Balance de un año del gobierno Morales: el triunfo de la intransigencia y la improvisación

Ya han transcurrido más de doce meses desde que el Presidente Morales ascendió a las más altas instancias del Estado boliviano con una mayoría abrumadora de votos (el 53,7%), y aunque parezca prematuro emitir un juicio de valor respecto a su gestión al frente del gobierno, sí es conveniente dar un toque de atención sobre los continuos desatinos habidos en su gestión y la deplorable imagen que está transmitiendo Bolivia hacia el exterior.

 

Demasiadas disensiones, violencia y contradicciones en un gobierno que, prometiendo la refundación del país, con el incondicional y ciego apoyo del indigenismo, ha acabado creando uno de los mayores conflictos sociales y políticos habidos en la  corta historia de esta bella república.

 

Los errores de cálculo constantes, la demagogia y la improvisación que han impregnado la mayoría de las decisiones adoptadas desde el poder permiten tildar la gestión gubernamental de lamentable, plena de contradicciones y cercana al paroxismo.

 

El Sr. Morales, siguiendo las directrices políticas y el programa bolivariano de su protector y mentor Hugo Chávez, ha tratado de ideologizar al país para llevar a cabo su supuesta revolución sin oposición alguna, y lo que es más grave, no ha dudado en utilizar a las organizaciones sociales que lo apoyan para sembrar el desconcierto en  la ciudadanía que piensa que sus postulados no llevan al país por el buen camino.

 

Por eso le molesta cualquier signo de confrontación ideológica y se atreve a anunciar públicamente supuestos complots contra el Estado o contra su persona siempre que sus decisiones son  puestas  en entredicho por las bancadas de la oposición democrática o por la propia ciudadanía, e igualmente es capaz de hacer uso de sus aliados más proselitistas, “los ponchos rojos”, cuando permite que realicen demostraciones de fuerza desfilando fusil en mano en la localidad de Omasuyos, o cuando éstos amenazan con lograr con las armas los cambios que no se alcancen con las medidas desarrollada en el ámbito de las instituciones.

 

Un gobierno que exalta  la Sagrada Soberanía de la Patria Boliviana y luego permite la ingerencia de República Bolivariana de Venezuela en los asuntos internos de la nación, con el agravante de hacerlo bajo el secretismo más absoluto. Que además no desautoriza al Presidente Hugo Chávez cuando declara estar dispuesto a defender el régimen de Morales con las armas en caso de necesidad, y que huye de cualquier respuesta o aclaración sobre las funciones que están acometiendo los efectivos en suelo nacional o el número exacto de soldados estacionados en Bolivia.

 

Un gobierno que nacionaliza los hidrocarburos cumpliendo su promesa electoral estrella y luego se ve obligado a suspender el proceso indefinidamente debido a la improvisación de la medida, los problemas técnicos y operativos y la celeridad con la que realizó la migración de los cuarenta y cuatro contratos firmados por las transnacionales. Esta situación puede impedir al Estado recibir en breve los ingresos procedentes de el nuevo status de regalías a pagar por las empresas que finalmente han decidido quedarse en el país, que suponen  un aumento del 50 al 82%.

 

A todo ello hay que unir el desconcierto generado por los cambios y las dimisiones  habidos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, la empresa creada por el gobierno para el desarrollo del negocio nacionalizado. El último conflicto creado en la firma hace referencia al nombramiento del tercer Presidente Ejecutivo interino de la Compañía en el plazo de un año, D Manuel Morales Olivera, militante del MAS y hermano de la Directora de la Aduanas del país.

 

Dicho nombramiento va en contra de los estatutos de la compañía ya que el Decreto Supremo 28324, en su artículo 24 señala que la persona que ocupe ese cargo debe 'ser profesional de probada experiencia no menor a diez años y tener reconocida capacidad ejecutiva. Morales Olivera no cuenta con ninguna experiencia en el sector energético.

 

Además, el proyecto  gubernamental de crear un YPFB eficiente y centralizado en La Paz se ha visto roto por las manifestaciones violentas habidas en Camiri, seguidas más tarde por la provincia Gran Chaco, que presionó para adueñarse de la Vicepresidencia de Administración., por lo que parece evidente que la nueva ley del gas ha quedado en nada.

 

Un gobierno que afirma garantizar las condiciones necesarias para captar inversión extranjera para más tarde amenazar a la transnacional francesa Shell con su salida del país o expulsar  por Decreto a la compañía Aguas del Illimani SA (AISA) del Alto, rompiendo unilateralmente el contrato a la empresa y sentando un precedente lamentable para la continuidad de las políticas de financiación llevadas a cabo por las instituciones internacionales.

