Los años 2003 y 2004 pasarán a la historia de Cuba como símbolo de crisis económica y política. La dura represión, los juicios sumarios, el encarcelamiento de 78 opositores, entre ellos 26 periodistas, y el asesinato de los tres secuestradores del ferry Havana Bay que pretendían huir hacia los EEUU han empeorado, quizá de forma definitiva, la percepción exterior del régimen, asediado por las disfunciones económicas y empeñado en culpar al gran vecino del norte de todos sus males. Un retroceso evidente en el lento, pero progresivo camino que habían recorrido las relaciones cubano-americanas y las tímidas reformas que a finales del siglo pasado parecieron desear el dictador y sus colaboradores. La respuesta cubana a los problemas económicos y a las críticas procedentes del exterior ha sido aislacionista y poco elegante, comportamiento que tuvo además su traducción diplomática en el rechazo de la isla a su incorporación al acuerdo de Cotonou, sustituto de los acuerdos de Lomé. La violación sistemática de derechos fundamentales ha hecho inútiles los esfuerzos  de los congresistas y senadores estadounidenses que trabajaban en favor de una relajación de la política norteamericana hacia la isla y ha reforzado en el exterior la solidaridad con los detenidos.

 

El comportamiento de Castro ha sido interpretado como un último recurso para mantener la ya escasa legitimidad del sistema, amenazada por lo que parecía una inevitable mejora de las relaciones con Estados Unidos. La oposición creciente en el Congreso norteamericano a un embargo que no acaba por tener los resultados deseados estaría en el fondo de una reacción desmesurada que recuerda a los sucesos de 1996. Ese año se procedió al desmantelamiento de la organización disidente Concilio Cubano, al tiempo que la fuerza aérea cubana destruyó en vuelo dos avionetas de la organización cubano-americana Hermanos al Rescate. También se ha especulado con la posibilidad de que la ocupación aliada de Iraq hiciese creer a Castro y sus colaboradores que la invasión de la isla era inminente. En cualquier caso la ausencia de medidas defensivas no concede mucha credibilidad a esta opción, aunque la retórica de guerra ha sido siempre uno de los instrumentos de propaganda fundamentales de la dictadura isleña. Lo más probable es que, ante el colapso de la economía, una reacción de este tipo pretendiese y pretenda tanto desviar la atención como recordar a la disidencia los límites que en ningún caso debe franquear.

 

 

La justificación de las duras medidas represivas, en particular del fusilamiento de los tres secuestradores, no tuvo éxito. Numerosos intelectuales de izquierda, normalmente poco sensibles ante los excesos del régimen, manifestaron su oposición a tales acontecimientos. Lo mismo sucedió con las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Pero más allá de los acontecimientos descritos, el fenómeno opositor que más ha preocupado a Fidel Castro ha sido hasta la fecha el proyecto Varela, iniciado por un hombre desconocido hasta el año 2002: Oswaldo Payá. Este personaje, de origen humilde, católico y comprometido con la isla hasta el punto de afirmar que nunca abandonaría Cuba fue capaz de reunir las firmas necesarias para exigir la realización de un referéndum sobre distintas opciones políticas. Esta fórmula, recogida entonces en la constitución cubana, no había sido empleada nunca. Que once mil personas prestaran su nombre, por tanto lo dieran a conocer al gobierno, para facilitar la iniciativa resultó un  éxito. Además representaba la primera oposición interna que utilizaba el sistema legal cubano para modificarlo. Un camino prometedor que representaba un serio riesgo para el dictador.

 

