Cuando la actuación del Gobierno se convierte en una ciega ideología y niega aquella parte de la realidad que no se ajusta a los prejuicios de un buenismo irresponsable, la política económica se aleja de la realidad de los ciudadanos. Que la realidad no nos desbarate un buen sueño deben pensar los (ir)responsables de política económica del PSOE. Esta actuación tiene efectos devastadores sobre la ciudadanía. Cuando la incertidumbre y la preocupación por el futuro se abalanzan súbitamente sobre una ciudadanía confiada e inerme por el efecto sedante de un discurso tan biensonante como vacío y carente de apoyo en la lógica económica, el despertar es súbito, violento, desagradable e inesperado.

 

Los ciudadanos buscan a quien culpar del aciago despertar de un plácido letargo suavemente tejido por un discurso que prometía éxitos sin esfuerzo. Y se echan a la calle exigiendo lo que durante cuatro años se les había prometido. No se trata de nada nuevo. La llamada de la irresponsabilidad ha sido muy tentadora y casi todas las generaciones han sucumbido ante ella. La promesa del maná socialista hacía desagradables a los oídos de los ciudadanos las llamadas a la responsabilidad, al esfuerzo, a la asunción de riesgos, al reconocimiento de méritos y al castigo de los deméritos y, en suma, a todo lo que supusiese la introducción de incentivos. Conceptos todos ellos que palidecían en atractivo ante la promesa de ganar la cabeza de la economía mundial por la gracia de un Gobierno de discurso fácil y política vacua. Dónde se va a comparar el atractivo del que lo promete todo fácil frente al que ofrece simplemente no interferir en que los ciudadanos puedan conquistar con su esfuerzo un futuro mejor.

 

Doce años de crecimiento económico ininterrumpido han obrado el milagro de borrar del imaginario de un gran número de votantes la memoria del estancamiento económico, el desempleo generalizado –especialmente entre jóvenes y mujeres–, la ausencia de expectativas vitales de futuro y la dependencia del porvenir de los subsidios decididos por los gobernantes; realidades todas ellas que asolaron España durante la anterior etapa de políticas socialistas. La memoria selectiva y el paso del tiempo se han encargado de diluir de la conciencia social los efectos de las políticas económicas socialistas. Para una gran mayoría de jóvenes menores de 24 años, la palabra crisis es un concepto irreal asociado a tiempos pretéritos y que parece estar sólo en el vocabulario de aguafiestas y antipatriotas empeñados en despertarles de un feliz sueño. Sólo así se puede llegar a comprender que muchos de nuestros conciudadanos creyesen, e incluso algunos siguen creyendo, a un presidente que se atrevió a afirmar que España estaba en la champions league de la economía mundial cuando todos los indicadores económicos habían hecho saltar las alarmas por el agotamiento del modelo de crecimiento. Incluso se atrevió a afirmar que él personalmente garantizaba que España estaba a salvo de los efectos de la crisis financiera. Aquí, una vez más, se constata el valor de su palabra.

 

Ante el abrupto despertar a un mundo que no se corresponde con el paraíso prometido muchos ciudadanos intentan calmar su desasosiego buscando refugio en la aparente seguridad de los lugares ya visitados con anterioridad. Los españoles quieren culpables y el Gobierno está dispuesto a servirlos en bandeja. La excusa del PP después de más de cuatro años de Gobierno socialista ya suena a chirigota (pero todavía tiene un público fiel, no crean) por lo que Zapatero y Solbes se han encargado de buscar nuevas víctimas propiciatorias tras las cuales ocultar su responsabilidad: el petróleo y los americanos. ¡Sí de nuevo los pérfidos americanos obsesionados por arruinar nuestro futuro (aunque al mismo tiempo se afirme que ni siquiera saben en qué continente ubicarnos)! La cruda realidad es bien otra y el grado de responsabilidad de los españoles y nuestros gobernantes en lo que nos ocurre es muy elevado. Otros países, algunos cercanos como Alemania y otros lejanos en Asia y Latinoamérica, enfrentados al mismo precio internacional del petróleo y con la misma restricción crediticia internacional siguen creciendo a tasas elevadas mientras en España la actividad se paraliza. En contrapartida eso también significa que, con valentía y decisión, la salida de la crisis está en nuestras manos y no depende de parámetros fuera de nuestro control.

 

Cuatro años de políticas desacertadas han socavado la competitividad de nuestra economía y han sentado las bases de la actual crisis. Reconocer este hecho a través de un diagnóstico acertado y carente de prejuicios resulta esencial para poder articular, aunque ya sea tarde para impedirla en su totalidad, una respuesta adecuada ante la nueva situación económica. Algunas líneas de reforma que podemos abordar los españoles y nuestros representantes políticos para promover la prosperidad de todos serían las siguientes.

 

1.        Apoyar la educación, la formación y la empleabilidad de los trabajadores y no el sostenimiento de puestos de trabajo obsoletos o ineficientes.

2.        Reducir las cotizaciones sociales y abordar la necesaria reforma de la seguridad social para garantizar la sostenibilidad de las pensiones y la apropiabilidad de las aportaciones por parte de los beneficiarios para que el futuro de la jubilación no dependa de decisiones discrecionales de los responsables políticos.

3.        Incrementar los espacios de libertad individual en la contratación laboral mediante la supresión de las barreras legales que impiden la libre negociación de las cláusulas de los contratos laborales, incluyendo su finalización, y reformar los mecanismos de negociación colectiva.

4.        Abordar un ambicioso plan de simplificación normativa que elimine las cargas burocráticas a empresas y particulares, y fomente la libre entrada de empresas en todos los sectores.

5.        Reducir la regulación sectorial, garantizar la independencia y profesionalidad de los organismos reguladores y fortalecer los mecanismos de defensa de la competencia.

6.        Asegurar la unidad de mercado mediante el establecimiento de mecanismos de reconocimiento mutuo entre las normativas de las Comunidades Autónomas.

7.        Eliminar las barreras, reducir los costes monetarios y de tiempo vinculados a la creación de empresas.

8.        Alcanzar una fiscalidad empresarial que atraiga inversiones exteriores y promueva la asunción de riesgos, la creación de empleo y la inversión en innovación y desarrollo.

9.        Reducir el peso de la imposición directa en la recaudación total con el objetivo de minimizar los desincentivos al trabajo, al ahorro, al emprendimiento y, en suma, a la creación de riqueza.

10.    Reforzar los mecanismos de financiación y estabilidad presupuestaria en todos los niveles de gobierno mediante el establecimiento de límites de gasto que impidan el aumento del gasto público por encima del PIB.

11.    Garantizar la sostenibilidad de una red de protección social que, a través de la plena libertad de elección y la preservación de los incentivos al esfuerzo, proporcione una cobertura eficiente de las contingencias y se fomente así la asunción de riesgos en los proyectos vitales.

12.    Promover una educación de calidad, respetuosa con las preferencias individuales y basada en el mérito, el respeto, el esfuerzo y el trabajo que capacite a las nuevas generaciones para ser competitivos en la sociedad global del conocimiento.

13.    Reducir drásticamente los tiempos de resolución de los asuntos judiciales y los costes asociados a hacer cumplir los contratos.

14.    Eliminar la discrecionalidad de las autoridades municipales y restaurar los derechos inherentes a la propiedad privada en la regulación urbanística.

 

Apostar decididamente por un suministro energético seguro, de calidad y barato sobre la base de las tecnologías más competitivas y eficientes en el mercado.