Nicolás Sazkozy vuelve a ser noticia a cuenta de que presidirá la Unión Europea durante los próximos meses. Un hombre que despierta pasiones, a favor y en contra, como todos los líderes.
Como era de esperar, sus declaraciones en cuestiones de inmigración han levantado ampollas, sobre todo, en los países emisores de inmigrantes.
Diario, La Prensa (Bolivia): “Sarkozy advierte que Europa no puede recibir a toda la miseria del mundo”. “La primera autoridad francesa dejó clara su intención de lograr un acuerdo en la UE para endurecer aún más las políticas del bloque sobre la inmigración, un tema sensible para América Latina, los países del norte de África y los de la Europa del Este.”
La Gaceta (Argentina): “Sarkozy insiste en blindar Europa ante los inmigrantes. “Según informó el diario español "El País", una de las prioridades de la presidencia francesa es blindar a la UE frente a los nuevos inmigrantes ilegales no seleccionados. Lo que Sarkozy pretende es que sólo se acepte a aquellos extranjeros escogidos según las necesidades del mercado laboral. El Pacto por la Inmigración y el Asilo que desea presentar París descarta las regularizaciones masivas y propone introducir la identificación biométrica en los visados para expulsar a aquellos que no se vayan voluntariamente. Esa iniciativa será expuesta conjuntamente por Francia y España en una reunión de ministros del Interior que se celebrará en Cannes entre el 7 y 8 de julio. Alemania también mostró interés en incorporarse al proyecto.”
En Ecuador, el presidente Correa ha hecho un llamamiento a los miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN, formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) en particular, y a todos los países de América Latina en general, para que adopten una posición conjunta de rechazo a la nueva directiva de retorno de inmigrantes en situación irregular aprobada por la Unión Europea.
Fuentes de su gabinete emitían un comunicado de prensa el que se invitaba a sumarse a “esta posición de rechazo, mediante la cual podamos defender, con la mayor energía y eficacia, la dignidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de su movilidad". Además afirma que "la realidad migratoria debe ser hoy uno de los ejes fundamentales en la construcción de la integración latinoamericana".
Es curioso como personas que viven separadas por un gran océano, se parecen mucho a la hora de dibujar la realidad a golpe de eufemismos y palabrería grandilocuente.
La inmigración de miles de personas que huyen de sus países de cualquier manera- a nadie le gusta ser ilegal en ningún sitio, circunstancia o condición- debido a que sus gobernantes solo predican y no dan trigo, ha pasado a denominarse “dignidad de ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio libre de su movilidad”. Tomamos buena nota.
Quizá esta imagen es la contrapartida que reciben los socios de la Unión Europea por no haber buscando antes medidas consensuadas para establecer una política común que minimizara en lo posible, situaciones como esta: que miles de ilegales han llegado a Europa buscando su propio El dorado con el convencimiento de que la vida sería mucho más fácil que en sus países de origen y todo sea una gran mentira, con sus consecuencias de rechazo y falta de integración.
Se produce una gran paradoja: las remesas de dinero que envían estas personas, con sumo sacrificio personal y profesional, supone una parte muy importante de la economía de su país de origen del que huyen por falta de oportunidades. Ahí está el quid de la cuestión del rechazo de sus gobernantes a que Europa ponga un poco de orden, que a la larga, beneficie a todos.
Solamente el dinero que envían los inmigrantes residentes en la Comunidad de Madrid tiene ya, un impacto notable en los países de destino. En Bolivia equivale al 1.8% del Producto Interior Bruto (PIB), en Ecuador supone el 1.3% del PIB y en Paraguay, el 0.8%. En 2007, las remesas enviadas por los inmigrantes de la Comunidad de Madrid a sus países alcanzaron un total de 2.020 millones de euros, lo que equivale al envío de 5,6 millones de euros diarios, y que representa un 32% más que el año anterior.
Según un estudio de la consultora Bendixen y Asociados para el Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las remesas constituyen ya el principal motor del crecimiento económico latinoamericano, hasta el punto de que superan la inversión extranjera directa, y gran parte de ellas se utilizan no sólo para el mero sustento, como ocurría hace años, sino para pagar préstamos hipotecarios, para obtener microfinanciación, y para abrir cuentas de ahorro que permiten a los receptores acceder al crédito.
El Fondo Monetario Internacional estima que el año pasado se enviaron 126.000 millones de dólares, fruto del trabajo de emigrantes repartidos por todo el planeta. Como ejemplo, se puede señalar que los ciudadanos ghaneses contribuyen cada año con aproximadamente 440 millones de dólares a sus economías, cifra que representa la cuarta fuente más alta de los ingresos del país.
