(Publicado en el Diario Palentino, el 15 de agosto de 2004)
El problema vasco parecía haber desaparecido en los últimos meses de la escena política española. Los atentados del 11-M, la victoria socialista en las elecciones generales y la emergencia de la cuestión catalana habían desplazado el foco de atención pública y mediática del País Vasco a otros asuntos más candentes. Sin embargo, la cuestión vasca sigue ahí, sin que le afecte el cambio de Gobierno, la estrategia de otras comunidades o la presencia del terrorismo islamista en nuestro país. Es más, el problema puede haberse agravado en estos últimos meses.
La reaparición de la actividad terrorista de ETA, colocando artefactos de pequeña potencia en centros turísticos del norte de España, es una pésima noticia. Significa que el Gobierno no puede levantar lo más mínimo la presión que protagonizada por el Gobierno anterior había conducido a la paralización de la organización terrorista en los últimos meses. Está claro que ETA tiene voluntad de seguir matando y que solo una política de extraordinaria firmeza puede impedir que tenga la capacidad para hacerlo. Si un cambio de prioridades del nuevo Gobierno respecto a la lucha contra el terrorismo o una política de condescendencia frente al nacionalismo vasco permite un renacer de la banda terrorista, será una responsabilidad enorme del gobierno socialista.
En segundo término hemos asistido también a un renacer del terrorismo callejero. La semana grande de San Sebastián ha propiciado un retorno a la violencia urbana que había sido prácticamente desterrada del País Vasco y Navarra en los últimos años gracias a la política de tolerancia cero ejercida por el Gobierno anterior con este tipo de terrorismo de supuesta baja intensidad. Esperemos que se trate de un hecho aislado, pero el antecedente es inquietante. Máxime cuando la reacción del Gobierno ha sido contraproducente. Primero ocultando la gravedad de los hechos y segundo, minusvalorándolos al calificarlos como una “desagradable forma de divertirse”. El terrorismo callejero tendrá muchas más posibilidades de renacer si el Gobierno abandona la política de tolerancia cero que lo había erradicado.
La cuestión política tampoco ha mejorado. Es cierto que el clima entre el Lendakari y el Presidente del Gobierno es ahora más distendido, pero el problema de fondo sigue intratable. La idea de Zapatero es forzar un nuevo punto de equilibrio entre el estatuto actual y el denominado Plan Ibarretxe, pero por ahora el Lendakari no se apea de su plan. Puede ser una estrategia de firmeza para obtener las máximas concesiones de un presidente del gobierno extraordinariamente blando. Pero puede también que el nacionalismo vasco haya llegado a la convicción de que o logra ahora el reconocimiento a su soberanía o no podrá hacerlo ya nunca. Si eso es así, que es probable, las sonrisas de Zapatero van a contribuir muy poco para poder arreglar la cuestión e incluso en algún momento pueden complicarlo aún más.
En segundo lugar, el Gobierno es hoy más débil para poder hacer frente a la ofensiva nacionalista. Por un lado, el compromiso de Zapatero de asumir el nuevo Estatuto catalán, en los términos que sea aprobado por el Parlament, hace preguntarse a muchos vascos porque ese mismo compromiso no se asume con su Parlamento. Por otro, el proceso de reforma constitucional y estatutaria desencadenado por el Gobierno socialista alimenta todas las ambiciones territoriales, incluso las más descabelladas. Finalmente, su debilidad parlamentaria hace depender su propia supervivencia de aquellos partidos que plantean reformas más radicales del modelo de Estado y que buscan, en última instancia, la independencia de sus comunidades.
Finalmente, los incentivos del nacionalismo vasco por volver a un espacio más templado se están debilitando. La alternativa constitucionalista, formada por PP y PSOE en el País Vasco, se va diluyendo como consecuencia de la aproximación de los socialistas vascos a las tesis nacionalistas. El escenario de un nacionalismo hegemónico sin alternativa ni a su izquierda ni a su derecha es la situación en la que con más seguridad el Gobierno vasco forzará la ruptura de su vínculo con España.
La cuestión vasca plantea por tanto dos desafíos fundamentales al nuevo Gobierno. Por un lado, aprovechar la situación de máxima debilidad de ETA que le legó el Gobierno del PP para acabar definitivamente con esta organización terrorista. Por otro, hacer frente a la ofensiva nacionalista sin violentar la Constitución y sin otorgar concesiones que resulten inadmisibles para el conjunto de los españoles. Esperemos, por el bien de todos, que a pesar de un mal comienzo, el nuevo Gobierno termine acertando en ambas cuestiones.