El proyecto Varela preocupó de inmediato al régimen por dos razones principales. La primera porque dejaba en evidencia a Fidel Castro y a su gobierno. Utilizar un recurso legal para intentar establecer un nuevo rumbo, más democrático, al estado obligaba la dictador a decidir entre respetar la constitución por el mismo otorgada y poner en peligro la dictadura socialista que el encarnaba; o negarse a aceptar esa vía y poner así en evidencia las carencias del régimen ante los ciudadanos. La segunda, porque la presentación de un documento firmado por once mil personas con la intención de poner en marcha el procedimiento de consulta mostraba cuan extendido estaba el descontento, por tanto cuan amplia era la base potencial de la oposición. La posibilidad de que esta tendencia se consolidara y terminara fuera de control del estado, unido al hecho de que Payá carecía de vínculos con los EEUU y no podía ser desacreditado por esa vía, obligaron a Fidel Castro a tomarse en serio los acontecimientos. La respuesta del régimen fue contundente. El partido comunista propuso, en medio de grandes movilizaciones de masas, la reforma de la constitución con objeto de introducir en ella el carácter irreversible del socialismo. Tal posibilidad fue sometida a referéndum, cuyo resultado, como era previsible, fue favorable al gobierno (99,37% del electorado voto a favor, según la información oficial cubana). Finalmente en junio de 2002 la Asamblea Nacional, en un acto retransmitido por televisión, procedió a ejecutar la modificación de la ley fundamental. Todo el acontecimiento fue presentado como una respuesta a la presión norteamericana, y la propia modificación constitucional justificada como una respuesta a Bush, presidente de los EEUU. Por fin en abril de 2003 Castro procedió al encarcelamiento de 75 activistas del Proyecto Varela y al fusilamiento de los secuestradores de un ferry que pretendían alcanzar la costa de Florida. El juicio sumario, la ausencia de garantías y la dura condena resultaron del todo desproporcionadas, habida cuenta de la ausencia de violencia que acompañó el secuestro. Las explicaciones del gobierno cubano se basaron, como de costumbre, en la perfidia del enemigo americano. En esta ocasión se insistió en la posibilidad de una pronta invasión de la isla para encubrir los motivos reales de la represión, el miedo a que la inquietud interna se extendiera por el país. Con aquellos acontecimientos se dio una lección de fuerza a los disidentes y a los gobiernos extranjeros. Su desmesura está fuera de lugar dado el carácter  incipiente, desorganizado e infiltrado de la disidencia, incapaz entonces y ahora de poner en peligro al dictador. Las consecuencias, sin embargo, han sido contraproducentes. La imagen de debilidad proyectada por Castro y su gobierno ante una amenaza tan fútil como endeble solo puede traducir el nerviosismo creciente de un régimen que observa como el tiempo corre en su contra. Ahora es posible afirmar que no habrá cambios mientras viva Fidel Castro, pero también es posible reconocer las señales del deterioro definitivo del sistema político cubano. La única concesión castrista a la disidencia ha sido dejar en libertad vigilada a Payá, tan solo por las repercusiones internacionales que tendría su encarcelamiento, entre ellas la de impulsar su candidatura al Premio Nobel de la Paz.

 

 

Uno de los síntomas más evidentes de la crisis cubana es la dificultad creciente del régimen para mantener la salud de las relaciones con otros estados tradicionalmente amigos o comprensivos con la isla. El régimen se ha quedado progresivamente solo, a medida que la Unión Europea, Canadá y la mayor parte de los estados latinoamericanos dejaban constancia de su decepción ante la negativa castrista a realizar cambios políticos encaminados a establecer un régimen democrático. Las relaciones con México constituyen una prueba de esta soledad cada vez más evidente. Durante cuatro décadas México y Cuba mantuvieron una relación especial, la correspondiente a dos sistemas autoritarios, de izquierdas y de origen revolucionario que, además, coincidían en su aversión hacia los EEUU. La conversión de México en una democracia multipartidista, la integración de México en el TLC y la victoria de Vicente Fox cambiaron el escenario drásticamente. Ya no es posible mantener la antigua relación cubano-mexicana y las tensiones bilaterales se han multiplicado.

 

El cambio de política hacia Cuba había comenzado en México durante el gobierno Zedillo. Fox se propuso reconducirla de acuerdo con tres criterios: recuperar los niveles de cooperación previos a ese período; mantener una actitud crítica hacia la violación de derechos humanos en la isla y mantener contactos con la disidencia cubana. El ministro encargado de ejecutar esa nueva política fue Jorge Castañeda, una persona de entrada poco grata en Cuba por sus ideas liberales y filoamericanas. El primer acto diplomático en el que se escenificó la nueva situación fue la votación en 2001 en el seno de la Comisión de Derechos Humanos condenando las prácticas en ese ámbito del gobierno cubano. México se abstuvo. La votación contraria al embargo estadounidense en la Asamblea General de Naciones Unidas permitió, sin embargo, compensar ese primer gesto crítico. La tormenta se desencadenó en 2002 cuando, tras una visita a la isla, Fox y Castañeda se entrevistaron con miembros de la oposición al régimen castrista. Poco después la embajada mexicana fue asaltada por supuestos emigrantes y las fuerzas cubanas procedieron a la ocupación de las instalaciones y la retirada de los ocupantes. Finalmente, tras su estancia en Monterrey, Castro dio a conocer una conversación privada entre el y Fox en la que este último le pedía que abandonase la cumbre antes de tiempo para no incomodar al presidente de EEUU. La crisis a esas alturas era profunda y sólo pudo empezar a superarse tras la dimisión de Castañeda a principios de 2003. En otoño los ministros de asuntos exteriores de ambos países, Ernesto Derbez y Pérez Roque, se reunieron para materializar la sintonía entre ambos gobiernos. Sintonía que duraría poco. En la primavera de 2004 fue detenido en La Habana Carlos Ahumada, empresario mexicano que poseía cintas de video dónde se recogían escenas de soborno a dirigentes del PRD y del gobierno del distrito federal. Fidel Castro intentó utilizar este suceso para presionar a México en la nueva votación en la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra. Fox no cedió, y Cuba procedió a la deportación de Ahumada. Poco después se retiraban los embajadores en medio de acusaciones cruzadas de injerencia cubana en la política interior mejicana y dependencia mejicana de los EEUU.

