Quizá sea éste un buen momento para recordar ciertas palabras que Rodríguez Zapatero dirigió en 2006 al líder de la oposición Mariano Rajoy en referencia  a sus críticas sobre la política de territorialidad del Gobierno. Zapatero afirmaba entonces que Rajoy no tenía ni idea de lo que realmente es España. Y para mayor contrarréplica describía al PSOE y a su Gobierno como el que verdaderamente cohesiona España.

 

Si bien estas afirmaciones abren paso a la duda y la interpretación en diversas direcciones, lo cierto es que existe una diferencia real de fondo y de forma en la visión del conjunto de España de uno y otro. Desde esta tribuna no podemos afirmar tan ligeramente que el PSOE sea un elemento de cohesión de nuestro país, es más, sería más adecuado incidir en la idea que la actual política nacional del PSOE pasa por una transformación en materia territorial; transformación que el actual PSOE encarna al pie de la letra.

 

El presidente del Gobierno identifica lo que denomina como “diversidad” con las diferentes afirmaciones de diferencia que hallamos en determinados espacios de nuestro territorio. El aumento del peso del marco autonómico y la dotación de una mayor autonomía política de las regiones delimitadas en comunidades autónomas son parte de este proceso en el que Zapatero marca una nueva visión práctica de lo que es España. Y la plasmación de este proyecto -de nueva definición de lo nacional a través de la sobredimensión de los particularismos- se halla en el cuadro amplio de modificaciones estatutarias emprendido por el ejecutivo socialista en la anterior legislatura. Estas modificaciones deberán alcanzar su concreción efectiva en la realidad en la presente etapa según exigencias del guión.

En este sentido Rodríguez Zapatero tiene muy claro cuál es el modelo político al que ha de responder tanto su iniciativa personal como la del conjunto de su ejecutivo. En palabras propias, la España de las autonomías ha de ser “real, política y no administrativa”. He aquí el núcleo de su enfoque, la definición de todo el procedimiento emprendido en estos últimos años en la administración territorial del Estado. Probablemente éste sea el aspecto central de la estrategia del presidente en su variante política; estrategia concertada con ineptitud en tiempos, acciones concretas, medición de consecuencias y conveniencia, pero estrategia al fin y al cabo.

 

En otros muchos temas, de gran trascendencia para el conjunto de España, también es probable que el presidente no tenga ni la más remota idea de cómo pueden ser enfocados, pero este dato carece de importancia en su análisis porque el aspecto que le ha otorgado  mayor rentabilidad política ha sido precisamente su enfoque de la territorialidad.

 

Hecha esta introducción al tema podemos pasar ahora a tener en cuenta los resultados de las pasadas elecciones generales del 9 de marzo, y abordar cómo se enfrenta el PSOE a las cuestiones más urgentes y actuales que afectan a las reivindicaciones autonómicas vinculadas al nacionalismo. Estas reivindicaciones se ponen de manifiesto una vez más con la visita de Juan José Ibarretxe a Madrid, en su preparación para la campaña del PNV de cara a las próximas elecciones autonómicas vascas.

 

Antes de incidir en este aspecto merece la pena hacer una reflexión acerca de los resultados obtenidos por el partido socialista en las últimas elecciones. La principal conclusión que nos interesa en este momento es el modo en el que Zapatero ha conseguido la consolidación de su formación en el Gobierno. Precisamente ha sido su discurso en materia territorial el que le ha permitido obtener una elevada rentabilidad política a pesar de la incapacidad política para hacer frente a otras cuestiones que también afectaban al territorio como bien podían ser la necesidad de una solución coordinada a los problemas de agua, los problemas de solidaridad entre las regiones, las diferencias notables en prestaciones al ciudadano en función del lugar de residencia, recursos en educación por autonomías, etc.

 

Estas y otras cuestiones quedaron muy al margen a la hora de valorar la gestión del Gobierno, y perdieron peso en una balanza en cuyo otro extremo rompía el equilibrio un discurso diferenciado según el público al que se dirigía. Efectivamente la estrategia del PSOE se basó en parte en “territorializar” su mensaje, adaptando el contenido y la forma a los objetivos y a las características del votante autóctono. El impulso otorgado por la reforma estatutaria y la compatibilidad lógica con la profundización en el elemento territorial y autonómico han servido de base y abono para un aumento de la bolsa de voto en comunidades en las que el factor nacionalista marcaba los resultados electorales hasta el momento.

