Agenda GEES 2008. Un programa de reformas económicas urgentes

por Gerardo del Caz, 26 de febrero de 2008

El crecimiento económico español de los últimos años escondía tras de sí algunos desequilibrios que se podían excusar ante la buena marcha de la economía pero es ahora, cuando este periodo de fuerte crecimiento toca a su fin, que afloran las asignaturas pendientes a las que se les debería haber prestado atención. En los últimos cuatro años el Gobierno de Rodríguez Zapatero se ha caracterizado por una pasividad en todo lo que concierne a la política económica y ha materializado una legislatura perdida en cuestión de reformas y de política económica.
 
Una mala coyuntura internacional agravada
 
La mala coyuntura internacional motivada por la crisis crediticia afecta especialmente a la economía española ya que ésta tiene unas elevadas necesidades de financiación dado su elevado nivel de endeudamiento. Por si fuera poco, la estructura productiva de España tenía en la construcción su sector más competitivo; basta observar la diferencia entre el coste material de la construcción de una vivienda y el precio de venta. Con la crisis de liquidez se ha producido en todo el mundo un ajuste de la valoración de los activos inmobiliarios y esto, en el caso de España, está suponiendo un freno a la construcción de viviendas y, por tanto, un aumento del desempleo que ya se está produciendo. Hoy España cuenta con una inflación descontrolada, esta destruyendo empleo por primera vez en 20 años y la confianza del consumidor cae en picado a la vez que se reduce el consumo. Dada la falta de competitividad de la economía española y la ausencia de sectores productivos que puedan recuperar ese crecimiento, la situación de España se nos antoja como mínimo complicada.
 
En definitiva, la razón del súbito empeoramiento de la economía española se debe a algo más serio que a la coyuntura internacional. Es también achacable a un modelo de crecimiento que debería haberse fortalecido en la última legislatura y a un Gobierno que ha privilegiado la imagen y la propaganda frente a la anticipación y la preparación para los tiempos de vacas flacas.
 
Gane quien gane el próximo nueve de marzo, el próximo ejecutivo tendrá que hacerse cargo de una situación económica compleja con numerosos retos a corto y largo plazo que deben ser afrontados por un Gobierno responsable.
 
Algunas reformas pendientes en política económica
 
1.      Fomentar la competencia

El Gobierno del PSOE no ha cumplido uno de los compromisos con los que se presentó a las elecciones. A su llegada al poder se afirmó que se fomentaría la competencia y la defensa del consumidor pero la realidad es que seguimos con mercados cautivos, con exceso de regulación y con organismos reguladores no independientes.
 
El Tribunal de Defensa de la Competencia no ha actuado apenas y seguimos asistiendo a sectores como el energético, bancario, telecomunicaciones, aerolíneas donde continúan existiendo abuso de posición dominante.
 
Es preciso que en este sentido se actúe para:
 
§         Eliminar barreras de entrada a nuevos operadores.
§         Garantizar la unidad de mercado con normativa estatal que impida las regulaciones arbitrarias autonómicas.
§         Incentivar el uso de infraestructuras comunes.
§         Liberalización total de los horarios comerciales.
§         Dotar a los organismos reguladores de independencia efectiva despolitizándolos.
§         Legislar a favor de la defensa del consumidor y de sus derechos.
 
2.      Gasto público
 
El Estado debe gastar menos y gastar mejor. En los últimos años las arcas públicas han tenido un exceso de recaudación ante la buena marcha de la economía y gracias a los tributos indirectos. Ante un aumento de los ingresos no se ha planteado reducir los tributos sino que se ha incrementado el techo de gasto por parte de las administraciones locales y regionales sin que apenas exista un control sobre el mismo o, al menos, un estudio de rentabilidad económica o social.
 
Por ejemplo, en España hay más de tres millones de funcionarios que suponen unos 98.000 millones de euros de coste, o sea, un 10% del PIB. Es preciso que, como se va a hacer en Francia, se apueste por la reducción del sector público de forma drástica y se prime la eficiencia. De esta forma el Estado quedará para aquello en lo que realmente es necesario.

España ya no es un país con un gran déficit de costosas infraestructuras y cualquiera que estudie los presupuestos públicos de las administraciones regionales, locales o centra, sabe que el uso de los fondos públicos dista de ser eficaz y rara vez se aplica algún tipo de mecanismo de control o evaluación.
 
Además de todo ello, la transparencia en el uso de los fondos públicos debe ser mucho mayor y accesible a todos los ciudadanos. El dinero público, de todos, debe ser administrado con transparencia y con una clara responsabilidad del gasto.
 
3.      Reforma fiscal
 
Otro ámbito donde el Gobierno socialista no ha cumplido con los compromisos es en materia de fiscalidad. En los últimos años la presión fiscal ha aumentado de nuevo y las rebajas fiscales que se han aprobado han resultado irrelevantes ante la subida de la inflación.
 
Es necesario que se aborde la reforma fiscal de forma ambiciosa yendo mucho más allá de la clásica “neutralidad fiscal”, es decir, que el Estado siga ingresando lo mismo. La idea debe ser reducir la presión fiscal para aumentar la renta neta disponible y que los ciudadanos, libremente, ahorren o inviertan. Y claro, por qué no, esto implicará reducir el presupuesto del Estado.
 
Por otra parte, se debe tender al tipo único. El gasto del Estado ya asume la progresividad social por lo que aplicar doblemente la progresividad viola el principio de igualdad al haber ciudadanos discriminados pagando proporcionalmente más impuestos y recibiendo menos prestaciones. El tipo único garantizará una mayor inversión y ahorro por parte de las familias y una transparencia y simplificación fiscal que hoy no existe.