 

 

Lejos de suponer una modificación del comportamiento del régimen, los acontecimientos descritos encajan perfectamente en la trayectoria política del socialismo cubano. Más de 44.000 fusilamientos, casi un 10% de su población en el exilio, cerca de medio millón de ciudadanos encarcelados en algún momento por motivos políticos y una economía deshecha dan fe de una continuidad que no siempre se ha reflejado en los medios de comunicación internacionales. La pericia del dictador para valerse de estos o pasar inadvertido ha sido notable, y en ese sentido la revolución cubana puede considerarse  moderna. Desde un principio el uso de los medios de masas, escritos y visuales, ha sido una constante; fenómeno facilitado por el razonable desarrollo que Cuba había alcanzado en ese ámbito en 1959 (un televisor por cada 28 habitantes, la media más alta de Latinoamérica). También se ha extendido la idea un tanto extraña de que el proceso revolucionario fue limpio y en gran medida pacífico. Lo cierto es que la violación de derechos fundamentales ha sido una constante desde que Castro ocupara el poder definitivamente en 1959, tras la dimisión del entonces presidente de la República Manuel Urrutia. El vacío legal, no resuelto hasta 1976, permitió al nuevo gobierno revolucionario asesinar sin limitación legal alguna, situación que ni siquiera el dictador Batista había disfrutado. Los asesinatos cometidos tras los juicios sumarios “30 de agosto”,  los fusilamientos en los fosos del Castillo de la Cabaña, la conocida como limpia de Escambray o la lucha contra bandidos se saldaron con más de 2000 muertos. Estos actos recuerdan, por añadidura, otro aspecto de la revolución poco conocido, a saber, la existencia desde un principio de grupos de oposición, a veces armados, al nuevo régimen.

 

El uso de la violencia interna también ha tenido a menudo carácter político, es decir, ha servido para restablecer el equilibrio de poder dentro del régimen cuando el dictador lo ha creído necesario. La utilización en esos casos de acusaciones de alta traición y la celebración de juicios sin garantías han sido prácticas normales. Cuando a finales de los años ochenta del pasado siglo se generalizaron las sospechas de que el gobierno cubano y su máximo dirigente, Fidel Castro, estaban involucrados en el narcotráfico; se puso en marcha ese mecanismo de autoprotección, siendo acusados finalmente de organizar esa actividad los generales Ochoa Sánchez (conocido como el Rommel cubano tras dirigir con cierto éxito las unidades militares cubanas en Etiopia) y Guardia Font. Fueron fusilados finalmente en junio de 1989. La eliminación del general Ochoa supuso la desaparición del único militar capaz de haber hecho sombra al propio Fidel Castro. El caso 8-A, como fue conocido en su momento, permitió el procesamiento de una veintena de altos oficiales del ministerio del Interior y la eliminación de cualquier resto de posiciones reformistas dentro del sistema. Este rígido control de los resortes de la administración no impidió, sin embargo, el desarrollo de movimientos civiles, normalmente de tamaño reducido, contrarios al régimen. Así es como se publica en 1991 la Carta de los Diez. Apareció en Miami, firmada por un pequeño grupo de intelectuales y  tuvo una notable repercusión en la isla. Se trataba de una muestra de la incipiente resistencia civil que finalmente forzó la aprobación por el gobierno de una ley que restringiera ese tipo de actividades. Fue la ley 88 de Protección de la Independencia Nacional, antecedente directo de las medidas legislativas posteriores que han pretendido hacer desaparecer cualquier oportunidad de oposición legal y abierta al régimen, incluyendo el proyecto Varela.

