El próximo mes de enero se cumplirán 20 años del congreso denominado de la refundación de AP, cuando comenzó una verdadera transformación de esta formación política que tuvo enorme impacto sobre el sistema político español. Entre las consecuencias más beneficiosas para la democracia española, destaca el impulso que este hecho tuvo sobre la alternancia política primero en muchos gobiernos regionales y locales y después en el nacional. En efecto, si la izquierda en las primeras elecciones concurrió en múltiples candidaturas, tras el congreso extraordinario socialista de 1979, González impuso la integración de las diversas candidaturas socialistas, de personas y grupos situadas en la izquierda, especialmente del PCE. Este hecho, junto al abandono de posiciones ideológicas radicales, sirvió para la homologación definitiva del PSOE con los partidos socialdemócratas europeos y contribuyó mucho a la primera alternancia política en las exitosas elecciones de 1982 y en los siguientes comicios en todos los ámbitos territoriales.

 

Obviamente la disolución de la frágil Unión de Centro Democrático, que jugó un papel esencial en la Transición, contribuyó también a que se produjese la primera alternancia. Al tiempo, el funcionamiento del principal partido de la oposición, Alianza Popular, facilitó la larga etapa de hegemonía socialista. Si bien merece atribuir a Fraga la idea de forjar un sólido partido de centro-derecha, en contraste con Suárez que no pudo o no se planteó seriamente dicho objetivo necesario en todo sistema democrático, tampoco Fraga supo o quizá no fue capaz de alcanzarlo. Fraga impulsó desde la fundación de AP una política de coaliciones pre-electorales de personas, grupos regionales, provinciales incluso insulares que solían ocupar los puestos de cabeza de las listas electorales. Así por ejemplo en las elecciones de 1982 y 1983  la Coalición Popular integraba en  todo el territorio nacional a AP, Unión Liberal y el Partido Demócrata Popular, en el País Vasco a UCD, UPN en Navarra, el PAR en Aragón, UV en la Comunidad Valenciana. Fraga pretendía conformar la "Nueva Mayoría" tratando de recuperar la ubicación de centro-derecha que sostenía en la pre-transición, aunque su proyecto se vio afectado por la "fagocitación" que le impusieron los diversos y sucesivos socios

 

En la práctica, Fraga siguió aplicando prácticas de las dos primeras elecciones y se “acomodó” al papel de jefe de la oposición que el ofreció el entonces presidente del Congreso, Peces Barba y al llamado “techo electoral” que se le atribuyó desde la “academia” que consistía en “argumentar” que la derecha no podía ampliar sus cinco millones de electores. Desde el punto de vista organizativo AP durante este periodo se volcó en una gran actividad interna. Celebró cuatro congresos nacionales en los que reforzó y reorganizó la oficina central y adaptó la organización territorial del partido a la nueva estructura autonómica. Pero sus áreas de trabajo se reacomodan sucesivamente por dos razones principales y relacionadas: el alejamiento del poder les lleva a carecer de definición estable de las prioridades de las políticas públicas. En segundo lugar, porque hubo una sucesión importante de equipos dirigentes, en parte por el segundo abandono del líder, pero también porque se utilizan a nivel nacional listas abiertas para la elección de los cargos colegiados^[1].

 

Finalmente en vísperas del anual congreso de 1989, diversas personalidades del centro derecha, entre ellas Marcelino Oreja y el propio Fraga plantean al refundación del partido. Para consolidarse "como partido de gobierno" querían presentar una imagen más ubicada en el centro político y romper con la identificación franquista. Durante este nuevo periodo se celebraron diversos congresos nacionales en los que se han desarrollado las principales modificaciones que han permitido consagrar la nueva imagen del partido y alcanzar los gobiernos. Los cambios introducidos tuvieron manifestaciones en todos los órdenes de la actividad partidista: liderazgo, simbología y relaciones externas con grupos nacionales y extranjeros, sectores sociales y con el propio electorado. El cambio simbólico de mayor alcance se introduce en el mencionado congreso en el que se sustituye la denominación Alianza por Partido (Partido Popular, PP). Entre los objetivos de dicho cambio, se pretendía lograr su homologación con partidos democristianos, pero también otorgar más sustantividad al núcleo central del partido frente a las alianzas o coaliciones que habían presidido la historia de esta formación. En cuanto a los cambios en las relaciones externas destacar el ingreso en el Partido Popular Europeo e Iberoamericano en el progresivamente incrementa su protagonismo.