 

Un Presidente que ha creado un “estatus de amenaza permanente” contra las  empresas privadas establecidas legalmente en el país y que desarrollan su actividad en casi la totalidad de los sectores productivos. La última nacionalización, escenificada con la intervención de las fuerzas armadas, ha correspondido a la firma Metalúrgica Vinto, filial de la multinacional suiza Glencore, situada en el departamento andino de Oruro. En este caso las autoridades se han adelantado a declarar que la empresa ha violado las leyes del país, al ser trasferida ilegalmente y que, por tanto, no va a recibir  indemnización alguna por el traspaso de su titularidad. Actualmente sus propietarios no descartan emprender las correspondientes acciones legales contra el estado boliviano.

 

Un gobierno que autoriza y promueve la realización del referéndum por la autonomía para luego no reconocer la legítima victoria del “si” en los departamentos de la Media Luna, creando una confrontación social y política con los Prefectos de dimensiones imprevisibles, cuando parece evidente que avanzar hacia las autonomías y establecer gobiernos departamentales con competencias y atribuciones claras es la única manera de resolver la crisis que ahora enfrentan las regiones en su relación con el Ejecutivo.

 

Un gobierno que promete impulsar la refundación de Bolivia mediante la creación de una  nueva Asamblea Constituyente y luego decide  que es mejor ejecutar su proyecto revolucionario al margen de la Institución ,  exhortando a las organizaciones sociales afines a que acompañen? el proceso.. En este caso parece evidente que ni el Sr. Morales ni sus ministros, ni siquiera el MAS, esperaban el estancamiento sufrido en las deliberaciones de la Constituyente  debido al masivo  apoyo de los  bolivianos al sistema  de votación por dos tercios.

 

El órgano sucrense llamado a cambiar los designios políticos del país, no avanza. Después de seis meses desde su creación continúa discutiendo el reglamento interno, además de tener detenido el trabajo de las comisiones por falta de organización y ausencia de presupuesto para financiar las audiencias territoriales.

 

Qué decir de los jueces. Evo Morales se ha empeñado en mantener el poder único a costa de llevarse por delante la división de poderes y el estado de derecho. No le ha bastado con nombrar  por Decreto a cuatro magistrados de la Corte Suprema, sino que además ha sugerido a los órganos judiciales que dicten sentencias favorables a los intereses del Estado cuando éste actúa en calidad de sujeto litigante, acusando a los miembros del poder judicial de hacer negocio a costa del cargo que “generosamente” le ha concedido ese Estado.

 

Un gobierno que ha permitido la escandalosa situación del periodista y antiguo asesor presidencial D. Wálter Chávez, acusado de terrorismo en su país de origen, Perú. En este caso el gobierno de Bolivia, a través del Ministro de Gobierno,  el Sr. Rada, se ha apresurado a garantizar su condición de refugiado para denegar su eventual extradición. El devenir de los acontecimientos se agrava porque dicha orden  está actualmente en manos de la policía boliviana y de no aceptar la legitima solicitud del gobierno peruano podría surgir una crisis en las relaciones diplomáticas entre ambos países de difícil solución.

 

Y es muy  grave porque la acusación que pesa sobre Chávez es de presunta pertenencia al grupo terrorista. Movimiento Tupác Amaru (MTRA), alegando las autoridades peruanas que el ahora ex asesor presidencial en el área de comunicación fue sorprendido recibiendo 10.000 dólares provenientes de la extorsión a un empresario, además de haber cobrado antes  otros 5.000 en un caso similar.

 

Por el contrario, lo sucedido con el ciudadano cubano anticastrista Amauris Samartino, recientemente expulsado de Bolivia por la  supuesta realización de actividades políticas subversivas contra el gobierno del Presidente Morales constituye un evidente signo de proselitismo. En este caso el Tribunal determinó la inconstitucionalidad de la Resolución Ministerial 4213, del 19 de septiembre de 2006, presentado por la ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz, que disponía la salida del cubano, pero aún así fue obligado por las autoridades a abandonar del país

 

Además, si el Decreto Supremo emitido el 29 de noviembre de 1996  (norma que establece que la residencia y permanencia de extranjeros en Bolivia puede ser cancelada si incurren en actividades políticas o sindicales) ha sido aplicado para justificar la deportación del Sr. Samartino, ¿por qué motivo, y en justicia, no se ha hecho uso de la misma ley con Sr. Walter Chávez, un ciudadano refugiado que ha intervenido en las campañas políticas del ahora Presidente  Morales desde  el año 2002?

 

Un gobierno que vive de la provocación constante y las proclamas enfermizas contra los EEUU, para más tarde reclamar y prácticamente exigir a este país que mantenga su condición privilegiada y las generosas ayudas con las que dota al Estado boliviano. Y un Presidente que, recurriendo al principio de reciprocidad que rige en las relaciones internacionales termina por exigir visado consular a los ciudadanos americanos que visitan Bolivia, sin calcular en que medida puede repercutir la decisión en el sector del turismo nacional. Seguro que, como consecuencia de esta decisión, el país  se verá afectado por la progresiva reducción de visitantes y la inevitable pérdida de divisas

 

Además el presidente Evo Morales ha defendido la exigencia de la visa alegando que quienes se oponen a esta medida 'son agentes del imperio y (...) agentes de la CIA'. Esta alusión supone un  nuevo ataque al gobierno americano y un engranaje más de una máquina propagandística  que, sin duda, responde a las consignas de la revolución prometida.

