“Si somos laxos con la inmigración ilegal, no hay quien la pare”. Rubalcaba dixit (que no pixie, ni ningún otro cartón que fue antes fraila). La primera reacción que cualquiera tiene al leer esta frase, cargada de razón, es la de revisar de nuevo el nombre del que la suscribe y comprobar que efectivamente, sigue perteneciendo al mismo Gobierno y mismo partido que generó uno de los efectos llamada más preocupantes de los últimos tiempos en Europa y que ha tachado de xenófobo a todo aquél que ha osado poner propuestas sobre la mesa o simplemente, denunciar el problema que se venía encima. 

 

Pero quien esto escribe no se extraña tanto que el ministro del Interior sea quien se despacha de esta forma, porque lo tiene por una persona inteligente y astuta, que domina a la perfección la utilización de los tiempos y el lenguaje.

 

También es sorprendente escuchar al recién estrenado secretario de Estado de la Unión Europea, Diego López Garrido, advertir de las consecuencias que tendrá para el resto de los socios europeos, la decisión del Gobierno italiano de expulsar a los inmigrantes ilegales de su territorio. Si bien es verdad que lleva razón en esta advertencia, no se puede evitar pensar que lo mismo pensaron  y denunciaron nuestros socios cuando el Gobierno del señor Zapatero procedió a la regularización masiva, sin atender a las consecuencias que ello comportaría, no solo para España, sino para todos los que comparten el espacio de Shengen.

 

Sin embargo, su antiguo compañero de Gabinete, el ex ministro Caldera afrontó el problema de otra forma: ¿Qué no es conveniente ni tolerable la inmigración ilegal? Pues se da papeles para todos y asunto liquidado. Así de sencillo le pareció, y así fue respaldado por su jefe, el presidente del Gobierno... respaldado en parte, de cara al electorado, porque allende los Pirineos, las declaraciones eran otras muy distintas.

 

Una política que traducida en cifras dice lo siguiente: los últimos datos a 31 de marzo publicados por el Ministerio de Trabajo revelan que durante 2007 casi un millón de extranjeros recibieron tarjeta de residencia (956.092 personas), o lo que es lo mismo, un 29,5% más respecto al mismo periodo del año anterior. Esto incluye el primer trimestre de 2008, cuando la antipatriota crisis se ha destapado por completo.

 

Hoy, la cifra global de extranjeros con tarjeta de residencia en vigor alcanza ya los 4.192.835 millones.

 

A todo esto hay que sumarle el millón largo de ilegales que se estima circulan por el mapa de España sin otro amparo que el día y la noche.

 

Un efecto que propició que, desde septiembre de 2005, unos meses después del “papeles para todos”, nuestros socios europeos se pusieran manos a la obra para tratar de aunar posiciones y medidas ante la avalancha que se venía encima. Ese fue el detonante del documento que finalmente ha sido acordado por los miembros de la Comisión Europea.

 

La cuestión no ha podido demorarse más y ahora, una vez  pasadas las elecciones generales, ya se pueden ir suprimiendo las caretas y disfraces que tanto calor dan. Ya se puede respirar a pulmón abierto. Tal y como está sucediendo con la crisis económica, que sigue a galope tan descaradamente, el tema de la inmigración ilegal se está tomando de la misma manera: reconocer que hay un problema que no se puede esconder y que desde luego, no tiene fácil solución. Ya no es una cuestión xenófoba, es una cuestión de sentido común.

 

Por eso no es de extrañar que ahora el Gobierno Socialista esté tan dispuesto a aprobar medidas más restrictivas junto a sus socios europeos. El ministro del Interior ya ha informado que España apoya la directiva que permitirá a España ampliar el plazo máximo de internamiento de extranjeros que entren irregularmente, para facilitar las repatriaciones. Va a ser un hecho en breve en nuestro país. También se ha apresurado a dar todo tipo de explicaciones, casi pidiendo perdón, para asegurar que, en ningún caso, supone un recorte de derechos para España.

 

El recién estrenado Gobierno, no tiene más remedio que asumir las cosas así, porque se encuentra con lo de siempre: con esa manía de la izquierda de observar cualquier medida de orden como algo malo o restrictivo, que vulnera la libertad del hombre.

 

En la línea más pura de esta izquierda sin problemas, ya sea con escaño o con subvención, se han dicho y escrito cosas de lo más variopinta: “se trata de la directiva de la vergüenza”, “se trata de una medida desproporcionada”, “es una medida falta de transparencia y de buen funcionamiento”. Incluso que “siempre será mejor soportar una sociedad cínica que unas leyes que legalizan y amparan el cinismo”. Eso en España. Fuera de nuestras fronteras la izquierda francesa dice “estar muy en contra”. La italiana asegura que “se trata de una degradación jurídica que trata a los inmigrantes como subespecie humana”.

