Con respecto a la seguridad de nuestros intereses en el Océano Índico, en los últimos días hemos asistido a una serie de acontecimientos que se pueden analizar desde dos puntos de vista.

 

El primero, es el de aquel ciudadano que careciendo de conocimientos en materia de seguridad, ha visto en la televisión como vigilantes han sido seleccionados por empresas de seguridad privada y han realizado un curso de 3 días en la Escuela de Infantería de Marina "General Albacete y Fuster" con base en Cartagena (Murcia) al objeto de recibir formación militar. Es decir, el ciudadano de a pie puede percibir que con el embarque de vigilantes de seguridad el problema de los secuestros de atuneros españoles puede ser suficiente para erradicar el problema.

 

 

La segunda visión, es la del profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de las unidades operativas del Ejército, que ante su permanente prohibición del Gobierno de poder expresarse en los medios de comunicación para denunciar lo sucedido, analiza en privado las diferentes cuestiones que rodean esta situación.

 

En primer lugar, tenemos que tener presente que según el artículo 54 del Real Decreto 2364/1994 de de 9 de Diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada, para ser Vigilante de Seguridad sólo hace falta tener la ESO, hacer un pequeño examen ante el Ministerio de Interior (cuyo temario no excede de cien páginas) y, cuando se ha superado, la misma empresa costea un curso de 160 horas, es decir de cinco semanas. En ese momento ya se es ASP (agente de seguridad privada). A partir de ahí, lo normal es pasar a prestar servicio estático en controles de cabina de control de accesos, seguridad en supermercados, o controles de efectos en algún aeropuerto, detectar los pequeños hurtos en superficies comerciales o verificar alarmas. Trabajo que por cierto desarrollan con efectividad y diligencia.

 

Por otra parte, la misma ley no le otorga el carácter de agente de la autoridad, y la labor de los vigilantes consiste en ser auxiliares de las fuerzas de seguridad; por tanto no pueden desarrollar operativos policiales, control de masas, registros, protecciones especiales de embajadas españolas en el exterior o cualquier otro servicio a través del cual se pueda valorar la capacidad de reacción en situación de tensión, fuego real o similares del Vigilante Privado, para así hacer una selección de personal que pudiera dar respuesta en situación real ante grupos armados con armas automáticas o lanzacohetes.

 

El artículo 88 del mismo Real Decreto, contempla que aquellos ASP que así lo deseen, pueden hacer un curso de escolta, cuya duración es de 60 horas (dos semanas) y por tanto pueden pasar a realizar servicios de escolta para contratos que tenga tu propia empresa. Pero son escoltas con limitaciones operativas puesto que el artículo 89 reza: "En el desempeño de sus funciones, los escoltas no podrán realizar identificaciones o detenciones?". Todo esto sin contar que en estos servicios de escolta privado los servicios que realizan carecen de grupos de avanzadas o contra-vigilancias, no disponen de armas largas, automáticas, subfusiles, sistemas especiales etc^[1]?

Así las cosas, conviene aclarar que los mal llamados "piratas" no son más que antiguos guerrilleros somalís, que ahora conchabados con el grupo terrorista islámico somalí Al Sabah - Al Quaeda-, asaltan buques occidentales que realizan la ruta Europa-Asia por aguas del Índico. Como dice alguno: "Pobrecitos piratas que se dedican a esta actividad por el hambre al que les somete occidente por esquilmar sus caladeros". Pero que sin embargo no dudan en violar repetidamente a las mujeres que forman parte de la tripulación de aquellos buques que secuestran" (véase lo ocurrido estos días en el barco Ucraniano asaltado por estos "pobres trabajadores deprimidos por occidente").

 

¿Qué ha pasado con los atuneros?. Por razones se escapan a la lógica, nuestro Gobierno ha rechazado el embarque de efectivos del TEAR (Tercio de la Armada de Infantería de Marina). Sus miembros realizan una formación básica de 4 meses en la misma Escuela de I.M de Cartagena, sus instructores son veteranos de las Unidades de Operaciones Especiales (UOE) del mismo Cuerpo. Acabada ésta, se incorporan a batallones de desembarco en la Base Naval de San Fernando (Cádiz), donde se agrupa el TEAR, desde donde realizan constantes maniobras en la Sierra del Retín (Cádiz), realizan fases de especialización en protección de naves, maniobras con el Batallón San Marco Italiano, suman misiones de la ONU y OTAN en el extranjero como Líbano, Afganistán, Kosovo y mantienen un nivel operativo de reconocido prestigio internacional.

 

Por otro lado, las empresas de seguridad privada, previendo un magnífico negocio, han realizado una rapidísima selección de personal entre Vigilantes de Seguridad, al objeto de ofrecer a los armadores vascos, que han aceptado sin más miras, ante la premura de seguir faenando en aguas de Índico, un servicio de protección irreal. ¿Pero a quién estamos embarcando?, Vigilantes que como hemos dicho, aunque demuestran gran interés y voluntariedad, carecen de formación especial policial o militar específica, cuya única experiencia es la aprendida en el interior de un supermercado o en el mejor de los casos perteneciendo algún servicio de escolta de algún concejal amenazado, los cuales nunca han manejado armamento, largo, automático y por supuesto de ametralladoras, ni ligeras del calibre modelo MG-42, Ameli o M-60 del calibre 7,62, ni por supuesto pesadas del calibre 12,70, tampoco han utilizado equipos de visión nocturna y que jamás han realizado una misión en el extranjero en las que se haya sometido al stress que produce el aislamiento social y la tensión del combate en fuego real^[2].

 

Por último, en materia auxiliar, no se les ha sometido a ninguna prueba de natación rigurosa, primeros auxilios, artes marciales, idiomas o derecho internacional.

 

Ante este escenario, el Gobierno ha querido dar un carácter de seriedad y rigor ante los medios de comunicación, enviando a los 54 vigilantes a la Escuela de Infantería de Marina para hacer un curso de 3 días.

 

Ahora en el Índico, el servicio de protección es de 4 vigilantes por cada buque, en turnos de 12 horas de trabajo y 12 de descanso, dentro del buque por supuesto. Es decir, que en realidad hay dos vigilantes por turno. Y si vienen los piratas, los que están durmiendo se levantan y van corriendo a ayudar a sus compañeros. Además de esta limitación, ¿Qué seguridad jurídica les ampara?, ¿qué base de coordinación ha montado la empresa en Seychelles para asistir cualquier incidencia, legal, sanitaria, traductores, de relevos o de control del operativo, relaciones con el Consulado de España más próximo? ¿Qué protocolo han establecido con el MAEx? Por lo que se sabe, nada de nada.

 

En conclusión; Las empresas de seguridad han hecho un negocio redondo, el Ministerio de Defensa les ha costeado un curso de 3 días y el transporte de los 54 vigilantes en un avión militar a Seychelles, el alquiler de 15 ametralladoras medias y 15 pesadas con sus municiones, repuestos y utillajes, elementos de visión nocturna y encima el Gobierno costea el 25 % y la Comunidad Autónoma el otro 25% de la factura de las empresas.

 

A cambio, las empresas de seguridad privada perciben 12.000 euros por cada vigilante que envíen, y estas a su vez pagan 1.200 euros más 4.000 de plus (bruto), a lo que descontando los impuestos a cada vigilante se le paga sobre 4000 euros netos al mes.