(Publicado en La Razón, 20 de mayo de 2008)

 

Ahora que el Estado de Israel empieza a ser un sesentón, – tierna edad para un país–, puede ser el momento para explicar la dimensión diplomática de su problema con los palestinos. Muchos grandes de sionismo han dejado frases lapidarias sobre la inexorabilidad de ese conflicto y el precio que los árabes habrían de pagar por la satisfacción de la milenaria ansia judía de un hogar nacional. No es mi cuestión si los palestinos tienen el derecho o hasta el deber de arrojar a los judíos al mar o privarlos de su Estado por el método que sea.

 

Mi punto de partida es que el Estado de Israel existe y que sus ciudadanos tienen la voluntad y se creen con el derecho de luchar para defenderlo.

 

En estas circunstancias el conflicto, el enfrentamiento bélico, puede resolverse por la victoria de una de las partes o mediante el compromiso entre ambas.

 

Este último deseo de acuerdo ha sido objeto de infinitos esfuerzos diplomáticos, irremediablemente inútiles durante demasiado tiempo.

 

Complicada historia pero sencillo planteamiento. Fronteras reconocidas y seguras. Eso dice la resolución 242 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y eso es a lo que siempre han aspirado los israelíes, sin que nunca hayan visto la posibilidad. Esas fronteras, según la resolución, serían las anteriores a la guerra de 1967, con ligeros retoques. Dejarían Cisjordania (u orilla occidental) y Gaza para los palestinos. Tras un largo itinerario la OLP y Fatah, su principal partido, han dicho ya hace años que aceptarían más o menos las fronteras, pero no dan ninguna garantía de seguridad. La correlación de fuerzas decidirá.

 

Las guerras tienen lugar entre estados con fronteras reconocidas. Hamas no está dispuesta a reconocer nada, pero sí a una larga tregua, tras la cual reanudarían el conflicto. Sin fronteras reconocidas y seguras, aseguradas, con garantías físicas, no hay trato.