Aunque las carencias democráticas de los estados de mayoría musulmana son elevadas, también en esta parte del mundo es la democracia el ideal político más atractivo. Terminada la tercera ola democratizadora en el sur de Europa, Latinoamérica y el Sudeste Asiático, la cuestión es dilucidar si una cuarta podría afectar definitivamente al mundo de religión musulmana, o, por el contrario, si esos estados están condenados por razones culturales o políticas a mantenerse al margen. Ya son numerosos, en cualquier caso, los estados que predican de su naturaleza el carácter democrático. Argelia, Indonesia, Jordania, Marruecos, Mali, Turquía o Yemen entre otros se califican a sí mismos de estados democráticos. La autocalificación de demócrata es para el estado concernido más un juicio de intención que una realidad. Y la presión que esos regímenes sufren para mejorar sus sistemas democráticos desde Occidente es, y ha sido, mínima.

 

Occidente renunció tras la independencia de esos estados a la promoción de la democracia, en contra de sus propios intereses y a pesar de los argumentos que aconsejaban hacerlo. No se trata exclusivamente de un cuestión de principios, existen razones prácticas de peso que hubiesen justificado y con seguridad justificarían hoy una política activa de promoción democrática. Parece demostrado que los regímenes democráticos son normalmente pacíficos, que la extensión de sistemas políticos basados en la libertad y el derecho mejoran la calidad de las relaciones internacionales y facilitan los contactos diplomáticos; y, por último, que son los estados democráticos aquellos que disfrutan de mayor prosperidad económica y mejores posibilidades de desarrollo futuro. Latinoamérica es un buen ejemplo. La extensión de la democracia a finales del siglo XX ha prácticamente reducido a cero la posibilidad de enfrentamientos armados intra-regionales. También parecen demostrar la relación entre democracia y desarrollo económico las realidades de México o Chile; y en Asia las de Taiwán, Japón o Corea del Sur.

 

 

El concepto que debe emplearse para medir la calidad democrática de un estado es complejo, a saber, descansa en variables diversas. No solo debe haber elecciones periódicas, además es necesario la existencia de un estado de derecho, instituciones independientes y partidos políticos libres. Ningún ciudadano puede ser excluido del sistema electoral y las alternativas políticas deben ser reales, no mera ficción. Ciertamente aplicando este baremo los estados musulmanes muestran numerosas deficiencias democráticas. Pero con independencia del mayor o menor carácter liberal de las democracias en el mundo islámico, lo cierto es que una cierta tendencia al establecimiento de modos democráticos es patente. Elementos propios de los sistemas democráticos están presentes en Marruecos, en Baherin ( en 2002 las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez), en Oman, en Qatar, en Yemen, en Kuwait, en Malasia, en Albania, Indonesia, Mali, Niger, Mauritania, Argelia y Senegal, entre otros. Las exigencias de apertura democrática se han multiplicado en Irán, el sistema se ha consolidado formalmente en Jordania y, en un futuro próximo, es más que probable que lo haga en Iraq.

 

Aunque la existencia de prácticas vinculadas a los sistemas democráticos constituye un síntoma, es decir, muestran una tendencia; lo cierto es que la brecha entre ese grupo de estados y el resto de los miembros de la Comunidad Internacional es más que notable. A duras penas se puede hablar de estados libres en el mundo islámico. Con la excepción turca, que en todo caso muestra constantes claroscuros, los demás miembros de esa comunidad padecen deficiencias de un calibre extraordinario. Así lo puso de manifiesto en 2002 el Informa sobre Desarrollo Humano en el Mundo Árabe elaborado por Naciones Unidas y el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social. Si a las carencias políticas se unen la extrema juventud de su población y el elevado índice de desempleo el panorama adquiere tintes dramáticos. Culpar en esas circunstancias a Occidente de la falta de libertad y desarrollo ni es correcto ni ayuda especialmente a asumir retos. Ahora bien, si es cierto que las naciones occidentales han aceptado la excepción democrática musulmana como un hecho de difícil modificación. Esta es una de las causas por las que se pasan continuamente por alto las deficiencias clamorosas que en esos ámbitos padecen los estados musulmanes. La política de Estados Unidos y España hacia Marruecos constituye un interesante ejemplo. Esta crítica, a su vez, es frecuente en las sociedades musulmanas, a saber, la hipocresía occidental frente a sus duras realidades y el trato constante con regímenes de la más inaceptable naturaleza. Paradójicamente parte de la aversión que esos gobiernos generan se canaliza hacia Occidente, a quien se considera responsable último de calamidades de todo orden, incluyendo la suerte de los palestinos; y a quien se niega legitimidad  para emprender acción alguna, como sucede con la guerra antiterrorista.

