Recientemente, mientras algunos españoles vivían la ansiedad de si llegarían las medallas olímpicas; si eran pieles lo que había bajo las posaderas de las ministras; o qué pasaría con la salud de la Rocío por antonomasia, se ha producido un nuevo aniversario del Pacto de San Sebastián: una reunión de agosto de 1930 en la que los republicanos españoles -nacionalistas catalanes incluidos- se pusieron de acuerdo sobre la forma de organizar el Estado si conseguían derribar la Monarquía de Alfonso XIII.

 

Ya sé que un septuagésimo cuarto aniversario es una forma casi impresentable de sacar a colación un asunto, pero reconozcamos que, desde el pasado 17 de agosto, ya ha empezado el septuagésimo quinto aniversario -lo cual es verdad- y, sobre todo, ¿quién puede asegurar que no ‘se le haya pasado ya el arroz’ a este comentario dentro de un año?

 

La cuestión es que aquellos beneméritos repúblicos, muchos de los cuales vivían en Madrid aunque hubiesen nacido en cualquier sitio, tuvieron que pactar con los nacionalistas republicanos catalanes que, como cuenta un viejo león republicano (algo desdentado y chocho) que asistió al acto, “emplearon el vocablo separatismo sin espíritu agresivo, como expresión sinónima de diferenciación”.

 

Aunque había algunos jóvenes leones que sí estaban dispuesto a enseñar los colmillos, el asunto se canalizó gracias a las buenas artes de un personaje, Niceto Alcalá-Zamora, que, hasta hace bien poco, ha tenido la rara habilidad de concitar las burlas, cuando no la abierta agresividad, de historiadores y comentaristas de las más diversas orientaciones.

 

Don Niceto condujo a los nacionalistas catalanes hasta la aceptación de la autoridad y soberanía de las Cortes a partir del reconocimiento de los derechos del hombre, “sin mermas de ningún género” y de la necesidad de elección de representantes por medio del sufragio universal. A partir de ahí se pudo acordar que una futura República -que no tardaría en llegar- reconocería “la personalidad de Cataluña” y el derecho de ésta “a elaborar su propio Estatuto” que sometería “a las Cortes constituyentes de la República, cuya autoridad reconoce”.

 

Hasta aquí la versión de aquel viejo león, que se llamaba Lerroux, de lo que fue un acuerdo que pesó considerablemente en el desarrollo de la Constitución de 1931, el más claro precedente de nuestro actual Estado de las Autonomías.

Quizás le pueda sorprender a algún lector que don Niceto se remontase a los “Derechos del Hombre” y al derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo, mediante el sufragio universal. Pero el político cordobés sabía bien de lo que estaba hablando, porque llevaba más de veinte años en batalla política con el catalanismo, desde sus planteamientos de liberal demócrata.

 

El resultado de aquel proceso, ya lo sabemos, fue el Estatuto de Autonomía de Cataluña de septiembre de 1932, que sólo se aplicó con normalidad durante dos años, aunque sobreviviera formalmente hasta el final de la guerra civil. Pero lo que nos resulta estimulante a algunos es la actuación de un político que, para afirmar la suprema autoridad del Parlamento, puso el reconocimiento de las exigencias nacionalistas en directa relación con el respeto a los derechos humanos.

 

En este septuagésimo quinto aniversario -que ahora acaba de comenzar- de aquel Pacto de San Sebastián no faltan españoles que saben muy bien por qué.