Urge especialmente una reforma fiscal para las sociedades que ponga a España en una posición competitiva respecto a otros países de Europa. No podemos atraer inversión externa ni podremos retener las inversiones ya realizadas si mantenemos unas cargas fiscales superiores a las de cualquier país de nuestro entorno. El modelo, en este caso, es Irlanda, que reduciendo la fiscalidad a las sociedades atrajo muchísima inversión de EEUU o Gran Bretaña y se convirtió en uno de los mayores receptores de inversión directa per capita de todo el mundo
 
4.      Sostenibilidad de las cuentas públicas
 
Mención especial merece el hecho de que en España no se haya abierto aún un debate serio sobre el futuro de las prestaciones sociales. Se quiera o no, dada la actual tendencia demográfica, en pocos años el coste de las pensiones y del sistema sanitario será enorme y exigirá enormes sacrificios fiscales que significarán menos competitividad y menos renta disponible. En 2050, las proyecciones estiman que se necesitará un 150% del PIB para pagar las pensiones. ¿Alguien cree que eso puede ser viable?
 
Es preciso que se asuma la necesidad de una capitalización privada de las pensiones como, por ejemplo, se hace en Suecia, un espejo para las socialdemocracias. Se ha de tender a hacer a los ciudadanos responsables de su futuro y no dependientes del Estado pues esas concepciones paternalistas son, ante todo ineficaces pero, además, tremendamente costosas. Por otra parte, y como forma transitoria, sería necesario retrasar la edad de jubilación y aumentar el periodo de cotización.
 
Respecto a la sanidad pública cuyo coste es uno de los más altos de Europa por habitante, sería conveniente establecer mecanismos de copago. No sería una cuestión recaudatoria sino, más bien, disuasoria del abuso de los servicios públicos. Como en otros ámbitos, habría que incentivar los seguros privados y la libre elección de médico.
 
5.      Política energética
 
España tiene dos importantes cuestiones que resolver en este campo: en primer lugar debe desarrollar un plan energético a largo plazo basándose en la sostenibilidad de verdad, esto es, en asegurar un suministro energético que sea económico y estable. Después, en el ámbito del mercado, es preciso fomentar la competencia real en todos los segmentos.
 
Cualquier Gobierno responsable debe hacer lo que es correcto sin mirar demasiado a las encuestas electorales. En este caso, respecto al suministro energético, lo correcto es apostar por la energía nuclear por ser la más económica, la que mejor la independencia energética de España y, además, la que menos contaminación produce. La energía nuclear debe ser una elección estratégica y prioritaria para España.
 
Respecto al mercado, sería conveniente que se dejara progresivamente de subvencionar de forma encubierta el coste de la electricidad mediante el llamado “déficit de tarifa”. Si se cree en el mercado como la forma más eficiente de organizar el sector energético, que se le permita operar y que los costes reales se reflejen en los precios y, de esta forma se premien a las empresas más eficientes y, muy importante, a las energías y fuentes de producción más eficientes.
 
Es preciso que se reforme el regulador, la Comisión Nacional de la Energía, y que se le dote de transparencia y eficacia despolitizándolo y exigiendo una preparación técnica en el mismo.
 
6.      Reforma laboral
 
Se debe abandonar la clásica concepción de que los salarios deben ir indexados a la inflación ya que esto no supone ningún incentivo a la productividad. Lo más adecuado es que se acepte lo que parece lógico: vincular la mejora salarial a los resultados empresariales o, mejor aún, a la productividad.
 
Por otra parte es necesario asumir que las prestaciones por desempleo no se están utilizando para lo que realmente deberían ser. Convendría reducirlas y desincentivar los periodos de tiempo sabáticos a costa del erario público. Además, aunque parezca mentira, España es uno de los pocos países del mundo donde no se puede aún ajustar libremente la masa laboral a la demanda y, de esta forma, se desincentiva tanto la contratación temporal como la producción.
 
Finalmente, es necesario modificar el actual modelo de negociación colectiva e incrementar la productividad. Hay que acabar con el hecho de que los convenios se renuevan automáticamente en caso de que no haya acuerdo y se ha de premiar la movilidad.
 
7.      I+D+i
 
Si la investigación convierte el dinero en conocimiento, la innovación lo hace de forma inversa convirtiendo el conocimiento en competitividad. Es preciso que España busque en la innovación y en la tecnología la forma de mejorar su productividad y la competitividad exterior.
 
No es cuestión de gastar fondos públicos, como se ha hecho en los últimos años, sino de incentivar los programas empresariales y fomentar que las innovaciones se conviertan en ventajas competitivas para las empresas.
 
Se ha de fortalecer la educación media y superior dotándolas de mayor contenido técnico y formando más y mejores ingenieros que garanticen una capacidad tecnológica Por desgracia, lo realizado en los últimos años, es justo lo contrario.
 
8.      Seguridad jurídica
 
La seguridad jurídica implica una certeza sobre el funcionamiento del sistema y descarta operaciones arbitrarias e imprevisibles por parte de terceros.
 
Es importante que las reglas de juego se mantengan estables y que no se cambien. Algo que parece tan elemental no lo es cuando hay intereses políticos que tratan de influir en la regulación de los mercados mediante grupos de presión y, peor aún, un Gobierno con intereses económicos y empresas con intereses políticos.
 
La seguridad jurídica, tanto para empresas como particulares, garantiza el disfrute de unos derechos y es esencial para atraer inversión y para que se desarrolle la actividad económica.

 
 
Gerardo del Caz es Analista de Política Internacional, especialista en temas de seguridad y desarrollo en Asia.