 

De este modo comunidades como Cataluña o País Vasco han visto modificado sus status quo de reparto del voto más o menos estandarizado en las últimas décadas hacia formaciones nacionalistas, y en su lugar irrumpe un nuevo mapa en el que el Partido Socialista adquiere una posición avanzada, aumento de techo electoral, o barrida de voto nacionalista. Esto sucede debido, tal y como estamos viendo, a la modificación tanto de discurso como de acción del Partido Socialista en relación a los nacionalismos. Un tono más laxo en relación a éstos, más compatible y por lo tanto permeable, ha permitido al PSOE hacer caladeros de voto en zonas hasta ahora restringidas al nacionalismo. Este hecho implica un cambio considerable en el mapa de reparto de poder, en el abanico de colores en las Cortes Generales, en la fuerza real de los nacionalismos a la hora de exigir sus reivindicaciones, pero también y cómo no, en la dependencia final del PSOE respecto de un nacionalismo cuyo discurso se vuelve dominante ya sea bajo sigla nacionalista o sigla nacional.

 

Esta maniobra ha generado sus réditos electoralmente hablando, pero no se puede dejar de lado el apunte a los riesgos que conlleva si la valoración se realiza desde un ángulo general, teniendo en cuenta lo que se gana o pierde en conjunto. En cuanto a la ganancia política del PSOE, ésta redunda en una mayor capacidad de negociación con los partidos nacionalistas o de sujeción a sus exigencias a cambio de apoyos que serán necesarios durante la legislatura; pero si hacemos una lectura de fondo, esta capacidad queda mermada en la medida que el aumento de peso específico del partido en el gobierno se debe a la convergencia con el nacionalismo en determinados sectores y regiones, y en coherencia con un plan general de dotar de mayor entidad política a los entes autonómicos en detrimento de atribuciones y capacidad económica y política del Estado. En esta línea lo unitario o nacional se consigue a base de la suma de fracciones o fracturas que se afirman unas por encima de otras, ahondando inevitablemente en un escenario de profundo desequilibrio y debilitamiento de valores hasta ahora considerados básicos e imprescindibles.

 

De este modo, en lugar de avanzar en un modelo orientado a una cohesión cada vez mayor, nos adentramos en un camino de confrontación territorial o de yuxtaposición de intereses en el que la coordinación de esfuerzos se hace muy difícil.

 

Diversas iniciativas en lo político y económico vinculan estos días la actualidad a una materia que inevitablemente será objeto de conflicto o desencuentro en los meses venideros: el debate territorial y los modelos y cauces a través de los cuáles éste debe conducirse. Una paradoja curiosa que se da a este respecto es que el proceso de reformas estatutarias emprendidas por el Gobierno en la pasada legislatura, lejos de superar los obstáculos o de ofrecer una solución definitiva, ha abierto aún más el margen de reivindicación, diferencia y discrepancia en cuanto a criterios y opinión sobre el tema.

 

En la anterior etapa Rodríguez Zapatero abogaba a favor de su modelo y  su particular visión de España, aludiendo al deber de “conciliar las iniciativas de las distintas comunidades autónomas y el interés general que representa el Congreso”. Sin embargo, y hasta el momento, dicha conciliación no sólo no se ha dado, y a cambio hemos presenciado un nuevo paso del nacionalismo vasco en su trayectoria errática hacia la soberanía. La presencia en Moncloa de Ibarretxe arroja así una portada más al cúmulo de visitas de reivindicación del PNV a favor de una consulta de los vascos sobre su futuro político. Evidentemente la posición aventajada del PSE en este momento permite a Zapatero desestimar tal propuesta y calificarla de “aventura”. Además Zapatero sabe que tras el fracaso en las urnas de los partidos que sustentan el Gobierno de Ibarretxe, y del nacionalismo vasco en su conjunto, no está nada claro que los ciudadanos respalden las pretensiones del ejecutivo tripartito vasco. Zapatero se siente legitimado para rechazar este plan nacionalista y apoyar a la vez una vía alternativa sustentada por el PSE que le ha abierto el camino hacia las autonómicas vascas: vía de captura del voto nacionalista descontento con el recorrido del PNV y, sobre todo, de los más temerosos respecto al propio “plan Ibarretxe”. En su lugar ofrece la apertura de una reforma estatutaria que según él contaría con el mayor consenso posible a partir del propio estatuto de Guernica.

