidad de nuevos atentados, reforzar su esfuerzo judicial y policial frente a la amenaza yihadista, que representa hoy el mayor factor de inseguridad, tanto en nuestro país como en otros muchos.