Las noticias sobre la negociación del futuro modelo de financiación autonómica han puesto de manifiesto el apasionamiento que suscita esta cuestión entre los líderes políticos de algunas Comunidades Autónomas. Si bien estas negociaciones pueden suscitar en muchos ciudadanos la percepción de ser utilizados como rehenes en las luchas de poder entre los representantes de las Autonomías, no es menos cierto que se trata de un tema de profunda trascendencia interrelacionado con la definición del modelo de Estado y con la configuración de la sociedad del bienestar. Por ello, cabe cuestionarse previamente la oportunidad y necesidad de abordar este asunto en un momento de grave crisis económica, cuando la atención de los responsables políticos debiera ocuparse prioritariamente en dar solución a los problemas económicos de los ciudadanos.

Que al Gobierno le haya estallado la negociación del modelo de financiación autonómica en un momento de abrupta caída de los ingresos y de rápido crecimiento de los gastos en prestaciones por desempleo, demuestra la total imprevisión de un Gobierno que va a remolque de una crisis que lo ha sobrepasado. En este contexto tributario se estrecha el margen para alcanzar un acuerdo sin perdedores, por lo que no es de extrañar que en aras del acuerdo entre Autonomías se sacrifique el necesario reforzamiento de la participación de éstas en los compromisos de estabilidad presupuestaria que sustentan el bienestar a largo plazo de todos los ciudadanos.

 

Más allá de la coyuntura económica y de la oportunidad política, cabe resaltar que el actual modelo de financiación autonómica consensuado por todas las Comunidades Autónomas de régimen común en 2001, y que nació con vocación de permanencia indefinida, ha mostrado algunas deficiencias derivadas fundamentalmente de los abruptos cambios en la población española y su distribución geográfica. No hay que olvidar que la presión migratoria recibida por España desde 1999 (año usado como base en el actual sistema de financiación) es la más alta entre todos los países desarrollados. Sin embargo, el Gobierno no está abordando actualmente la imprescindible mejora del sistema estadístico nacional para evitar el desconcierto que supone negociar la financiación autonómica sin saber a ciencia cierta cuántas personas pueden ser perceptoras en cada Autonomía de los servicios públicos. El nombramiento del Jaume García Villar al frente del INE más parece responder a satisfacer la “presión catalana” de cara a la negociación del nuevo modelo que a un intento serio de aumentar a medio plazo la calidad estadística.

 

Contrariamente a lo que pueda sugerir su propia denominación, la financiación autonómica no es esencialmente una negociación entre territorios sino que dilucida el grado de participación de cada ciudadano en el esfuerzo, necesariamente colectivo, de redistribución de la renta y de construcción del sistema de protección social. Por tanto, el sistema de financiación autonómico es tributario de dos decisiones previas de ámbito superior y que, en lo que sigue, se asumirán como predeterminadas: el nivel de redistribución forzosa de la renta que establece la sociedad del bienestar y la configuración del modelo de Estado.

 

Sólo apelando al plano superior establecido en el consenso constitucional que nos hemos dado todos los españoles, puede fundamentarse la no participación en igualdad de condiciones de los españoles residentes en Navarra y País Vasco en la construcción de la sociedad española del bienestar. La pretensión del PSC y de los partidos nacionalistas catalanes de alcanzar un sistema equivalente al cupo, de modo que los ciudadanos catalanes no participen en igualdad de condiciones en las políticas redistributivas y de bienestar, bajo amenazas de desafección a España, supondría dilucidar en el plano inferior de la financiación autonómica una decisión que compete en exclusiva al plano constitucional como expresión del consenso de todos los españoles. Adicionalmente, la asunción de esta pretensión supondría un coste inasumible para el Estado y el resto de Autonomías de unos 12.000 millones de euros.

 

El fondo de suficiencia del actual sistema de financiación permite, a igualdad de obligaciones fiscales de los ciudadanos, la equiparación de los recursos disponibles para la cobertura de las prestaciones públicas básicas de todos los españoles en todo el territorio nacional (excluyendo País Vasco y Navarra). Subyace la idea de que todo español tiene el mismo derecho u obligación a participar en igualdad de condiciones en función de su renta, y con independencia de su lugar de residencia, en la sociedad del bienestar, sin menoscabo de las competencias que tienen las distintas Comunidades Autónomas sobre cómo asignar entre las distintas partidas presupuestarias los recursos así obtenidos.

 

El esbozo por Rodríguez Zapatero en el Senado de las características del eventual nuevo marco de financiación autonómica revela líneas preocupantes. Se apunta a una posible penalización de aquellas Comunidades que han ampliado los espacios de libertad de sus ciudadanos a través de la reducción de impuestos y a una limitación de la capacidad de gestión de las Comunidades Autónomas de sus recursos. Por el contrario, el nuevo modelo de financiación autonómica y de prestación de servicios públicos debiera dar un paso definitivo para liberar a los ciudadanos del arbitrio de las distintas administraciones y permitir un sano proceso de competencia en la búsqueda de la excelencia en los servicios públicos. Para ello la clave de bóveda del sistema de financiación autonómica debiera ser un sistema nacional de transparencia y garantía en la calidad de los servicios públicos que permita a todos los ciudadanos el conocimiento y el acceso en igualdad de condiciones a los servicios públicos prestados en cualquier parte de España.