 

Este proceso de cambio adquirió mayor alcance y fue efectivo unos meses después cuando Aznar sucedió a Fraga en el liderazgo del partido ya que, entre otros cambios, se abandona la fórmula federativa de integración y las coaliciones electorales de última hora.

Cuando se formalizan acuerdos de gobierno con otras fuerzas, se negocia desde una posición sólida y se les da publicidad. En suma, se "normalizan" las relaciones con fuerzas afines y se supera el aislamiento e inferioridad anteriores. No se trató solo de un cambio simbólico que facilitó la homologación con los otros partidos populares europeos, sino que también hizo efectivo el objetivo de otorgar sustantividad al núcleo central de la organización, el partido, frente a las coaliciones y alianzas. Desde que Aznar se hizo con el liderazgo del partido, concurrió solo en las diversas convocatorias, con la salvedad del acuerdo escrito con UPN y consiguió absorber o diluir las formaciones próximas. Otro rasgo significativo impulsado por Aznar fue la institucionalización de mecanismos de subordinación a las directrices del partido de los elegidos en las instituciones, (Intermunicipal, interparlamentaria) e incluso la que integraba a los presidentes de gobiernos autonómicos. Además se institucionaliza y profesionaliza la comunicación con sectores sociales (sindicatos, organizaciones profesionales, etc) a través de los parlamentarios y la nueva área de relaciones sectoriales, rompiéndose el aislamiento anterior con grupos más significativos de la sociedad civil.

 

Estas características se mantienen y refuerzan especialmente mientras ocupó el cargo de secretario general Álvarez Cascos,  quién, como hiciera Guerra en el PSOE, mantuvieron el liderazgo fuerte de González y Aznar quienes primero lideraron los partidos y después presidieron el gobierno manteniendo, además la cohesión tanto de los cargos públicos, como de la oficina central.  Sus sucesores a fecha de hoy no han sabido, o no han querido repetir los citados modelos exitosos de liderazgos partidistas.

 

En el caso de Rajoy, muestra una falta de liderazgo sólido en la presidencia que se manifiesta especialmente desde que ocupara la secretaria general, una persona recién llegada al partido. La laxitud o ausencia de firmeza efectiva sobre las iniciativas políticas de los cargos públicos autonómicos,  se traducen en un resquebrajamiento de los principios y prácticas políticas coherentes con la defensa de la nación y del consiguiente funcionamiento nacional y no confederal del hasta ahora único partido nacional de centro derecha. Esta práctica comenzó cuando Rajoy no paró el proyecto de reforma estatutaria de la Comunidad Valenciana y aunque se recondujo la posición en relación a la reforma estatutaria de Cataluña, los apoyos a las posteriores reformas estatutarias (Andalucía, Aragón y Castilla la Mancha) no han hecho más que aumentar la debilidad del citado liderazgo y en consecuencia del partido. La ruptura del acuerdo con UPN, cuyo modelo pretende usar el nuevo dirigente popular vasco y las incoherencias del presidente popular de Canarias en relación a las manifestaciones y políticas de sus socios de gobierno, no hacen más que ahondar en un problema que no solo afecta al Partido Popular, sino que afecta al sistema político español, cuando se cumple también el treinta aniversario del texto constitucional.

 

Parece que este desafortunado modelo que pilota Rajoy no es otra cosa que la aplicación del modelo confederal que de facto ha amparado Zapatero desde que aceptara la relación confederal con el PSC y que está abriendo enormes grietas en la democracia española.