 

Aun así, las autoridades americanas no han tardado en dar respuesta a la soflama a través de la Cámara Americana de Comercio de Bolivia (Amcham), y lo han hecho publicando una nota de prensa en la que advierten sobre el grave error  cometido  y recuerdan a las autoridades bolivianas que: 'ésta es otra señal confusa que el Gobierno ha lanzado contra un socio comercial clave para las exportaciones no tradicionales que generan más de 50 mil puestos de trabajo en Bolivia'.

 

Pero es que hay que tener en cuenta que sigue en juego la renovación  del Tratado ATPDEA por el que el país andino recibe un trato preferente en las exportaciones a los EEUU a cambio de la luchar de forma efectiva por la erradicación de los cultivos de coca. En este sentido la relación entre Bolivia y EEUU ha subido de tono después del anuncio oficial del Presidente Morales de su intención de autorizar el aumento de las plantaciones de la coca legal, de 12000 hectáreas estipuladas en la Ley 1008, a 20000.

 

Nada bueno augura dicha medida para la economía boliviana, de hecho el Gobierno de los EEUU ha  podido confirmar la erradicación de 5000 hectáreas contenida en el Plan, pero al mismo tiempo ha expresado, a través de su embajador, D. Philip Goldberg, la necesidad de verificar en que medida han aumentado los nuevos cultivos.

 

Un gobierno que ha aplicado, en esta materia una política poco firme, caracterizada por los continuos vaivenes y contradicciones en una cuestión de trascendencia internacional y en la que, sin duda, el Sr. Morales se ha visto obligado y atenazado por  los compromisos adquiridos con los productores del Chapare cochabambino que tanto hicieron por que alcanzara la Presidencia del país… les debe demasiado.

 

En cualquier caso el resultado no puede ser más lamentable, y por lo pronto el Sr. Bush ya ha anunciado la reducción de la ayuda destinada a Bolivia y vinculada a la lucha antinarcóticos de la ACI (Iniciativa Andina Antidroga) en un 40%. A esta medida hay que añadir la eliminación casi total de los fondos asignados al país andino en el ámbito militar, decisión, que por otra parte, fue adoptada casi al mismo tiempo que el Sr. Morales juraba su cargo como presidente de la nación.

 

El Presidente debe de comprender que los continuos enfrentamientos con la primera potencia del mundo no va a beneficiar en nada a Bolivia, aunque la postura adoptada por el gobierno constituya un engranaje trascendental del discurso populista- demagógico que le ha llevado y le mantiene actualmente en el poder. Por este motivo parece que no será fácil  desprenderse del elemento psicológico que alimenta  la razón de ser del gobierno y el Estado bolivianos.

 

Otra cuestión que no debe pasar inadvertida es la que hace referencia al grado de libertad de la prensa nacional para poder contar lo que está sucediendo en el país. Unos medios controlados y amordazados por el gobierno, el MAS y sus acólitos, que son constantemente agredidos y censurados cuando tratan de dar a conocer al pueblo boliviano y al mundo las numerosas concentraciones y vigilias en defensa de los valores de la libertad y la democracia y unos profesionales que en su mayoría se encuentran atemorizados  por  el acoso y la amenaza constante a la que están sometidos por buena parte de las organizaciones sociales seguidoras del oficialismo y el “estado mayor del pueblo' creado para defender al gobierno de Evo Morales.

 

Además, y como ya han denunciado numerosos directores de medios de comunicación nacionales el gobierno venezolano, siempre con la anuencia de las autoridades bolivianas, está buscando establecer un sistema de medios oficialistas con la compra de algunos que antes estaban en manos de propietarios bolivianos. Parece que la operación no tiene otra finalidad que poder garantizar la práctica del proselitismo político que tantos “éxitos” le ha reportado a Hugo Chávez y que el proyecto se verá reforzado por la aportación de  nuevos fondos donados por Venezuela para crear una rede de emisoras locales en las áreas rurales del país andino. Un nuevo “Aló Sr. Morales” hecho a la medida y las necesidades del gobierno, para que pueda seguir irradiando su demagogia por todos los rincones de la República.

 

Bolivia está en cuarentena. El voto de la esperanza, que la mayoría de la ciudadanía depositó en las urnas en Diciembre de 2005, solo ha servido para aumentar la crispación y la confrontación, y es que parece evidente que de no cambiar el estado de cosas, la política demagógica llevada a cabo por el actual Gobierno condenará al país a un mayor retraso económico y al inevitable ostracismo internacional.

 

Demasiados frentes abiertos, ¿es esto lo que se merece el pueblo boliviano? Yo creo que no.