(Publicado en el Diario Palentino, el 19 de septiembre de 2004)

 

La debilidad parlamentaria y la falta de definición están escorando al Gobierno Zapatero hacia posiciones cada vez más alejadas del centro político. El presidente renunció desde el principio de la Legislatura a formar una coalición con las fuerzas más moderadas del Parlamento, como habían hecho tanto González como Aznar, y decidió sostener su Gobierno en un magma inestable en el que conviven las fuerzas más nacionalistas y más a la izquierda. La dinámica de esa volátil coalición empuja al Gobierno a adoptar posiciones cada vez más radicales tanto en su política económica, como en la social o en la exterior. Las consecuencias de ese deslizamiento pueden ser nefastas para nuestro país.

 

El último episodio de este escoramiento ha sido los anuncios realizados por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la regularización masiva de todos aquellos inmigrantes ilegales que lleven trabajando irregularmente un año en nuestro país. Esta decisión de «papeles para todos», más allá de aberraciones como que los empresarios tengan que contratar a aquellos trabajadores que les denuncian o que se premie de alguna forma a aquellos que han vulnerado la Ley, puede tener consecuencias muy negativas para el futuro del bienestar y la convivencia en nuestra sociedad.

 

La inmigración ha tenido hasta ahora un efecto positivo en el crecimiento económico y en la consolidación del Estado del bienestar en nuestro país. Es verdad que en determinadas áreas, donde la concentración de extranjeros ha sido mayor, ha producido también algún efecto negativo, como aumento de la inseguridad ciudadana o el deterioro de algunos servicios sociales, como la educación o la sanidad. Pero el balance general de la última oleada de inmigrantes ha sido positivo.

 

La situación puede cambiar como consecuencia de esta política de puertas abiertas que el Gobierno quiere poner en marcha. La primera razón es que con la intensa presión migratoria hacia la Unión Europea existente, tanto en Iberoamérica como en el Este de Europa, en algunos países asiáticos, y muy especialmente en África, la política de apertura del Gobierno español puede desbordar, y probablemente lo hará, toda capacidad de absorción de la sociedad española. Es más, el contraste entre una política extraordinariamente permisiva del nuevo Gobierno español frente a la política cada vez más restrictiva de nuestros socios europeos puede hacer que se produzca un gran flujo migratorio desde la propia Europa a España a través de los Pirineos.

 

Esta situación puede terminar resultando explosiva en el caso de que la tendencia de desaceleración económica y de aumento del paro se confirmen en nuestro país. Hay que pensar en el problema social que supondría que muchos de esos inmigrantes, que vienen buscando empleo, terminaran engrosando las listas del paro junto a otros miles de españoles.

 

El segundo gran problema es la calidad de nuestros servicios sociales. El déficit sanitario acumulado por todas las comunidades autónomas, escandalosamente alto en el caso de Cataluña, demuestra que nuestro Estado del bienestar no estaría preparado para sumar un nuevo aluvión de inmigrantes que se sumarían a los más de dos millones ya asumidos en los últimos años, al menos sin un aumento significativo de los recursos y de la inversión pública. Es posible que el Gobierno haga un buen negocio a corto plazo con la regularización masiva de los inmigrantes al aumentar los ingresos fiscales, pero a largo plazo puede hacer colapsar el sistema de protección social si no invierte sumas aún mayores en su potenciación.

 

Una tercera cuestión son los problemas de convivencia que plantea un flujo de inmigración incontrolado. Esto se vive ya en muchos colegios que se ven superados por la dificultad de integrar alumnos con distintas lenguas, culturas y costumbres sin disponer de los instrumentos adecuados para ello. La policía y nuestro sistema judicial pueden verse también con crecientes dificultades para hacer frente no sólo a un aumento tan significativo de población, sino de una población que presenta tasas de delincuencia muy superiores a las de los propios nacionales. Todo ello sin mencionar los problemas de desnaturalización cultural a los que con tanta insistencia y controversia se refiere Jordi Pujol.

 

La inmigración constituye uno de los desafíos fundamentales de la sociedad europea del siglo XXI. La mayoría de los países están apostando por políticas restrictivas que permitan controlar un fenómeno que amenaza con desbordar nuestras capacidades. Esperemos que la Unión Europea corrija esta irresponsable política de inmigración que puede resultar nefasta para el bienestar y la convivencia de nuestra sociedad.