 

 

Aunque los acontecimientos desencadenados a lo largo de 2003 y 2004 han afectado a la imagen y a la estabilidad del régimen, no es menos cierto que aquellos no han supuesto una modificación sustancial de la política de terceros estados hacia Cuba. El cambio de gobierno en España, el apoyo de Chávez y las propias circunstancias internacionales han otorgado al dictador cubano un respiro. La reclamación de la oposición en el exilio de un actitud contundente de aislamiento y acoso diplomático contra el régimen no se ha producido, no tanto por no conceder la gravedad que merecen a los acontecimientos recientes en la isla como por dos razones muy concretas: la marginalidad de Cuba en la política internacional y el acusado antiamericanismo, que unido al latente mito revolucionario, todavía vivo en Latinoamérica, ofrecen un margen de maniobra al régimen. Los contactos de Kirchner y Lula con Fidel Castro y Chávez constituyen la muestra evidente de las dificultades que existen para diferenciar las ideas vigentes en la izquierda democrática de aquellas que promueve la izquierda autoritaria, cuya tradición dogmática tanto ha influido en las diversas corrientes de pensamiento latinoamericano.

 

La actitud del Gobierno de España, desde marzo de 2004 en manos del PSOE, muestra igualmente el limbo ideológico en el que se mueve la actitud de la izquierda española frente al régimen castrista y otras manifestaciones altisonantes de la izquierda latinoamericana. Y ello a pesar de que, en principio, el rechazo del régimen suscita en España y en la Unión Europea una amplia unidad, recogida sin aparentes fisuras en la declaración de la presidencia de la UE respecto a Cuba de 2003 y las mociones de condena a la represión en la isla del Senado y Congreso de Diputados en España. La declaración de la UE además de lamentar los actos de represión estableció cuatro medidas de castigo:

 

 

Las declaraciones de los órganos parlamentarios españoles fueron también enérgicas y unánimes. El Senado se expresó en los siguientes términos:

 

 

Finalmente el Congreso de Diputados expresó una posición similar:

 

 

Con motivo de la reciente celebración del 12 de octubre la oposición cubana en España mostró su temor ante la posibilidad de que en esta ocasión el gobierno de Rodríguez Zapatero no les invitase a los actos previstos. El gobierno aclaró las dudas y procedió a la invitación, pero lo hizo argumentando que la falta de señales de cambio en Cuba hacían imposible otra opción. Aprovechó la oportunidad para desmentir que el gobierno de España estuviese incómodo con la Posición Común Europea, pero sin negar contactos diplomáticos para su posible modificación. Las circunstancias descritas, la aquiescencia hacia el gobierno venezolano, y la actitud hacia Colombia, con cuyo gobierno se había alcanzado un interesante grado de colaboración en la lucha antiterrorista, automáticamente disminuido por el gobierno socialista, constituyen una muestra de la indefinición en la que se mueven numerosos gobiernos con respecto a ésta y otras dictaduras. A pesar del fracaso económico y el descontento de amplios sectores de población, el estado castrista cuenta con los recursos necesarios para evitar cualquier posibilidad de cambio democrático. La marginalidad de la isla y la simpatía ideológica permitirán al gobierno cubano sobrevivir con estrecheces crecientes en un medio internacional que padece, por lo demás, la existencia de múltiples e intensos focos de tensión capaces de atraer y agotar los mayores esfuerzos diplomáticos de las naciones democráticas.

 

 

El recrudecimiento de la represión en un contexto de crisis económica y social permanente traduce el cansancio de un régimen fracasado. La lamentable situación de la isla, el bajo nivel de vida y la ausencia de libertades civiles no responden a la mitología revolucionaria, anticapitalista y demagógica al uso en el gobierno cubano. La dictadura se acerca a su fin lentamente, aumentando en ese período indeterminado de tiempo los esfuerzos por sobrevivir incluso si estos conllevan una elevada carga de indignidad.

 

En este escenario deben entenderse las complicadas relaciones entre Cuba y México. La instauración de regímenes democráticos en Latinoamérica ha aislado a Cuba, pero también ha ofrecido posibilidades inéditas de injerencia en los asuntos internos de aquellos países dónde la mitología revolucionaria y el populismo juegan todavía a favor de la imagen del régimen castrista. México, Perú o Bolivia son ejemplos de la extraordinaria capacidad de la acción exterior cubana para defender sus intereses en un medio hostil, aunque permeable. La acumulación de información sensible y la aproximación a partidos de izquierda ofrecen interesantes posibilidades en los procesos electorales; y el radical antiamericanismo sigue siendo bien percibido por una parte importantes de la sociedad latinoamericana.

 

El régimen cubano se enfrenta a su etapa final ciertamente desprestigiado; en circunstancias internas críticas y con perspectivas poco halagüeñas. Tras los atentados en Nueva York de 2001 el recurso tradicional permitir el éxodo masivo hacia las costas de Florida se ha vuelto intolerable para los EEUU. Se cierra así la posibilidad de deshacerse de descontentos y criminales, y aumentan por consiguiente las tensiones dentro de la isla que, por necesidad, acaban adoptando la forma de oposición y descontento político.