 

Si la propuesta es tan criticable como se han lanzando a recriminar desde los foros más variopintos y demagogos, ¿qué otras alternativas se ofrecen?, ¿dónde están las propuestas que encaucen el tema?, ¿qué hacemos ante los ocho millones de ilegales que tenemos en Europa?, ¿cómo hacemos para ayudar a todos esos millones de personas que están acusando la crisis en sus propias carnes, al ser precisamente, los más desprotegidos por no tener un papel que les avalen y les sirva para ser ayudados, para no ser señalados ni demonizados cuando las cosas se ponen feas?

 

¿Es ético y moral no hacer nada y permitir que millones de jóvenes se sigan ilusionando con encontrar su El Dorado particular sin que nadie les advierta que el mundo que se van a encontrar no es de color de rosa?, ¿es acaso de recibo seguir mirando para otro lado cuando se sabe que en muchos casos, la ayuda al desarrollo, que llega a través de muchas organizaciones no gubernamentales que se proclaman de izquierda, no llega a destino porque se queda en los bolsillo de dirigentes corruptos? ¿es propio seguir sin ofrecer alternativas al desarrollo de los países emisores de mano de obra barata, en vez de utilizar medidas como esta para llegar a acuerdos que no alimenten a las mafias ni tengan a millones de personas trabajando como esclavos ante el miedo de ser descubiertos?

 

Alguien debería ofrecer respuestas con nobleza suficiente y con una conveniente distancia de la subvención y del escaño.

 

 

Lo primero que hay que aclarar, es que este documento comenzó a gestarse en 2005, como se ha comentado, ante la preocupación de nuestros socios de la magnitud del problema que podría llegar a generar el efecto llamada que produjo la legalización masiva anunciada en nuestro país. Era la primera vez que los socios europeos se sentaban a pensar que había que aunar criterios, fuerzas  e instrumentar políticas adecuadas. Aún debe pasar, en junio, por la votación del Parlamento Europeo y el sí final de los ministros de Justicia e Interior. Entrará en vigor en 2010.

 

En la declaración de intenciones del documento titulado Directive of the European Parliament and of the council on common standards and procedures in member states for returning illegally stayingthird-country nationals (Enlace (http://www.intermigra.info/extranjeria/archivos/legislacion/propdirectiva%20ingl.pdf) se especifica que una política común que luche contra la inmigración ilegal debe basarse en principios, estándares y medidas iguales para todos los miembros de la Unión. Una política que debe basarse en la repatriación, primero voluntaria y después obligatoria, como medida para atajar, en la medida de lo posible, el lucrativo negocio de las mafias.

 

Para que la política migratoria sea realmente efectiva, estas medidas  de retorno se tomarán para ayudar a consolidar los canales de inmigración legal que existen, reforzando así su transparencia. Esta política debe contemplar también un sistema generoso de asilo, basado en procesos rápidos que ofrezcan protección real a quienes lo necesitan de verdad (hay que recordar que algunos países, como Suiza, Reino Unido o Alemania, han endurecido sus políticas de asilo, dado que algunos resquicios de dicha legislación, favorecían la inmigración ilegal).

 

Por último, la propuesta europea enfatiza la necesidad de desarrollar políticas de diálogo y cooperación con los países de origen, tratando de involucrarlos en la resolución del problema, como contrapartida para la ayuda al desarrollo.

 

Esta propuesta se basa en doce aspectos:

 

.    Establecer como norma que la situación de ilegalidad debe terminar mediante un procedimiento transparente y justo.

.     Promocionar el principio del retorno voluntario, igual en todos los países, un procedimiento en que se garantiza un periodo de tiempo en el que proceder a la partida.

.     Establecer, como principio general, un procedimiento armonizado en dos pasos: procurar que el retorno sea voluntario, y si no, proceder a una orden de expulsión como segundo procedimiento. De esta forma, se armonizan todas las políticas que hoy existen en los estados miembro.

.     Alojar a las personas que están en situación ilegal pero que todavía no están en condiciones de ser repatriadas.

.     Proveer unas garantías mínimas de seguridad en todo el proceso.

.     Limitar en todo lo posible el uso de medidas coercitivas, ateniéndose al principio de proporcionalidad en cada caso de expulsión.

