La idea de España y el modelo de Estado que se deriva de esa idea sigue siendo hoy la gran cuestión política en nuestro país, más allá de las distracciones «sociales» con las que el Gobierno pretende camuflar su ausencia de proyecto en este asunto. Para Zapatero el problema es más de método que de fondo. Así, según él, el diálogo permitirá encontrar una nueva idea de España más plural y un nuevo punto de equilibrio entre el Estado y las Comunidades Autónomas que lo conforman. La cuestión principal es si esa nueva idea de España garantiza el principio de igualdad y si ese nuevo punto de equilibrio es global o asimétrico.

 

El Partido Popular, con su doctrina del patriotismo constitucional, había generado una clara idea de España. El PP basaba esta idea en el reconocimiento histórico de más de 500 años de proyecto común y en la reafirmación democrática de ese proyecto en la Constitución de 1978. Los populares creían por tanto en una España democrática, fuerte, cohesionada y abierta al exterior. Para ello resultaba esencial una defensa firme del modelo constitucional como garantía tanto de las libertades como de la unidad del Estado. En torno a estos principios consiguieron consolidar una gran mayoría social.

El PSOE por el contrario carecía de una idea clara de España. Maragall y Bono, por poner dos ejemplos, tenían, y mantienen, visiones y posiciones no sólo diferentes, sino claramente enfrentadas. Zapatero optó por la indefinición como única forma de superar las discrepancias internas. Los socialistas se presentaron así a las elecciones sin un modelo de Estado definido, pero con dos ideas. La primera era que la culpa de los problemas territoriales la tenía Aznar por su intransigencia. La segunda es que sin saber aún para qué, era necesario abrir un proceso de dialogo que condujera a un nuevo modelo de Estado.

 

El acceso de Maragall al Palacio de la Generalitat reforzó enormemente la voluntad de Zapatero de revisar el modelo de Estado. Los socialistas catalanes sufrieron una importante derrota en sus elecciones autonómicas, pero gracias al ascenso de los independentistas pudieron acceder a un Gobierno de coalición. La revisión del modelo de Estado dejó entonces de ser una opción para convertirse en una necesidad y Zapatero trató de hacer de esa necesidad virtud.

 

El resultado de las Elecciones Generales vino a fortalecer aún en mayor medida las tesis revisionistas dentro del PSOE. La dependencia de los independentistas era ahora doble, en Cataluña, pero también en el Congreso de los Diputados. Los resultados del PSC fueron además tan espectaculares que la deuda de Zapatero con Maragall para llegar a la Secretaría General del PSOE se acrecentó aún más al conquistar La Moncloa.

Estas contradicciones del PSOE sobre el modelo territorial afloraron en su último Congreso Federal, a pesar de ocupar ya el poder central. La única polémica del conclave fue de hecho la inclusión del Secretario General de los Socialistas Catalanes, el Ministro Montilla, en una Ejecutiva de la que deliberadamente habían sido excluidos los barones territoriales. El pulso lo ganó finalmente el PSC, como no podía ser de otra manera.

La inclusión de Montilla en la Ejecutiva Federal supone el triunfo definitivo de las tesis asimétricas en el seno del PSOE. La servidumbre interna de Zapatero respecto al PSC y la dependencia parlamentaria del Gobierno de sus socios independentistas, hace que en contra de la opinión mayoritaria de los socialistas españoles, Zapatero se haya decantado por las tesis más nacionalistas y por un disgregador principio asimétrico de España. Para cambiar esa posición histórica del socialismo español ZP goza ahora de las mieles del poder.

 

Esta batalla ideológica tendrá su prueba de fuego en el Estatuto que apruebe el Parlamento Catalán y que Zapatero se ha comprometido a apoyar de antemano. Este Estatuto no sólo supondrá elevar los techos competenciales de la Comunidad hasta dejar desdibujado el papel del Estado en Cataluña, sino que marcará además importantes asimetrías, es decir privilegios, para Cataluña en relación con el resto de las Comunidades Autónomas españolas. Este principio asimétrico será la principal discrepancia con el Partido Popular. En aras del consenso es posible que el PP pudiera transigir con determinadas reformas estatutarias e incluso constitucionales, pero un principio al que difícilmente podrá renunciar es a la necesidad de mantener la igualdad entre todos los españoles. Ese principio de igualdad se encuentra en lo más profundo de la idea de España que hoy sigue teniendo el Partido Popular y romperlo constituye la más seria amenaza a la cohesión y al proyecto común de nuestro país.