 

Precisamente ha sido este fenómeno, el auge del terrorismo islámico y las acciones militares derivadas de su actividad, las que han forzado un replanteamiento de esa política, especialmente en Estados Unidos, donde se ha elaborado un plan para Oriente Medio (Middle East Partnership Initiative), pero también en Europa y su proyecto, bastante abstracto, de asociación euromediterránea. Ha surgido, en consecuencia, una nueva polémica. A saber, cómo fomentar la democracia sin generar una aversión mayor, o, en el mejor de los casos, sin afectar a los equilibrios estratégicos existentes. Motivos, en cualquier caso, no faltan para emprender una política de promoción democrática más activa. No solo éticos, también políticos. La falta de oportunidades que crea la mezcla de subdesarrollo y carencia de libertad puede, además, desestabilizar  los regímenes vigentes, con los que tradicionalmente se ha mantenido un fructífero contacto diplomático. Por tanto la dictadura se convierte en parte del problema, no en una solución. La relación con esos regímenes debe estar vinculada no sólo a cuestiones estratégicas, sino también de otra índole, como el trato recibido por sus ciudadanos o la colaboración en la persecución de fenómenos indeseables como el terrorismo o el narcotráfico. Por eso adquiere tanta importancia el futuro de naciones musulmanas como Turquía, o con fuertes minorías de esa religión, como la India. Porque pueden convertirse en el ejemplo de que la democracia y el Islam no son necesariamente incompatibles.

 

 

A la hora de poner en marcha una política que incorpore la democracia como uno de sus objetivos, debe partirse de aquellas experiencias históricas que faciliten su implementación. Debe recordarse a ese respecto que los dogmatismos suelen ser contraproducentes. Es necesario aceptar que la democracia es compatible con sistemas diversos, es decir, tanto con la monarquía como con una república. La diversidad extrema de las sociedades islámicas exigirá una adecuada adaptación a circunstancias particulares. Además debe entenderse que la celebración de elecciones no colma las expectativas depositadas en un sistema democrático. Las democracias deben ser liberales, esto es, ir acompañadas de garantías jurídicas y políticas sociales capaces de asegurar la existencia de instituciones fuertes y una razonable distribución del poder. Si no se dan estas circunstancias, la experiencia democrática fracasa, como demostró en 1991 el caso argelino. Por supuesto la persecución de un objetivo como la implantación de la democracia en el mundo islámico exigirá fuertes dosis de paciencia y unos ciudadanos lo mejor educados posible. Sin duda las carencias educativas de esos estados son notables, y debe destacarse que en países tildados de moderados y comprometidos, a largo plazo, con la democracia, como Marruecos, el analfabetismo alcanza a más de la mitad de la población. Otros factores condicionan el éxito de una opción democrática. La existencia de medios de comunicación libres o el papel de la mujer, cuestión esta tan controvertida, son determinantes. Máxime si se tiene en cuenta que los procesos de democratización deben ser alimentados por los ciudadanos afectados, no solo desde fuera si puede evitarse.

 

Por supuesto la promoción de la democracia conlleva riesgos que deben asumirse de antemano. En primer lugar es necesario entender que los procesos de transición y consolidación democrática pueden generar más inestabilidad de la preexistente. Simplemente son procesos que modifican la estructura de poder y amenazan a las élites en él asentadas que, como es lógico, intentan mantener en la medida de lo posible sus privilegios. Para ello movilizarán todos los instrumentos a su alcance, desde el desorden social a la división tribal o religiosa. Dos fenómenos estos que también son manipulados por la clase política emergente. Si además, como sucede en los países musulmanes, el estado es el actor económico principal, alcanzar el poder significa tanto como controlar los recursos y los medios de supervivencia de millones de personas. La violencia es sencillamente inevitable en estas circunstancias.

 

En segundo lugar no es menos evidente que la realización de elecciones libres  no garantiza que los ganadores sean especialmente proclives a extender las reformas que una democracia exige. De hecho en todas las elecciones que han tenido lugar desde 1991 hasta hoy en países de religión musulmana los islamistas han cosechado excelentes resultados. Esto puede llevar a pensar que es mejor abandonar la construcción de democracias imperfectas, con frecuencia contrarias a los intereses occidentales, en favor de defender regímenes no democráticos pero capaces de desarrollar reformas progresivas de signo liberal. Una opción complicada de ejecutar, porque en la práctica supone apoyar regímenes políticos claramente incompatibles con las ideas fundamentales que vertebran una estado democrático de derecho. Además las elecciones como fórmula de alcanzar o legitimar el poder constituyen un instrumento ampliamente aceptado incluso en el mundo islámico. Oponerse a su puesta en marcha supone tanto como negar a millones de personas la posibilidad de ejercer un derecho y un deseo largamente acariciado. Por otro lado la falta de legitimidad de los regímenes de aquellos países terminan por alimentar todo tipo de extremismos como única opción viable opositora. Algo que finalmente es contraproducente para los EEUU y Europa. En definitiva, por problemáticos que sean los resultados de elecciones libres, estos gozarán siempre de una legitimidad superior a la que disfrutan los regímenes actuales. Desde esta perspectiva es más peligroso aceptar el status quo actual que reconocer la frustración ante un gobierno anti-occidental y antiliberal, pero dotado de razonable legitimidad.