Lo que no se cuenta, porque no interesa, es que a la par que se aprueban directrices que tratan de frenar ese éxodo que solo beneficia a las mafias y a determinados gobernantes, nada explican de las políticas de ayuda, a través de la cooperación, que se están desarrollando desde Europa hacia esos países. Una política que por ejemplo, trata de frenar la fuga de cerebros de dichos países de origen. Un talento que debería ser aprovechado por los dirigentes de aquellos que señalan a Europa como un gigante que coarta la libertad de movimiento.
Lejos de apoyar una iniciativa como esta última, hay quienes aseguran que Europa y Estados Unidos deberían pagar impuestos a los países emisores de inmigrantes cualificados. Así lo afirmaba a finales de 2007, un inmigrante nigeriano afincado en Estados Unidos que tuvo oportunidad de estudiar y vivir en América, donde llegó después de escaparse de un campo de refugiados en Níger.
Esta respuesta venía a colación de la política que los socios europeos barajaban para facilitar la llegada a Europa de profesionales cualificados, a los que se les ofrecería un buen sueldo- al menos, tres veces más que el salario mínimo de sus países de origen- y a los que se les concedería un permiso de trabajo.
Lo que tampoco se cuenta, es que Europa está poniendo en marcha una política de retorno de profesionales cualificados, política englobada dentro de una cooperación responsable, que va más allá de la mera financiación de organizaciones sin ánimo de lucro.
La cuestión es que determinados países no ofrecen horizontes, no generan trabajo, ni riqueza, ni futuro. La gente se ve obligada a marcharse de forma ilegal o en el mejor de los casos, gracias a su formación profesional. Una situación de la que se benefician mafias y gobernantes que no están dispuestos a renunciar al dinero de las remesas, ni a poner en marcha políticas para su propio desarrollo económico y social.
A cambio, “la libertad de movilidad” los convierte en ilegales con peores horizontes en el país de acogida, simplemente, porque en éstos, se les quiere ofrecer un arribo basado en una serie de condiciones y garantías de vida: sanidad y educación, por ejemplo. Unas garantías que a veces no son fáciles de suministrar por cuestiones económicas, lo que a medio plazo, genera un problema económico, político y social.
Un poco más de información y algo menos de demagogia vendría bien a todo el mundo.
Cooperación multidisciplinar
En octubre de 2007, el Comité Económico y Social Europeo publicó una iniciativa de dictamen titulada "Política comunitaria de inmigración y de cooperación con los países de origen para favorecer el desarrollo”. Se trata de una iniciativa que está siendo tenida en cuenta en la elaboración de una política de inmigración común, que aún hoy, se sigue debatiendo en la UE. El primer paso ha sido la aprobación de la “directiva de retorno”. Una resolución que, si bien no está siendo bien vista por algunos países emisores y de parte de la izquierda, puede proporcionar un poco de orden ante la situación de ilegalidad en la que se encuentran muchos ciudadanos. Un polvorín que puede estallar en cualquier momento.
A esta normativa, puede llegar a unirse la directiva a la que se hace referencia, que asimismo, está siendo estudiada a fondo.
El debate es anterior a la polémica presidencia francesa, muy a pesar de los que señalan con el dedo. El origen del asunto está en la celebración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, de las Naciones Unidas
que se celebró en 2006.
Previamente a la celebración del Diálogo de Alto Nivel de las Naciones Unidas, se presentó el informe final de la Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales (GCIM), concluido en octubre de 2005, en el que ya se sentaban las bases para una visión multidimensional de las migraciones internacionales, en la que los aspectos del desarrollo de los países de origen cobraban especial importancia. A este documento le han seguido un extenso número de trabajos y encuentros realizados en el marco de las Naciones Unidas y en otros marcos internacionales.
Las claves para que esta política de inmigración ordenada de buenos frutos está el estudio de varios factores: la incidencia del desempleo, la pobreza y la desigualdad en un entorno globalizado, donde la movilidad es más fácil y el desarrollo de relaciones también.
Las claves
La pobreza, el paro y la desigualdad son características comunes de los países de origen de la emigración. La ausencia de un trabajo decente, la crisis económica, la falta de perspectivas de desarrollo, las catástrofes y las enfermedades, las guerras, la corrupción y la ineficiencia de algunos gobiernos, la falta de libertad y de instituciones democráticas, impulsan a abandonar su país a numerosas personas en busca de horizontes con mejores perspectivas.