.     Dar una dimensión europea a los procesos de repatriación nacionales, aprobando un mínimo de tiempo igual para todos los estados, en los casos de retorno a la Unión Europea de los inmigrantes que han sido expulsados.

.     Dar una segunda oportunidad (incluyendo la opción de retirar la prohibición de readmisión) en el caso de cooperación, a la vez que se penalizan los casos en los que no ha habido cooperación, ampliando el tiempo de admisión de entrada de nuevo en los países miembro.

.     Proteger los intereses de los estados en casos de peligro público (llegando a ampliar el tiempo de no admisión que se ha establecido en principio).

.     Limitar el principio de custodia temporal, relacionándola con principios de proporcionalidad.

.     Establecer unos mínimos de seguridad en los casos de custodia temporal.

.     Hacer causa común en cualquier proceso que se esté llevando a cabo entre uno de los países miembro y el país de origen de la persona en proceso de repatriación.

 

Principios verdaderamente sonrojantes.

 

 

Sin embargo, la cuestión no ha sido fácil de resolver, por la diversidad de legislaciones- una por cada país, puesto que cada uno aplica el criterio que estima oportuno adquirido de forma unilateral que hay - y por el establecimiento de tiempos tasados en el proceso de repatriación.

 

Hay países cuya legislación  no contempla ningún límite para la retención de inmigrantes mientras se tramita la repatriación. En este grupo están Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Grecia, Irlanda, Malta y Países Bajos.

 

En el lado opuesto están Francia y España, que solo tiene estipulado cuarenta días, tras los cuales, si no se ha procedido a ninguna repatriación, se les deja a su libre suerte, es decir, a tener la noche y el día por todo horizonte. Francia se muestra firmemente decidida a terminar con esta situación, incluso en el caso de menores aunque no hayan finalizado su curso académico, puesto que los menores son moneda de cambio entre familias y mafias que aprovechan las políticas de reagrupación familiar para conseguir sus objetivos.

 

En nuestro país, la coyuntura de estos cuarenta días beneficia a los que llegan ilegalmente, puesto que lo suelen hacer a través de un menor y acogiéndose después, a las políticas de reagrupación familiar.

 

El protocolo que se sigue es muy sencillo. El menor viene acompañado de un adulto, que lo abandona calculadamente para que el menor quede en situación de desprotección, de tal manera que sea la Administración la que se ocupe de la situación de este joven, con todo tipo de garantías legales, sanitarias y sociales.

 

Una vez que el menor es interceptado en situación de abandono, los Servicios de Protección de Menores inician los trámites de declaración de desamparo y asunción de la tutela. Incluso en el caso de que el menor se fugue del centro de acogida no se revoca la declaración de desamparo, con todo lo que conlleva en relación a las garantías legales anteriormente mencionadas. La movilidad geográfica del menor es considerablemente fácil.

 

Estos menores no suelen preferir el sistema de protección que se les ofrece en familias de acogida. Prefieren instalarse en pisos con otros compañeros, a fin de contar con el máximo de libertad posible. También suelen rechazar la escolarización, dado que supone otro tipo más de control que les dificulta poder trabajar, puesto que este es el objetivo que persiguen, aunque sea en la economía sumergida.

 

Las fugas de los centros de acogida son bastante frecuentes. El 40% de estos chicos no cumple la semana de permanencia. En el peor de los casos, cumplidos los cuarenta días, disponen de total libertad para moverse en España. En el caso de conseguir arreglar la situación de ilegalidad, muchos de ellos solicitan el sistema de reagrupación familiar.

 

Los que no, son víctimas de sus familias, de su pobreza y por ende, de la sociedad de acogida, que sujeta a unos principios de demagogia, en aras de la libertad mal entendida, acaba dejándolos desprotegidos y a su suerte, es decir, que son pasto de mafias, prostitución, marginación, etc.

 

Precisamente para no caer en esta situación, algunos países como Alemania, Francia, Italia o Suecia, reclaman la ampliación del plazo de retención, de manera que las administraciones dispongan del tiempo suficiente para proceder a la repatriación de las personas que viven en situación irregular. La decisión final aprobada por todos es aumentar a 18 meses el plazo de retención de los 'sin papeles'.

 

La Directiva deja libertad a los países para que rebajen ese período de tiempo, pero en ningún caso, ampliar. En este orden de cosas, no se entiende la petición del coordinador de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, que exige que el Gobierno se signifique si está a favor o en contra porque esta norma es “incompatible” con el Estado de Derecho.

