Una de las cosas que Tocqueville descubrió con agrado en Estados Unidos era que la religión constituía allí un hecho natural; fluía sin ningún problema de la conciencia individual a la vida pública. En Europa había visto como la sangre se derramaba en nombre y contra la religión, y en América descubrió con agrado que las fuertes creencias religiosas no sólo no constituyen un obstáculo para la libertad sino que, bien entendidas, constituyen su fundamento.

 

Una sociedad abierta no es en absoluto una sociedad donde la religión esté apartada de la vida pública, sino una sociedad en las que las creencias –religiosas, morales, ideológicas, científicas- se someten a discusión y deliberación con el único límite de la ley. La separación Iglesia-Estado no tiene por finalidad evitar que las creencias influyan en éste último, sino garantizar que ninguna de ellas sofoque el pluralismo político y moral de una sociedad de la que el Estado surge y depende.

 

Pero la realidad no es tan sencilla como la teoría:¿Debe el Estado ser exquisitamente neutral ante todas las creencias? Por un lado sí, pero ¿y las que proponen valores contrarios a la dignidad o la libertad humana?¿las que atentan contra sus fundamentos institucionales? Al mismo tiempo, ¿debe tratar por igual a las que proporcionan un bien social que a las que no? ¿puede obviarse el dinero que la Iglesia ahorra a un Estado de lógica socialdemócrata en educación o sanidad?¿sus acciones humanitarias,? ¿Aporta más, menos o igual que una ONG? La discusión queda siempre abierta; las propuestas, para todos los gustos.

 

Estas cuestiones, en lo fundamental, no afectan ni a la calidad democrática ni al carácter abierto de nuestra sociedad. Sin embargo, nada de esto tiene que ver con lo que hoy se nos propone. ¿En qué piensa el Gobierno cuando habla de “sociedad laica”? En algo muy diferente: En la eliminación sistemática de todo principio político o moral que no dependa directamente del Estado o la mayoría social. Y en la instauración de la ideología progresista como religión civil o pseudoreligión política. Es decir, el despotismo que tanto temía Tocqueville.

 

Como religión civil, este laicismo recoge términos religiosos, sacándolos de su contexto sagrado, para trasladarlos a la vida pública. Conceptos como tolerancia, democracia, paz, igualdad, entendidos en clave progresista, que se presentan con un carácter sagrado, incuestionable. La fidelidad que el socialismo exige hacia los “nuevos derechos”, al matrimonio gay, al aborto, a la eutanasia, a las cuotas, es paralela a la que el religioso exige para lo sagrado; con la diferencia de que éste al menos reconoce que su reino no es de este mundo.

 

Enunciada en nombre de la democracia o la paz, esta pseudoreligión señala sus propios pecadores, aquellos a quienes se debe castigar. No en el otro mundo, sino aquí y ahora. En consecuencia, exige la censura en nombre de la democracia y la convivencia, y no son pocos quienes, en el mundo liberal-conservador, son arrojados por la izquierda al campo de lo intolerable, junto a obispos o religiosos, tengan o no algo que ver con ellos.

 

Se trata de eliminar cualquier fuente de legitimación moral distinta a la estatal, de eliminar cualquier otra alternativa moral, ética o racional distinta a la que proponen los nuevos “ingenieros de almas”. No se trata de alejar la religión de lo público, sino justo lo contrario; de eliminar cualquier competencia a un tipo determinado de religión. Laica, pero religión. Y con una poderosa capacidad de coacción.

 

Su característica principal es su carácter total: Primero, porque busca impregnar todo lo social, desplazando de ella cualquier otra fuente de principios o valores. En este sentido es totalitario, porque busca ocupar la totalidad del espacio cívico, desde la conciencia individual hasta la vida pública, sin dejar espacio para más.

 

Segundo, porque afecta a todas las áreas de la vida. Se hace desde todos los ministerios: El de Interior, en nombre de la paz y la seguridad, propone encarcelar y reeducar a los conductores, más que perseguir al brazo político de ETA; el de Educación propone, en nombre de la igualdad y la convivencia, imponer una única moral; el de Justicia propone reeducar a los varones españoles más que perseguir, juzgar y encarcelar con celeridad a los maltratadores; desde el de Sanidad se convierte el aborto y la eutanasia en “derechos” fundamentales; se crea, en fin, un ministerio de Igualdad para reeducar e inculcar a los españoles el dogma de la indiferencia sexual.

 

¿Qué hacer? En este caso ya no se trata de solucionar un problema que antes no existía; jamás en la historia de España ha existido la libertad religiosa de hoy en día, con la Constitución de 1978. Al introducir esta pseudoreligión en el debate político, el Gobierno socialista ha vuelto a introducir una cuestión que, desde el punto de vista de la convivencia, ya estaba solucionada. Sea cual sea el resultado de este proyecto, supone ya una involución democrática, en la medida en que vuelve a proponer la existencia de una religión oficial y de un Estado confesional, aunque de signo contrario al habitual.

 

En primer lugar, parece necesario recuperar el sentido original de la libertad de expresión y religiosa, que es negar el intento de imponer a la sociedad civil qué está bien y qué está mal, en qué debe creer y en qué no.

 

Y en el futuro será necesario desideologizar unos ministerios –Interior, Justicia, Sanidad, Educación, entre otros- que hoy funcionan bajo dogmas ideológicos, y dedicarlos a aquello para lo que están pensados; no para evangelizar o hacer pedagogía, sino para perseguir criminales; juzgarlos; sanar a los enfermos o educar a los alumnos. Tras este Gobierno, habrá que volver a plantearse la separación Iglesia-Estado, aunque en este caso la iglesia sea muy distinta.