 

Con este dato sólo nos cabe una conclusión posible y es que la solución de Zapatero al problema vasco consiste en ahondar en el margen de la autonomía vasca a través de una reforma del estatuto, adaptada a las reivindicaciones del territorio y de sus fuerzas políticas, tal y como ha sucedido por ejemplo con el caso del Estatuto Catalán. Esta maniobra que resulta rentable en las urnas e incluso puede llegar a desbancar al nacionalismo del gobierno autonómico, incide una vez más en la profundización en el modelo de la segunda transición de Zapatero, modelo práctico hacia la vía federal en la organización territorial del Estado.

 

Un ejemplo cercano de las dificultades que este modelo presenta nos lo ofrece el conflicto presente entre los propios barones territoriales del propio PSOE acerca del modelo de financiación autonómica.

 

A pesar del esfuerzo del Presidente del Gobierno por convocar y reunir a sus presidentes autonómicos e intentar  buscar una “posición común de base”  de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación, la realidad presenta más problemas que facilidades. De hecho, la advertencia de José Montilla antes de la cena socialista así lo dejaba entrever al reivindicar directamente la negociación bilateral entre Estado y Generalitat en esta cuestión.

 

Curiosamente Rodríguez Zapatero pretende hacer pedagogía de Estado con sus presidentes y cabezas autonómicos a favor de una negociación del nuevo modelo de financiación, no en clave de debate entre territorios, sino enfocado a los ciudadanos.

 

El verdadero problema que subyace es que el propio Presidente del Gobierno ha orientado el debate en este sentido, aplicando y promoviendo esta línea avanzada de profundización del modelo autonómico. Cuando el acento se ha puesto en el discurso territorial y no en los motivos de unidad y de solidaridad el resultado ha sido la marginalidad de los criterios de redistribución que mejorarían sin duda la financiación de la educación o la sanidad, por ejemplo, asignaturas que Zapatero quiere trabajar sin saber ahora cómo.

 

Y mientras desde el Gobierno se estudia el modo de poner en algo de acuerdo a los representantes territoriales del PSOE, y faltan argumentos a favor de las razones de Estado para asegurar la igualdad de los españoles en su derecho a prestaciones básicas, el PSC sí hace pedagogía a favor de sus reivindicaciones en materia de financiación. No en vano ha comenzado a distribuir unos 1.500 ejemplares de una guía sobre la propuesta catalana de financiación autonómica. La guía pide básicamente el cumplimiento de los preceptos del Estatuto Catalán en esta materia, afirmando la solidaridad con el resto de Comunidades Autónomas. Pero en el fondo de la cuestión, partir de la reivindicación del modelo en relación bilateral con el Estado rompe desde el inicio cualquier lazo de solidaridad con el resto de Comunidades; y bilateralidad aparte, la política de quede yo servido que se sirvan los demás no es propia de la conciliación de iniciativas a la que tanta preponderancia otorgaba el Presidente.

 

Este no es sino el pie de un largo proceso en el que lo que primero se descarta es el entendimiento y acuerdo tácito; amparado el desequilibrio en la plasmación estatutaria lograr el equilibrio en la negociación política es misión imposible.

 

Por este motivo y más que nunca es necesario esperar un resultado positivo del proceso de renovación en que el Partido Popular se halla inmerso. Es fundamental contar con un modelo político real alternativo al aplicado por Zapatero,  con un discurso moderno en las formas y adaptado a las circunstancias pero firme en los principios y valores que el Partido Popular sustenta. Hoy por hoy una oposición activa no sólo es sana y necesaria en nuestro país, sino que se vuelve imprescindible. La transformación del modelo de Estado no se puede realizar desde una única opción política, ha de contar al menos con el apoyo o el consenso del principal partido de la oposición. Hay que traducir la fuerza y el peso que otorga el resultado de las pasadas elecciones generales en influencia política y hacer ver que dentro de este “todos” con el que Zapatero quiere consolidar sus reformas, ha de contar de manera prioritaria con el mayor partido en oposición de nuestra reciente historia democrática. Para eso hay que saber en primer lugar qué papel se defiende, qué criterios se siguen, y qué orientaciones se adoptan para lograr maximizar los esfuerzos y amplificar los resultados. La transformación política en marcha es un buen motivo para reflexionar en este periodo previo al congreso y sacar lo mejor de la formación política popular para hacer frente a esta realidad.