La Comisión Mundial sobre las Migraciones Internacionales consideró, en su informe de 2005 para la ONU, que muchos de los flujos migratorios a gran escala, no deseados y difíciles de gestionar, son el resultado de la falta de desarrollo sostenible y de problemas estructurales en numerosos países.
Las redes delictivas que explotan la trata y el tráfico ilegal de seres humanos se aprovechan de esta situación para enriquecerse con la inmigración irregular. Por consiguiente, es importante que se emprendan acciones apropiadas y concertadas contra esas crueles redes delictivas que se están aprovechando de la condición de gente inocente. Asimismo, es igualmente importante que entre los países de tránsito y destino se coordinen apropiadamente y con eficacia los controles fronterizos, incluidas las fronteras marítimas.
Algunas soluciones que se están barajando a propuesta del Comité Económico y Social Europeo (CESE) y que están siendo debatidas en estos momentos tiene que ver con varios factores:
Promoción del comercio desde un punto de vista más liberalizado. El CESE considera que, en contra de lo que piensan las élites que dirigen algunos países en vía de desarrollo, no existe contradicción alguna entre desarrollo y derechos humanos. Los estudios existentes indican que el aumento de las inversiones internacionales y de las exportaciones se produce en los países que democratizan sus sistemas políticos, promueven los derechos laborales y mejoran la protección social.
El respeto a las normas internacionales de la OIT para la promoción del trabajo decente, el apoyo al diálogo social de los interlocutores sociales, y al diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, son ejemplos de buena gobernanza que el Comité respalda.
Sería deseable que la UE, en el marco de las negociaciones de la OMC, facilitara el incremento del comercio internacional (especialmente entre la UE, África y América Latina), la extensión de la democracia y de los derechos humanos.
De hecho, la UE tiene acuerdos de asociación con diversos países del mundo: Euromed, ACP, con Rusia y los vecinos del Este, Mercosur, Comunidad Andina, China, India, etc. El Comité, a través de los dictámenes y de los comités mixtos, promueve que estos acuerdos vayan más allá de los asuntos comerciales e incluyan diversos aspectos sociales.
Otro aspecto básico de esta política, es el desarrollo de una cooperación encaminada a la generación de oportunidades de empleo y formación. La UE debe promover que los países receptores realicen políticas públicas de formación y empleo en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil. Estas políticas son claves para el desarrollo, junto a la promoción de la paz y el buen gobierno.
Hasta ahora, las políticas de cooperación al desarrollo de la Unión Europea han prestado poca atención al papel de las migraciones como factor de lucha contra la pobreza. Debe ir encaminada también al fortalecimiento de la sociedad civil para que se creen las condiciones necesarias que, a su vez, inviten a la inversión económica de las empresas.
Hoy, la UE y la mayor parte de los Estados miembros tienen una política de cooperación al desarrollo muy activa; y además, Europa tiene acuerdos de vecindad y de asociación con numerosos países del mundo. Es cuestión de reorientarla. Un buen ejemplo es la política de cooperación al desarrollo que tiene la Comunidad de Madrid, que entre otras medidas, destina partidas presupuestarias para ayudar a la creación de empleo en los países de origen de los inmigrantes, una vez que han aprendido y desarrollado una manera de trabajo profesional en la Comunidad.
Esta política debe desarrollarse en colaboración con los países de origen. No tiene sentido caminar en una sola dirección, sino que la implicación de los países de origen es primordial, no solo a la hora de interceptar mafias o pateras, sino en la creación de un entorno amigable para el desarrollo: esto es, instituciones democráticas que realmente lo sean y legislaciones transparentes.
La negociación para las partidas destinadas a la negociación deberían incluir este componente, de manera que no queden resquicios para que el gobernante que esté en ese momento, tenga carta blanca para cambiar la regulación una vez que el juego de intereses ya ha sido pactado y puesto en marcha, como ha ocurrido en Bolivia con las empresas españolas.
Es cierto que para los países de origen, la emigración permite la salida de los excedentes de mano de obra con la consiguiente reducción del desempleo, y supone un importante mecanismo de alivio de la pobreza debido a la magnitud de las remesas que envían los emigrantes a sus familias. Pero también es cierto que aquellos que retornan, juegan un papel cada vez más importante de dinamización económica en la medida en que intervienen como empresarios o promotores de pequeños negocios y transmiten nuevos conocimientos y tecnologías. Los países de origen deben ser conscientes de que hay efectos negativos en la pérdida de los jóvenes más formados y con un espíritu más emprendedor. El simple hecho de emigrar ya demuestra la valentía de éstos.