 

 

Llegados a este punto y aceptadas las bases conceptuales sobre las que debe girar cualquier acción promotora de la democracia en el mundo de religión musulmana, es necesario convenir en que la seguridad constituye un problema. De hecho es la visión de este parámetro la diferencia esencial entre los proyectos europeo y norteamericano para el Norte de África y Oriente Próximo. Superar este malentendido constituye un requisito inexcusable para unificar la acción occidental en favor de la democracia.

 

La contraposición entre ambos puntos de vista es en realidad formal. Se entiende que el proyecto norteamericano pretende imponer la virtudes democráticas mientras el europeo, esa imprecisa área de co-prosperidad mediterránea, trataría de estimularlos. Para establecer esta diferencia se utiliza no ya el concepto más o menos amplio de seguridad, sino la posibilidad de recurrir a la fuerza. Estados Unidos mantiene ese recurso como una opción no ya viable, sino en determinadas circunstancias, inevitable. El proyecto europeo ha obviado conscientemente ese factor y ha culpado, en definitiva, a la estrategia bélica  estadounidense del bloqueo de las iniciativas europeas, entre ellas, la Conferencia y proceso de Barcelona. La política mediterránea europea, sin embargo, está más vinculada a la seguridad de lo que a menudo se afirma. La fórmula europea de diálogo permanente entre socios que comparten experiencias sobre la base del respeto mutuo tiene la virtud de tranquilizar a los estados concernidos en el sur y el este mediterráneo y el defecto, de facto, de no promover en absoluto la democracia. Bien al contrario, es un sistema de compraventa de seguridad, mediante el cual Europa transfiere fondos a regímenes de naturaleza discutible  a cambio de estabilidad militar y migratoria. Como todos los proyectos que no se enfrentan directamente a los problemas tiene muchas posibilidades de fracasar.

 

La combinación de ambas fórmulas, sin embargo, pudiera dar buenos resultados. No solo se trata de dialogar, los europeos deben aceptar que hay variables objetivas, democracia y seguridad, que deben ser incorporadas en los contactos mutuos. Es un hecho, por ejemplo, que Marruecos o Libia han generado inseguridad y tensión militar en sus fronteras. Ambos estados han llegado, incluso, a atacar u ocupar territorios pertenecientes a países de la Unión Europea (Lampedusa y Perejil, respectivamente). Aunque los Estados Unidos puedan o deban aceptar fórmulas progresivas de compromiso y cooperación, la defensa de Europa y los EEUU sigue siendo una prioridad que los estados norteafricanos y de Oriente Próximo deben acostumbrase a aceptar, y los socios europeas a implementar. La idea de que los problemas en el Mediterráneo son políticos y no militares es conceptualmente correcta, pero ha de admitirse que los problemas políticos suelen generar problemas militares; y que el tratamiento militar de una coyuntura determinada debe ser una opción, quizá no prioritaria, pero sí posible.

 

 

Para garantizar el éxito de una política activa de promoción de la democracia en el mundo islámico, y en particular en Oriente Próximo y el Norte de África, es necesario que se den  los siguientes factores:

 

1.      Debe entenderse este objetivo como un fin común de americanos y europeos, esto es, de Occidente en su conjunto. Solo coordinando sus capacidades diplomáticas y económicas podrá alcanzarse el objetivo. Es necesario incorporar protocolos de democratización en todos los procesos de ayuda humanitaria, así como en las políticas, por diversas que sean, dirigidas a gestionar las relaciones con estados poco respetuosos con el orden internacional.

 

2.      Los fondos existentes deben ser utilizados estratégicamente, atendiendo al objetivo global de democratizar la región, y no a otros criterios políticos secundarios que atienden más a la existencia de áreas de influencia histórica o a preferencias burocráticas.

 

3.      Tanto europeos como americanos deben integrar en sus política democratizadoras a las organizaciones civiles no gubernamentales con experiencia en la zona de forma que estas puedan coordinar sus esfuerzos con los estados sin perder necesariamente autonomía y eficacia.

 

4.      Debe realizarse un esfuerzo por convencer a los activistas y políticos vinculados a la defensa de derechos civiles y humanos en las sociedades islámicas del compromiso occidental con los valores democráticos, evitando así percepciones negativas que tarde o temprano se convierten en abierto rechazo de cualquier iniciativa occidental.

 

Y todas estas variables deben atenderse teniendo en cuenta que cualquier modificación notable del orden sociopolítico regional, por bienintencionado que sea el estímulo que lo provoque, generará inestabilidad, probablemente violencia y, en última instancia, un posible problema que pudiera exigir el uso de la fuerza.