 

Un ejemplo más de que mientras la realidad es que muchos jóvenes y no tan jóvenes no tienen a donde ir transcurrido un tiempo, hay quien se dedica a hacer política de salón. Y más cuando sabemos que los centros de internamiento que hay en España que dan acogida a los ilegales deben estar dotados de servicios sociales, jurídicos, culturales y sanitarios, según el artículo 60 de la Ley de Extranjería. Otra cosa muy distinta, es que esos centros cumplan efectivamente con la normativa. Algo que debe ser causa de vigilancia para que el cumplimiento de las normas se haga con la debida corrección.

 

Otro de los aspectos más polémicos es la posibilidad de prohibir la readmisión de los ciudadanos ilegales expulsados durante cinco años en todo el territorio europeo, como medida desincentivadora para volver a repetir la experiencia, a no ser que se trate de un retorno voluntario, en cuyo caso sí es posible regresar, como se ah especificado antes. Una medida que Los Verdes han considerado “draconiana”.

 

Si se tiene en cuenta que los primeros beneficiados de este trasiego ilegal de gente, generalmente en condiciones inhumanas, beneficia a las mafias, quizá esta normativa podría ser la manera de tratar de atajar este negocio. Como ejemplo, un dato:  el beneficio económico que obtienen las mafias que organizan viajes de inmigrantes ilegales desde las costas subsaharianas hasta Canarias supera los 100.000 euros por cada cayuco que pone rumbo a España, según los datos que maneja la Guardia Civil.

 

Esto es solo un granito de arena en la inmensidad del negocio, teniendo en cuenta que el grueso entra por los aeropuertos y que las mafias operan también en Asia, Latinoamérica y Europa del Este, principalmente.

 

El último de los escollos para que la directiva saliera adelante tiene que ver con la parte burocrática y económica del tema. Francia, Italia y Alemania consideran que los gastos que genera el proceso de repatriación debe responder a una solidaridad financiera, y no recaer exclusivamente en el país que procede a la expulsión. Además, la tramitación es demasiado burocrática, que conlleva retrasos importantes en dicho procedimiento.

 

Los que se rechazan la directiva centran su atención en que el inmigrante ilegal se encontrará sin ayuda jurídica ni económica. No es cierto. La última versión pactada por los embajadores de los Veintisiete, especifica que el inmigrante recibirá asistencia judicial gratuita de acuerdo con las normas de cada Estado miembro. Aunque los gobiernos europeos están obligados, por otra directiva de 2005, a ofrecer esta ayuda, también pueden negarla en casos de apelación o revisión de expedientes y tienen opciones de limitarla, una exigencia, en particular, de Alemania, temerosa de que se multipliquen sus gastos.

 

Es decir, se negaría en casos de apelación, pero en ningún caso, durante la primera fase del proceso.

 

 

Una vez más queda demostrado que al final, algunos toman la política como el arte de decir sin que la opinión pública pase factura.

 

Un somero repaso al documento demuestra que es mucho más duro que la política de inmigración que llevaban tanto el PSOE como el PP en sus programas electorales. Todavía resuena el eco de los calificativos de xenófobo con que se tildaba la propuesta de Contrato de Integración que proponía el Partido Popular y que era mucho más laxo que el documento que apoya ahora el gobierno de Zapatero.

 

No obstante y a pesar de que el nuevo ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, no ha podido por menos que rendirse a la evidencia, no desveló en ningún momento que España apoyaría las medidas europeas, medidas por las que el ministro Rubalcaba se ha apresurado a pedir perdón  en las páginas de medios afines, explicando el por qué de este apoyo con todo lujo de detalles.

 

Medidas que finalmente el Gobierno español ha aprobado porque una cosa es lo que se dice en Campaña Electoral y otra, es encontrarse con un problema de difícil solución, agravado por la pésima política que se llevó en la Legislatura anterior. Bien es cierto que el objetivo último de estas directrices que se van aprobando es elaborar una política de inmigración común para todos, puesto que ni es de recibo que un país desarrolle procesos de regularización por su cuenta y riesgo, ni que otros decidan expulsar a los ilegales que viven en su país perjudicando al resto de los socios, como es lo que pasará si finalmente Italia procede de esa forma.

 

La cuestión es que el problema de la inmigración ilegal no es tema baladí, y que la realidad supera la ficción de los juegos florales. En un ejercicio de responsabilidad, los socios europeos se han sentado a discutir la manera de arbitrar la llegada de ciudadanos sin orden ni concierto, ciudadanos que vienen buscando mejores condiciones de vida y que son pasto de mafias y víctimas de la realidad, como es la crisis económica, sin ir más lejos.