Una buena propuesta del Comité Económico y Social Europeo es fomentar la inversión en actividades económicas y sociales. Los bancos, en colaboración con las autoridades locales, pueden desarrollar nuevos sistemas de créditos vinculados a las remesas, para financiar actividades económicas e iniciativas empresariales. Para ello, es necesario que el sector financiero local tenga una estructura y una solvencia adecuada. Y a este particular, también deberían destinarse esfuerzos y dinero de la cooperación.
Los gastos en educación y en sanidad son las inversiones más importantes de las familias que reciben las remesas. Es necesario promover instrumentos financieros, de aseguramiento y de crédito vinculados a las remesas con el objetivo de alcanzar logros educativos y de salud más altos.
De todo esto, de la cooperación en consonancia con los mismos inmigrantes que deciden regresar, ya hay ejemplos aislados. El programa “tres por uno” que se desarrolla en México, que consiste en que las asociaciones de migrantes originarios de una misma localidad invierten en proyectos para el desarrollo de ésta, pero por cada dólar que las asociaciones envían, pone otro cada uno de los tres niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal
.
Colaboración público- privada: fundamental
Como en casi todos los ámbitos, de un tiempo a esta parte está cobrando cada vez mayor importancia la colaboración público - privada. Dentro de la UE, tenemos ejemplos de buenas prácticas. Es el caso de IntEnt, con sede en los Países Bajos, que ha apoyado durante los últimos diez años a casi 2000 empresarios de que fueron inmigrantes en Europa para establecerse en Surinam, Ghana, Marruecos, Antillas y Turquía, movilizando 12,5 millones de euros para crear 200 empresas, que han empleado a 840 personas en sus países de origen.
Otro buen ejemplo es el de Migrations & Développement. Formado en 1986 en Marsella, apoya a diversas organizaciones de inmigrantes marroquíes (incluyendo a jóvenes franceses de origen marroquí) para movilizar ayudas para sus lugares de origen en Marruecos. Miles de inmigrantes han contribuido financieramente a diversos proyectos, y 300 de ellos se involucraron directamente en la implementación, beneficiando a más de 50 000 personas en Marruecos.
El Reino Unido está en la vanguardia de este movimiento: ha desarrollado la campaña RemitAid para la desgravación fiscal de las remesas colectivas enviadas para el desarrollo de los países de origen. El marco RemitAid da soporte a las iniciativas de desarrollo de inmigrantes que retornan a su país de origen, a través de un capital común construido con las devoluciones de impuestos de las remesas (similar al esquema grift-aid que aplica desgravación fiscal para donaciones caritativas domésticas).
Se trata de buenos ejemplos que armonizados bajo el paraguas de una misma política comunitaria, podría dar excelentes resultados, tanto para los países de origen, como para los de acogida.
La cuestión es que los emigrantes retornados pueden y deben ser un vehículo de transferencia de conocimientos, tecnología e inversiones.
Predicar y dar trigo
Es curioso como aquellos cuya factura democrática deja bastante que desear hayan puesto el grito en el cielo cuando Europa, de una vez por todas, parece decidida a tomar las riendas de un asunto tan trascendental para todos, como es el caso de la inmigración ilegal, o en el mejor de los casos, de aquella inmigración desordenada que solo solventa una parte del problema de forma puntual.
Es cierto que sin la contribución económica, social y cultural nuestros países serían muy distintos. Desde estas líneas se ha tomado siempre el tema con sumo cuidado, tratando de aportar puntos de vista de toda índole, precisamente, por lo delicado de la cuestión.
Es este punto de vista responsable y que trata de huir como de la peste de toda demagogia, el que me lleva a mostrar políticas, iniciativas y directrices que pueden arrojar algo de luz sobre el controvertido asunto.
Lo fácil es armar un discurso demagogo para escudarse en la comodidad que supone la dejación de las funciones que debería tener todo gobernante: trabajar para favorecer el desarrollo de su país a todos los niveles, aprovechando los recursos que dispone, tanto dentro de su país, como aquellos que ofrecen los demás.
En este último grupo, “el de los demás” está la Unión Europea, que hace tiempo que desarrolla algunas políticas muy positivas, pero que aunadas bajo un mismo denominador común serían mucho más útiles.
Se están dando los primeros pasos. A veces, con un sello antipático. El que le ponen sus detractores. Sarkozy es el único político en este momento que parece tener licencia para hablar dada su personalidad. Al margen de que algunas de sus declaraciones no hayan sido acertadas, lo cierto es que tiene un reto y una oportunidad: arrastrar al UE a debatir y trabajar por encontrar algunas soluciones que urgen.
Ana Ortiz es Analista Adjunta en el área de Medios de Comunicación.
Descargar PDF
Imprimir
Recomendar